STC8636-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8636-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02049-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Cotty Morales Caama\u00f1o contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, a la defensa, al \u00abprincipio de contradicci\u00f3n\u00bb y a la \u00absegunda instancia\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que pidi\u00f3 \u00abse rectifique el tr\u00e1mite del proceso desde la presencia de la omisi\u00f3n de la informaci\u00f3n y las comunicaciones del expediente, o antes, si se verifica que ocurri\u00f3 para otro integrante comunitario, de manera similar\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencia emitida dentro de la acci\u00f3n popular que Uner Augusto Becerra Largo promovi\u00f3 contra Eve Distribuciones S.A.S., radicado 666-82-31-13-001-2020-00123-00, el 17 de agosto de 2021 la aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 el acceso al expediente, pero el link que le remiti\u00f3 la secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira no funcion\u00f3, por lo cual reiter\u00f3 la misma solicitud el d\u00eda 24 del mismo mes, mismo d\u00eda que recibi\u00f3 otro enlace y obtuvo el mismo resultado. <\/p>\n
2.2. El 31 de enero del presente a\u00f1o la actora present\u00f3 apelaci\u00f3n adhesiva al fallo de primera instancia, donde reiter\u00f3 que no ha podido tener acceso al expediente, sin embargo, su recurso no fue tramitado, con lo cual, dice, la Colegiatura accionada incumpli\u00f3 el deber de informar sobre las actuaciones del proceso cuestionado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir la versi\u00f3n digitalizada del expediente del proceso cuestionado. <\/p>\n
2. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela, se advierte que la queja de la actora recae en la supuesta omisi\u00f3n de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, consistente en no enviar a la accionante un enlace electr\u00f3nico funcional, para acceder a las actuaciones de la acci\u00f3n popular que Uner Augusto Becerra Largo promovi\u00f3 contra Eve Distribuciones S.A.S. lo que le impidi\u00f3 adherir oportunamente a la apelaci\u00f3n presentada contra la sentencia que el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal profiri\u00f3 el 14 de enero de 2021. <\/p>\n
3. Sobre el alcance del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, la jurisprudencia constitucional ha considerado que <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (C.C. T-878 de 2007). <\/p>\n
4. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la accionante Cotty Morales Caama\u00f1o carece de legitimaci\u00f3n para controvertir por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el juicio objeto de censura, pues, una vez revisado minuciosamente el expediente contentivo de la misma, se encontr\u00f3 que el 15 de septiembre de 2021 la Colegiatura accionada le neg\u00f3 el reconocimiento que solicit\u00f3 como coadyuvante de la acci\u00f3n, tras considerar que \u00abel art\u00edculo 24 de la Ley 472 de 1998 establece que \u201ctoda persona natural o jur\u00eddica podr\u00e1 coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera fallo de primera instancia\u201d\u00bb, por lo cual, no est\u00e1 habilitada para cuestionar las actuaciones all\u00ed desplegadas. <\/p>\n
Es de advertirse que en el caso de que se hubiese proferido una decisi\u00f3n arbitraria o adelantado una actuaci\u00f3n que transgreda el debido proceso, son las partes las legitimadas para deprecar el resguardo, en tanto que: <\/p>\n
\u2026al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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