STC8655-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8655-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2022-00198-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de mayo de 2022 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que concedi\u00f3 el amparo reclamado por Blanca, en calidad de Defensora de Familia del Centro Zonal Industrial de La Bah\u00eda \u2013Regional Bol\u00edvar ICBF y en representaci\u00f3n de la menor de edad Sof\u00eda1, contra el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda del derecho fundamental de su representada al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que, el 26 de marzo de 2019, se present\u00f3 en el Centro Zonal Industrial de La Bah\u00eda del ICBF la se\u00f1ora Amanda junto a la menor de edad Sof\u00eda, manifestando que Carmen, madre de la ni\u00f1a, \u00abla dej\u00f3 viviendo en su casa hace aproximadamente seis a\u00f1os, con la cual tuvo contacto hasta hace aproximadamente tres a\u00f1os y desde entonces no se ha sabido de ella ni de su progenitor. (\u2026) se encuentra desescolarizada, (\u2026) adem\u00e1s presenta problemas en su comportamiento (\u2026) le ha expresado no querer seguir viviendo con ella. Por lo anterior se requieres intervenci\u00f3n de ICBF\u00bb2. <\/p>\n
2.1. La Defensora de Familia de ese Centro Zonal dio apertura el mismo d\u00eda al proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor de la menor de edad3, dict\u00f3 como medida de protecci\u00f3n la ubicaci\u00f3n en la instituci\u00f3n de atenci\u00f3n especializada Corgestacol \u00abya que no contaba con redes familiares para ejercer sus cuidados\u00bb. Igualmente, orden\u00f3 varias intervenciones y dict\u00e1menes tendientes a evaluar el estado de la ni\u00f1a y su situaci\u00f3n socio familiar, dispuso citar a sus representantes legales o a los responsables de su cuidado para notificarlos personalmente y comunicar la apertura al Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
2.2. En aras de ubicar los padres, se fij\u00f3 aviso con sus nombres en la p\u00e1gina web del Instituto y se realiz\u00f3 publicaci\u00f3n en el programa de televisi\u00f3n \u00abme conoces\u00bb, sin lograr su comparecencia; de acuerdo con el informe de la trabajadora social \u00abno existe redes de apoyo familiar y\/o vincular interesadas en asumir cuidado\u00bb4. <\/p>\n
2.3. El 25 de septiembre de 2019 se dict\u00f3 fallo, en el que se estableci\u00f3 el abandono de la red vincular y de sus padres y, en consecuencia, se declar\u00f3 a la menor de edad en situaci\u00f3n de adoptabilidad5. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, en Comit\u00e9 de Adopciones del ICBF Regional Bol\u00edvar, sesi\u00f3n 39 de 2021, se decidi\u00f3 no presentarla al programa de adopciones y someter a estudio el proceso administrativo ante el Comit\u00e9 Consultivo Regional, tras advertir \u00abposibles yerros que conlleven a nulidades procesales\u00bb, consistentes en que en el procedimiento no se notific\u00f3 al Ministerio P\u00fablico y no se adelantaron todas las acciones para la b\u00fasqueda de redes familiares, en particular, para localizar al progenitor en el tel\u00e9fono y direcci\u00f3n suministrados por \u00e9l \u00aben petici\u00f3n SIM presentada en el a\u00f1o 2012\u00bb6. <\/p>\n
2.5. En el Comit\u00e9 T\u00e9cnico Consultivo de Restablecimiento de Derechos del 19 de noviembre de 20217, la trabajadora social, Paola, manifest\u00f3 que \u00aben la historia familiar hay varios elementos que nos llevan a ubicar a la red familiar nuclear o extensa, teniendo en cuenta que hay una petici\u00f3n de a\u00f1o 2012, donde el padre de la ni\u00f1a est\u00e1 busc\u00e1ndola, ser\u00eda importante tener en cuenta estos elementos que brinda el Sistema de Informaci\u00f3n Misional y otras como otras bases de datos que podemos hacer usos, que en alguna parte de la historia brinda la informaci\u00f3n de que la familia al parecer vive en el municipio de Mahates. El defensor de familia al respecto refiere que, s\u00ed se hizo, la falla de la Defensor\u00eda es que no se dijo, pero si se hizo, se conoci\u00f3 de la petici\u00f3n que es mucho antes, de hecho, el operador tambi\u00e9n intent\u00f3 hacerlo, realizando llamada telef\u00f3nica, sin lograr comunicaci\u00f3n, ya que no contestan el celular. La Doctora Paola refiere que esas acciones no est\u00e1n dentro del proceso\u00bb8. <\/p>\n
Con base en ello y luego de debatirse el asunto, el Comit\u00e9 estableci\u00f3 que se trataba de una prueba sobreviniente, que se conoci\u00f3 con posterioridad a la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor de edad, \u00abporque quien pone en conocimiento esa red, esa direcci\u00f3n de la familia, posible ubicaci\u00f3n de la familia, para practicar una visita y todos los efectos que puedan surtirse de all\u00ed, la existencia de esos datos, es el comit\u00e9 de adopciones, y no se tuvo conocimiento con anterioridad por la autoridad administrativa\u00bb; por tanto, consider\u00f3 que lo procedente era que un Juzgado de Familia analizara los vicios evidenciados y las consecuencias que \u00e9stos pudiera generar. <\/p>\n
2.6. Aquella recomendaci\u00f3n fue acogida por el Defensor de Familia de conocimiento, mediante auto del 3 de febrero de 2022, en el que, \u00abante la existencia de una prueba sobreviniente, despu\u00e9s del fallo\u00bb y \u00abcon el objeto de realizar control de legalidad del proceso\u00bb, dispuso remitir el proceso para lo pertinente\u00bb9. <\/p>\n
2.7. El 10 de marzo de 2022, el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena declar\u00f3 la nulidad del fallo del 25 de septiembre del a\u00f1o 2019 y dispuso retrotraer toda la actuaci\u00f3n administrativa, para que se notificara el auto de apertura del 26 de marzo de 2019 al progenitor de la adolescente y al Agente del Ministerio P\u00fablico; adem\u00e1s, orden\u00f3 devolver las diligencias al ICBF -Seccional Bol\u00edvar-, para que subsanara las falencias advertidas. <\/p>\n
2.8. La Defensora de Familia, aqu\u00ed tutelante, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n anterior, el cual fue rechazado el 28 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. Censur\u00f3 la accionante que la providencia del 10 de marzo de 2022 se apart\u00f3 de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 del 2006, toda vez que, en el evento en que se adviertan yerros en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos despu\u00e9s de superarse el t\u00e9rmino para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica inicial, la autoridad administrativa debe remitir el proceso al Juez de Familia en sede de revisi\u00f3n, para que verifique si se configura la nulidad, caso en el cual, deber\u00e1 decretarla y resolver sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica. Se\u00f1al\u00f3 que el juez no puede ampliar los t\u00e9rminos del PARD \u00abni mucho menos habilitar t\u00e9rminos para que la autoridad administrativa retome el caso\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 que se ordene al accionado que d\u00e9 \u00abcumplimiento a lo dispuesto en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, resolviendo el fondo de la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la adolescente\u00bb. <\/p>\n
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II. RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena sostuvo que resolvi\u00f3 lo procedente \u00aben los t\u00e9rminos de los Arts. 100 par\u00e1grafo 2 del C.I.A. modificado por el Art. 4 de la Ley 1878 de 2018 y en los Arts. 42 N\u00fam. 5, 132 y 133 del C.G.P.\u00bb y que, al declararse la nulidad de lo actuado en sede administrativa, la Defensor\u00eda recuperaba la competencia. <\/p>\n
<\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el amparo, tras considerar que la decisi\u00f3n cuestionada conten\u00eda un defecto procedimental absoluto, al aplicar una consecuencia distinta a la disposici\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 2\u00ba de la Ley 1098 de 2006, que se\u00f1ala que, cuando el yerro se advierte despu\u00e9s de vencido el t\u00e9rmino de 6 meses previsto para decidir el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, corresponde al Juez de Familia determinar si hay o no nulidad de lo actuado y resolver de fondo la situaci\u00f3n del menor de edad, en consonancia con lo contemplado en el par\u00e1grafo 5\u00ba ibidem. En ese sentido, argument\u00f3 que, si bien la situaci\u00f3n de adoptabilidad se adopt\u00f3 en los 6 meses, lo cierto era que la nulidad se advirti\u00f3 con posterioridad, esto es, el 1\u00ba de julio de 2021, por lo que se deb\u00eda interpretar que \u00abcorresponde al juez de familia resolver de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dej\u00f3 sin efectos el numeral tercero de la providencia del 10 de marzo de 2022 y orden\u00f3 al Juzgado accionado dar aplicaci\u00f3n \u00aba la consecuencia jur\u00eddica de la declaratoria de nulidad contenida en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 modificada por la Ley 1878 de 2018 resolviendo de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor (\u2026) en los t\u00e9rminos que establece dicha ley e informar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el Despacho accionado, indicando que la sentencia de primera instancia se contrapon\u00eda al principio de convalidaci\u00f3n de las nulidades, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto no pod\u00eda ese Juzgado rehacer el tr\u00e1mite que correspond\u00eda al Defensor o Comisario de Familia, pues \u00abla competencia para estos casos puntuales de los despachos de Familia es residual si se quiere a efectos de verificaci\u00f3n de la regularidad del tr\u00e1mite administrativo desplegado por aquellos a las voces del N\u00fam. 19 del Art. 21 del C.G.P.\u00bb; m\u00e1xime que la informaci\u00f3n de notificaci\u00f3n del progenitor de la menor de edad se encuentra en la base de datos del ICBF. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, pretende la tutelante que sean amparados los derechos fundamentales de la menor de edad Sof\u00eda, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de lo establecido en el numeral tercero del auto del 10 de marzo de 2022, mediante el cual el Juzgado convocado, previa declaratoria de nulidad del tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos analizado, dispuso la devoluci\u00f3n de las diligencias al ICBF -Seccional Bol\u00edvar-, para que subsanara los yerros encontrados y surtiera nuevamente la fase administrativa, \u00aben procura de la notificaci\u00f3n efectiva del Auto de Apertura del PARD del 26 de marzo de 2019 al progenitor de la NNA (\u2026), se\u00f1or SANTIAGO y al Ministerio P\u00fablico, conforme lo expuesto en la parte motiva\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Revisada la providencia atacada, proferida el 10 de marzo de 2022 por el Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena, se advierte que en ella se declar\u00f3 la nulidad del fallo del 25 de septiembre de 2019, por el cual la Defensor\u00eda de Familia estableci\u00f3 que la menor de edad estaba en condici\u00f3n de vulneraci\u00f3n de sus derechos, por el abandono de sus padres y de la persona que la ten\u00eda bajo su cuidado, por lo que la declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad; en consecuencia, el Despacho censurado orden\u00f3 \u00abDEVOLVER la presente actuaci\u00f3n al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Seccional Bol\u00edvar para que se subsanen las falencias advertidas y se surta el tr\u00e1mite en debida forma\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto, haciendo un estudio del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, evidenci\u00f3 que, en dicho tr\u00e1mite, si bien se orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, \u00abno existe evidencia en el plenario que dicha notificaci\u00f3n se haya surtido como tampoco de la decisi\u00f3n que decide declarar en situaci\u00f3n de adoptabilidad a la joven en cuesti\u00f3n\u00bb. Adicionalmente, porque los progenitores de la menor de edad fueron citados al proceso a trav\u00e9s de emplazamiento, no obstante, del informe enviado por el ICBF, el Juzgador advirti\u00f3 que el padre, seg\u00fan \u00abpetici\u00f3n SIM del 2012 hab\u00eda suministrado abonado telef\u00f3nico y direcci\u00f3n\u00bb ante la misma entidad, cuando intent\u00f3 buscar a su hija. <\/p>\n
En ese orden, el Juzgado cognoscente, tras hacer menci\u00f3n de lo contemplado en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece como causal de nulidad \u00abCuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas (\u2026) o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico (\u2026)\u00bb, consider\u00f3 que, en ejercicio de las facultades contenidas en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 y en los art\u00edculos 42, 132 y 133 de Estatuto Adjetivo, lo procedente era declarar la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
2.1. Dicha decisi\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n por la Defensora de Familia del Centro Zonal Industrial de Bah\u00eda (ICBF, Regional Bol\u00edvar), indicando que, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 19 y 20 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, en consonancia con lo previsto en el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006, correspond\u00eda al Juzgado de Familia resolver la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor de edad, por cuanto la autoridad administrativa hab\u00eda perdido competencia para definir el asunto, dado que se hab\u00edan vencido los 6 meses previstos para el efecto. <\/p>\n
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3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n adoptada por el Despacho judicial censurado no resulta abiertamente arbitraria ni manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico y, por tanto, no es procedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.1. En efecto, se observa que, seg\u00fan el acta del Comit\u00e9 T\u00e9cnico Consultivo de Restablecimiento de Derechos Ordinario del ICBF10, en dicha entidad reposaba informaci\u00f3n que indicaba que, en el a\u00f1o 2012, el se\u00f1or Santiago, padre de la menor de edad en situaci\u00f3n de abandono, realiz\u00f3 una petici\u00f3n buscando a su hija en esa instituci\u00f3n, para lo cual suministr\u00f3 un n\u00famero de contacto y una referencia de su residencia, data que tiene cierta coincidencia con la referida por la se\u00f1ora Amanda, toda vez que, cuando la entreg\u00f3 al ICBF -26 de marzo de 2019-, dijo que hac\u00eda \u00abaproximadamente seis a\u00f1os\u00bb la madre la dej\u00f3 viviendo en su casa bajo su cuidado. <\/p>\n
En ese orden, aunque deben prevalecer los derechos de la adolescente a que su situaci\u00f3n jur\u00eddica se resuelva de manera expedita11, pues el deber principal en estos asuntos es verificar la condici\u00f3n de riesgo de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y determinar la necesidad de ordenar medidas urgentes para el restablecimiento de sus garant\u00edas, por lo que el proceso no puede verse afectado por cualquier vicio de procedimiento, no debe perderse de vista que en este caso se verific\u00f3 posteriormente una circunstancia de especial relevancia, \u00abteniendo en cuenta la petici\u00f3n del padre biol\u00f3gico de la ni\u00f1a en el a\u00f1o 2012 (donde aporta n\u00famero telef\u00f3nico y direcci\u00f3n de residencia)\u00bb12, dado que, pese a que dicha informaci\u00f3n reposaba en la misma entidad no hay evidencia de que, en su momento, hubiera sido remitida a la Defensor\u00eda de Familia de conocimiento ni que se hubiera intentado la notificaci\u00f3n de aqu\u00e9l con los datos de contacto y de ubicaci\u00f3n registrados. <\/p>\n
La situaci\u00f3n descrita, por su puesto, afecta el derecho de la menor de edad a tener una familia y a no ser separada de ella, m\u00e1xime que en el proceso administrativo tampoco intervino, en defensa de sus garant\u00edas, el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
En ese sentido, la Sala ha referido que: <\/p>\n
\u00ab\u2026Le asiste raz\u00f3n a la recurrente cuando afirma que varias de las irregularidades que pregon\u00f3 la unidad demandada no vician lo tramitado, ya que la \u2018falta de verificaci\u00f3n de los derechos de la menor antes de dar curso al procedimiento\u2019, \u2018no practicar pruebas de oficio\u2019 y la \u2018valoraci\u00f3n indebida de las pruebas\u2019, no se encuentran contempladas en el art\u00edculo 133 del estatuto adjetivo como causales de nulidad. De ah\u00ed que, el despacho cuestionado se haya equivocado al considerar que tales circunstancias invalidaban el decurso fustigado. <\/p>\n
Pero s\u00ed se configura la del numeral 8\u00b0 de dicho precepto, al no \u2018notificarse\u2019 en debida forma a la \u2018progenitora de la menor\u2019, el \u2018auto que convoc\u00f3 a audiencia de fallo\u2019, y olvidar \u2018citar a los abuelos maternos\u2019 de aqu\u00e9lla\u2026 <\/p>\n
Entonces, como el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva al \u2018dejar sin efectos lo actuado en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos\u2019 por \u2018la indebida notificaci\u00f3n a Er\u00edn Pastrana, del auto que convoc\u00f3 a audiencia de fallo\u2019, y \u2018la ausencia de citaci\u00f3n de los abuelos maternos de la ni\u00f1a\u2019, no cometi\u00f3 en desafuero alguno, se descarta la intromisi\u00f3n constitucional\u00bb (Subraya la Sala. Fallo de tutela del 7 de mayo de 2020, expediente 2020-00054-01). <\/p>\n
3.2. Ahora bien, en lo relativo a la competencia para conocer del tr\u00e1mite anulado, la Sala, en una acci\u00f3n de tutela de similar contexto, consider\u00f3 que cuando se decreta la nulidad del proceso de restablecimiento de derechos despu\u00e9s de que la autoridad administrativa, en el t\u00e9rmino legal, ha proferido la decisi\u00f3n de fondo, el asunto debe devolverse para que se surta dicha fase inicial, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab\u2026Por otra parte, no es cierto como lo propone la gestora, que en el sub lite, conforme a los par\u00e1grafos 2\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 1878 de 2018, que vari\u00f3 la regla 100 de la Ley 1098, le corresponda al juzgado objetado \u2018renovar la actuaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Los procesos en cuesti\u00f3n, por regla general, son definidos por dos instancias. La primera, en sede administrativa, por el Defensor de Familia, y la segunda, por el juez de esa especialidad. Excepcionalmente, la controversia se zanja en \u00fanica instancia, esto es, cuando el Defensor de Familia no dilucida el asunto en el plazo de seis (6) meses, caso en el cual pierde competencia y debe remitirlo al juez para que lo dirima en un t\u00e9rmino no mayor a dos (2) meses (CSJ STC 13938-2019)\u2026 <\/p>\n
\u2026el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 119 ibidem establece: <\/p>\n
\u2018Competencia del juez de familia en \u00fanica instancia. Sin perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al juez de familia, en \u00fanica instancia: <\/p>\n
4. Resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia (\u2026)\u2019. <\/p>\n
En armon\u00eda con ello, los par\u00e1grafos 2\u00b0 y 5\u00b0 del art\u00edculo 100 ejusdem prev\u00e9n las reglas que deben seguirse en caso de que dentro o fuera del tiempo que dure la actuaci\u00f3n administrativa se advierta una nulidad;\u2026 <\/p>\n
Significa esto, que cuando se tipifica una nulidad y el Defensor de Familia perdi\u00f3 competencia por superarse el semestre indicado, quien debe declararla y reanudar la actuaci\u00f3n correspondiente hasta su finalizaci\u00f3n, es el juez, quien por ende deber\u00e1 adelantarla en \u00fanica instancia. <\/p>\n
Ocurre otra cosa cuando el Defensor decide tempestivamente el asunto, ya que, en tal evento, el procedimiento se agota en dos fases, la administrativa y la judicial. En la \u00faltima el juez de familia revisa la resoluci\u00f3n del citado funcionario; de modo que, si al examinarla invalida total o parcialmente la causa, le se\u00f1alar\u00e1 al Defensor \u2018la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u2019, por ser \u00e9l quien la adelant\u00f3 (inciso final del art\u00edculo 138 del C. G. del P.). No de otra forma podr\u00e1n enmendarse los yerros cometidos en el curso del \u2018procedimiento administrativo\u2019, a fin de que la resoluci\u00f3n que le ponga fin se adopte con respeto al debido proceso de los interesados. De lo contrario, de subsanarse el tr\u00e1mite por el propio juez, se pretermitir\u00eda, sin sustento legal alguno, la \u2018instancia administrativa\u2019, y se incurrir\u00eda en \u2018nulidad por falta de competencia funcional\u2019. <\/p>\n
Bajo estos lineamientos, deben distinguirse tres hip\u00f3tesis: <\/p>\n
La primera, cuando el Defensor de Familia advierte una nulidad antes del vencimiento para definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica del menor en sede administrativa, caso en el cual estar\u00e1 habilitado para declararla. <\/p>\n
La segunda, cuando dicho plazo ha fenecido, evento en el que el Defensor, por haber perdido competencia, no podr\u00e1 invalidar lo actuado, y tendr\u00e1 que remitir el caso al servidor judicial, quien, de considerarlo pertinente, invalidar\u00e1 el procedimiento, pero lo tendr\u00e1 que reanudar hasta desatarlo, en \u00fanica instancia, eso s\u00ed, en el plazo de dos (2) meses. <\/p>\n
Por \u00faltimo, puede ocurrir que el Defensor de Familia sin advertir anomal\u00eda, dentro del semestre comentado dicte la decisi\u00f3n correspondiente; en tal caso si el juez al hacer el control de legalidad advierte alguna nulidad, la declarar\u00e1, pero dispondr\u00e1 que las diligencias retornen al Defensor para que conjure la irregularidad. <\/p>\n
En el sub examine, se tiene que la Defensora de Familia de Neiva recibi\u00f3 por reparto la solicitud de restablecimiento de derechos el 24 de julio de 2019, y resolvi\u00f3 el 19 de diciembre de ese a\u00f1o, es decir, dirimi\u00f3 la cuesti\u00f3n dentro de los 6 meses consagrados en la Ley de Infancia. Significa entonces, que, como lo orden\u00f3 el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva en el auto rebatido, es a la Defensor\u00eda de Familia a quien corresponde \u2018reanudar la actuaci\u00f3n administrativa\u2019, hasta expedir una nueva directriz que la desate y, no, a dicha agencia judicial. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la decisi\u00f3n de conminar a la Defensora a renovar el proceso administrativo es razonable, toda vez que se edifica en las normas aplicables al caso\u00bb (Subraya la Sala. Fallo de tutela del 7 de mayo de 2020, expediente 2020-00054-01). <\/p>\n
Analizadas las premisas anteriores al caso concreto, observa la Sala que el Juzgado accionado no incurri\u00f3 en el defecto aludido, al ordenar que la fase administrativa anulada se surtiera nuevamente ante la Defensor\u00eda de Familia de conocimiento, puesto que, de un lado, en este tr\u00e1mite no se dio la p\u00e9rdida de competencia, que se configura por no haber resuelto el asunto en el t\u00e9rmino de seis meses, dado que se fall\u00f3 en forma oportuna; y, de otro, por cuanto, por virtud de la nulidad y de las normas procesales aplicables, se debe retrotraer la actuaci\u00f3n inicial, cuya competencia radica en la autoridad administrativa, quien deber\u00e1 subsanar la actuaci\u00f3n invalidada y fallar en el t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se revocar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional y, en su lugar, se negar\u00e1 el amparo impetrado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA la salvaguarda invocada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha de nacimiento: 17 de agosto de 2007, folio 191 del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1, Documento 02, expediente 2022-00071. <\/p>\n
3\u0002 Folio 61, Documento 02, expediente 2022-00071. <\/p>\n
4\u0002 Folio 121 ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 145 ibidem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 253 ibidem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 259 ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Revisado el expediente allegado del proceso de restablecimiento de derechos no se observa que en \u00e9ste reposen los datos de contacto telef\u00f3nico o de residencia del padre de la menor de edad ni que la Defensor\u00eda de Familia de conocimiento haya realizado gesti\u00f3n alguna para su notificaci\u00f3n personal, seg\u00fan la informaci\u00f3n que se dice reposaba en la misma entidad desde 2012. <\/p>\n
9\u0002 Folio 271 ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Sesi\u00f3n del 19 de noviembre de 2021. <\/p>\n
11\u0002 Como en efecto ocurri\u00f3, pues el asunto se avoc\u00f3 el 26 de marzo de 2019 y se fall\u00f3 el 25 de septiembre siguiente, esto es, dentro de los 6 meses establecidos en la normativa aplicable. <\/p>\n
12\u0002 Folio 251 del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8655-2022 Magistrado Ponente STC8655-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 13001-22-13-000-2022-00198-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de julio dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 23 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65207","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65207"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65207\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}