STC8654-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8654-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54001-22-13-000-2022-00137-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de mayo de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Jos\u00e9 Manuel1 contra el Juzgado de Familia de Los Patios. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Mar\u00eda Teresa, demandante en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad accionada en el juicio ejecutivo de alimentos de radicado 2020-00351-00. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que contra el actor se adelant\u00f3 el mencionado proceso en el Juzgado accionado, promovido por Mar\u00eda Teresa en representaci\u00f3n de su hijo menor de edad, para obtener el pago de la obligaci\u00f3n contenida en el acta de conciliaci\u00f3n del 8 de julio de 2016, en la que se trans\u00f3 una suma de $90.666.666 y se fij\u00f3 una cuota a favor del ni\u00f1o de $2.666.666 (ejecutando la cuota por lo causado de enero a diciembre de 2017), m\u00e1s los intereses moratorios. <\/p>\n
En aquel tr\u00e1mite se libr\u00f3 mandamiento de pago el 1 de febrero de 2021, por $123.975.450 y, el 7 de abril de 2022, se dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, por $33.896.641, luego de que prosperaran parcialmente las excepciones del ejecutado y se adicionara al mandamiento de pago el incremento de la cuota por alimentos de los a\u00f1os 2017 a 2022. <\/p>\n
La parte actora se\u00f1al\u00f3 que la \u00faltima decisi\u00f3n contiene un defecto procedimental y uno f\u00e1ctico, porque el accionado oficiosamente aument\u00f3 las cuotas por alimentos a partir del 2017, modificando lo pactado en la conciliaci\u00f3n y las pretensiones, sin utilizar el incremento del I.P.C., como lo establece el inciso s\u00e9ptimo del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, sino que acudi\u00f3 al aumento del salario m\u00ednimo o el valor de la inflaci\u00f3n, lo que resulta superior. <\/p>\n
En cuanto a la valoraci\u00f3n probatoria efectuada, reproch\u00f3 que: i) no se otorg\u00f3 valor a dos cheques, por $30.000.000, girados a nombre de Sandra, para cubrir la obligaci\u00f3n ejecutada, pero s\u00ed se valor\u00f3 su testimonio, para establecer que el dinero era para un supuesto negocio que ten\u00eda con otro hijo, a pesar de que no aport\u00f3 pruebas sobre ese hecho; ii) no se valor\u00f3 el paz y salvo firmado por la ejecutante, en el que constaba que hab\u00eda recibido la cuota alimentaria de su hijo menor de edad hasta febrero de 2018, en consonancia con los recibos de caja menor del a\u00f1o 2017; (iii) no se tuvo en cuenta el interrogatorio rendido por el ex apoderado de la ejecutante, en el curso de la indagaci\u00f3n por inasistencia alimentaria, archivada por encontrarse al d\u00eda con la obligaci\u00f3n y iv) no se otorg\u00f3 credibilidad al contrato de promesa de compraventa de dos lotes, \u00aben donde se demuestra recibirse por parte de la demandante la suma de \u2026 ($ 100.000.000) M\/Cte, para mis tres (3) hijos, sumas que componen todo el concepto de alimentos\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se ordene al accionado \u00abcorregir la decisi\u00f3n emitida (\u2026) en lo que concierne a la deuda declarada del a\u00f1o 2017 y los incrementos no debidos, en su defecto disminuir el valor de los mismos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado de Familia de Los Patios afirm\u00f3, entre otros, que valor\u00f3 las 18 consignaciones realizadas a la demandante por el ejecutado y los recibos de caja aportados. Se\u00f1al\u00f3, adem\u00e1s, que el paz y salvo no fue tenido en cuenta, porque era \u00abobjeto de una investigaci\u00f3n, y el perito grafol\u00f3gico rindi\u00f3 informe dentro del proceso penal, sin que se haya dado noticia alguna dentro del ejecutivo (\u2026) y sin decisi\u00f3n de fondo en dicho proceso\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el aumento de la cuota se realiz\u00f3 teniendo en cuenta el IPC, mientras que la liquidaci\u00f3n que hizo el accionante en la tutela \u00absolo tiene en cuenta el incremento de la cuota a\u00f1o por a\u00f1o, sin tener en cuenta la totalidad del valor de la cuota y lo consignado\u00bb. Asegur\u00f3 que el asunto se resolvi\u00f3 conforme a las pruebas documental y testimonial obrantes en el plenario. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mar\u00eda Teresa manifest\u00f3 que el proceso ejecutivo se adelant\u00f3 para obtener el pago de la obligaci\u00f3n como se acord\u00f3 en la conciliaci\u00f3n del 8 de julio de 2016, esto es, por consignaciones mensuales en su cuenta de ahorros, lo cual el accionante no acredit\u00f3 con las documentales aportadas. Adicionalmente, asever\u00f3 que el Juzgado ten\u00eda la facultad de incrementar oficiosamente la cuota de alimentos pactada. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras considerar razonable la decisi\u00f3n cuestionada, pues, en cuanto al incremento oficioso de la cuota por alimentos, advirti\u00f3 que el juez de familia tiene la facultad de fallar \u00abultra-petita y extra-petita\u00bb, en aras de proteger al menor. En adici\u00f3n, afirm\u00f3 que, seg\u00fan el inciso s\u00e9ptimo del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, las cuotas alimentarias deben actualizarse anualmente conforme al \u00edndice de precios al consumidor, lo que no implica agravamiento de la situaci\u00f3n del deudor. <\/p>\n
Sobre la indebida valoraci\u00f3n probatoria, luego de analizar los cuestionamientos del actor, concluy\u00f3 que no se evidenciaba acto vulnerador alguno. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal se limit\u00f3 a replicar lo expuesto por el accionado, sin considerar el paz y salvo aportado con la contestaci\u00f3n de la demanda, al cual deb\u00eda d\u00e1rsele valor probatorio, pues el tr\u00e1mite penal en el que est\u00e1 incurso es independiente; adem\u00e1s, afirm\u00f3 que no se analiz\u00f3 lo concerniente a la suma que recibi\u00f3 la ejecutante por la venta de 2 lotes, destinado a cubrir los alimentos de sus tres hijos y reiter\u00f3 lo alegado sobre el incremento de la cuota realizada por el Juzgado convocado. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con el fallo del 7 de abril de 2022, mediante el cual el Despacho accionado dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n, pues, en su criterio, no se valor\u00f3 la totalidad de las pruebas por \u00e9l presentadas y se increment\u00f3 oficiosamente la cuota por alimentos desde el 2017. <\/p>\n
2. El citado fallo se profiri\u00f3 en audiencia del 7 de abril de 2022, en la que el Juzgado retom\u00f3 lo declarado por las partes, por los testigos Fernanda (secretaria del ejecutado), el funcionario del CTI Camilo (quien cotej\u00f3 la firma de la demandante en el paz y salvo aportado por el ejecutado), Sandra (testigo requerida por el Juzgado), y lo plasmado en los alegatos de conclusi\u00f3n presentados por los extremos procesales. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n2, la autoridad judicial, para fundamentar la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abacreditaci\u00f3n de pago de lo cobrado y\/o no debido\u00bb, sostuvo que el demandado aport\u00f3 18 consignaciones realizadas a la ejecutante entre el 29 de julio y el 27 de diciembre de 2016, por $73.666.698, al igual que 6 recibos firmados por Carolina, Gustavo, Rub\u00e9n y Juan, por $40.000.000, con los cuales, pese a que la demandante en el interrogatorio de parte manifest\u00f3 que \u00abno recibi\u00f3 abono a la deuda y que estos se deb\u00edan hacer a una cuenta y no en efectivo\u00bb, se pudo establecer que dichas cancelaciones s\u00ed se realizaron; por tanto, el Despacho consider\u00f3 que, si bien la ejecutante asegur\u00f3 que no recibi\u00f3 dichas sumas, \u00abpor encontrarse la cuenta embargada por el proceso de insolvencia iniciado\u00bb, deb\u00edan tenerse en cuenta, pues \u00abel hecho que no los haya retirado, no significa que el demandado no los haya efectuado\u00bb. <\/p>\n
Sobre los pagos en efectivo, el Juzgado dijo que el demandado realizaba aportes \u00aba las personas que sirven de intermediarias, entre las partes aqu\u00ed procesales, por no contar estos con una buena relaci\u00f3n, por lo cual los recibos de caja se tendr\u00e1n como abono a la deuda, ya que los mismos no fueron tachados y solo se dice que existe anotaciones al final pero los mismos no presentan tachaduras ni enmendaduras\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, frente a la entrega de $30.000.000 a la se\u00f1ora Sandra (cheques que menciona el accionante en el escrito de tutela que no se valoraron), el fallador afirm\u00f3 que \u00abno se tendr\u00e1n en cuenta, toda vez, que estos dineros fueron realizados para pago de una deuda del se\u00f1or JOSE MANUEL, con su hijo GUSTAVO y no obra acreditaci\u00f3n que los mismos hayan sido para el pago de alimentos\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, de conformidad con el material probatorio valorado, el Juzgado estableci\u00f3 que \u00abEl mandamiento de pago se realiz\u00f3 por la suma de $123.975.450 y el demandado ha realizado abonos por la suma de $113.666.698, es decir la deuda del demandado a diciembre de 2017 es la suma de $ 10.308.781, por lo cual se declara probada parcialmente dicha excepci\u00f3n y se librar\u00e1 un nuevo mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
En cuanto a la temeridad y la mala fe, advirti\u00f3 que \u00abno har\u00e1 pronunciamiento sobre este t\u00f3pico, toda vez, que existe proceso penal, o investigaci\u00f3n penal en curso, donde se resolver\u00e1 de fondo todo lo concerniente con el particular\u00bb. <\/p>\n
Frente a los incrementos de la cuota por alimentos, argument\u00f3 que, aunque estos no estaban pactados en el acuerdo firmado, deb\u00edan realizarse, porque no se pod\u00eda someter al alimentario a la misma suma \u00abdurante toda la vida (\u2026) o hasta que se presente una nueva conciliaci\u00f3n\u00bb. Sobre el reconocimiento o pago de la cuota de alimentos por el dinero obtenido por la venta de dos lotes, el Juzgado lo desestim\u00f3, \u00abya que este dinero lo dio a todos sus hijos\u00bb, sin que \u00abello aplique en el presente caso, pues no hay acreditaci\u00f3n, que fuera destinado para cubrir concepto alimentario\u00bb3. <\/p>\n
Seguidamente, el Despacho efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n, correspondiente al incremento de la cuota alimentaria durante los a\u00f1os 2017 a 2022, obteniendo una suma de $23.587.860, raz\u00f3n por la cual resolvi\u00f3 modificar el mandamiento de pago, el cual qued\u00f3 en $33.896.641,16. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, al margen de que sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las pruebas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron los argumentos del interesado, que dicho sea de paso se reiteran en sede de tutela. <\/p>\n
3.1. En ese orden, se observa que el accionado, con fundamento en el material probatorio, estableci\u00f3 que lo adeudado por el ejecutado en el a\u00f1o 2017, por concepto de alimentos de su hijo menor de edad, era de $10.308.781, suma que se increment\u00f3 a $23.587.860, luego de considerar, de manera razonada y a la luz de sus potestades legales, que a las cuotas alimentarias fijadas entre los a\u00f1os 2017 y el 2022 deb\u00eda aplic\u00e1rsele el I.P.C. <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en cuanto a la inconformidad manifestada por el accionante sobre la f\u00f3rmula utilizada por el Despacho para liquidar el incremento de la cuota que dispuso el ordinal segundo del fallo cuestionado, advierte la Sala que el interesado no solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n en tal sentido4, desperdiciando la oportunidad para exponer su inconformidad al juez de conocimiento, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional con ese prop\u00f3sito5. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con el testimonio del se\u00f1or Rafael, se observa que este no fue solicitado en el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda ejecutiva; adem\u00e1s, de acuerdo con el acta de la audiencia del 3 de febrero de 20226, se fij\u00f3 nueva fecha para recibir los testimonios de Camilo y Fernanda, \u00abya que la defensa desisti\u00f3 de los otros dos testigos\u00bb. Igualmente, concluida la etapa probatoria al finalizar la audiencia del 23 de marzo de 2022, el ejecutado tampoco realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n de inconformidad al respecto. <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden7. En ese sentido, la Sala ha considerado que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u2019 (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01)\u00bb (cita reiterada en la STC15178-2019, del 7 de noviembre, rad. 2019-00445-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional, en cuanto neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Minuto 10. <\/p>\n
3\u0002 Minuto 17. <\/p>\n
4\u0002 Minuto 24. <\/p>\n
5\u0002 Sobre la subsidiariedad de la acci\u00f3n y la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias ver, entre otras, CSJ STC16620-2021 y CSJ STC3846-2022. <\/p>\n
6\u0002 Documento 46, expediente 2020-00335. <\/p>\n
7\u0002 Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
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