STC8869-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8869-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00395-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miguel Vargas Rojas contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados todos los intervinientes en la actuaci\u00f3n criticada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo pretende protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado encausado \u00abdeclarar la nulidad absoluta de la diligencia de remate celebrada el d\u00eda 24 de febrero de 2021, como tambi\u00e9n el auto que aprueba la diligencia de remate, de fecha marzo 25 de 2021\u00bb, pues, la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito es nula \u00abpor omitir el valor acordado entre las partes, requisito de Banco de Colombia y Reintegra S.A.S\u2026 desconociendo lo dispuesto por el Art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para resolver este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Corporaci\u00f3n Nacional de Ahorro y Vivienda Conavi -hoy Bancolombia S.A.- promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en contra de Miguel Vargas Rojas, asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 20 de septiembre de 2011 el despacho S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esta capital, accedi\u00f3 parcialmente a las pretensiones, ordenando, entre otras cosas, el remate del inmueble hipotecado, previo su secuestro y aval\u00fao; determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 ejecutoria sin reparo alguno. <\/p>\n
2.3. Refiri\u00f3 el accionante que el 20 de noviembre de 2017 el estrado judicial acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito realizada entre Bancolombia y Reintegra S.A.S., cesi\u00f3n que, en su sentir es nula, toda vez que, \u00abse omi[ti\u00f3] el valor en el contrato de cesi\u00f3n, requisito que el Bancolombia y Reintegra S.A. ocultaron en el\u00bb, configur\u00e1ndose la nulidad contenida en el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil, pues, insiste, se ocult\u00f3 el precio. <\/p>\n
2.4. En el escrito subsanatorio del presente libelo constitucional, refiri\u00f3 que el Tribunal conoci\u00f3 una primera petici\u00f3n de amparo, con radicaci\u00f3n n\u00b0 2021-02415, fallo que tambi\u00e9n vulner\u00f3 sus garant\u00edas de primer grado; decisi\u00f3n que confirm\u00f3 esta Sala de Casaci\u00f3n Civil y por la que promovi\u00f3 una primera salvaguarda. <\/p>\n
3. Ante la referida situaci\u00f3n, los Magistrados que integran la Sala de Casaci\u00f3n Civil, junto con el suscrito, manifestamos impedimento para conocer de la petici\u00f3n de amparo; empero, con prove\u00eddo ATC923-2022 la Sala integrada por los conjueces, neg\u00f3 dichos apartamientos, al considerar que \u00ablos magistrados que han declarado estar incursos en impedimento, en realidad no lo est\u00e1n, toda vez que los fallos se\u00f1alados no son los atacados con la presente acci\u00f3n, ni la Corporaci\u00f3n es la accionada, ni tales decisiones se han referido a los hechos en los cuales se fundamenta el amparo impetrado, de manera tal que no se configura la causal de impedimento manifestada\u00bb. <\/p>\n
3.1. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 link de consulta del expediente fustigado, as\u00ed como la partes e intervinientes en el juicio; manifest\u00f3 que Miguel Vargas ha interpuesto m\u00e1s de 10 tutelas con una frecuencias de casi 3 a 5 mensuales, por los mismos hechos, las que han sido denegadas por el Tribunal y por la Corte; que se debe tener en cuenta que el gestor es abogado, por lo que se debe tomar medidas por el abuso del derecho, tal como lo hizo el Tribunal el 1\u00b0 de diciembre de 2021 que compuls\u00f3 copias ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de investigar dicha conducta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Carlos Alfredo Garc\u00eda Gamba, en calidad de adjudicatario del bien, manifest\u00f3 que se ha visto afectado y vulnerado por el abuso a la justicia del accionante, toda vez que, formula recursos y tutelas sobre tutelas por los mismos hechos y argumentos ante los diferentes estamentos judiciales, con el fin de dilatar la entrega del inmueble. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Distrital de Gobierno \u2013 Alcald\u00eda Local de Fontib\u00f3n manifest\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n para atender la s\u00faplicas del promotor; que la solicitud de amparo es improcedente por temeridad y cosa juzgada constitucional, pues por los mismo hechos el gestor ha formulado diversas tutelas, y con el fallo emitido en la salvaguarda 2022-01032 se le compuls\u00f3 copias para investigar dicho actuar. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los dem\u00e1s convocados no hab\u00edan efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Analizada la demanda constitucional, encuentra la Sala que el promotor persigue cuestionar la diligencia de remate celebrada el 24 de febrero de 2021, al considerar que el juicio ejecutivo est\u00e1 viciado de nulidad absoluta desde el 20 de noviembre de 2017 que se acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito entre Bancolombia y Reintegra S.A.S, pues se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil, esto es, la omisi\u00f3n del precio. <\/p>\n
3. Al respecto, se advierte que, en ocasi\u00f3n anterior, el quejoso formul\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela soportada en similares hechos, que fue negada por esta Corporaci\u00f3n el 13 de junio de 2022 (STC7864-2022), por lo que est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad, est\u00e1 Sala precis\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo se sustentaba en los siguientes hechos: <\/p>\n
Como soporte se\u00f1al\u00f3 que, en el ejecutivo hipotecario adelantado en su contra por Conavi S.A., hoy Bancolombia S.A., el Juzgado Cuarenta y Seis Civil del Circuito de Bogot\u00e1 admiti\u00f3, \u00abirregularmente\u00bb, la \u00abcesi\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb que su acreedora hiciera en favor de Reintegra S.A.S. (20 nov. 2017), incurriendo en \u00abfraude procesal\u00bb por cuanto, dicho convenio desconoce los art\u00edculos 1849 y 1864 del C\u00f3digo Civil, que definen el contrato de compraventa y la fijaci\u00f3n del precio de la cosa como uno de sus elementos estructurales, los c\u00e1nones 1740 a 1742 ibidem, donde se establecen las causales de invalidez absoluta y el deber del juez de declararlas cuando \u00abaparezca de manifiesto en el acto o contrato\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3, adem\u00e1s, que el sentenciador hubiese resuelto aquella solicitud, presentada el 26 de abril de 2017, \u00aba los ciento sesenta y seis (166) d\u00edas, el 11 de octubre de 2017\u00bb y, transcurridos \u00abciento setenta y cinco (175) d\u00edas, el 20 de noviembre de 2017\u00bb resolviera favorablemente el recurso de reposici\u00f3n \u00abpropuesto por la parte demandante\u00bb. <\/p>\n
Precedida la actuaci\u00f3n de las falencias descritas, afirm\u00f3, el 24 de febrero de 2021, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, adelant\u00f3 la almoneda y el 25 de marzo siguiente la aprob\u00f3, comisionando la entrega del predio subastado, sin ofrecerle respuesta alguna a las peticiones de \u00abinvalidez\u00bb que elev\u00f3 el 9 de febrero de 2022. <\/p>\n
Para el precursor, no es jur\u00eddicamente viable continuar con el curso normal del litigio, porque el acuerdo que permiti\u00f3 a Reintegra S.A.S. tomar el lugar de Bancolombia S.A., es \u00ababsolutamente simulado\u00bb y adolece de \u00abnulidad absoluta\u00bb, a voces del precedente SC2906-2021 de esta Corporaci\u00f3n, en tanto, le resulta incomprensible que \u00abno se pactara precio del respectivo negocio jur\u00eddico y que fuera firmado por quien no ostenta facultad para vender, potestad que \u00abdebi\u00f3 otorgar el presidente y en su defecto la vicepresidencia, o la Junta Directiva o por la Asamblea General de Accionistas\u00bb de la cedente. <\/p>\n
No obstante, en escritos adicionales, el actor manifest\u00f3 desistir \u00abde las peticiones contenidas en los numerales 1 y 2\u00bb de su libelo introductor (Folios 1 y 2, archivo digital: 04Tut.72.Trib.mayo.19-OrdenarNulidaddediligenciaRemate). Sin embargo, ahond\u00f3 en sus cavilaciones acerca de las deficiencias que, en su sentir, \u00abpresenta la venta de derechos de cr\u00e9dito\u00bb que la entidad bancaria le hizo a la ejecutante (Folios 3 a 6, idem). <\/p>\n
Y, ante esas contingencias la Corte resolvi\u00f3 que: <\/p>\n
En torno a las disertaciones que agreg\u00f3 el suplicante a la demanda (Folios 3 a 6, archivo digital: 04Tut.72.Trib.mayo.19-OrdenarNulidaddediligenciaRemate) y aquellas que dieron soporte a su impugnaci\u00f3n, relativas a que, en su sentir, el contrato firmado por Bancolombia S.A. y Reintegrar S.A.S., respecto de su obligaci\u00f3n crediticia, adolece \u00abde nulidad absoluta\u00bb, la Corte recuerda al suplicante que al haber desistido de los ruegos enderezados a obtener la declaratoria de invalidez de ese pacto (Folios 1 y 2, archivo digital: 04Tut.72.Trib.mayo.19-OrdenarNulidaddediligenciaRemate), esta especial acci\u00f3n qued\u00f3 reducida al \u00faltimo pedimento, torn\u00e1ndose inviable la evaluaci\u00f3n de t\u00f3picos a los que expresamente renunci\u00f3 el disidente en sede de primera instancia. <\/p>\n
3.- Aun si se hiciera caso omiso al anterior estado de cosas, la queja tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de \u00e9xito en cuanto a esta singular tem\u00e1tica, por cuanto, luce palmaria la temeridad en el ejercicio de la salvaguarda, en tanto el precursor inco\u00f3 con anterioridad el ruego n\u00ba 11001-22-03-000-2021-02587-01, con id\u00e9nticos anhelos a los arriba planteados, oportunidad en la cual protest\u00f3 por la aprobaci\u00f3n de la cesi\u00f3n celebrada entre Bancolombia S.A. y Reintegrar S.A.S., por no haberse explicitado el precio de la negociaci\u00f3n, derrotero bajo el cual rog\u00f3 la anulaci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 declar\u00f3 la improcedencia de lo implorado, por no concurrir los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, postura ratificada por esta Corte en STC192-2022 (19 en.), reiterada en STC6044-2022 (18 may.), donde, ante un nuevo auxilio (rad. 11001-02-03-000-2022-00295-00), se hizo hincapi\u00e9 en que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el real cometido del gestor al atacar ese prove\u00eddo, es insistir en que se declare la nulidad de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito que Bancolombia S.A. le hizo a Reintegra S.A.S., aceptada en auto del 20 de noviembre de 2017, lo cual cierra toda posibilidad de estudio de la tem\u00e1tica, al encontrar la Sala que ya fue debatida en otra ocasi\u00f3n a trav\u00e9s de un mecanismo del mismo linaje constitucional del presente, y por ende haber cobrado efectos de cosa juzgada constitucional lo decidido al respecto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora, y a pesar que el tema fue previamente definido por esta jurisdicci\u00f3n, Vargas Rojas persiste y busca la custodia de los mismos atributos con id\u00e9nticos supuestos f\u00e1cticos a los all\u00e1 esgrimidos, sin que se alteren aspectos medulares del petitum; de donde es l\u00f3gico inferir que los participantes, objeto y causa (hechos) son equivalentes, sin que circunstancias sobrevinientes modifiquen la conclusi\u00f3n de la incursi\u00f3n en una repetici\u00f3n indebida, ya que no demostr\u00f3 una causa que justifique dicho proceder. <\/p>\n
Frente al tema se ha reiterado que: <\/p>\n
(\u2026) [p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026). <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (STC10685-2016, citada en STC5712-2022). <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias que puedan llegar a existir entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, pues, se insiste, lo realmente pretendido es la nulidad de la cesi\u00f3n de contrato realizada entre Bancolombia y Reintegra S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Por otra parte, la misma situaci\u00f3n se presenta respecto de la queja contra la acci\u00f3n de tutela con radicaci\u00f3n 2021-02415, pues, el promotor acudi\u00f3 a trav\u00e9s de una primera acci\u00f3n constitucional, a cuestionar lo all\u00ed decidido, salvaguarda que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (STL1062-2022), en donde lo all\u00ed reprochado fue: <\/p>\n
\u2026la controversia que debe dirimir la Corte est\u00e1 dirigida a determinar si se violaron o no los derechos fundamentales aducidos por el accionante con la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2021 por la Sala Civil de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela n.\u00ba 11001220300020210241500 que concedi\u00f3 el amparo invocado a Inversiones, Gestiones y Proyectos SAS. <\/p>\n
Ante tal reproche, el fallador constitucional en segunda instancia, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026debe recordarse que desde la emisi\u00f3n de la sentencia CC C\u2013590-2005, la Corte Constitucional ha sostenido que la excepcional posibilidad de cuestionar providencias judiciales mediante la tutela no se extiende a aquellas emitidas en un tr\u00e1mite de la misma naturaleza, pues ello no solo implicar\u00eda que se postergara indefinidamente la decisi\u00f3n de las solicitudes de amparo de los derechos fundamentales, en raz\u00f3n de las m\u00faltiples acciones que podr\u00edan interponer quienes resulten vencidos dentro del tr\u00e1mite constitucional, lo cual har\u00eda inocuo \u00e9ste instrumento y vulnerar\u00eda el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino tambi\u00e9n porque se desconocer\u00eda su revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional, \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional que tiene la facultad de conocer todas las sentencias sobre la materia que se profieren en el pa\u00eds y, mediante su decisi\u00f3n de no seleccionar o de revisar, definir cu\u00e1l es la \u00faltima palabra en cada caso. <\/p>\n
En sentencia CC SU-1219-2001, se concret\u00f3 por esa Corporaci\u00f3n judicial que, por excepci\u00f3n, es viable formular una tutela cuando en el procedimiento de una anterior el funcionario judicial incurri\u00f3 en v\u00edas de hecho (ahora causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de amparo contra providencias judiciales), como, por ejemplo, cuando act\u00faa con absoluta falta de competencia o no integra adecuadamente el contradictorio; no obstante, si el presunto desafuero es de fondo y se materializa en el fallo, contra esa determinaci\u00f3n no es procedente interponer posteriormente otra tutela, toda vez que el instrumento jur\u00eddico para tal fin es \u00fanicamente la revisi\u00f3n, salvo cuando est\u00e1 de por medio lo que se ha denominado por la jurisprudencia constitucional \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb que \u00abse predica de un proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio fraudulento a trav\u00e9s de medios procesales, que implica un perjuicio il\u00edcito a terceros y a la comunidad\u00bb (CC SU-627-2015). <\/p>\n
En ese sentido, particularmente, en las providencias CSJ STL11633-2017 y STL4541-2018, esta Sala reiter\u00f3: <\/p>\n
Pues bien, sea lo primero indicar que, tal y como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n en sentencias CSJ STL15995-2015, CSJ STL10041-2015 y, recientemente, CSJ STL1785-2017, entre otras, no es procedente la acci\u00f3n de tutela promovida contra otra de la misma naturaleza, para que se revoquen o modifiquen decisiones proferidas en el tr\u00e1mite anterior, como ocurre en el presente caso. <\/p>\n
En efecto, la jurisprudencia ha sido pac\u00edfica y reiterada frente a la improcedencia de este amparo excepcional contra otra decisi\u00f3n de esta misma \u00edndole, ello acorde con el debido proceso y los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica, ya que no se puede pretender que a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n de tutela, el juez constitucional reexamine el criterio expuesto en otra. <\/p>\n
Admitir lo contrario implicar\u00eda que se postergara indefinidamente la decisi\u00f3n de las solicitudes de amparo de los derechos fundamentales, en raz\u00f3n de las m\u00faltiples acciones que podr\u00edan interponer quienes resulten vencidos dentro del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Los precedentes citados permiten advertir que las \u00fanicas posibilidades para que proceda esta acci\u00f3n contra una sentencia de tutela son cuando se verifica una irregularidad en el tr\u00e1mite, vulneradora del debido proceso, y cuando se configura la \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, pues, conforme se explic\u00f3, por regla general existe otro mecanismo judicial de defensa judicial, cual es la revisi\u00f3n eventual ante la Corte Constitucional (art. 86 inciso 2\u00ba C.N.). <\/p>\n
Bajo esos derroteros jurisprudenciales, la solicitud de amparo es improcedente, habida cuenta de que, como arriba se dej\u00f3 establecido, el objetivo de la parte accionante es atacar la sentencia de tutela rese\u00f1ada, sin demostrar la ocurrencia de alguna de las excepciones para su procedencia, valga decir, la violaci\u00f3n del debido proceso o la configuraci\u00f3n de la \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, citada l\u00edneas atr\u00e1s. <\/p>\n
De otra parte, la presente acci\u00f3n de tutela se torna igualmente improcedente en la medida en que, pese a que la impugnaci\u00f3n que en la primera instancia constitucional se encontraba pendiente por desatar, ya fue resuelta por el superior funcional mediante sentencia CSJ STC049-2022 del pasado 12 de enero por la cual confirm\u00f3 el fallo recurrido, revisado el link \u00abSecretar\u00eda – consulta de expedientes de tutela\u00bb de la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional, se constat\u00f3 que el expediente de la tutela fue radicado el 25 de enero de 2022 en ese Alto Tribunal y se encuentra pendiente de que sea seleccionado o no para su eventual revisi\u00f3n\u2026 (STL1062-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se insiste, es una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias que puedan llegar a existir entre el inicial ruego y el presente tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
Entonces, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, de all\u00ed que, seg\u00fan la norma citada l\u00edneas atr\u00e1s, tal conducta acarrea como consecuencia que se decida en forma desfavorable la presente solicitud del gestor. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, pertinente es recordarle al promotor lo dicho por esta Sala en otra acci\u00f3n de tutela, quien le indic\u00f3 al gestor que \u00abno est\u00e1 de m\u00e1s llamar la atenci\u00f3n al requirente para que se abstenga de insistir, indefinidamente, en los embates que viene postulando desde hace varios a\u00f1os en el pleito reprochado, cuando todos ellos ya fueron solventados tanto en el escenario del compulsivo como en diversos escenarios tuitivos, so pena de que le sean rechazados in limine, en obedecimiento al numeral 2\u00ba del art\u00edculo 43 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (STC7864-2022). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el presente reclamo se torna improcedente, por lo que se negar\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC8869-2022 Magistrado ponente STC8869-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00395-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Miguel Vargas Rojas contra la Sala Civil del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65213","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65213","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65213"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65213\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65213"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65213"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65213"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}