STC8632-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8632-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01967-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rodr\u00edguez Sobrino Abogados Asociados S.L. contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, mediante apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abrevocar los autos de fecha once (11) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022)\u00bb; y se ordene al estrado del circuito convocado \u00ablibrar mandamiento de pago ejecutivo en los t\u00e9rminos del escrito inicial y en [su] favor\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Rodr\u00edguez Sobrino Abogados Asociados S.L. promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA – Inassa, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, el que en auto de 10 de febrero de 2022 neg\u00f3 librar mandamiento de pago. <\/p>\n
2.2. Tras ser apelada la referida decisi\u00f3n, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, en prove\u00eddo de 11 de mayo siguiente, la confirm\u00f3. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que promovi\u00f3 el juicio con el fin de obtener el pago de la indemnizaci\u00f3n por la terminaci\u00f3n del contrato de asistencia t\u00e9cnica celebrado entre las partes; y que en la cl\u00e1usula d\u00e9cimo sexta se pact\u00f3 una retribuci\u00f3n por causa de terminaci\u00f3n de ese convenio equivalente a las \u00faltimas dieciocho mensualidades percibidas. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que los falladores resolvieron negar el mandamiento de pago tras considerar que dicha cl\u00e1usula hac\u00eda parte de un t\u00edtulo ejecutivo complejo, el que solo se pod\u00eda ejecutar si se acreditaba que hubiese recibido las dieciocho mensualidades acordadas. <\/p>\n
2.5. Adujo que aport\u00f3 pruebas suficientes en relaci\u00f3n con dichos montos, puntualmente, certificaciones de: (i) Banco Santander de Espa\u00f1a en donde se indica el valor de cada mensualidad y su fecha de pago, (ii) Instituto Nacional de Estad\u00edstica de Espa\u00f1a, en el que constan los incrementos del IPC, (iii) informe pericial con el que se verific\u00f3 el valor de las dieciocho mensualidades finales, la facturaci\u00f3n emitida, declaraciones fiscales, giros internacionales y registro de ingreso de cuentas contables, y (iv) dictamen pericial contable y financiero con el que se prueba el valor de la obligaci\u00f3n adeudada. <\/p>\n
2.6. Sostuvo que los falladores no valoraron las pruebas sustanciales que conduc\u00edan a una decisi\u00f3n contraria, pues con la demanda s\u00ed se allegaron las probanzas para acreditar los pagos; que las determinaciones emitidas configuraron una v\u00eda de hecho, pues pese a que reconoc\u00edan la existencia del informe y dictamen pericial, as\u00ed como las certificaciones de los pagos recibidos, no brindaban una justificaci\u00f3n legal para abstenerse de valorar dichos medios de convicci\u00f3n bajo las reglas de la sana critica. <\/p>\n
2.7. Asever\u00f3 que se aduc\u00eda que no se presentaron documentos que demostraran el monto de lo que se percibi\u00f3, empero, si se aportaron; que cumpl\u00eda con los requisitos de procedencia del resguardo; y que se desconocieron los derechos sustanciales y las formas procesales que regulan el cobro ejecutivo, quebrantando el principio de legalidad. <\/p>\n
2.8. Afirm\u00f3 que no se le otorg\u00f3 el valor probatorio a las evidencias claras; que se configur\u00f3 un defecto f\u00e1ctico; que ninguno de los falladores acusados expuso de forma razonada el m\u00e9rito y valor probatorio que le asignaba a las pruebas; y que se encontraba legalmente asistido para demandar el cobro ejecutivo de las sumas que le adeudan, empero las decisiones le truncaban sus prerrogativas de forma caprichosa. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla inform\u00f3 que devolvi\u00f3 el expediente criticado al despacho de origen. <\/p>\n
2. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia que defini\u00f3 el asunto criticado, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026La Sala pasa a verificar, entonces, si de los documentos, seg\u00fan <\/p>\n
la demanda, conforman el t\u00edtulo ejecutivo complejo se deriva una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible en contra de la ejecutada. <\/p>\n
Examinando dichos documentos se encuentra que para que la obligaci\u00f3n sea clara, era necesario acreditar todos los soportes de las mensualidades recibidas, la prueba utilizada no fue la conducente, la conducencia apunta al medio probatorio adecuado para demostrar el hecho objeto de la pretensi\u00f3n. As\u00ed que una prueba es conducente cuando es admisible para demostrar los supuestos de hecho. <\/p>\n
Los informes periciales presentados en donde se calcula no son los conducentes para probar las mensualidades percibidas, debido a que de ellos no se puede determinar cu\u00e1les fueron los valores efectivamente recibidos. <\/p>\n
Para poder librar un mandamiento ejecutivo, con la sola lectura del documento el juez debe quedarle claro que el deudor debe pagar una suma de dinero, el monto exacto, los intereses que han de sufragarse. <\/p>\n
En el presente asunto, la actora pretende librar mandamiento de pago respecto las sumas de dinero contenidas en la cl\u00e1usula que se pretende ejecutar, pero no presenta documentos que demuestren el monto de lo que efectivamente percibi\u00f3 durante las \u00faltimas dieciocho mensualidades en las que se ejecut\u00f3 el contrato, esto teniendo en cuenta que dicha cl\u00e1usula le da derecho a exigir una suma equivalente a ese monto. <\/p>\n
De ah\u00ed que esta Sala, advierte la forma incorrecta de probar las mensualidades percibidas por el demandante en el periodo de ejecuci\u00f3n del contrato. Por lo que la decisi\u00f3n se confirmar\u00e1 en la resolutiva de esta providencia. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia definitoria del asunto; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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