STC8614-2022<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8614-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n presentada por Luisa Fernanda D\u00edaz Mansilla, quien act\u00faa como agente oficiosa de Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Mart\u00ednez, contra el fallo de 25 de abril de 2022, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado 47 Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso divisorio No 11001-31-03-017-2014-00502-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La actora pretende que se orden\u00e9 al Juzgado accionado que suspenda los efectos del auto a trav\u00e9s del cual decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble del cual Miguel \u00c1ngel D\u00edaz conserva el 50% de la propiedad (22 febrero 2022), hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita sentencia en el caso de Integrantes y militares de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica vs Colombia. <\/p>\n
Como soporte de su pedimento adujo que su padre Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Mart\u00ednez fue desaparecido forzadamente por el Estado colombiano en el marco del genocidio cometido contra la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica en el a\u00f1o de 1984. Precis\u00f3 que antes de su desaparici\u00f3n, junto con Gloria Mar\u00eda Mansilla, compraron el inmueble objeto de subasta, para lo cual solicitaron un pr\u00e9stamo al Fondo Nacional de Ahorro, el cual no pudieron continuar pagando debido a que no se ten\u00eda noticia del paradero de \u00e9l y sus ingresos eran fundamentales para la econom\u00eda del hogar. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Fondo Nacional de Ahorro inici\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario, el cual culmin\u00f3 con la subasta del 50% de la vivienda de Gloria Mar\u00eda, bien que fue adjudicado a Martha Patricia G\u00f3mez Rodr\u00edguez. La compradora inici\u00f3 proceso divisorio, en el cual se decret\u00f3 el remate del inmueble (22 de febrero de 2022). La agente oficiosa manifest\u00f3 que se deben suspender los efectos de esa providencia porque en ese bien reposa la memoria de su padre y la historia de resistencia que vivi\u00f3; adem\u00e1s, indic\u00f3 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a dictar sentencia en el caso Integrantes y militares de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica vs Colombia, donde se discute la p\u00e9rdida del inmueble de su padre y la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el exterminio de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica, por lo cual es necesario esperar su resoluci\u00f3n. Adicionalmente indic\u00f3 que el Juzgado ha dado por notificado a su padre dentro del proceso a pesar de tener noticia de su desaparici\u00f3n y aunque promovi\u00f3 solicitud de nulidad por dicha circunstancia, la misma se rechaz\u00f3 por falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado 47 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 adujo que el auto atacado se encuentra debidamente ejecutoriado y en firme, sin que contra \u00e9l se hubiera interpuesto alg\u00fan recurso. Martha Patricia G\u00f3mez Rodr\u00edguez dijo que la agente oficiosa carece de legitimaci\u00f3n para presentar la acci\u00f3n y que no ha hecho uso de los procedimientos previstos para obtener la representaci\u00f3n del ausente. <\/p>\n
3. El a-quo desestim\u00f3 la queja por infringir el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que no se formul\u00f3 ning\u00fan recurso contra el auto censurado; adem\u00e1s, la actora no ha solicitado lo aqu\u00ed pedido ante el Juzgado convocado. Indic\u00f3 que ella tampoco recurri\u00f3 el prove\u00eddo que neg\u00f3 el incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n (7 de septiembre de 2020). <\/p>\n
4. La gestora impugn\u00f3. Adujo que no puede reproch\u00e1rsele la ausencia del requisito de subsidiariedad, toda vez que solicit\u00f3 la protecci\u00f3n \u00abfrente al perjuicio irremediable\u00bb. Adem\u00e1s, dijo que no existe ninguna posibilidad de que su padre presente alg\u00fan recurso en raz\u00f3n a que se encuentra desaparecido. <\/p>\n
5. La Sala en el transcurso de esta instancia ofici\u00f3 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que informara sobre la expedici\u00f3n de la sentencia en el caso Integrantes y militares de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica vs Colombia, sin que se diera respuesta para el momento en que esta decisi\u00f3n debi\u00f3 ser aprobada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La decisi\u00f3n impugnada ser\u00e1 ratificada toda vez que el amparo solicitado no cumple con el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
Una vez revisado el expediente materia de an\u00e1lisis se corrobor\u00f3 que en el litigio divisorio No. 2014-00502-00, figura como demandante Martha Patricia G\u00f3mez Rodr\u00edguez y como demandados Gloria Mar\u00eda Mancilla de D\u00edaz y Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Mart\u00ednez. En consecuencia, puede afirmarse que la aqu\u00ed actora no es parte en el proceso No. 2014-00502-00, tr\u00e1mite en el que se expidi\u00f3 el auto que decret\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta del inmueble cuyo 50% pertenece a su desaparecido padre. <\/p>\n
Ahora, no se desconoce que lo aducido por la gestora referente a que ella y su familia son v\u00edctimas de la desaparici\u00f3n forzada que padeci\u00f3 Miguel \u00c1ngel D\u00edaz Mart\u00ednez con ocasi\u00f3n de su participaci\u00f3n en el partido pol\u00edtico conocido como la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica (UP), es una circunstancia que merece la atenci\u00f3n de Estado y un trato diferencial; no obstante, el legislador ya previ\u00f3 el camino para que eso suceda y en consecuencia expidi\u00f3 la ley 1531 de 2012 \u00abpor medio de la cual se crea la Acci\u00f3n de Declaraci\u00f3n de Ausencia por Desaparici\u00f3n Forzada y otras formas de desaparici\u00f3n involuntaria y sus efectos civiles\u00bb, mecanismo jur\u00eddico que, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 7\u00ba, tiene los siguientes efectos: <\/p>\n
a) Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jur\u00eddica de la persona desaparecida; <\/p>\n
b) Garantizar la conservaci\u00f3n de la patria potestad de la persona desaparecida en relaci\u00f3n con los hijos menores; <\/p>\n
c) Garantizar la protecci\u00f3n del patrimonio de la persona desaparecida incluyendo los bienes adquiridos a cr\u00e9dito y cuyos plazos de amortizaci\u00f3n se encuentren vigentes; <\/p>\n
Debe destacar la Sala que la mencionada acci\u00f3n fue prevista para no revictimizar a quienes han padecido el delito de la desaparici\u00f3n forzada, de forma tal que para garantizar los derechos de los desaparecidos, sus familiares no se vean sometidos a iniciar la declaraci\u00f3n de muerte presuntiva prevista en el art\u00edculo 584 del C\u00f3digo General del Proceso, sino simplemente una acci\u00f3n en la que se registra su ausencia, la cual tiene un t\u00e9rmino legal, para su declaraci\u00f3n, de m\u00e1ximo dos meses y medio. <\/p>\n
Luego, como la accionante no demostr\u00f3 haber iniciado el proceso de declaraci\u00f3n de ausencia por desaparici\u00f3n forzada, mecanismo que le permite a ella como hija del desaparecido asumir la representaci\u00f3n de su padre e interponer los recursos procedentes en el tr\u00e1mite divisorio, puede afirmarse que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad. En dicho sentido, mem\u00f3rese que no se puede acudir al amparo constitucional \u00ab[(\u2026) en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u00bb. (STC3579-2020). <\/p>\n
Adicionalmente, se advierte que tampoco se configura un perjuicio irremediable que autorice acceder de manera transitoria al auxilio invocado, toda vez que, como se se\u00f1al\u00f3, la acci\u00f3n de Declaraci\u00f3n de Ausencia por Desaparici\u00f3n Forzada, de conformidad con lo previsto en la ley 1531 de 2012 debe ser decidida en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 2 meses y medio y en el curso de la misma pueden ser solicitadas las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Es decir, que no est\u00e1 probado \u00abel menoscabo irreparable, ni lo narrado por [el] apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (CSJ STC11816-2018, citada en STC1415-2021, STC16373-2021). <\/p>\n
En suma, se refrendar\u00e1 el prove\u00eddo de primer grado, por los raciocinios aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Lev\u00e1ntense las medidas provisionales aqu\u00ed decretadas. Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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