STC8630-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC8630-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02090-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Julio Javier Romo Insuasty contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso verbal de radicado 2018-00168-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad privada, \u00abautonom\u00eda de la voluntad, confianza leg\u00edtima y libertad de empresa\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. Guillermo Hernando Romo Insuasty impetr\u00f3 demanda verbal de mayor cuant\u00eda contra el accionante, con el fin de que se declare que el \u00abdemandado [\u2026] incumpli\u00f3 el contrato de compraventa contenido en escritura p\u00fablica No. 1865 suscrito el [\u2026] 24 de abril de 2015\u00bb. Adem\u00e1s, se decrete la \u00abresoluci\u00f3n del contrato de compraventa [\u2026] por incumplimiento de las obligaciones del hoy demandado, respecto del pago acordado\u00bb1. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto, con providencia del 22 de septiembre de 2020, resolvi\u00f3 \u00abdeclarar [\u2026] que no prosperan las pretensiones de la demanda de cuyos cargos se absuelve al demandado\u00bb2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el extremo activo present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, el cual fue concedido en el efecto devolutivo. <\/p>\n
2.2. La Sala Civil-Familia del Tribunal de Pasto -con fallo del 11 de junio de 2021- resolvi\u00f3 \u00abrevocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto el 22 de septiembre de 2020, [\u2026]\u00bb. En su lugar, dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO. -Declarar parcialmente resuelto el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 1.865 de 24 de abril de 2015 de la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Pasto, en lo que respecta a la venta de la quinta parte del bien identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 240-60732, venta realizada por el se\u00f1or Guillermo Hernando Romo Insuasty a favor de Julio Javier Romo Insuasty. <\/p>\n
SEGUNDO. -En consecuencia, se ordena cancelar en lo que respecta exclusivamente al convenio entre los se\u00f1ores Guillermo Hernando Romo Insuasty y Julio Javier Romo Insuasty, la escritura p\u00fablica No. 1.865 de 24 de abril de 2015 protocolizada en la Notar\u00eda Cuarta del C\u00edrculo de Pasto, as\u00ed como las inscripciones posteriores que se deriven del mismo\u00bb3. <\/p>\n
Frente a lo decidido, la pasiva present\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n, la cual fue resuelta con prove\u00eddo del 19 de mayo de 2022. Al respecto, la Sala cuestionada, dispuso \u00abnegar la solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n de la sentencia de segunda instancia presentada por el demandado Julio Javier Romo Insuasty [\u2026]\u00bb4. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, el actor anota que el Tribunal incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por cuanto lo decidido \u00abfue en contrav\u00eda de la evidencia que representaba el negocio jur\u00eddico, v\u00e1lidamente celebrado entre las partes (la promesa de compraventa de fecha 23 de febrero de 2015) en desarrollo de la autonom\u00eda de su voluntad; de su ratificaci\u00f3n mediante el otorgamiento de la escritura p\u00fablica, que tampoco valor\u00f3 el ad-quem\u00bb. En ese orden, adujo que \u00abera intocable para el tribunal ese pacto de renuncia a la acci\u00f3n resolutoria porque, se repite, era el desarrollo de la autonom\u00eda de la voluntad\u00bb. Por \u00faltimo, se\u00f1ala que dicha determinaci\u00f3n \u00abal decretar la resoluci\u00f3n de contrato no hizo alusi\u00f3n al estado de cosas en que quedaban los contratantes, ni orden\u00f3 las restituciones mutuas, [\u2026] solicit\u00f3 al Tribunal la aclaraci\u00f3n y\/o adici\u00f3n de la sentencia, pero, esta entidad, mediante providencia del 19 de mayo de 2022 las neg\u00f3 con el argumento sutil de no haber sido solicitadas ni por las partes en el proceso, en abierta contravenci\u00f3n a lo normado por el art. 1932 del C.C [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se \u00abdisponga lo pertinente a fin de que invalide el fallo de segunda instancia proferido por la entidad accionada el 11 de junio de 2021, as\u00ed como el auto que neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n de fecha 19 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pasto se\u00f1al\u00f3 que el proceso objeto de queja \u00abha sido tramitado acatando las preceptivas legales dispuestas para este tipo de tr\u00e1mites, sin que se advierta, que en el trasegar procesal, se hubiera incurrido en la violaci\u00f3n o amenaza de derecho fundamental alguno [\u2026]\u00bb5. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el promotor. Ello pues, aduce que la sentencia de segunda instancia incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues lo resuelto no guard\u00f3 relaci\u00f3n frente al material probatorio propuesto al interior del tr\u00e1mite. <\/p>\n
2. Se observa que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Pasto -con providencia del 11 de junio de 2021- expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 revocar la sentencia de primera instancia. Para ello, inici\u00f3 por analizar los argumentos expuestos por el fallador de primer grado, particularmente, el de haber tenido en cuenta la renuncia de la condici\u00f3n resolutoria y, por tanto, determinar que \u00abel vendedor demandante no estaba legitimado para impetrar ese reclamo v\u00eda judicial\u00bb. Al respecto, el juzgador colegiado sostuvo que ese aspecto \u00abimpidi\u00f3 la prosperidad de las suplicas elevadas por el demandante [pues] no hab\u00eda sido alegado por la parte demandada\u00bb. Lo cual, corrobor\u00f3 \u00abal constatar que ello deriv\u00f3 de la actividad oficiosa de la jueza a quo; adem\u00e1s, al revisar el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda se verific\u00f3 que no se hizo referencia alguna a la renuncia a la condici\u00f3n resolutoria que conten\u00eda la promesa de compraventa, por el contrario, se finc\u00f3 la defensa en que el comprador s\u00ed hab\u00eda cumplido su obligaci\u00f3n de pago en el a\u00f1o 1996\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, anot\u00f3 que \u00absi bien la ley otorga una facultad discrecional al juez para declarar probados los hechos que se evidencien en el proceso y que constituyan una excepci\u00f3n, dicha prerrogativa no es absoluta pues ello no puede desbordar el principio de congruencia establecido en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, circunstancia que igualmente fundament\u00f3 con precedentes de la Corte Constitucional6. Por lo tanto, resalt\u00f3 que \u00abefectivamente la jueza de primer grado traslad\u00f3 el sustento de su fallo a un aspecto que ni por asomo hab\u00eda sido objeto de debate en el curso de la primera instancia, pues a lo largo del tr\u00e1mite nunca se plante\u00f3 un aspecto semejante, ni sali\u00f3 a la luz en alguna de las diligencias o escritos presentados por ninguna de las partes, con lo que priv\u00f3 de tajo al litigante afectado con la decisi\u00f3n, de cualquier posibilidad de ejercer su derecho a la defensa frente a ello. Y, si bien corresponde al funcionario judicial interpretar el querer de los extremos procesales, exteriorizado fundamentalmente en el escrito de demanda y en la contestaci\u00f3n de la misma, esta labor hermen\u00e9utica no est\u00e1 estipulada para suplantar o sustituir el sustento f\u00e1ctico o jur\u00eddico de la problem\u00e1tica que se eleva ante la autoridad para su resoluci\u00f3n, sobre la cual debe versar finalmente el prove\u00eddo que la resuelva\u00bb. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, sostuvo que la excepci\u00f3n de m\u00e9rito \u00abque se tuvo por demostrada en la sentencia apelada, en ning\u00fan momento procesal fue alegada por el extremo pasivo, ni tampoco corresponde a aquellos medios defensivos que el legislador permite declarar de oficio, ya sea por naturaleza del asunto, como ocurre en los litigios de familia o agrarios, o la protecci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, como por ejemplo los relativos a la legitimaci\u00f3n en la causa, caducidad y nulidad absoluta\u00bb. Afirmaci\u00f3n que encontr\u00f3 sustento en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n7. Por lo tanto, discurri\u00f3 que lo argumentado es incongruente \u00abcon el litigio planteado a lo largo del tr\u00e1mite de instancia, por lo que no era plausible analizar un t\u00f3pico nunca antes alegado y debatido [\u2026]\u00bb. Y, agreg\u00f3 que la juez \u00abno obstante haber referido que era nula la promesa de celebrar el contrato, la revivi\u00f3 para dar alcance a unas de sus cl\u00e1usulas, desconociendo de tajo que cuando se firm\u00f3 la escritura p\u00fablica ninguna referencia se hizo a la renuncia a la condici\u00f3n resolutoria, es decir que la voluntad de las partes nada indic\u00f3 sobre ello\u00bb. En ese sentido, adujo que \u00abel reconocimiento de que el contrato preparatorio era nulo lo hac\u00eda perder efectos en su totalidad, nada pod\u00eda rescatarse de \u00e9l. Adem\u00e1s, la promesa y la celebraci\u00f3n del contrato prometido no obstante estar correlacionados, son dos pactos individuales e independientes, por lo cual, si alguna de las pautas que en aquel se fijaron ya no est\u00e1n contenidas en el contrato que se prometi\u00f3, no se puede entender que la voluntad de las partes ratific\u00f3 aquello que en aquel primer momento se propuso, y por ende ninguna tiene lo que ya no se consign\u00f3 expresamente en la escritura p\u00fablica que perfeccion\u00f3 el pacto prometido\u00bb. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, abord\u00f3 el t\u00f3pico relativo a la resoluci\u00f3n del contrato por incumplimiento del pago del precio acordado por la venta de la cuota parte que fuera de propiedad del demandante sobre el inmueble. En consideraci\u00f3n, cit\u00f3 lo reglado por el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil y destac\u00f3 que \u00aben los contratos bilaterales va envuelta la condici\u00f3n resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero, en tal eventualidad, podr\u00e1 pedir el otro contratante \u2013el cumplido-, la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u00bb. En concordancia, explic\u00f3 que la \u00abacci\u00f3n resolutoria entonces, requiere para su prosperidad que concurran tres condiciones: (i) la existencia de un contrato bilateral v\u00e1lido, (ii) que el demandante haya cumplido los deberes que le impone la convenci\u00f3n, o cuando menos demuestre que se allan\u00f3 cumplirlos en la forma y tiempo debidos, y (iii) el incumplimiento del demandado de las obligaciones pactadas\u00bb. Por tanto, dispuso la verificaci\u00f3n para el caso en concreto. A saber: <\/p>\n
2.2.1. Sobre la existencia del contrato bilateral v\u00e1lido, luego de verificar la escritura p\u00fablica No. 1865 de 24 de abril de 2015 protocolizada ante la Notar\u00eda Cuarta de Pasto, cuyo objetivo fue la venta de las 3\/5 partes del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 240-60732 en Pasto, concluy\u00f3 la \u00abexistencia de un contrato de compraventa v\u00e1lido entre los extremos procesales ahora en litigio, donde se impusieron cargas a ambos negociantes, quedando probado el primero de los presupuestos de la acci\u00f3n resolutoria\u00bb. <\/p>\n
2.2.2. Relativo al cumplimiento contractual de la parte demandante, con fundamento en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n8, indic\u00f3 que si el \u00abcontratante que demanda no se ha puesto en el camino de ejecutar las obligaciones a su cargo, por m\u00e1s que su contraparte hubiese faltado a sus convenios, le est\u00e1 vedado promover esta acci\u00f3n\u00bb. De cara al caso, discurri\u00f3 que era \u00abcargo del vendedor demandante suscribir la escritura p\u00fablica de venta, obligaci\u00f3n que cumpli\u00f3 [\u2026]. Otra de las obligaciones [fue] la entrega real y material de la cuota parte vendida, carga que el demandado [\u2026] se\u00f1al\u00f3 incumplida, dada la imposibilidad del vendedor de hacer la entrega para que el comprador pudiera disponer del bien, atendidas las limitaciones al dominio que pesaban sobre \u00e9l, es decir, una demanda divisoria y una hipoteca\u00bb. No obstante, advirti\u00f3 que esas \u00abcircunstancias eran plenamente conocidas por el comprador al momento de suscribir el contrato, pues las mismas constaban en el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble, y ello no impidi\u00f3 el perfeccionamiento de lo pactado. Adem\u00e1s, la hipoteca no supone la imposibilidad de cumplir con la entrega convenida, pues es simplemente un gravamen de tipo real que afecta el inmueble y se traspasa a quien lo adquiera, siendo carga negocial del comprador conocer plenamente el estado jur\u00eddico del bien. De otra parte, las pruebas muestran que uno de los prop\u00f3sitos de la negociaci\u00f3n era que el demandado tuviera en su poder el mayor porcentaje de las cuotas del predio para as\u00ed hacerse parte en el proceso divisorio del inmueble, que adelantaba otro de sus hermanos\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, destac\u00f3 que el demandado \u2013comprador- no puede ampararse \u00aben hechos que afectaban el negocio realizado, plenamente conocidos por \u00e9l, para atribuir al demandante un incumplimiento de sus obligaciones, pues las circunstancias en que se llev\u00f3 a cabo el contrato justifican plenamente a eventual falta de entrega. M\u00e1xime cuando el [demandado] explic[\u00f3] en otro aparte del escrito de contestaci\u00f3n de demanda, que la escritura p\u00fablica perfeccionaba un negocio realizado aproximadamente 30 a\u00f1os atr\u00e1s, as\u00ed que no es admisible la afirmaci\u00f3n respecto de la exigencia de entrega real y material del bien, cuyas especificidades conoc\u00eda ampliamente\u00bb. Por tanto, hall\u00f3 acreditado el mentado requisito. <\/p>\n
2.2.3. Por \u00faltimo, analiz\u00f3 lo relativo al incumplimiento contractual de la parte demandada, puntualmente, \u00abla observancia de las obligaciones a cargo del comprador, particularmente si pag\u00f3 o no, el precio convenido, pues mientras el vendedor aleg\u00f3 la falta de pago de $70.000.000 los cuales se cancelar\u00edan luego de haberse firmado la escritura p\u00fablica\u00bb. Al respecto, indic\u00f3 que el demandado contradijo ese \u00absupuesto refiriendo que la suma acordada fue pagada muchos a\u00f1os atr\u00e1s\u00bb. En virtud de lo acontecido, analiz\u00f3 las versiones de las partes en juicio, adem\u00e1s de lo expresado por Mar\u00eda Elena y Ricardo Romo Insuasty, Franklin Armando Salgar Rivera, Luis Antonio Bacca L\u00f3pez, Bibiana Escobar Benavides, Miriam Carmela Garc\u00eda Erazo y Carmen Alicia Delgado Recalde. Sin embargo, con sustento en providencia de esta Corte9, anot\u00f3 que \u00ablos testimonios de [\u2026] Ricardo Romo Insuasty, Luis Antonio Bacca L\u00f3pez y Carmen Alicia Delgado Recalde fueron tachados de sospechosos tanto por amistad, como animadversi\u00f3n con los extremos en proceso\u00bb. <\/p>\n
Con base en lo estudiado de forma conjunta, el Tribunal se\u00f1al\u00f3 \u00abque la teor\u00eda del caso propuesta por la parte demandada presenta una serie de inconsistencias que le restan valor demostrativo a su dicho, particularmente en la manifestaci\u00f3n referida a que la compra se realiz\u00f3 en el a\u00f1o 1996 aproximadamente por el valor de $8.000.000 y que su objeto no reca\u00eda sobre la quinta parte del inmueble, sino sobre el 10% del mismo\u00bb. Lo anterior, luego de especificar que en el certificado de libertad y tradici\u00f3n de la matr\u00edcula inmobiliaria No. 240-60732 se estipul\u00f3 \u2013en el apartado de la hijuela correspondiente a los hermanos Romo Insuasty- que \u00ab\u201dpara pag\u00e1rseles se les adjudica en forma com\u00fan la totalidad de la casa situada en la carrera 23#15-88, esto es no s\u00f3lo la mitad de la casa que exist\u00eda al momento de la muerte de su madre [\u2026] sino tambi\u00e9n la otra mitad que luego adquiri\u00f3 su padre [\u2026]\u201d\u00bb. No obstante, resalt\u00f3 que lo supuestos adosados \u00abno contrar\u00edan la tesis expuesta por la parte activa. V\u00e9ase que la declaraci\u00f3n de [\u2026] Franklin Armando Salgar Rivera brind\u00f3 una explicaci\u00f3n detallada sobre la negociaci\u00f3n del precio para el a\u00f1o 2015, indicando que mientras se hac\u00edan los tr\u00e1mites para transferir la propiedad de las cuotas partes a Julio Javier -su cliente- \u00e9l intervino como mediador entre los hermanos para que lograran acordar un pago de $70.000.000 a favor de Guillermo y Edgar. Adem\u00e1s, \u00e9l mismo diligenci\u00f3 una letra de cambio por tal valor a favor de Edgar Antonio Romo Insuasty. Aspecto que encuadra tambi\u00e9n con el testimonio de [\u2026] Luis Antonio Bacca L\u00f3pez, quien refiri\u00f3 que conoci\u00f3 de viva voz de los negociantes la determinaci\u00f3n del precio\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, discurri\u00f3 que \u00abno merece credibilidad la explicaci\u00f3n rendida por el demandado sobre la motivaci\u00f3n para suscribir ese t\u00edtulo valor, relativa a apoyar econ\u00f3micamente a su hermano Edgar Antonio, pues ello carece de sustento probatorio, m\u00e1xime cuando para reclamar su importe este ha tenido que demandar judicialmente a Julio Javier. Por el contrario, sirve ese elemento como un claro indicio del monto pactado por la compra de la cuota parte vencida\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sostuvo que \u00abatendiendo las [\u2026] declaraciones, al margen de la negociaci\u00f3n que celebraron los contratantes entre los a\u00f1os 1994 y 1996, es claro que para abril de 2015, ante la necesidad de hacer efectivos los derechos del comprador dentro del proceso divisorio que se ven\u00eda adelantando, se convino entre los se\u00f1ores Julio Javier y Guillermo Hernando Romo Insuasty un pago adicional por la venta de la cuota parte que a cada uno le correspond\u00eda sobre el bien ra\u00edz, acuerdo que en el marco de la autonom\u00eda de la voluntad de los negociantes es plenamente v\u00e1lido y deb\u00eda ser satisfecho por el demandado\u00bb. Por lo anterior, referenci\u00f3 que \u00abdada la confesi\u00f3n de Julio Javier Romo Insuasty sobre la ausencia de cualquier pago posterior a la celebraci\u00f3n de la escritura p\u00fablica atacada, pues a su juicio estaba cumplida la prestaci\u00f3n a su cargo, es claro que quebrant\u00f3 el convenio posteriormente celebrado con el vendedor demandante, y con ello se encuentra demostrado tambi\u00e9n el tercer presupuesto de la acci\u00f3n resolutoria\u00bb. En ese sentido, concluy\u00f3 que \u00abest\u00e1n satisfechos todos los elementos que dan lugar a las pretensiones del libelo de postulaci\u00f3n, relativas a la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Tribunal atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n aportados (documentales y testimonios). <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar un determinado estudio de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio10. En igual sentido, se advierte de cara a lo rese\u00f1ado en el auto que desat\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n, pues los requerimientos no resultaban aspectos objeto de cuestionamiento, ni tampoco a ello se circunscrib\u00eda el asunto objeto de litis. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente11 que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-12. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el gestor. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad natural del asunto13. <\/p>\n
5. Por lo considerado, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 17 a 27 de los anexos de la demanda de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Folios 38 a 42. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folios 43 a 58. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 60 a 64. Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 29 de junio de 2022. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia T-455 de 2016. <\/p>\n
7\u0002 CSJ SC775-2021. Marzo 15 de 2021. <\/p>\n
8\u0002 CSJ SC1209-2018. Abril 20 de 2018. <\/p>\n
9\u0002 CSJ SC diciembre 19 de 2001. Providencia 6624. <\/p>\n
10\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
11\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
12\u0002 Al respecto, \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo de 2021, entre otras). <\/p>\n
13\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC8630-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC8630-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02090-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Julio Javier Romo Insuasty contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65189","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65189"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65189\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}