STC8872-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02118-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Cruz contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse deje sin efecto lo diligenciado en la apelaci\u00f3n materia del recurso de segunda instancia\u2026, y se decrete la cesaci\u00f3n de las violaciones alegadas y de restablecimiento de los derechos vulnerados\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Gustavo Cruz promovi\u00f3 demanda de pertenencia en contra de Ganader\u00eda del Norte en Liquidaci\u00f3n, para que se reconociera que adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio, el inmueble identificado con folio inmobiliario n\u00b0 040-295005, ubicado en la carrera 42 n\u00b0 03-27 de Barranquilla. <\/p>\n
2.2. Surtidas las etapas de rigor, el 21 de septiembre de 2021 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla neg\u00f3 las pretensiones; determinaci\u00f3n confirmada el 27 de abril de 2022 por el Tribunal encausado, al considerar que el promotor no era poseedor sino mero tenedor, calidad en la que ingres\u00f3 al predio, sin que hubiese demostrado interversi\u00f3n del t\u00edtulo que le otorgara la calidad de poseedor reclamada. <\/p>\n
2.3. Luego, el promotor formul\u00f3 control de legalidad, pretendiendo la nulidad de la sentencia, al considerar que dicha determinaci\u00f3n no le fue enterada al correo electr\u00f3nico, conforme las disposiciones del decreto 806 de 2020; petici\u00f3n denegada el 25 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele el quejoso, en s\u00edntesis, de las decisiones referidas a espacio, al considerar, de un lado, que la sentencia incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria, toda vez que, \u00abGanader\u00eda del Norte\u2026 en ning\u00fan momento han tenido la misma disposici\u00f3n para la conservaci\u00f3n del inmueble, cuando van m\u00e1s de 30 a\u00f1os de abandono\u2026, sin pagarle como presunto trabajador y bajo que relaci\u00f3n contractual perpetua pod\u00eda admitirse que\u2026 fuera desatendido en su pretensi\u00f3n, cuando el art\u00edculo 81 del C.G.P. prev\u00e9 la congruencia entre los hechos y las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
2.5. Indic\u00f3 que con la decisi\u00f3n del Tribunal queda \u00abtotalmente desamparado\u00bb, adem\u00e1s que no se tuvo en cuenta que \u00abjam\u00e1s hab\u00eda recibido ni salario ni orden, ni estaba sometido a un horario, y le arrendaba a la misma entidad parte de \u00e1rea del bien pose\u00eddo\u2026 y complet\u00e1ndose con la no practica ni decre[to] de prueba para valorar o dilucidar esta realidad invariable\u2026 para recibir una sentencia favorable\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que el fallo emitido en segunda instancia no le fue enterado debidamente al correo electr\u00f3nico conforme lo dispone el decreto 806 de 2020, raz\u00f3n por la que dicha determinaci\u00f3n debe anularse. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla manifest\u00f3 que el 27 de abril de 2022 confirm\u00f3 el fallo apelado; que el 25 de mayo siguiente, neg\u00f3 la nulidad pretendida por el gestor, al considerar, entre otras razones, que la sentencia no se notifica personalmente sino por anotaci\u00f3n en estado, que para el caso concreto fue por estado electr\u00f3nico n\u00b0 072, \u00faltima que no fue recurrida en s\u00faplica; remiti\u00f3 link para consulta del expediente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional esta llamada al fracaso, habida cuenta que el Tribunal criticado, en la providencia del 25 de mayo de 2022 que rechaz\u00f3 la nulidad y\/o ilegalidad de la sentencia, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Los presupuestos de validez de la sentencia los constituyen la jurisdicci\u00f3n y competencia en cabeza de la autoridad judicial que la profiere, jurisdicci\u00f3n y competencia que se habilitaron para la Sala Quinta Civil-Familia desde la asignaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en comento, competencia que fue asumida con la admisi\u00f3n de la alzada, lo que conllev\u00f3 al surtimiento en su integridad de la segunda instancia de acuerdo a las reglas del art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en consonancia con el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso; hasta el punto que, fue proferido el fallo de segunda instancia que confirm\u00f3 el venido en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
La falencia que acusa la memorialista \u2013 en el evento de presentarse verdaderamente \u2013 afecta tan solo el acto secretarial, pues es precisamente ese el defecto que se acusa, una supuesta indebida notificaci\u00f3n del fallo de segundo grado, por no haberse realizado v\u00eda e-mail de conformidad con el art\u00edculo octavo del Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
Pues resulta que la abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dejado claro que ese cuerpo normativo hizo modificaciones transitorias a la ley adjetiva a\u00fan vigente \u2013 el C\u00f3digo General del Proceso \u2013 con el \u00e1nimo de hacer afrenta a la emergencia sanitaria ocasionada por el covid19, introduciendo la virtualidad al sistema judicial para que no se viera frenado el servicio p\u00fablico. <\/p>\n
Entre las modificaciones transitorias introducidas se halla la contenida en el art\u00edculo octavo, seg\u00fan el cual \u00abLas notificaciones que deban hacerse personalmente tambi\u00e9n podr\u00e1n efectuarse con el env\u00edo de la providencia respectiva como mensaje de datos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificaci\u00f3n, sin necesidad del env\u00edo de previa citaci\u00f3n o aviso f\u00edsico o virtual.\u00bb <\/p>\n
N\u00f3tese que lo que hizo esa disposici\u00f3n fue prever otra forma de practicar la notificaci\u00f3n personal, adem\u00e1s de la ya consagrada en el art\u00edculo 291 del C\u00f3digo General del Proceso; quedando entonces la posibilidad de surtir la notificaci\u00f3n personal mediante la diligencia se\u00f1alada en la citada disposici\u00f3n previo el env\u00edo de citaci\u00f3n por la parte interesada, o el env\u00edo de mensaje de datos tambi\u00e9n por la interesada. <\/p>\n
Pero la norma no vari\u00f3 de ninguna manera la procedencia de la notificaci\u00f3n personal, la que, de acuerdo con el art\u00edculo 290 de la ley adjetiva se limita a los siguientes eventos: <\/p>\n
1. Al demandado o a su representante o apoderado judicial, la del auto admisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
2. A los terceros y a los funcionarios p\u00fablicos en su car\u00e1cter de tales, la del auto que ordene citarlos. <\/p>\n
3. Las que ordene la ley para casos especiales. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la sentencia no se encuentra dentro de los supuestos de procedencia de la notificaci\u00f3n personal, de suerte que, se ve sometida a la regla consagrada en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abLas notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en estados que elaborar\u00e1 el secretario. La inserci\u00f3n en el estado se har\u00e1 al d\u00eda siguiente a la fecha de la providencia\u2026\u00bb; significa esto, que la sentencia se notifica por anotaci\u00f3n en estado. <\/p>\n
Y as\u00ed se realiz\u00f3 la notificaci\u00f3n en el estado n\u00b0. 072, mediante la inserci\u00f3n de los datos se\u00f1alados en la citada norma y de la forma indicada en el art\u00edculo noveno del Decreto Legislativo 806 de 2020, tal como se evidencia en el micrositio web de la Secretar\u00eda y el Sistema Justicia XXI Web \u2013 TYBA, tanto en la secci\u00f3n de consulta de procesos, como en la de consulta de estados; sistemas de obligatoria consulta para los apoderados judiciales. <\/p>\n
Ello autoriza a concluir que la notificaci\u00f3n de la sentencia proferida el 27 de abril de 2022 se surti\u00f3 de forma legal y adecuada, acorde con la normativa vigente; de manera que, salvo que la mandataria judicial se encuentre confesando una falta a sus responsabilidades, se tiene por debidamente enterada de la sentencia el d\u00eda 28 de abril del a\u00f1o que avanza, fecha en la que fue debidamente comunicado mediante anotaci\u00f3n en estado electr\u00f3nico. <\/p>\n
4. No sobra advertir que la causal de nulidad se\u00f1alada en el art\u00edculo octavo del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, se refiere a la falta de notificaci\u00f3n personal de las providencias que deban ser comunicadas de esa forma, lo que ya se ha visto, no resulta aplicable al caso bajo examen. <\/p>\n
Entonces, en el evento de haber sido indebidamente notificada la sentencia por la forma mediante anotaci\u00f3n en estado, que es la forma en que deb\u00eda realizarse y lo que no sucedi\u00f3, lo que se configurar\u00eda ser\u00eda una mera irregularidad que viene prevista en el art\u00edculo y numeral citados en p\u00e1rrafo anterior; irregularidad que se subsana con la notificaci\u00f3n omitida y afecta de nulidad la actuaci\u00f3n posterior que de ella dependa, pero de ninguna manera la providencia en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
De ah\u00ed la importancia de distinguir entre el acto judicial y el secretarial, pues la falencia del acto secretarial de notificaci\u00f3n afecta a \u00e9ste y subsana realiz\u00e1ndolo o haci\u00e9ndolo nuevamente en el evento de haber sido omitido; para nada invalida la providencia indebidamente notificada o dejada de notificar. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que para la Corte no luce arbitraria, pues, tal como lo afirm\u00f3 el Tribunal querellado la sentencia fue debidamente enterada, sin que se evidencia ning\u00fan acto anulatorio, que conlleve a retrotraer las actuaciones, menos el mentado fallo. <\/p>\n
En efecto, en dicha decisi\u00f3n, tras citar los art\u00edculos 762, 775 y 2518 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los t\u00e9rminos prescriptivos de la Ley 791 de 2002, consign\u00f3 que: <\/p>\n
Es preciso acotar que no basta la mera tenencia de la cosa para usucapirla, sino que se necesita la posesi\u00f3n, de suerte que, de anta\u00f1o la jurisprudencia haya venido sosteniendo que quien haya iniciado su relaci\u00f3n con la cosa en calidad de tenedor, debe probar la interversi\u00f3n de ese t\u00edtulo al de poseedor, as\u00ed como su \u00e9poca; toda vez que solo el ejercicio de esta \u00faltima por el plazo legal es la que le abre paso a la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
De lo dicho emerge entonces que de acuerdo con el art\u00edculo 2518 de la ley sustantiva civil quien es poseedor o ha pose\u00eddo en las condiciones legales un bien, adquiere su propiedad por el modo de la usucapi\u00f3n o prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
2.2. En este caso, ninguna disputa existe en cuanto a la individualizaci\u00f3n del inmueble, su naturaleza privada y condici\u00f3n prescriptible; circunstancia esta \u00faltima que, adem\u00e1s, se desprende f\u00e1cilmente del certificado emitido por el Registrador de Instrumentos p\u00fablicos anexado a la demanda. <\/p>\n
Tampoco existe controversia en cuanto a que, en el inmueble objeto de este proceso vive el demandante con su familia y adem\u00e1s ejercita cierta explotaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
2.3. La discusi\u00f3n se centra en determinar si el demandante Gustavo Cruz es o no poseedor del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0. 040-295005, para luego establecer si adquiri\u00f3 por usucapi\u00f3n el bien referido. <\/p>\n
Luego, estudi\u00f3 la supuesta falta de motivaci\u00f3n y congruencia del fallo apelado, precisando que: <\/p>\n
Pues bien, de acuerdo con el art\u00edculo 280 del C\u00f3digo General del Proceso, el operador judicial a la hora de proferir la sentencia se debe limitar a realizar un examen cr\u00edtico sobre las pruebas, se\u00f1alando de forma razonada la conclusi\u00f3n que de ellas extraiga; as\u00ed como a la precisi\u00f3n breve de los fundamentos legales, jurisprudenciales y doctrinales; y luego de la formula prevista legalmente, la parte resolutiva en la que se materializan las razones de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En el caso objeto de estudio, la juzgadora de primer grado hizo menci\u00f3n primeramente a los aspectos generales de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, su consistencia y los requisitos para que se predique. <\/p>\n
Luego, aludi\u00f3 a todas y cada una de las pruebas documentales adosadas al expediente, se\u00f1alando lo que cada una de ellas demuestra; aludi\u00f3 a la inspecci\u00f3n judicial para establecer que el predio se encontraba determinado y aludi\u00f3 al estado del mismo; rese\u00f1\u00f3 los testimonios practicados; y de \u00e9stos \u00faltimos, valorados en conjunto con el l\u00edbelo demandatorio, el interrogatorio del demandante y los legajos, concluy\u00f3 que el se\u00f1or Gustavo Cruz ingres\u00f3 al inmueble objeto de pertenencia como celador, que a\u00fan se refiere al represente legal de la sociedad demandada como \u00absu patr\u00f3n\u00bb y que nada acredita que esa tenencia se haya convertido luego en posesi\u00f3n. <\/p>\n
La parte considerativa del prove\u00eddo finaliz\u00f3 citando sentencias de casaci\u00f3n con base en las cuales, en casos como \u00e9ste se debe probar la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenencia y su \u00e9poca para contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n; concluyendo que, ante su ausencia, no est\u00e1 dada la posesi\u00f3n y por tanto, tampoco el invocado modo de adquirir, de suerte, la acci\u00f3n no ten\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad y hab\u00edan de negarse las pretensiones. <\/p>\n
N\u00f3tese que el fallo impugnado si valor\u00f3 las pruebas y si se pronunci\u00f3 sobre las pretensiones del actor neg\u00e1ndolas. <\/p>\n
Dicho esto, se acota que al margen de que esta Sala o cualquier otro sujeto procesal comparta o no la valoraci\u00f3n probatoria realizada por la juez a-quo, no la hace una sentencia que infrinja el art\u00edculo 280 del C\u00f3digo General del Proceso, como desatinadamente lo propone la vocera judicial recurrente. <\/p>\n
Lo anterior pues, el hecho de que la sentencia apelada no haya accedido a las pretensiones de la demanda no la hace una sentencia desajustada ni desconocedora de los lineamientos legales para su proferimiento; incluso, pretender que se acojan las s\u00faplicas de la demanda so pena de tildarla de infractora del debido proceso en su forma, es una desnaturalizaci\u00f3n de la funci\u00f3n judicial en exigencia a que, sin pruebas ni razones jur\u00eddicas, se adjudique siempre el derecho reclamado. <\/p>\n
Por otro lado, pero sin abandonar el fondo de las cr\u00edticas, dijo la parte recurrente que la sentencia viola lo normado en el art\u00edculo primero del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como los principios de acceso a la justicia, igualdad y legalidad pues en ella se estim\u00f3 que el actor ingres\u00f3 al predio como tenedor por haberlo hecho como celador. <\/p>\n
Tal violaci\u00f3n tampoco es cierta, pues se ha aplicado la norma procesal que rige cada una de las etapas, a la parte actora le fueron respetadas todas las garant\u00edas constitucionales y legales si se toma en cuenta que la demanda fue admitida, luego con base en un recurso de reposici\u00f3n de la parte pasiva fue inadmitida, reformada y tramitada hasta su culminaci\u00f3n, el demandante fue escuchado en interrogatorio, fueron acogidas y practicadas todas las pruebas que solicit\u00f3, fue escuchado en interrogatorio, etc. <\/p>\n
Todo lo anterior son manifestaciones de que el se\u00f1or Gustavo Cruz accedi\u00f3 a la administraci\u00f3n de justicia formulando su pretensi\u00f3n a trav\u00e9s de demanda al punto que present\u00f3 pruebas que fueron apreciadas en sentencia al concluir la primera instancia, pruebas que tambi\u00e9n ser\u00e1n apreciadas por esta Sala en segunda instancia, de manera que, el planteamiento no es del m\u00e1s m\u00ednimo recibo, pues el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la igualdad no impone a los operadores judiciales que se concedan siempre las pretensiones de la demanda, si no a obtener una decisi\u00f3n luego de que se surta el proceso en respeto de las reglas propias de cada juicio y tras haber apreciado las pruebas aportadas, tal como se hizo en este caso. <\/p>\n
Seguidamente, estudi\u00f3 los medios suasorios allegados al plenario, de cara a verificar la posesi\u00f3n alegada por Gustavo Cruz, precisando que: <\/p>\n
De la inspecci\u00f3n judicial practicada, as\u00ed como del informe allegado por el perito, lo que se avizora es la individualizaci\u00f3n del inmueble que ocupa el se\u00f1or Gustavo Cruz, la parte de terreno que ocupa el se\u00f1or Mario Guasguita y su estado de deterioro, t\u00f3picos que no son objeto de controversia. <\/p>\n
En cuanto a las documentales, se observan en primera medida las aportadas por la parte demandante, que son: <\/p>\n
– Copia de la factura por impuesto predial correspondiente al a\u00f1o 2009, sin constancia de pago, elemento que no prueba m\u00e1s que la existencia de esa deuda para el momento de su aportaci\u00f3n; <\/p>\n
– Copia de la escritura p\u00fablica de constituci\u00f3n de Edubar SA, que demuestra eso, su constituci\u00f3n; <\/p>\n
– Copia del certificado de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad demandada, que demuestra eso, su existencia y representaci\u00f3n. <\/p>\n
– Dos recibos de pago del servicio de energ\u00eda el\u00e9ctrica de febrero y marzo de 2011; <\/p>\n
– Certificados catastrales del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi y de la Alcald\u00eda Distrital de Barranquilla emitidos en los meses de enero y marzo de 2009 respectivamente; <\/p>\n
– Un contrato de arrendamiento sobre el predio en cuesti\u00f3n celebrado el 10 de julio de 2009, en el que figura Iv\u00e1n Dar\u00edo Jim\u00e9nez Cerra como arrendador y el demandante como arrendatario; <\/p>\n
– Dos contratos de arrendamiento sobre el predio en cuesti\u00f3n celebrados en 2007 y 2010, en los que figura el demandante como arrendador y como arrendatarios, Cameret Ltda. y Carlos Cristancho respectivamente; <\/p>\n
– Declaraci\u00f3n jurada y conjunta de Delfino Navas Guti\u00e9rrez y Noralba Rayo; <\/p>\n
– Dos otros\u00edes a contrato de servidumbre suscrito por la Sociedad Portuaria del Norte y Gustavo Cruz, suscritos en 2009 y 2010; <\/p>\n
– Un aval\u00fao sobre el inmueble; y <\/p>\n
– Planos. <\/p>\n
Por otro lado, la sociedad Ganader\u00eda del Norte Ltda, adjunt\u00f3 con su contestaci\u00f3n: <\/p>\n
– Un documento fechado 26 de mayo de 19952 que no fue tachado de falso y que fue suscrito por el demandante Gustavo Cruz, en el que declara que cedi\u00f3 al se\u00f1or Mario Humberto Guasguita \u00ab\u2026un cuarto en el domicilio o vivienda que actualmente ocupo en calidad de celador y donde a la vez resido, el cual se localiza en la carrera 41 #3-37, Barrio Villa Nueva de Bquilla. Atl\u00bb.; <\/p>\n
– Copia de la carta dirigida por el actor el 30 de julio de 2002 a la Empresa Distrital de Telefon\u00eda solicitando la anulaci\u00f3n de l\u00ednea telef\u00f3nica de Mario Guasguita vinculada al inmueble en cuesti\u00f3n, carta en la cual el actor se identific\u00f3 como encargado del inmueble por la empresa Construcciones Protezca; <\/p>\n
– Copia de la citaci\u00f3n a audiencia de conciliaci\u00f3n enviada por el Ministerio del Trabajo a Ganader\u00eda del Norte Ltda, convocada por Gustavo Cruz para conciliar el pago de salarios; <\/p>\n
– Copia de la demanda del a\u00f1o 2005 incoada por Gustavo Cruz contra Ganader\u00eda del Norte Ltda, reclamando el pago de salarios en virtud de contrato de trabajo en el que se vincul\u00f3 al actor como celador de las bodegas ubicadas en el predio objeto de este proceso; y <\/p>\n
– Copias de providencias y citaciones surtidas al interior de ese proceso ordinario laboral. <\/p>\n
Luego, analiz\u00f3 los testimonios recaudados, consignando que: <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los testimonios, se refiere la Sala al \u00faltimo de los escuchados, esto es, al del se\u00f1or Manuel Antonio Rivera Hern\u00e1ndez, quien vive cerca del predio objeto de usucapi\u00f3n y dijo que conoce tanto a Gustavo Cruz como a Mario Humberto Guasguita y sobre la presencia de este \u00faltimo fue que fluy\u00f3 la mayor parte de su deposici\u00f3n, tema que no es materia de discusi\u00f3n en esta instancia. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en el inmueble ubicado en la Carrera 42 n\u00b0. 3-27 vive un se\u00f1or llamado Gustavo, de quien desconoce el apellido; y al preguntarle a qu\u00e9 t\u00edtulo se encontraba all\u00ed contest\u00f3: \u00abLo conozco ah\u00ed mas no se como [sic] est\u00e1, como no soy amigo de \u00e9l no he entrado a ver si es vigilante [sic] invasor o due\u00f1o\u00bb. Ese declarante claramente no aporta al proceso conocimiento sobre la titularidad en la que el actor ocupa el fundo materia de la Litis. <\/p>\n
Fue escuchado tambi\u00e9n el testimonio de la se\u00f1ora Noralba Rayo dijo que el poseedor \u2013 para la \u00e9poca de su declaraci\u00f3n \u2013 era el se\u00f1or Gustavo Cruz y que Mario Guasguita hab\u00eda \u00ab\u2026ha perturbado la celadur\u00eda o la estad\u00eda\u2026\u00bb, pues aquel le cedi\u00f3 \u00abuna piecita\u00bb en el inmueble para que viviera. <\/p>\n
Al preguntarle a la declarante sobre el se\u00f1or Guillermo C\u00e1rdenas Pel\u00e1ez \u2013 representante legal de la Ganader\u00eda del Norte Ltda \u2013 respondi\u00f3 que no lo conoce, pero que mencion\u00f3 anteriormente su apellido y sabe que es el due\u00f1o, porque Gustavo Cruz lo refiere como \u00absu patr\u00f3n\u00bb; luego describi\u00f3 el inmueble, indic\u00f3 que tiene dos bodegas, la casa donde vive el demandante, que se encuentra en estado ruinoso, aunque dijo que Gustavo Cruz ha sembrado y en alg\u00fan momento tuvo \u00abuna tiendecita\u00bb. Al realizarle preguntas sobre la presencia de Mario Guasguita en el predio, respondi\u00f3 que \u00e9l reclama derechos, \u00ab\u2026pero el celador que [ella ha] conocido realmente es GUSTAVO CRUZ\u2026\u00bb. <\/p>\n
Fue o\u00eddo finalmente el se\u00f1or Julio C\u00e9sar M\u00e1rquez P\u00e9rez, este testigo manifest\u00f3 que conoce al se\u00f1or Gustavo Cruz de toda la vida, porque est\u00e1 en ese inmueble hace 30 o 32 a\u00f1os \u2013 desde su declaraci\u00f3n el 17 de septiembre de 2014 \u2013, que \u00e9l tuvo una tienda ah\u00ed, que lo conoci\u00f3 desde que \u00abpelaito\u00bb cuando el demandante lo pon\u00eda a hacer mandados, que \u00e9l le ayudaba y hasta lo acompa\u00f1aba al centro a comprar los insumos de la tienda; y a que a Mario Guasguita lo dej\u00f3 entrar el actor. <\/p>\n
Al ser interrogado sobre la propiedad que tiene Ganader\u00eda del Norte Ltda respecto del predio, respondi\u00f3 que s\u00ed conoce esa circunstancia, que \u00ab\u2026los due\u00f1os de eso lo metieron a trabajar [a Gustavo Cruz], y ello[s] se perdieron, y \u00e9l durante 30 a\u00f1os ha estado pendiente de todo, y de la ayuda de \u00e9l de la tienda era que sobreviv\u00eda, porque a \u00e9l no le pagaban\u00bb. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que el demandante sembr\u00f3 \u00e1rboles de guan\u00e1bana y guineo. <\/p>\n
Estos t\u00e9rminos, escuchados a petici\u00f3n de la parte activa, son convergentes, precisos y contundentes con relaci\u00f3n a una cosa, y es que, el se\u00f1or Gustavo Cruz ingres\u00f3 al predio como celador, debido a un v\u00ednculo laboral con quienes los testigos reconocen como due\u00f1o del inmueble; en el caso de la se\u00f1ora Noralba Rayo, es el se\u00f1or Guillermo C\u00e1rdenas Pel\u00e1ez \u2013 representante legal de la sociedad Ganader\u00eda del Norte Ltda \u2013 y en el caso del testigo Julio M\u00e1rquez P\u00e9rez, es esta sociedad la due\u00f1a. <\/p>\n
La \u00fanica divergencia radica en que, seg\u00fan Noralba Rayo, a la fecha de su declaraci\u00f3n \u2013 17 de septiembre de 2014 \u2013 el demandante se encontraba en el fundo objeto de pertenencia como celador; mientras que, seg\u00fan la versi\u00f3n Julio C\u00e9sar M\u00e1rquez P\u00e9rez, para el momento de su deposici\u00f3n que fue en la misma fecha, de la anterior, el actor era poseedor. En todo caso se repite que ambos coinciden en que el ingreso obedeci\u00f3 a una relaci\u00f3n \u00ablaboral\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, la declaraci\u00f3n de ambos testigos en cuanto a la forma del ingreso del actor al predio, as\u00ed como la de Noralba Rayo con relaci\u00f3n a la calidad forma como permanece Gustavo Cruz all\u00ed converge plenamente con lo narrado por \u00e9ste en su interrogatorio de parte, en el que, luego de sus generalidades de ley le fue preguntado espec\u00edficamente a qu\u00e9 t\u00edtulo se encontraba en el inmueble objeto de usucapi\u00f3n, a lo que respondi\u00f3: \u00abYo en la actualidad me encuentro viviendo con mi familia en calidad de Celador desde el a\u00f1o 1982 entre un d\u00eda 4 de Marzo de 1982 y hasta la presente ah\u00ed vivo, vuelvo y repito con mi familia y cuatro (4) nietos\u00bb. <\/p>\n
Debido a la curiosa respuesta, el despacho lo interrog\u00f3 sobre quien o quienes son sus jefes, a lo que contest\u00f3: \u00abEl patr\u00f3n que siempre he conocido es el se\u00f1or Guillermo C\u00e1rdenas Pel\u00e1ez, y hasta la presente ah\u00ed vivo, vuelvo y repito con mi familia y cuatro (4) nietos.\u00bb <\/p>\n
Lo anterior es una clara confesi\u00f3n, sin posterior informaci\u00f3n acerca de que el se\u00f1or Gustavo Cruz ingres\u00f3 y permanece en el fundo como celador, reconociendo dominio en la sociedad demandada y reconociendo como su jefe o patr\u00f3n al se\u00f1or Guillermo C\u00e1rdenas Pel\u00e1ez. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n
De las pruebas arrimadas al plenario se evidencia claramente que el se\u00f1or Gustavo Cruz es celador del inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0. 040-295005, ubicando en la Carrera 42 n\u00b0. 03-27 de la ciudad de Barranquilla, dado que as\u00ed lo reconoci\u00f3 en su interrogatorio y esa confesi\u00f3n viene adem\u00e1s reforzada con la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Noralba Rayo y el se\u00f1or Julio C\u00e9sar M\u00e1rquez P\u00e9rez. <\/p>\n
Lo anterior significa que el se\u00f1or Gustavo Cruz es mero tenedor o, dicho de otro modo, lo que ostenta es la mera tenencia sobre el fundo, tenencia que, adem\u00e1s, va inmersa en la posesi\u00f3n verus domino que ejercita la sociedad Ganader\u00eda del Norte Ltda, toda vez que, es a su representante legal, el se\u00f1or Guillermo C\u00e1rdenas Pel\u00e1ez el reconocido como patr\u00f3n por el demandante. <\/p>\n
Ahora, habiendo confesado el reclamante de la heredad que ingres\u00f3 a \u00e9l como mero tenedor, que actualmente es esa la calidad que ostenta y habi\u00e9ndolo as\u00ed evidenciado adem\u00e1s el resto del acervo probatorio, ning\u00fan esfuerzo fue desplegado para demostrar la interversi\u00f3n de ese t\u00edtulo al de poseedor. <\/p>\n
Es del caso reiterar que de conformidad con el art\u00edculo 2518 del C\u00f3digo Civil, el que es poseedor o ha pose\u00eddo en las condiciones legales un bien adquiere su propiedad por el modo de la usucapi\u00f3n; pero en el caso bajo examen, el demandante Gustavo Cruz no es poseedor y por tanto no ha pose\u00eddo el inmueble matriculado con el n\u00b0. 040-295005, en consecuencia, no ha ganado su propiedad por prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las decisiones controvertidas no lucen antojadizas, caprichosas o subjetivas, con independencia de que se compartan, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que, de un lado, la sentencia emitida en esa instancia fue debidamente enterada por estado; y, por otra parte, que Gustavo Cruz ingres\u00f3 al predio en calidad de trabajador, ostentando la mera tenencia, sin que acreditara la interversi\u00f3n del t\u00edtulo a poseedor, de ah\u00ed que, no se cumplieran con los presupuestos de la acci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
En ese orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8872-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02118-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gustavo Cruz contra la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65215","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65215"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65215\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}