STC8616-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8616-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2022-00046-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Ana Myriam Parra Romero frente al fallo proferido el 17 de mayo de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso -defecto f\u00e1ctico por ausencia de valoraci\u00f3n del acervo probatorio-, libertad de culto, expresi\u00f3n y libre desarrollo de la personalidad, presuntamente conculcadas por la sede judicial acusada al disponer la entrega anticipada de un predio en el juicio de expropiaci\u00f3n reprochado, sin previamente reubicar la iglesia de la religi\u00f3n cat\u00f3lica all\u00ed edificada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la sede judicial accionada revocar \u00abla entrega anticipada del bien inmueble denominado Iglesia de Nuestra Se\u00f1ora del Perpetuo Socorro, hasta que exista la garant\u00eda de reubicaci\u00f3n del sitio de culto\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para definir este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de expropiaci\u00f3n propuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura contra la Asociaci\u00f3n de Padres de Familia del Centro Educativo Camilo Torres Restrepo, respecto de una franja de terreno del predio con folio inmobiliario Nro. 470-60405, ubicado \u00aben el centro poblado La Guafilla, del municipio de Yopal\u00bb, el estrado acusado accedi\u00f3 a la entrega anticipada del inmueble, cuya materializaci\u00f3n culmin\u00f3 el 1\u00ba de marzo de 2022, data misma en la fueron demolidas las edificaciones all\u00ed existentes, entre las cuales se encontraba la Iglesia de Nuestra Se\u00f1ora del Perpetuo Socorro. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la gestora, quien manifest\u00f3 profesar -junto con su n\u00facleo familiar- la religi\u00f3n cat\u00f3lica, siendo -desde su infancia- su lugar de culto y reuni\u00f3n la Iglesia referida a espacio, adujo que \u00ab[su] destrucci\u00f3n\u2026 sin una previa reubicaci\u00f3n constituye una ofensa a la dignidad humana y una negaci\u00f3n de los principios de la Carta de las Naciones Unidas\u00bb para toda la \u00abcomunidad cat\u00f3lica del sector\u00bb, la que desde hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os dio a tal edificaci\u00f3n dicha destinaci\u00f3n religiosa, por lo que pidi\u00f3 revocar la entrega anticipada dispuesta \u00abhasta que exista la garant\u00eda de reubicaci\u00f3n del sitio de culto\u00bb, m\u00e1xime cuando en dicho centro poblado \u00abno existe otro lugar donde se pueda practicar el culto y ritual religioso\u00bb, evidenci\u00e1ndose el proceder arbitrario de la autoridad convocada. <\/p>\n
3. La solicitud de resguardo se radic\u00f3 y reparti\u00f3 el 1\u00ba de marzo de 2022 y, al d\u00eda siguiente, la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Di\u00f3cesis de Yopal indic\u00f3 acogerse a \u00abla prosperidad de las pretensiones incoadas en el escrito de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la entrega anticipada y demolici\u00f3n de la Iglesia de Nuestra Se\u00f1ora del Perpetuo Socorro, ubicada en el sector La Guafilla de Yopal, efectivamente fueron materializadas, sin que \u00aben la actualidad\u2026 exist[a] un terreno en [ese] centro poblado\u2026 donde se pueda practicar el culto, ritual religioso, celebrar los sacramentos\u2026 para fortalecer la vida espiritual y acompa\u00f1amientos pastorales de la comunidad del sector\u00bb. <\/p>\n
2. La Concesionaria Vial del Oriente S.A.S. – Covioriente S.A.S., tras defender la legalidad de las actuaciones surtidas por la autoridad judicial recriminada, pidi\u00f3 desestimar el resguardo ante \u00abla imposibilidad de decretar la protecci\u00f3n de un derecho, que en primera medida no ha sido vulnerado y que tampoco tiene un v\u00ednculo para su exteriorizaci\u00f3n con un bien material\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en la etapa administrativa de expropiaci\u00f3n, aunque se estableci\u00f3 que el predio era de naturaleza privada, siendo su propietaria la Asociaci\u00f3n de Padres de Familia del Centro Educativo Camilo Torres Restrepo, al advertir que \u00aben el mismo se encontraba una construcci\u00f3n que hab\u00eda sido destinada para pr\u00e1cticas de la iglesia cat\u00f3lica; \u2026el 16 de mayo de 2018 radic\u00f3 ante LA DIOSEIS (sic) DE YOPAL, petici\u00f3n de informaci\u00f3n sobre la existencia de alguna incidencia jur\u00eddica de la mencionada instituci\u00f3n sobre el predio objeto de adquisici\u00f3n\u2026[,] quienes mediante escrito del 30 de mayo de 2018[,] suscrito por el Obispo de Yopal[,] informaron que\u00bb: <\/p>\n
\u201cNos permitimos informar que la Capilla Perpetuo Socorro ubicada dentro del lote sin nombre de la Asociaci\u00f3n de Padres de Familia del Centro Educativo Camilo Torres, fue construida por la comunidad feligr\u00e9s de La Guafilla, quien la mantiene y conserva; raz\u00f3n por la cual, no es la DIOSCESIS (sic) DE YOPAL la llamada a acreditar su derecho y su injerencia dentro del proceso de adquisici\u00f3n predial.\u201d <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 no haber conculcado el derecho a la libertad de culto de la censora, comoquiera que no le ha impuesto patrones de comportamiento ni la ha coaccionado para que piense o crea en alguno distinto del que dice profesar, m\u00e1xime cuando resulta insostenible que tal garant\u00eda le ha sido cercenada por \u00absu querer caprichoso de seguir practicando su religi\u00f3n en un inmueble de car\u00e1cter privado y que tiene la connotaci\u00f3n de inmueble de utilidad p\u00fablica\u2026[,] pretendiendo descontextualizar el derecho al culto y supedit\u00e1ndolo a la existencia de una infraestructura material para poder profesarlo\u00bb; y en todo caso, \u00abla procedencia de la acci\u00f3n resultar\u00eda inocua, pues el v\u00ednculo material que pretende darse la accionante con el templo que funcionaba en el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n, ha desaparecido[,] en la medida que a hoy ya se ha hecho la intervenci\u00f3n material sobre el inmueble requerido como de utilidad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI solicit\u00f3 \u00abdeclarar IMPROCEDENTE la acci\u00f3n constitucional, negando todas y cada una de las pretensiones del accionante y declarando que no se vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental por parte de esta entidad, la cual se ci\u00f1\u00f3 en todas sus actuaciones a la Ley Especial y a la Ley Procesal que rige la materia\u00bb. <\/p>\n
4. La Personer\u00eda Municipal de Yopal deprec\u00f3 \u00abrechazar todas las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela\u2026 y[,] en consecuencia[,] desvincular[la]\u00bb de este tr\u00e1mite supralegal. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abno le compete\u2026 verificar la existencia de un lugar para la reubicaci\u00f3n de la Iglesia\u2026, pues\u2026 [su] rol\u2026 como ministerio p\u00fablico se circunscribe a la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, m\u00e1xime cuando a la referida expropiaci\u00f3n judicial, la antecedi\u00f3 una etapa de oferta y negociaci\u00f3n, fase en la cual deb\u00edan tratarse posibles compromisos o acuerdos\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Yopal histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y rog\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda al haber \u00abobservado y respetado el principio al debido proceso, garantizando los derechos fundamentales a los extremos en conflicto\u00bb, m\u00e1xime cuando con su proceder \u00abno se est\u00e1 impidiendo el ejercicio de la libertad de culto [a la quejosa], ni muchos (sic) menos se le proh\u00edbe que profese su fe, solo que por prevalencia del inter\u00e9s general est\u00e1 obligada a soportar la carga p\u00fablica\u00bb de acudir a un lugar diferente a congregarse, \u00abya que dicho bien fue declarado como de utilidad colectiva y por ende se le deba dar dicha destinaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
6. La Alcald\u00eda de Yopal reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al \u00abno ser vulneradora de los derechos inculcados (sic) por la accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a todas las partes e intervinientes en el juicio de expropiaci\u00f3n recriminado, especialmente, al Municipio de Yopal, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 10 de mayo (ATC623-2022), neg\u00f3 el resguardo al advertir la configuraci\u00f3n de un da\u00f1o consumado, en la medida en que el referido lugar de congregaci\u00f3n y oraci\u00f3n fue demolido desde el mismo 1\u00ba de marzo de 2022, de donde ning\u00fan objeto tendr\u00eda retrotraer su entrega anticipada; a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que no se vulneraron las garant\u00edas procesales de los interesado porque las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n estuvieron ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, aunado a que, teniendo en cuenta \u00abla primac\u00eda del inter\u00e9s general sobre el particular\u00bb, al efectuar \u00abun ejercicio de ponderaci\u00f3n, se puede concluir f\u00e1cilmente que el beneficio com\u00fan que la construcci\u00f3n de [la] carretera va a generar en los usuarios del sistema vial del departamento, es mucho mayor al perjuicio que se le podr\u00eda generar a la persona creyente de la religi\u00f3n cat\u00f3lica, a quien se le priv\u00f3 de su lugar de culto; primero, porque de igual manera la supresi\u00f3n de ese templo cat\u00f3lico no es impedimento para que ella pueda profesar su fe en otras instancias, m\u00e1xime teniendo en cuenta que la consagraci\u00f3n a una religi\u00f3n es un acto personal que no se circunscribe estrictamente a una estructura f\u00edsica determinada, y segundo, porque la demolici\u00f3n del templo tampoco es impedimento para que se construya otro de las mismas o mejores caracter\u00edsticas, sobre todo si se tiene en cuenta que la indemnizaci\u00f3n administrativa otorgada por la aprehensi\u00f3n forzada del inmueble no es para nada despreciable\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, a\u00f1adi\u00f3 que, en aplicaci\u00f3n de las facultades ultra y extra petita, debe revisarse \u00edntegramente el tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n, tanto en su etapa administrativa como en la judicial, por cuanto, en su sentir, estuvo rodeado de irregularidades; que la afectaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas se present\u00f3 no s\u00f3lo por la entrega anticipada y destrucci\u00f3n del lugar de congregaci\u00f3n sin una previa reubicaci\u00f3n, sino por omitir disponer \u00abel traslado decoroso de los elementos de culto al nuevo sitio\u00bb, permiti\u00e9ndose su saqueo, por lo que ahora exig\u00eda que, ante la imposibilidad de revocar aquel proceder, por lo menos, se garantizara la \u00abreubicaci\u00f3n de [su] sitio de culto en el mediano plazo\u00bb, \u00abordenando a la Agencia Nacional de Infraestructura [su] inmediata construcci\u00f3n y reubicaci\u00f3n\u00bb; afirm\u00f3 que es falso que la existencia de la indemnizaci\u00f3n administrativa resuelva el problema, en tanto que nada se ha definido sobre la construcci\u00f3n de otra Iglesia con \u00ablas mismas o mejores caracter\u00edsticas\u00bb, y la discusi\u00f3n realmente no gravita en torno a un tema de car\u00e1cter econ\u00f3mico sino en punto a la obligaci\u00f3n estatal de cara a la salvaguarda de los sitios de culto y el \u00abpatrimonio hist\u00f3rico religioso\u00bb, el que, en su sentir, es \u00fanico, sagrado e irremplazable, por lo que no comparte la conclusi\u00f3n de que \u00abla consagraci\u00f3n a una religi\u00f3n es un acto personal que no se circunscribe estrictamente a una estructura f\u00edsica determinada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este caso, en el que la demanda de tutela se pretendi\u00f3 la revocatoria de \u00abla entrega anticipada del bien inmueble denominado Iglesia de Nuestra Se\u00f1ora del Perpetuo Socorro, hasta que exista la garant\u00eda de reubicaci\u00f3n del sitio de culto\u00bb (se destac\u00f3), de entrada, advierte la Sala el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta y, por ende, la ratificaci\u00f3n de la improcedencia del resguardo incoado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n surtida al interior del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n censurado, como acertadamente lo consign\u00f3 el a-quo constitucional, surg\u00eda patente la falta de vocaci\u00f3n de prosperidad del amparo rogado, comoquiera que la petici\u00f3n tuitiva reca\u00eda sobre una situaci\u00f3n que se presentaba como un \u00abda\u00f1o consumado\u00bb, pues lo pretendido por la quejosa en el libelo genitor, esto es, retrotraer la entrega anticipada hasta tanto se garantizara la reubicaci\u00f3n de la Iglesia, no era atendible en sede de tutela, en la medida en que tal entrega y la consecuente demolici\u00f3n del sitio de culto, como qued\u00f3 visto, fueron materializadas desde el mismo 1\u00ba de marzo de 2022, de donde ning\u00fan sentido tendr\u00eda restar efectos a la primera, ante la posibilidad de retornar las cosas a su estado anterior. <\/p>\n
En efecto, la salvaguarda no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad al configurarse la causal de improcedencia contemplada en el numeral 4\u00ba del canon 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00abcuando sea evidente que la violaci\u00f3n del derecho origin\u00f3 un da\u00f1o consumado\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
En ese sentido la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026El supuesto del da\u00f1o consumado impide el fin primordial de la acci\u00f3n de tutela, cual es la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, para evitar precisamente los da\u00f1os que dicha violaci\u00f3n pueda generar, y no una protecci\u00f3n posterior a la causaci\u00f3n de los mismos\u2026 (CC T-138\/94 y T-612\/08) <\/p>\n
De igual forma, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, esta Sala dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
\u2026el amparo solicitado se vislumbra improcedente en raz\u00f3n de la se\u00f1alada causal, toda vez que la protesta se dirige en contra de una acci\u00f3n policial de desalojo, la cual finaliz\u00f3 en el mismo d\u00eda en que fue practicada, de lo que deviene claro que la tutela carece de objeto porque no habr\u00eda lugar a dictar alguna orden de protecci\u00f3n a efectos de que cesara el acto acusado de perturbar los derechos invocados, ante la consumaci\u00f3n del hecho que se alega como motivo de la acci\u00f3n, pues es conocida la vocaci\u00f3n de la tutela para evitar que se produzca lesi\u00f3n a los derechos fundamentales de las personas, lo que implica que no se habilite dicho medio cuando tal menoscabo se ha producido. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha precisado que ante un hecho consumado, el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide \u201cuna eventual procedencia de la acci\u00f3n de tutela, pues, no puede predicarse la reversibilidad de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona\u201d (CSJ STC, 2 oct. 2007, rad. 2007-00124-01, reiterada en CSJ STC, 30 ago. 2013, rad. 2013-01904-00). <\/p>\n
4. Tambi\u00e9n es evidente el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta porque, muy a pesar de las alegaciones de la tutelante, lo cierto es que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el decurso expropiatorio fuente del reclamo, incoado por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI contra la Asociaci\u00f3n de Padres de Familia del Centro Educativo Camilo Torres Restrepo, por no ser parte ni interviniente reconocida dentro del mismo. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los preceptos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que posibilite su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales o administrativas, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos all\u00ed como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de contornos similares al de ahora, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Entonces, bajo el contexto de que quien acudi\u00f3 a esta salvaguarda, Ana Myriam Parra Romero, no es parte ni interviniente en el juicio de expropiaci\u00f3n que fustig\u00f3, emerge di\u00e1fana su falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
5. De igual forma, en l\u00ednea con lo anterior, la solicitud de protecci\u00f3n tambi\u00e9n era improcedente de cara a las actuaciones del Juzgado convocado porque contra las mismas la quejosa no formul\u00f3 ning\u00fan recurso ante los falladores naturales, con lo cual abandon\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de agotar all\u00ed las discusiones que tard\u00edamente trajo a esta senda constitucional. <\/p>\n
De ah\u00ed que la salvaguarda no resulte viable porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites correspondientes, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, los interesados quedan vinculados a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, al igual que lo defini\u00f3 el a-quo constitucional, halla la Corte que en punto al derecho a la libertad de culto el resguardo tampoco se abr\u00eda paso dada la falta de acreditaci\u00f3n de su conculcaci\u00f3n, en tanto que la situaci\u00f3n denunciada, en s\u00ed misma, no es demostrativa de obstaculizaci\u00f3n por parte de los involucrados de cara a que la accionante profese la religi\u00f3n de su preferencia ni con su proceder la han obligado a adherirse a alguna distinta. <\/p>\n
Al respecto, en punto al alcance de tal garant\u00eda, el \u00f3rgano patrio m\u00e1ximo en lo constitucional ha exteriorizado: <\/p>\n
5. \u00c1mbito de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y de cultos y la libertad de conciencia <\/p>\n
Mediante la Ley 133 de 1994 el Legislador desarroll\u00f3 el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos (art\u00edculo 19 CP). En dicha norma estableci\u00f3, entre otras obligaciones a cargo del Estado, la de garantizar este derecho y el deber de interpretarlo a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia (art\u00edculo 1\u00ba). Adem\u00e1s, reconoci\u00f3 la diversidad de las creencias religiosas y su igualdad ante la ley, estipulando que \u201cno [se] constituir\u00e1n [en] motivo de desigualdad o discriminaci\u00f3n ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. Todas las confesiones religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley\u201d (art\u00edculo 3\u00ba). <\/p>\n
Adem\u00e1s, reglament\u00f3 el \u00e1mbito de protecci\u00f3n de la libertad religiosa y de cultos a trav\u00e9s de la identificaci\u00f3n de los siguientes derechos: i) a profesar creencias religiosas en un \u00e1mbito de autonom\u00eda, esto es, que la persona pueda libremente afirmar o negar su relaci\u00f3n con dichas creencias; ii) a cambiar de confesi\u00f3n o abandonar la que se tiene; iii) a manifestar libremente sus creencias o abstenerse de hacerlo; iv) a practicar actos de oraci\u00f3n y culto, individual o colectivamente, en privado o en p\u00fablico. Podr\u00e1, as\u00ed mismo, conmemorar sus festividades, sin ser perturbado en el ejercicio de estos derechos; v) recibir digna sepultura y seguir los cultos y preceptos religiosos en materia de costumbres funerarias, (vi) contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religi\u00f3n, (vii) no ser obligado a practicar actos de culto o recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales y (viii) reunirse o manifestarse p\u00fablicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas (art\u00edculo 6\u00ba). <\/p>\n
Adicionalmente, estipul\u00f3 que el derecho a la libertad de cultos no es absoluto y por ello encuentra como l\u00edmites, los siguientes: i) el ejercicio de las libertades p\u00fablicas y derechos fundamentales de las dem\u00e1s personas; y ii) la salvaguarda de la seguridad, de la salud, la moralidad p\u00fablica; elementos que constituyen el orden p\u00fablico y que son protegidos por la ley en un contexto democr\u00e1tico (art\u00edculo 4\u00ba). <\/p>\n
Por su parte, esta Corte en reiterada jurisprudencia ha concluido que el derecho a la libertad de cultos no protege exclusivamente las manifestaciones positivas del fen\u00f3meno religioso, esto es, formar parte de alg\u00fan credo, llevar a cabo pr\u00e1cticas o ritos de una religi\u00f3n, sino tambi\u00e9n las negativas, como la posibilidad de no pertenecer a ning\u00fan tipo de religi\u00f3n, de no ser obligado a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa cuando no se desea\u2026 <\/p>\n
En Sentencia SU-626 de 2015, a partir de una interpretaci\u00f3n integral de las normas constitucionales (arts. 1\u00ba, 7 y 19 superior), relacionadas con el n\u00facleo esencial del derecho a la libertad religiosa y de culto (libertad de conciencia, pluralismo y principio de laicidad), la Corte concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201c1. La libertad de conciencia confiere un amplio \u00e1mbito de autonom\u00eda para que el individuo adopte cualquier tipo de decisi\u00f3n acerca de sus opiniones, sentimientos o concepciones incluyendo, entre muchas otras cosas, la posibilidad de negar o afirmar su relaci\u00f3n con Dios, as\u00ed como adoptar o no determinados sistemas morales para la regulaci\u00f3n de su propia conducta. <\/p>\n
2. El derecho a la religiosidad es un derecho de libertad: (i) no puede consistir en una imposici\u00f3n ni del Estado ni de otra persona; (ii) tampoco puede ser objeto de prohibici\u00f3n por parte de la autoridad o de particulares. <\/p>\n
3. El derecho a la religiosidad es un derecho subjetivo, fundamentalmente, a: (i) adherir a una fe o profesar un sistema de creencias trascendental -libertad de conciencia-; (ii) practicar individual o colectivamente un culto -libertad de expresi\u00f3n y culto-; (iv) divulgarla, propagarla y ense\u00f1arla -libertad de expresi\u00f3n y ense\u00f1anza-; (iv) asociarse y pertenecer a una congregaci\u00f3n o iglesia -libertad de asociaci\u00f3n-; y (v) a impartir, los padres, determinada formaci\u00f3n religiosa a sus hijos. <\/p>\n
4. Los derechos de libertad religiosa y de cultos imponen deberes de protecci\u00f3n y respeto al Estado y los particulares, cuanto menos, as\u00ed: (i) el Estado, a no imponer una religi\u00f3n o culto oficiales; los particulares, a no obligar a otros profesar una fe; (ii) los particulares y el Estado, a respetar las creencias, manifestaciones del culto, elementos sagrados del mismo y la divulgaci\u00f3n y ense\u00f1anza religiosas; y (iii) el Estado, a proteger los derechos de libertad religiosa y garantizar su ejercicio pac\u00edfico y tranquilo. <\/p>\n
5. Los titulares de derechos religiosos -creyentes, padres de familia, pastores o ministros del culto, sacerdotes, iglesias, etc.-, tienen un derecho a: (i) que el Estado se abstenga de ofender o perseguir una determinada iglesia o confesi\u00f3n religiosa; (ii) que el Estado y los particulares se abstengan de ejecutar comportamientos que constituyan un agravio al conjunto de s\u00edmbolos u objetos de veneraci\u00f3n vinculados a los diferentes sistemas de creencias; (iii) recibir protecci\u00f3n de las autoridades estatales -deber de protecci\u00f3n- frente a determinadas conductas que impidan o coarten la profesi\u00f3n de una fe religiosa o las manifestaciones de culto; y (iv) que el Estado proteja igualmente las iglesias y confesiones, sin discriminaciones ni favorecimientos especiales. <\/p>\n
6. El ejercicio de los derechos de libertad religiosa y de cultos admite limitaciones, por razones de: (i) seguridad, orden, moralidad y salubridad p\u00fablicos; (ii) el ejercicio de los derechos constitucionales y libertades de los dem\u00e1s\u201d. (Negrillas fuera del texto) <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en reiterada jurisprudencia esta Corporaci\u00f3n ha concluido que \u201cel an\u00e1lisis de la vulneraci\u00f3n del derecho a la libertad y de culto, en diferentes escenarios implica, cuanto menos, la verificaci\u00f3n de cuatro aspectos esenciales para efectos de determinar si procede o no la concesi\u00f3n del amparo\u201d, a saber: <\/p>\n
\u201c(i) La importancia de la creencia invocada frente a la religi\u00f3n que se profesa. Consiste en que el comportamiento o la manifestaci\u00f3n de culto constituya un elemento fundamental de la religi\u00f3n que se profesa y, que la creencia de la persona es seria y no acomodaticia. <\/p>\n
(ii) La exteriorizaci\u00f3n de la creencia. El derecho a la libertad de conciencia, base de la libertad religiosa y de cultos implica no s\u00f3lo la protecci\u00f3n de sus manifestaciones privadas, sino la de su ejercicio p\u00fablico y divulgaci\u00f3n. <\/p>\n
(iii) La oportunidad de la oposici\u00f3n frente al acto contrario a la libertad religiosa. Debe manifestarse dentro de un t\u00e9rmino razonable respecto del acto u omisi\u00f3n que resulta contrario a los dogmas de la religi\u00f3n que profesa la persona, so pena de que, la divulgaci\u00f3n tard\u00eda del impedimento fundado en creencias relacionadas con un culto, sobrepasen el \u00e1mbito de protecci\u00f3n del derecho a la libertad religiosa y de culto. <\/p>\n
(iv) El principio de raz\u00f3n suficiente aplicable. Incluye dos etapas: (i) Si el medio elegido es necesario para llegar al fin, precisando si no existe otro medio alternativo que no implique afectar en tal grado el derecho a la libertad religiosa y (ii) si la afectaci\u00f3n es desproporcionada\u201d. (Negrilla fuera del texto). <\/p>\n
Frente a \u00e9ste \u00faltimo aspecto, la Corte ha establecido que la limitaci\u00f3n al derecho a la libertad religiosa y de cultos debe estar justificada \u201cen un principio de raz\u00f3n suficiente aplicable, en especial, a la relaci\u00f3n entre el fin buscado y el medio para alcanzarlo (juicio de razonabilidad)…\u201d\u2026 <\/p>\n
En suma, a partir de los preceptos normativos constitucionales, el Bloque de Constitucionalidad, la ley y la jurisprudencia de esta Corte, el derecho a la libertad religiosa, de cultos y de conciencia debe ser entendido como un derecho subjetivo en virtud del cual toda persona tiene la libertad de elegir la creencia o doctrina para el desarrollo de su plan de vida y, en consecuencia, es libre de elegir la forma en la que va a practicar sus creencias. En cuanto a la dimensi\u00f3n objetiva o externa del derecho esta se entiende como el deber de respecto de los particulares y del Estado frente a las creencias de las personas y la prohibici\u00f3n de obligar a otros a realizar actos que contrar\u00eden su culto o que exalten y\/o promuevan una religi\u00f3n diferente de la que profesan. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se concluye que el juez de la causa, con el fin de resolver el asunto que involucre la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho a la libertad de cultos, deber\u00e1, como ya se dijo, tener en cuenta los siguientes aspectos: (i) la importancia de la creencia invocada frente a la religi\u00f3n que se profesa; (ii) la exteriorizaci\u00f3n de la creencia; (iii) la oportunidad de la oposici\u00f3n frente al acto contrario a la libertad religiosa, y (iv) el principio de raz\u00f3n suficiente aplicable (CC T-524\/17). <\/p>\n
En ese orden, siendo evidente que las actuaciones derivadas del juicio de expropiaci\u00f3n reprochado no impiden a la censora ejercitar su fe cat\u00f3lica, sumado a que por parte de los involucrados no se le ha exigido, ni tan siquiera mencionado, elegir una religi\u00f3n distinta a sus creencias, y que la demolici\u00f3n del templo en cuesti\u00f3n se fund\u00f3 en la utilizaci\u00f3n del terreno para el desarrollo de una obra de inter\u00e9s p\u00fablico, itera la Corte que aqu\u00ed no se acredit\u00f3 la vulneraci\u00f3n del derecho a la libertad de culto, lo que impon\u00eda el despacho adverso del reclamo tutelar. <\/p>\n
En ese sentido, tiene por sentado esta Corporaci\u00f3n que \u00ab[s]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
7. Finalmente, n\u00f3tese que, como qued\u00f3 dicho, con el escrito g\u00e9nesis de este tr\u00e1mite constitucional se pretendi\u00f3 la revocatoria de \u00abla entrega anticipada del bien inmueble denominado Iglesia de Nuestra Se\u00f1ora del Perpetuo Socorro, hasta que exista la garant\u00eda de reubicaci\u00f3n del sitio de culto\u00bb (se destac\u00f3), porque \u00ab[su] destrucci\u00f3n\u2026 sin una previa reubicaci\u00f3n constituye una ofensa a la dignidad humana y una negaci\u00f3n de los principios de la Carta de las Naciones Unidas\u00bb; mientras que en la impugnaci\u00f3n, de forma novedosa, se busc\u00f3 variar tales planteamientos indicando que la afectaci\u00f3n de garant\u00edas esenciales no se dio s\u00f3lo por eso sino por omitir disponer \u00abel traslado decoroso de los elementos de culto al nuevo sitio\u00bb, permiti\u00e9ndose su saqueo, por lo que ahora se exig\u00eda que, ante la imposibilidad de revocar aquel proceder, por lo menos, se garantizara la \u00abreubicaci\u00f3n de [su] sitio de culto en el mediano plazo\u00bb, \u00abordenando a la Agencia Nacional de Infraestructura [su] inmediata construcci\u00f3n y reubicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ante ello, pertinente se muestra agregar que esas \u00faltimas manifestaciones constituyen \u00abhechos nuevos\u00bb, no propuestos en el liminar escrito de tutela, de los cuales, a pesar de las alegaciones de la opugnante, no puede ocuparse esta Corporaci\u00f3n como ad-quem constitucional, en tanto que por tal car\u00e1cter nov\u00edsimo fueron aspectos que no pudieron ser cabalmente controvertidos en este tr\u00e1mite, de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los intervinientes. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, como los atr\u00e1s referenciados, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
8. Las anteriores consideraciones imponen la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8616-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8616-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-22-08-000-2022-00046-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Ana Myriam Parra Romero frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65177","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65177"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65177\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65177"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}