STC8867-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8867-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02115-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Polic\u00eda Nacional – Metropolitana de Bogot\u00e1 contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio y el Juzgado Civil del Circuito de Acac\u00edas; tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 2022-00032. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando por conducto de apoderado, acude a esta herramienta constitucional para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De la extensa demanda y los medios de convicci\u00f3n allegados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. El patrullero \u00d3skar Javier Urbina L\u00f3pez formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el director de la Polic\u00eda Metropolitana de Bogot\u00e1 (2022-00032), por la lesi\u00f3n de las garant\u00edas superiores \u00abal m\u00ednimo vital, estabilidad laboral reforzada y salud\u00bb generada como consecuencia de su retiro del servicio activo a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 0499 de 21 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2.3. Dicha decisi\u00f3n fue impugnada por el gestor y revocada el 5 de abril siguiente por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, corporaci\u00f3n que accedi\u00f3 de forma transitoria al resguardo deprecado e imparti\u00f3 las siguientes \u00f3rdenes: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) declarar la inaplicaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n 0499 de diciembre 21 de 2021 (\u2026) y, en consecuencia, ordenar a la Polic\u00eda Nacional (\u2026) (i) reintegrar al accionante a un cargo igual o superior al que desempe\u00f1aba, en el que se cumplan estrictamente las restricciones laborales que indique el m\u00e9dico tratante; (ii) reconocer las prestaciones, los salarios y los aportes causados y dejados de percibir desde la fecha de retiro del servicio activo; y (iii) realizar las autorizaciones de los procedimientos m\u00e9dicos a que haya lugar a favor del accionante\u00bb. <\/p>\n
2.4. La entidad all\u00ed accionada impetr\u00f3, ante la colegiatura ad quem, la nulidad de la salvaguarda desde su admisi\u00f3n, con fundamento en el art\u00edculo 133-8 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abante la indebida notificaci\u00f3n\u00bb, dado que, seg\u00fan afirma, el correo electr\u00f3nico remitido por la autoridad judicial de primer nivel, a trav\u00e9s del cual se informaba el inicio de la actuaci\u00f3n, no ingres\u00f3 al buz\u00f3n de mensajer\u00eda dispuesto para recibir ese tipo de comunicaciones. <\/p>\n
2.5. Con auto de 8 de abril anterior, el tribunal convocado orden\u00f3 remitir a la Corte Constitucional, junto con el expediente de la acci\u00f3n de tutela, \u00abel escrito de petici\u00f3n de nulidad\u00bb con el fin de que sea \u00abintegr[ado] a la actuaci\u00f3n y forme parte de ella\u00bb, sin que a la fecha haya pronunciamiento alguno. <\/p>\n
3. La Polic\u00eda Nacional acude al presente instrumento insistiendo en los planteamientos esgrimidos en la solicitud invalidatoria y considera que se configur\u00f3 un \u00abdefecto f\u00e1ctico [sic]\u00bb pues las autoridades cognoscentes no advirtieron que la notificaci\u00f3n acerca de la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional no fue efectivamente recibida, con lo que, asegura se le cercen\u00f3 la posibilidad de \u00abejercer sus derechos fundamentales\u00bb y oponerse a la solicitud de amparo. <\/p>\n
Asimismo, afirma que los juzgadores \u00abno valoraron ni analizaron correctamente\u00bb el material probatorio allegado, en especial el acto administrativo de retiro del patrullero accionante e indica que \u00absi se hubieran analizado minuciosamente le hubieran permitido\u2026 establecer que no se hab\u00eda generado vulneraci\u00f3n alguna de derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
4. Por las anteriores razones solicita, de forma principal, \u00abdejar sin efectos la totalidad de la acci\u00f3n constitucional \u20262022-00032\u2026 para que se pueda ejercer el derecho fundamental de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente depreca \u00abdejar sin efectos la decisi\u00f3n emitida en segunda instancia\u2026 al no tener en cuenta el actuar e incumplimiento desplegado por el\u2026 patrullero [accionante]\u2026 fundamentado en la Resoluci\u00f3n Nro. 0499\u2026 [de] 21 de diciembre del 2021 [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez Civil del Circuito de Acac\u00edas se opuso a la prosperidad del resguardo habida cuenta que las notificaciones de las decisiones proferidas en el amparo objeto de escrutinio se realizaron a trav\u00e9s \u00abde los correos electr\u00f3nicos tomados de la p\u00e1gina oficina [sic] de la polic\u00eda Nacional [sic]\u00bb descart\u00e1ndose as\u00ed la incursi\u00f3n en el defecto atribuido por la gestora. <\/p>\n
2. La presidenta de la Corte Constitucional pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa Corporaci\u00f3n al carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, puesto que \u00abno es la autoridad competente para tramitar o resolver las pretensiones formuladas\u00bb al tiempo que \u00abni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n ha vulnerado los derechos fundamentales alegados\u00bb. <\/p>\n
3. El jefe del \u00c1rea Jur\u00eddica, adscrito a la Secretar\u00eda General de la Polic\u00eda Nacional coadyuv\u00f3 la solicitud de amparo en similares t\u00e9rminos a los expuestos por la gestora. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
2. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
2.1. Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra asuntos de similar naturaleza <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n se ha pronunciado en punto a la posibilidad de acudir a esta justicia especial en aras de controvertir actuaciones o decisiones emanadas de otras acciones de igual naturaleza, afirmando, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) s\u00f3lo en el evento de flagrantes violaciones \u201cal debido proceso\u201d, por omitir vincular a interesados o indebida notificaci\u00f3n de las partes es posible estudiar la queja contra un auxilio anterior, al asegurar que \u00abpor regla de principio, la tutela contra tutela no est\u00e1 consagrada en la ley y, por consiguiente, es improcedente\u00bb. Empero, por v\u00eda de excepci\u00f3n, y \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental. <\/p>\n
(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, la protecci\u00f3n no puede tener cabida, pues en caso contrario, esta Corte ha dicho que se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo. (\u2026) la inconformidad que se suscite frente a un fallo de amparo, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo mecanismo jur\u00eddico, pues para el efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, \u00abcomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ. STC4314-2018, reiterado en STC7107-2018). <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. (\u2026) Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026) regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [s]i la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
(\u2026) Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (CC. SU-627\/15). <\/p>\n
Con sujeci\u00f3n a lo anterior, observa la Corte que no se abre paso el amparo propuesto comoquiera que, en esta oportunidad, la entidad querellante pretende quebrantar los fallos proferidos en virtud de una acci\u00f3n de tutela y ello significa desatender una de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad ya que, de permitirse, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto (entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n
Para cuestionar lo resuelto en un tr\u00e1mite de tutela el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Ahora bien, de forma excepcional\u00edsima se ha autorizado la intervenci\u00f3n del juez de tutela para resquebrajar las decisiones adoptadas al interior de otra salvaguarda cuando se comprueba la existencia de fraude; en ese sentido en la SU 627 de 2015, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
No obstante, analizados los argumentos esbozados por la entidad accionante frente a la determinaci\u00f3n adoptada por la corporaci\u00f3n querellada, se observa que no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la sentencia arriba indicada pues el n\u00facleo central de la presente queja gravit\u00f3 en torno a una supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada, es decir, se finc\u00f3 exclusivamente en un subjetivo disentimiento con lo resuelto, circunstancia que refuerza la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el an\u00e1lisis de las discrepancias con la hermen\u00e9utica de los falladores escapa de esta nueva salvaguarda, correspondi\u00e9ndole a la promotora acudir, por intermedio de los funcionarios competentes, ante la Corte Constitucional, a donde fue remitido el expediente de la tutela cuestionada, a efectos de exponer su situaci\u00f3n pues, al no haber concluido el tr\u00e1mite de la eventual revisi\u00f3n en dicha Corporaci\u00f3n, a\u00fan cuenta con ese instrumento para la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas, as\u00ed como tambi\u00e9n con la formulaci\u00f3n de la insistencia en caso de no resultar seleccionada la salvaguarda. <\/p>\n
El instrumento de la revisi\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 es eficaz porque, como lo ha sostenido esta Sala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) que no se diga que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras) <\/p>\n
Adicionalmente, en otras oportunidades se agreg\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb (CSJ STC, 2 sep. 2003, rad. 00561-01; 14 oct. 2004, rad. 1120; 8 mar. 2006, rad. 00263-00; y 7 mar. 2013, rad. 00122-01). <\/p>\n
2.2. Del car\u00e1cter prematuro de la salvaguarda <\/p>\n
En el presente caso, la Polic\u00eda Nacional acude a esta herramienta buscando el amparo de la prerrogativa fundamental consagrada en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica; sin embargo, tal pretensi\u00f3n no satisface el requisito de la subsidiariedad, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Lo anterior habida consideraci\u00f3n que, de acuerdo con el material de convicci\u00f3n acopiado, la entidad accionante acudi\u00f3 a la autoridad judicial cognoscente del amparo 2022-00032 para solicitar, en id\u00e9nticos t\u00e9rminos a los que formul\u00f3 la presente demanda, la invalidaci\u00f3n de lo all\u00ed actuado, la cual a\u00fan se encuentra pendiente de ser dirimida por el funcionario competente, siendo ese el escenario natural para obtener el pronunciamiento que en derecho corresponda. <\/p>\n
Dado ese contexto, resulta improcedente la presente acci\u00f3n de tutela porque por medio de un nuevo tr\u00e1mite constitucional no se puede proveer soluci\u00f3n a cuestiones que corresponde dirimir al juez de la causa, en las instancias oportunas, pues, se insiste, esta herramienta no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo o alterno de los medios de defensa establecidos por la ley y menos para anticiparse a las decisiones que compete proferir al accionado. <\/p>\n
3. Conclusiones <\/p>\n
3.1. No se cumplen las exigencias jurisprudenciales que habilitan la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de tutela contra una decisi\u00f3n adoptada en un tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
3.2. La solicitante tiene a su alcance instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de sus derechos dentro de la actuaci\u00f3n que se encuentra en tr\u00e1mite, de los cuales hizo uso al haber solicitado, en id\u00e9nticos t\u00e9rminos a la presente demanda, la invalidaci\u00f3n de lo actuado en la acci\u00f3n de tutela 2022-00032. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8867-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8867-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02115-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por la Polic\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65212","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65212","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65212"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65212\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65212"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65212"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65212"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}