STC8643-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8643-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54518-22-08-000-2022-00022-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que la accionante formul\u00f3 frente al fallo proferido el 21 de mayo de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez contra los Juzgados Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota, Primero Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito con Conocimiento de Asuntos Laborales, ambos de Pamplona, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerada por las autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 que \u00abse declare la nulidad de pleno derecho constitucional de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo 2017-101, incluso desde la aceptaci\u00f3n de la demanda por prueba ilegal como t\u00edtulo ejecutivo; que se anulen todas las actuaciones producidas con el fallo de ejecutoria del proceso ejecutivo 2017-101 ultrapetita y extrapetita; que se ordene el restablecimiento de todos [sus] derechos; que se le compulsen copias a todos los involucrados que por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n hayan participado de la vulneraci\u00f3n de [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 22 de abril de 2009, Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez, aqu\u00ed accionante, celebr\u00f3 una promesa de compraventa de inmueble con Yudy Patricia Contreras Rivera, y le entreg\u00f3 a \u00e9sta 17\u00b4000.000,oo, quedando un saldo de 8\u00b4000.000,oo; el 11 de junio de 2015 celebraron audiencia de conciliaci\u00f3n para acordar el pago del precitado monto. <\/p>\n
2.2. El 13 de octubre de 2015 el Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota admiti\u00f3 la demanda para nulidad de la promesa de compraventa presentada por Yudy Patricia Contreras, radicado \u00ab2015-207\u00bb, en la cual omiti\u00f3 mencionar la conciliaci\u00f3n, \u00abes decir que para ese momento, ya el contrato de promesa de compraventa era nulo, puesto que la conciliaci\u00f3n hac\u00eda tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 12 de mayo de 2016 el estrado cognoscente declar\u00f3 la nulidad del contrato de promesa, decisi\u00f3n que la aqu\u00ed actora apel\u00f3, pero, dice la accionante en su escrito inicial, fue confirmada el 25 de noviembre de 2016 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito con Conocimiento de Asuntos Laborales de Pamplona, por lo cual, asevera \u00e9sta, al quedar nulo el acuerdo de voluntades, lo mismo ocurre con el acuerdo de conciliaci\u00f3n, por \u00ablo que la Corte ha llamado \u201cel efecto domin\u00f3\u201d sentencia SU159 de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 28 de abril de 2017 Yudi Patricia Contreras Rivera inici\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota, ejecuci\u00f3n en contra de la accionante con base en el acta de conciliaci\u00f3n, proceso con consecutivo \u00ab101-2017\u00bb, sin mencionar en la demanda la declaratoria de nulidad del contrato de promesa de compraventa objeto de la misma, por lo cual \u00e9sta \u00abhacia atr\u00e1s perder\u00eda los 17 millones de pesos dados en pago en 2009, perdiendo adem\u00e1s sus frutos, ganancias, r\u00e9ditos, intereses corrientes, moratorios y el derecho de ser leg\u00edtimo propietario del bien negociado; y hacia adelante le cobran el capital pactado en esa promesa de compraventa y adem\u00e1s los intereses sobre los 8 millones que ten\u00eda en deuda\u00bb, proceso dentro del cual el 12 de septiembre de 2017 se dict\u00f3 sentencia en que se declararon no probadas las excepciones de la aqu\u00ed accionante y se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Dentro de la precitada actuaci\u00f3n el 3 de noviembre de 2020 solicit\u00f3 \u00ab1). nulidad insaneable, numeral 2\u00ba del art. 133 C.G.P. y 2) Nulidad de pleno derecho por prueba ilegal art. 29 C.P.\u00bb, no obstante, el 23 de febrero de 2021 se decidi\u00f3 \u00fanicamente la primera, neg\u00e1ndose por improcedente, porque \u00ablo alegado ten\u00eda que haberse propuesto dentro de los t\u00e9rminos que concede la ley para la defensa y contradicci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 pero el recurso fue rechazado por tratarse de un proceso de \u00fanica instancia, determinaci\u00f3n que atac\u00f3 mediante queja, resuelta el 12 de abril de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pamplona, declarando bien denegada la alzada. <\/p>\n
2.6. El 10 de septiembre de 2021 la gestora le insisti\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota emitir pronunciamiento frente a la segunda solicitud de invalidaci\u00f3n, frente a lo cual dicho estrado manifest\u00f3 el 24 de marzo de 2022 \u00abque ya se dio respuesta\u00bb. <\/p>\n
2.7. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que los demandantes actuaron con \u00abtemeridad\u00bb en ambos procesos en su contra, porque al pedir la nulidad de la compraventa omitieron mencionar la celebraci\u00f3n de la conciliaci\u00f3n respecto de ese negocio, y en la ejecuci\u00f3n del acta de conciliaci\u00f3n guardaron silencio sobre la nulidad declarada sobre la promesa de compraventa, cuando por virtud de la decisi\u00f3n anulatoria las cosas debieron volver a su estado inicial, y el proceso ejecutivo se inici\u00f3 entonces con base en \u00abprueba ilegal\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Jugado Segundo Civil del Circuito con Conocimiento de Asuntos Laborales de Pamplona inform\u00f3 que dentro del proceso para nulidad de promesa de compraventa que Yuddy Patricia Contreras Riveras tramit\u00f3 contra la aqu\u00ed accionante, identificado con el radicado No. 54172-40-89-001-2015-00207-01, el 25 de noviembre de 2016 revoc\u00f3 la sentencia de 12 de mayo de 2016 del Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota y en su lugar declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada y neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2. Jeis Rechidt Delgado M\u00e9ndez, quien afirm\u00f3 ser apoderado de la gestora dentro de la aludida ejecuci\u00f3n, corrobor\u00f3 lo expuesto por \u00e9sta en el escrito inicial y precis\u00f3 que asumi\u00f3 el mandato en la etapa de remate de las mejoras y su actuaci\u00f3n consisti\u00f3 en presentar los escritos de nulidad. <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota manifest\u00f3 que conoci\u00f3 de los dos decursos cuestionados y defendi\u00f3 las actuaciones que all\u00ed surti\u00f3. <\/p>\n
4. Juan de J. Corredor Jauregui, quien dijo ser apoderado de Fanny Antonia M\u00e9ndez dentro de los procesos criticados, precis\u00f3 que en el proceso de nulidad de promesa de venta el juez de segunda instancia revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado y en su lugar neg\u00f3 las pretensiones, al de oficio encontrar que \u00abexist\u00eda a posteriori acta de conciliaci\u00f3n inter partes\u00bb, documento \u00e9ste que al prestar m\u00e9rito ejecutivo permiti\u00f3 su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que dentro de ambos decursos la aqu\u00ed accionante cont\u00f3 con apoderado judicial y propuso excepciones perentorias, nulidades, recursos e incuso acciones de tutela, por lo que, afirm\u00f3, lo pretendido por \u00e9sta es desentenderse de la obligaci\u00f3n que pesa en su contra, a pesar de haber contado con todos los medios de defensa. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, tras descartar temeridad en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, y hacer un recuento de lo acontecido dentro de la ejecuci\u00f3n cuestionada, neg\u00f3 el amparo, porque dentro de la misma no se interpusieron oportunamente los recursos ordinarios del caso, ni se acredit\u00f3 la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante, insistiendo en los mismos motivos que expuso en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Revisada la demanda de tutela, se verifica que lo cuestionado por la actora, en esencia son, i) la sentencia de 25 de noviembre de 2016 del Juzgado Segundo Civil del Circuito con Conocimiento de Asuntos Laborales de Pamplona, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 12 de mayo del mismo a\u00f1o del Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota, para en su lugar \u00abdeclarar probada oficiosamente la excepci\u00f3n de cosa juzgada, conforme a las razones expuestas, en consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda\u00bb, dentro del proceso verbal para nulidad de contrato de promesa de compraventa que contra aquella tramit\u00f3 Yudy Patricia Contreras Rivera, y ii) el fallo de 12 de septiembre de 2017 del Juzgado Promiscuo Municipal de Chin\u00e1cota, que dispuso \u00abnegar la prosperidad de las excepciones planteadas por la demandada Fanny Antonia M\u00e9ndez Gonz\u00e1lez (\u2026) ordenar seguir adelante la ejecuci\u00f3n en contra de la demandada a favor de la demandante [Yudy Patricia Contreras Rivera]\u00bb. <\/p>\n
En este orden de ideas, de entrada, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que, como qued\u00f3 visto, la \u00faltima de las providencias cuestionadas data del 12 de septiembre de 2017. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de proferimiento de esa providencia (12 de septiembre de 2017) y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 13 de mayo de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose por mucho (3 a\u00f1os y 8 meses) el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, lapso ampliamente superado incluso si se calculara desde la abiertamente improcedente nulidad negada el 23 de febrero de 2021, con que se busc\u00f3 el mismo cometido que en este escenario, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Adicional a lo expuesto, del an\u00e1lisis del expediente de la ejecuci\u00f3n cuestionada se constata que la gestora, al contestar la demanda, propuso una excepci\u00f3n fundada en motivos diferentes a lo aqu\u00ed expuesto, que denomin\u00f3 \u00abfalta de licencia judicial para darle cumplimiento a la promesa de venta que se realiz\u00f3 en el Centro de Conciliaci\u00f3n Asociaci\u00f3n Manos Amigas No. 0160085-2015, por parte de la promitente vendedora y de haberla hecho prescribi\u00f3 la fecha para ejercerla\u00bb, con lo que abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para que el tema fuera abordado por el fallador natural, pese a haber tenido oportunidad para ello. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente tambi\u00e9n por este motivo, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir en los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
4. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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