STC8634-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8634-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02042-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros de Vida Suramericana S.A. contra de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de radicado 110013199003202100036. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abeconom\u00eda procesal\u00bb y \u00abprevalencia del derecho sustancial sobre las formas\u00bb. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El 7 de enero de 2021, la se\u00f1ora Ruth Giraldo Ram\u00edrez promovi\u00f3 en contra de Seguros de Vida Suramericana S.A. una \u00abacci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u00bb, cuyo objetivo consisti\u00f3 en que se declarara \u00abcivilmente responsable\u00bb y se le condenara \u00abal pago del amparo de incapacidad total y permanente con cargo al Seguro de Vida P\u00f3liza No. 371486, toda vez que fue valorada con porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral superior al 50%\u00bb, asunto que se tramit\u00f3 ante la Superintendencia Financiera de Colombia. <\/p>\n
2.2. Notificada del auto admisorio, la aseguradora contest\u00f3 la demanda y se opuso a las pretensiones, \u00abformulando las excepciones de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n del contrato de seguro, nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia y\/o inexactitud en la declaraci\u00f3n del estado del riesgo, por parte de la accionante, indebida estimaci\u00f3n de los perjuicios solicitados e indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb. <\/p>\n
2.3. En audiencia de 5 de noviembre de 2021, se dict\u00f3 el fallo respectivo, en cuya fuerza se declar\u00f3 prescrita la \u00abacci\u00f3n derivada del contrato de seguro\u00bb; se conmin\u00f3 a la empresa accionada a \u00abdevolver las primas cobradas indebidamente despu\u00e9s de la revocaci\u00f3n por los amparos de muerte accidental\u00bb; inst\u00f3 a \u00abcesar el pago de primas por dichos amparos\u00bb; le orden\u00f3 pagar una multa, \u00abpor incumplimiento a las normas de protecci\u00f3n al consumidor al haber cobrado indebidamente esas primas (\u2026) desde la revocaci\u00f3n de los amparos\u00bb; y se remitieron \u00abcopias [de lo actuado]\u00bb con destino \u00aba la Delegatura para Protecci\u00f3n al Consumidor, lo cual implica[ba] la posibilidad de inicio de investigaci\u00f3n a SURA (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.4. Dicho pronunciamiento fue apelado por ambas partes y, en el marco de la diligencia, Seguros de Vida Suramericana S.A. expuso \u00abde forma oral\u00bb los \u00abreparos concretos\u00bb; posteriormente, el 10 de noviembre, \u00abse radic\u00f3 la sustentaci\u00f3n del recurso de forma escrita\u00bb, dentro de la oportunidad prevista en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.5. Remitido el expediente al superior, en auto de 2 de febrero de 2022 se admitieron las apelaciones propuestas por los dos extremos procesales. <\/p>\n
2.6. El 23 de febrero posterior, la Colegiatura querellada \u00abdeclar\u00f3 desierto[s] los recursos que interpusieron ambas partes contra la sentencia de primera instancia\u00bb, por cuanto \u00abno fue[ron] sustentado[s]\u00bb. <\/p>\n
2.7. \u00c9ste \u00faltimo pronunciamiento fue recurrido en reposici\u00f3n por ambas partes, no obstante, fue confirmado el 3 de mayo del presente a\u00f1o. <\/p>\n
2.8. Luego, se interpuso recurso de s\u00faplica por parte de la tutelante, que fue rechazado el 18 de mayo siguiente, \u00abdado que no [era] procedente\u00bb. <\/p>\n
3. La sociedad promotora tacha de irregular la actuaci\u00f3n relatada, por cuanto se incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto, al exigirse, en la segunda instancia, volver a sustentar el medio de impugnaci\u00f3n que propuso frente al fallo de primer grado, sin tener en cuenta que la sustentaci\u00f3n escrita ya reposaba en el expediente; adem\u00e1s, porque se desconoci\u00f3 el precedente emanado de esta Corporaci\u00f3n y de la propia Colegiatura querellada, que ha se\u00f1alado que no es imprescindible soportar nuevamente, ante el superior, los inconformismos respecto de la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
4. Con apoyo en lo narrado, solicita que se \u00abdecrete la nulidad del auto de 23 de febrero de 2022 (\u2026)\u00bb y se ordene al Tribunal criticado darle \u00abcurso al (\u2026) recurso de alzada interpuesto y sustentado en su oportunidad\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Superintendencia vinculada hizo un recuento de las actuaciones surtidas e inform\u00f3 que durante el tr\u00e1mite cuestionado respet\u00f3 las garant\u00edas de la accionante. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se deje sin efectos el auto de 23 de febrero de 2022, por el cual la Colegiatura atacada declar\u00f3 desiertos, por falta de sustentaci\u00f3n, los recursos de apelaci\u00f3n formulados contra el fallo de 5 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2. Las piezas procesales allegadas a este tr\u00e1mite, en medio digital, revelan lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En la audiencia del 5 de noviembre de 2021, la Superintendencia Financiera de Colombia profiri\u00f3 sentencia y en la diligencia los apoderados de ambas partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, que fueron concedidos, otorg\u00e1ndoles el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas, previsto en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, para presentar los reparos respectivos, \u00abatendiendo a lo que manifestaron los apoderados\u00bb. <\/p>\n
2.2. El 10 de noviembre siguiente, se allegaron, en nombre de los dos extremos procesales, los escritos contentivos de los \u00abreparos concretos\u00bb, en los cuales, adem\u00e1s, se sustentaron, en detalle, cu\u00e1les eran los motivos por los cuales estaban inconformes con la decisi\u00f3n de fondo adoptada. <\/p>\n
2.3. En auto de 23 de febrero de los cursantes, la Colegiatura censurada declar\u00f3 desiertos los citados medios de impugnaci\u00f3n, ya que \u00abninguna de las partes [los sustent\u00f3] en la oportunidad que consagra el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020\u00bb, seg\u00fan el traslado concedido en auto del 2 de febrero de 2022, decisi\u00f3n que fue confirmada el 3 de mayo siguiente y que, a su vez, fue recurrida en s\u00faplica por la tutelante, recurso que se rechaz\u00f3 el 18 de mayo posterior. <\/p>\n
3. Seg\u00fan el recuento de las actuaciones surtidas en la segunda instancia del proceso objeto de revisi\u00f3n constitucional y la postura actual de esta Sala sobre la tem\u00e1tica bajo estudio, habr\u00e1 de concederse el amparo implorado, teniendo en cuenta el precedente emitido en STC5498-2021 (exp. 2021-01151-00), en el que se indic\u00f3, entre otros aspectos, lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la Sala ha considerado que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la exposici\u00f3n de los motivos de la alzada frente a una sentencia judicial, no exime al recurrente de la carga de sustentar oralmente sus inconformidades ante el superior. Y es que, ello se justifica porque el sistema procesal contemplado en aquella obra propende por el respeto y la garant\u00eda del principio de oralidad, as\u00ed como de otros valores importantes como la celeridad y la concentraci\u00f3n de los actos judiciales. <\/p>\n
4.3. Sin embargo, la dif\u00edcil situaci\u00f3n por la que atraviesa actualmente la sociedad a causa de la pandemia generada por el covid-19, oblig\u00f3 a que el Estado se adaptara a los retos impuestos por la propagaci\u00f3n de \u00e9ste. As\u00ed por ejemplo, en el campo jur\u00eddico, se promulgaron varias normas de car\u00e1cter transitorio sobre la ritualidad de los procesos judiciales, de esta manera, respecto de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, el art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020, dispuso que: <\/p>\n
\u2018El recurso de apelaci\u00f3n contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los casos se\u00f1alados en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso. El juez se pronunciar\u00e1 dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. <\/p>\n
Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes. De la sustentaci\u00f3n se correr\u00e1 traslado a la parte contraria por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas. Vencido el t\u00e9rmino de traslado se proferir\u00e1 sentencia escrita que se notificar\u00e1 por estado. Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u2019. <\/p>\n
4.4. De este modo, cierto es que el cambio de la realidad que trajo la emergencia sanitaria conllev\u00f3 a que se abandonara, moment\u00e1neamente, la necesidad de sustentar oralmente el recurso de apelaci\u00f3n, para ser suplida por el sistema de anta\u00f1o, esto es, que las inconformidades de los apelantes contra las providencias judiciales se formularan por escrito y as\u00ed proteger bienes tan trascendentales como la vida y la salud de los usuarios y funcionarios de la justicia\u2026 <\/p>\n
4.5. Bajo esa perspectiva, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada (\u2026). <\/p>\n
4.7. En esas condiciones, no puede desconocerse, entonces, que err\u00f3 el Tribunal accionado al declarar la deserci\u00f3n de la alzada propuesta por la parte demandada, ac\u00e1 interesada, por ausencia de sustentaci\u00f3n, dado que desde la interposici\u00f3n de dicho medio aqu\u00e9lla expuso con detalle las razones por las cuales disent\u00eda de la sentencia de primera instancia proferida dentro del asunto objeto de revisi\u00f3n constitucional; y como ese escrito se hallaba dentro del expediente, la Corporaci\u00f3n criticada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, y de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
6. Por todo lo expuesto, se recoge la postura que sobre esta particular tem\u00e1tica hab\u00eda adoptado la Sala hasta la fecha, con el prop\u00f3sito de conceder la salvaguarda pretendida con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n, el cual ser\u00e1 v\u00e1lido como precedente al menos mientras dure la vigencia de la norma de emergencia\u00bb. <\/p>\n
En t\u00e9rminos similares, esta Corporaci\u00f3n ha reiterado: <\/p>\n
\u00abEn efecto, en el panorama actual (escrito) la desatenci\u00f3n de la parte en relaci\u00f3n con el momento preliminar en que sustenta su inconformidad no muestra implicaciones mayores que justifiquen la abstenci\u00f3n del ad- quem de decidir de fondo, ya que, como la misiva contentiva de dicha sustentaci\u00f3n ya est\u00e1 al alcance del juez, resulta excesivo aplicar sin detenimiento la deserci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, sin duda cuando el recurrente aporta el escrito de sustentaci\u00f3n antes de la oportunidad contemplada en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 act\u00faa de forma deficiente, lo que es censurable en la medida en que desatiente el mandato legal; no obstante, dada la naturaleza del error y su eventual intrascendencia frente a la carga de sustentar la alzada, es desproporcionado que se le sancione con la p\u00e9rdida del derecho constitucional a impugnar la decisi\u00f3n que finiquit\u00f3 la primera instancia. Ciertamente los falladores est\u00e1n llamados acatar y hacer cumplir las formas prescritas por el legislador, como las que se han impuesto para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n \u2013por escrito y en un momento espec\u00edfico-, de modo que no pueden desconocerlas. Pero tambi\u00e9n lo es que no las pueden exigir irreflexivamente, pues no son simples ritualidades desprovistas de sentido, sino medios destinados para dotar de validez y eficacia los actos procesales designados a hacer efectivos los derechos de las partes, en este caso, el de impugnar las providencias judiciales\u00bb (CSJ STC5790-2021. Mayo 24 de 2021. Rad. 2021-00975-00). <\/p>\n
3.1. Pues bien, en el asunto concreto, como se indic\u00f3, los procuradores judiciales de ambas partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del 5 de noviembre de 2021 y, por escrito y en la oportunidad prevista en el numeral 3 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, allegaron los memoriales de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. En ese orden de ideas, el Tribunal accionado no tuvo en cuenta que tempestivamente los recurrentes presentaron ante el a quo sendos memoriales en los que expusieron las razones por las cuales disent\u00edan del fallo atacado, por lo que la Corporaci\u00f3n demandada debi\u00f3 valorar dichos escritos y, de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n, es claro que, ante la decisi\u00f3n adoptada por la Colegiatura accionada respecto de los recursos verticales propuestos por ambas partes contra la sentencia de primera grado, se justifica la intervenci\u00f3n del Juez de tutela, por lo que se dejar\u00e1 sin valor ni efecto el auto del 3 de mayo de 2022, para que la Sala Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 proceda a desatar nuevamente los recursos horizontales formulados contra el pronunciamiento de 23 de febrero de la misma anualidad, que declar\u00f3 desiertas las alzadas impetradas contra el fallo de primera instancia, teniendo en cuenta las consideraciones esbozadas, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo incoado por Seguros de Vida Suramericana S.A., en contra de la Sala Civil. En consecuencia, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DEJAR sin efectos la providencia proferida el 3 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en el proceso de radicado 110013199003202100036, as\u00ed como las dem\u00e1s que dependan de ella. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR a la aludida Sala que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, proceda a resolver nuevamente los recursos de reposici\u00f3n propuestos por ambas partes en contra del auto que declar\u00f3 desiertas las apelaciones interpuestas frente a la sentencia de primer grado dictada en el citado proceso, teniendo en cuenta las consideraciones referidas en esta providencia. <\/p>\n
TERCERO. Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Salvamento de Voto) <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02042-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que emitieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria concedi\u00f3 el amparo constitucional invocado por Seguros de Vida Suramericana S.A. en la acci\u00f3n de tutela que le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y orden\u00f3 a esta que tras dejar sin efecto el prove\u00eddo de 3 de mayo de 2022 y los dem\u00e1s que de \u00e9l dependan, resuelva nuevamente los recursos de reposici\u00f3n propuestos por ambas partes frente al auto que declar\u00f3 desiertas las apelaciones interpuestas contra el fallo de primer grado proferido en el proceso n\u00b0 110013199003202100036. <\/p>\n
Determinaci\u00f3n que sustent\u00f3 en el precedente de esta Sala sobre la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n de sentencia, el cual establece que las reglas transitorias del tr\u00e1mite de segunda instancia implican una lectura desde el sistema escritural STC5498-2021 (exp. 2021-01151-00), decisi\u00f3n en la que se indic\u00f3, entre otras cosas, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.5. Bajo esa perspectiva, en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada (\u2026). <\/p>\n
4.7. En esas condiciones, no puede desconocerse, entonces, que err\u00f3 el Tribunal accionado al declarar la deserci\u00f3n de la alzada propuesta por la parte demandada, ac\u00e1 interesada, por ausencia de sustentaci\u00f3n, dado que desde la interposici\u00f3n de dicho medio aqu\u00e9lla expuso con detalle las razones por las cuales disent\u00eda de la sentencia de primera instancia proferida dentro del asunto objeto de revisi\u00f3n constitucional; y como ese escrito se hallaba dentro del expediente, la Corporaci\u00f3n criticada pudo tener por agotada la sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, y de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Luego de lo cual, coligi\u00f3 que, en el caso concreto, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), como se indic\u00f3, los procuradores judiciales de ambas partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del 5 de noviembre de 2021 y, por escrito y en la oportunidad prevista en el numeral 3 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, allegaron los memoriales de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
32. En ese orden de ideas, el Tribunal accionado no tuvo en cuenta que tempestivamente los recurrentes presentaron ante el a quo sendos memoriales en los que expusieron las razones por las cuales disent\u00edan del fallo atacado, por lo que la Corporaci\u00f3n demandada debi\u00f3 valorar dichos escritos y, de esta manera, dar prelaci\u00f3n al derecho sustancial sobre las formas, por virtud del principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
No comparto la decisi\u00f3n, principalmente, porque el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 no vulner\u00f3 los derechos fundamentales invocados por la sociedad actora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
1.- La tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas: Uno ante el juez de primera instancia – interposici\u00f3n y reparos – y, otro ante el de segunda – admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n \u2013 (Arts. 322 y 327 del CGP). <\/p>\n
Ahora, la modificaci\u00f3n que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, lo fue respecto de la \u00absustentaci\u00f3n\u00bb, que en sentido estricto solo comporta la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia los argumentos que soportan los \u201creparos\u201d expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito. <\/p>\n
Pero, en mi criterio, esa \u00absustentaci\u00f3n\u00bb en todo caso, debe hacerse una vez \u201cejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n\u201d, competencia adscrita exclusivamente al ad quem y no al a quo. <\/p>\n
Y, es que, si como qued\u00f3 dicho, \u00abla apelaci\u00f3n de sentencias comprende dos momentos que deben ser desarrollados en etapas bien definidas\u00bb, no puede inferirse como lo hace la Sala Mayoritaria, que \u00ab(\u2026) si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque con independencia de la extensi\u00f3n de los reparos \u2013 breves o extensos \u2013 no puede equipararse la expresi\u00f3n de las inconformidades \u2013 discrepancia o con qu\u00e9 no est\u00e1 de acuerdo – con los argumentos que las soportan \u2013 por qu\u00e9 discrepa o no est\u00e1 de acuerdo -. Aquellas se expresan ante el a quo y \u00e9stos ante el ad quem. As\u00ed lo dispone el legislador ahora de manera clara \u2013 art. 14 D. 806 de 2020-, se consider\u00f3 constitucional antes \u2013 SU 418 de 2019 \u2013, previ\u00f3 el legislador antes de la ley 1564 de 2012 \u2013 art. 360 C.P.C \u2013 y, esta Corporaci\u00f3n con fundamento en esta norma, estim\u00f3 como el momento para fundamentar la alzada \u2013 v. gr. SC 4855 de 2014, STL 2791 de 2021 y STL 9267-2021-. <\/p>\n
2.- La \u00abcarga de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, en oportunidad, ante su destinatario leg\u00edtimo, esto es, el juez de segunda instancia a quien le fue asignada la competencia para esta actuaci\u00f3n, tampoco ri\u00f1e con el principio-derecho de la doble instancia en tanto reconocido constitucionalmente el margen de \u00abconfiguraci\u00f3n legislativa\u00bb con que cuenta el legislador, cuando este le impone l\u00edmites a ese principio-derecho \u201c\u2026, es viable que consagre cargas procesales, entendidas como aquellas situaciones que exigen una conducta de realizaci\u00f3n facultativa establecida en inter\u00e9s del propio sujeto y cuya omisi\u00f3n reporta una consecuencia desfavorable como, por ejemplo, la preclusi\u00f3n de una oportunidad o un derecho procesal o inclusive hasta la p\u00e9rdida del derecho sustancial sometido a la litis. Significa lo anterior que supone un proceder potestativo del sujeto con inter\u00e9s propio y que en caso de incumplimiento acarrea una consecuencia que puede limitar derechos fundamentales\u201d (C-337 junio 29 de 2016). <\/p>\n
3.- Tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la \u00abcarga de sustentaci\u00f3n\u00bb si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su \u00abcumplimiento\u00bb y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en primera instancia. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo no debi\u00f3 ser concedido porque la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde al desacato por la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8634-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8634-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02042-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Seguros de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65193","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65193"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65193\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}