STC8653-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8653-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02046-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. -en reorganizaci\u00f3n- en contra de la Sala Civil Familia, el Juzgado Quinto Civil del Circuito, el Instituto de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana -INVISBU- y el Edificio Vista Verde P.H., todos de Bucaramanga. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo 2019-00120, as\u00ed como a la Junta Central de Contadores y a la Alcald\u00eda de esa ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de su representante legal, la empresa querellante procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales a la propiedad privada, igualdad, trabajo, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abseguridad-estabilidad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente quebrantadas por los accionados. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga se tramita el proceso ejecutivo 2019-00120, siendo demandante Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Ltda. -en reorganizaci\u00f3n-, y convocado el Edificio Vista Verde P.H. <\/p>\n
2.2. El 18 de noviembre del 2019, el estrado cognoscente decret\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros que, por concepto de expensas comunes presentes y futuras, tuviese la anotada propiedad horizontal. <\/p>\n
2.3. El 15 de marzo de 2021 se dict\u00f3 la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, por la \u00absuma l\u00edquida\u00bb de $2.089.087.870. <\/p>\n
2.4. Dado que, en los a\u00f1os 2019, 2020 y 2021, la demandada y los habitantes de las \u00abunidades privadas\u00bb que la conforman no acataron la medida cautelar decretada, se promovi\u00f3 un \u00abincidente\u00bb y \u00aba la fecha habiendo transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os no se ha resuelto\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 16 de diciembre del 2021, \u00abel juzgado tutelado omitiendo el precedente vertical en la jurisprudencia STC20065-2017 de la Corte Suprema de Justicia[,] procede a violar el debido proceso al decretar la disminuci\u00f3n de embargos hasta por el 30% de los ingresos mensuales que recibe el demandado, decisi\u00f3n que fue oportunamente apelada por el aqu\u00ed accionante\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 14 de junio del 2022, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n impugnada, al considerar que el embargo de la totalidad de las \u00abcuotas de administraci\u00f3n\u00bb resultaba \u00abexagerado y desproporcionado\u00bb. <\/p>\n
3. El impulsor tacha de ilegales las determinaciones de 16 de diciembre de 2021 y de 14 de junio del 2022, dictadas por las autoridades jurisdiccionales cuestionadas, por cuanto incurrieron en un \u00abdefecto sustantivo\u00bb y desconocieron el precedente judicial aplicable, emanado de esta Corte Suprema en sus Salas de Casaci\u00f3n Civil (providencias STC20065-2017, STC15244-2019 y SC3930-2020) y Laboral (sentencia STL1661-2018), as\u00ed como el de la Corte Constitucional (fallo T-068 de 1998). Esto, resumidamente, porque no proced\u00eda la disminuci\u00f3n del embargo, ya que ello causaba un menoscabo sensible e injustificado de los derechos que, como acreedora, ten\u00eda la sociedad que representa, al dificultar de manera irrazonable el cobro coercitivo de la deuda. <\/p>\n
De otra parte, puso de presente que \u00abla entidad demandada\u00bb en la causa compulsiva actuaba de \u00abmala fe[,] pretendiendo burlarse de la justicia en no respetar y acatar el cumplimiento de la sentencia (\u2026) cuando en sus estados financieros que le orden\u00f3 el juzgado de origen allegar, a la fecha no ha registrado el pasivo por la suma de (\u2026) $2.089.087.870 (\u2026) para evitarse tener que obligar a las unidades privadas que solidarias econ\u00f3micamente con la mencionada acreencia (sic) tenerla que pagar a trav\u00e9s del incremento de la cuota de administraci\u00f3n (\u2026) violando los principios de la propiedad horizontal establecidos en la Ley 675 de 2001\u00bb. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exige dejar sin efectos los autos de 16 de diciembre de 2021 y de 14 de junio de 2022 y, en consecuencia, que se ordene a \u00ablos operadores judiciales (\u2026) mantener el 100% del embargo sobre los ingresos del demandado seg\u00fan se decret\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Paralelamente, solicita se inste al \u00abrepresentante legal del Edificio Vista Verde P.H. [a] registrar contablemente el pasivo por (\u2026) $2.089.087.870 (\u2026) que fue ordenado pagar en sentencia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, suplica que se conmine al \u00abinstituto INVISBU (\u2026) adelantar las investigaciones en contra de la representante legal, administradora y contadora del Edificio Vista Verde sobre las irregularidades aqu\u00ed denunciadas en los estados financieros y violaci\u00f3n al art\u00edculo 35 de la Ley 675 [y] dem\u00e1s normas complementarias en lo referente al cubrimiento de la totalidad [de] los pasivos de la propiedad horizontal con la cuota de administraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, demanda que se obligue a la Junta Central de Contadores y al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga a \u00abadelantar las investigaciones y sanciones por las irregularidades denunciadas contra la administradora y contadora del Edificio Vista Verde P.H.\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado del Circuito cuestionado resalt\u00f3 que se aten\u00eda a lo consignado en el expediente e hizo hincapi\u00e9 en que \u00abel accionante ha promovido 19 acciones de tutela frente a las actuaciones surtidas dentro del proceso de marras, buscando que sus peticiones se resuelvan de forma m\u00e1s c\u00e9lere, en desconocimiento del sistema de turnos, pese a no tener prelaci\u00f3n legal o constitucional, por lo cual ninguna de las referidas solicitudes ha encontrado prosperidad\u00bb, m\u00e1s a\u00fan, \u00abse encuentran en tr\u00e1mite tres de las acciones de tutela que el actor ha interpuesto previamente, con lo cual queda en evidencia el uso abusivo de dicho mecanismo constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Parecido proceder despleg\u00f3 el tribunal recriminado, el cual, adem\u00e1s de detallar la gesti\u00f3n por \u00e9l llevada a cabo en el litigio atacado y defender su legalidad, advirti\u00f3 que \u00abe[ra] comportamiento habitual del representante de la firma tutelante la interposici\u00f3n de m\u00faltiples acciones de tutela contra cada decisi\u00f3n que se adopta en los asuntos que aquella interviene, muchas de ellas resultando inconducentes, pr\u00e1ctica que conlleva un aumento injustificado en la congesti\u00f3n de los despachos judiciales y al retraso en las funciones que se nos han encomendado\u00bb. <\/p>\n
3. El Instituto de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana -INVISBU- manifest\u00f3 no haber violentado derecho fundamental alguno, ya que no contaba con facultades para ejercer control o vigilancia respecto de las administraciones de las propiedades horizontales. <\/p>\n
4. El municipio de Bucaramanga solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del proceso, por cuanto el que tiene la potestad de ejercer \u00abla vigilancia de la propiedad horizontal [es] el Instituto de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana (\u2026) como entidad del orden descentralizado\u00bb. <\/p>\n
5. Nicolle Valentina Vera Vega, quien manifest\u00f3 actuar a nombre del Edificio Vista Verde P.H., pidi\u00f3 desestimar el ruego, ya que en las actuaciones atacadas no se percib\u00eda ninguna v\u00eda de hecho. Adem\u00e1s, demand\u00f3 que se sancionara al accionante, dado que en m\u00faltiples ocasiones ha planteado diferentes acciones constitucionales y ha entorpecido, con ello, el correcto devenir procesal. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la censora pretende que se dejen sin efectos los autos de 16 de diciembre de 2021 y de 14 de junio de 2022, proferidos, respectivamente, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito y por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior, los dos de Bucaramanga, mediante los cuales, entre otras cosas, se redujo el porcentaje del embargo y retenci\u00f3n de las expensas comunes ordinarias y extraordinarias de propiedad del Edificio Vista Verde P.H., demandado en el proceso cuestionado. <\/p>\n
2. Aunque el reclamo se dirige en contra de las determinaciones adoptadas en ambas instancias, la Corte circunscribir\u00e1 su examen a la emanada de la Colegiatura criticada, ya que fue la que zanj\u00f3 el asunto controvertido. <\/p>\n
3. En el enunciado prove\u00eddo de 14 de junio de los corrientes, el Tribunal querellado dictamin\u00f3 que el pronunciamiento recurrido en alzada no infring\u00eda los art\u00edculos 599 y 600 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abpues estas normas facultan al juez para reducir la medida de embargo y ajustarla o limitarla a lo necesario, siempre que a su juicio sea excesiva\u00bb. <\/p>\n
Desde luego que el a quo estaba autorizado para disminuir las cautelas decretadas, ya que \u00abel embargo del 100% de las expensas ordinarias y extraordinarias que recibe la parte ejecutada Edificio Vista Verde PH, como se dispuso en auto del 15 de marzo de 2021, resulta exagerado y desproporcionado no ya frente a la acreencia reclamada por la parte ejecutante (que supera los dos mil millones de pesos), sino en lo que hace a la subsistencia y operabilidad de la persona jur\u00eddica, visto que, es claro que una propiedad horizontal para el cumplimento de su objeto cuenta \u00fanicamente con dichos rubros\u00bb. <\/p>\n
Por ello, resultaba \u00abjusta y conforme a los citados c\u00e1nones la reducci\u00f3n de la cautela, pues ello le permitir\u00e1 a la parte ejecutada atender de manera condigna las funciones que legalmente le incumben, que, adem\u00e1s, trascienden a fin de garantizar la vida digna de quienes habitan las unidades residenciales que la conforman\u00bb. <\/p>\n
4. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, se evidencia que el Tribunal ponder\u00f3 los intereses en juego de que eran titulares ambos extremos procesales y consider\u00f3, motivadamente, que la reducci\u00f3n de la cautela dispuesta por el juzgado de primer nivel se ajustaba a derecho, porque el embargo de la totalidad de las expensas comunes pon\u00eda en grave peligro la subsistencia misma de la propiedad horizontal ejecutada y hasta lesionaba los derechos de quienes en ella habitaban; tal conclusi\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida, no se muestra abiertamente arbitraria o alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta y de la normatividad llamada a gobernarla, en concreto los preceptos 599 y 600 del Estatuto Adjetivo en lo Civil. <\/p>\n
4.1. Se observa, pues, una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no se abre paso, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden1. <\/p>\n
4.2. A m\u00e1s de lo anterior, examinados los pronunciamientos invocados por el censor y cuyo incumplimiento imputa a los juzgadores accionados, la Corte advierte que los casos mediante ellos zanjados no guardan identidad f\u00e1ctica con el ahora sometido a escrutinio, ni el problema jur\u00eddico a resolver es semejante al ahora ventilado. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, en efecto, que en el asunto aqu\u00ed analizado no est\u00e1 en disputa el car\u00e1cter embargable o inembargable de las expensas comunes de las propiedades horizontales, que fue la tem\u00e1tica sobre la cual gravitaron los prove\u00eddos STC20065-2017 y STL1661-2018, sino la reducci\u00f3n de unas cautelas decretadas por resultar excesivas y lesionar m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites razonables los derechos de la persona jur\u00eddica demandada ejecutivamente y de los inquilinos que habitan el edificio donde esta funciona y despliega su objeto social. Tampoco en los fallos de esta Corporaci\u00f3n STC15244-2019 y SC3930-2020 ni en el T-068 de 1998 de la Corte Constitucional, se desataron problemas jur\u00eddicos an\u00e1logos o equivalentes al enjuiciado en esta oportunidad. <\/p>\n
Luego, la v\u00eda de hecho que, por violaci\u00f3n del precedente se enrostra a los falladores acusados, es inexistente, pues la fuerza vinculante que del precedente dimana pende de que corresponda a conjunto uniforme de sentencias de igual sentido y de que entre un caso y otro pueda predicarse, a lo menos, una similitud o aproximaci\u00f3n factual o se \u00abplantee un punto de derecho parecido al que se debe resolve[r] posteriormente\u00bb2; presupuestos que no se cumplen. <\/p>\n
5. Finalmente, las restantes s\u00faplicas reclamadas a trav\u00e9s del presente amparo constitucional tampoco se abren paso, pues la tutela, dado su car\u00e1cter residual y excepcional, no es el instrumento para ordenar el registro contable de un pasivo, para instar al adelantamiento de investigaciones, por violaci\u00f3n del r\u00e9gimen previsto en la Ley 675 de 2001 ni para sancionar a los administradores de las propiedades horizontales que incumplan los deberes que el orden jur\u00eddico les impone. <\/p>\n
6. Colof\u00f3n de lo razonado, se desestimar\u00e1 el auxilio exigido. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la STC7607-2021). <\/p>\n
2\u0002 As\u00ed: CSJ STC5487-2022, de 5 de mayo. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8653-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8653-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02046-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Asesor\u00edas y […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65205","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65205","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65205"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65205\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}