STC8878-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8878-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02128-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Antonio Rodr\u00edguez Barrera contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito de esta capital y las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2014-08873. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales convocadas. <\/p>\n
2. Relata en s\u00edntesis que, fue procesado por el delito de \u00abtentativa de homicidio\u00bb, del cual fue absuelto en primera instancia por el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia del 28 de noviembre de 2017; sin embargo, dicha absoluci\u00f3n fue revocada por el Tribunal Superior de este Distrito Judicial con fallo del 22 de enero de 2018, conden\u00e1ndolo a la pena de 150 meses de prisi\u00f3n por el punible referenciado. Con posterioridad, a trav\u00e9s de su defensora, promovi\u00f3 recurso de revisi\u00f3n contra la providencia proferida por el tribunal, remedio extraordinario que fue inadmitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 2 de junio de 2021, decisi\u00f3n que mantuvo el 2 de marzo de 2022 al resolver la reposici\u00f3n. <\/p>\n
Dirige sus cuestionamientos contra la sentencia que lo conden\u00f3, proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y respecto de los prove\u00eddos de la Sala de Casaci\u00f3n Penal con los que inadmiti\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala el veredicto condenatorio del tribunal como v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico, por cuanto se fund\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria de lo allegado al proceso, y que omiti\u00f3 apreciar otros elementos de conocimiento \u00ab(\u2026) determinantes para identificar la veracidad de los hechos [\u2026] incurrieron [los magistrados del tribunal] en una valoraci\u00f3n arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba porque, sin raz\u00f3n valedera, dieron por probado la intervenci\u00f3n dolosa en la tentativa de homicidio cuando del an\u00e1lisis imparcial de los hechos y circunstancias, no emerge clara y objetivamente mi participaci\u00f3n (\u2026)\u00bb; inconsistencias probatorias que habr\u00edan sido desconocidas por la Sala de Casaci\u00f3n Penal al momento de resolver sobre la inadmisi\u00f3n de la revisi\u00f3n deprecada tras considerar que su apoderada \u00abno cumpli\u00f3 con la carga de respaldar adecuadamente su reproche\u00bb. <\/p>\n
En extenso, se refiri\u00f3 a cada una de las circunstancias que debieron constatarse por parte de las autoridades colegiadas, insistiendo en que no fue desvirtuada su presunci\u00f3n de inocencia, que no se super\u00f3 el umbral del convencimiento de \u00abm\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u00bb, y que los yerros en el juicio valorativo tuvieron incidencia directa en la determinaci\u00f3n final que le fue desfavorable. <\/p>\n
3. Por lo anterior pide que se realice una \u00abrevisi\u00f3n constitucional del proceso y la declaratoria de nulidad integral de todo lo actuado por violaci\u00f3n manifiesta de los derechos y garant\u00edas fundamentales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Dado el traslado de la demanda, los accionados guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas, vulneraron las garant\u00edas invocadas por el querellante dentro del juicio penal radicado n\u00ba 2014-08873, al: (i) condenarlo a la pena de 150 meses de prisi\u00f3n por el delito de tentativa de homicidio (sentencia de segunda instancia del 22 de enero de 2018 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1) por indebida valoraci\u00f3n probatoria, y; (ii) por inadmitir el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (autos del 2 de junio de 2021, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, y del 2 de marzo de 2022 que resolvi\u00f3 negativamente la reposici\u00f3n), desestimando sus alegaciones en torno a las causales normativas invocadas como fundamento de dicho remedio extraordinario. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. El auto que inadmiti\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
En primer lugar, la Sala centrar\u00e1 su an\u00e1lisis en lo decidido por la Hom\u00f3loga tutelada el 2 de marzo de 2022, donde resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n formulado por el interesado contra el auto de 2 de junio del a\u00f1o anterior, con el que se inadmiti\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n respecto de la sentencia que le impuso el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal, por cuanto fue la decisi\u00f3n que en \u00faltimas defini\u00f3 la situaci\u00f3n all\u00ed planteada. <\/p>\n
Al examinar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Preliminarmente, precis\u00f3 la tutelada, que la abogada del recurrente no acompa\u00f1\u00f3 la demanda de sustentaci\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n con la certificaci\u00f3n de la firmeza material de la providencia confutada, presupuesto formal que por s\u00ed solo lleva a la inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, tras auscultar la causal en que se fund\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria y al recabar en las censuras plasmadas por la apoderada del sentenciado en la reposici\u00f3n, esto es, la presencia de medios de prueba novedosos, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abLa causal contenida en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, exige aportar evidencias que permitan avizorar la confluencia de elementos de juicio no conocidos al tiempo de la actuaci\u00f3n, orientados a demostrar la inocencia o inimputabilidad del condenado, pues se insiste, no es la revisi\u00f3n un escenario alternativo para retomar una controversia que ya finaliz\u00f3 con la consecuencia sancionatoria; y proponer, sin rigor alguno, hip\u00f3tesis probatorias encaminadas a cuestionar una sentencia ya ejecutoriada. <\/p>\n
En este sentido, en el auto recurrido la Sala llev\u00f3 a cabo un ejercicio de contrastaci\u00f3n entre los fallos de primera y segunda instancia sobre la fecha en la que fue herido V\u00edctor Romero Cruz, que resultaba necesario para establecer la admisibilidad de la demanda. De ese modo, advirti\u00f3 que los medios de prueba aportados por la actora no eran novedosos, en la medida en que ninguna incidencia ten\u00edan sobre la declaratoria de responsabilidad penal del sentenciado. <\/p>\n
En efecto, se encontr\u00f3 que tanto la juez de conocimiento como el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 establecieron que el atentado contra la vida de la v\u00edctima se origin\u00f3 el 10 de marzo de 2014. Por tanto, para la Sala, las declaraciones que pretende la demandante sean valoradas como evidencia nueva \u201cpodr\u00edan eventualmente haber servido para cuestionar en su momento la credibilidad de los testigos de cargo, pero no para acreditar ahora, ex post, que la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acaeci\u00f3 en una fecha distinta a la que fue declarada en los fallos de instancia\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Corte precis\u00f3 que, si bien no se discute que esos medios de prueba no fueron introducidos al juicio cuya rescisi\u00f3n se solicita, ya que se materializaron con posterioridad, al fundamentarse la causal de revisi\u00f3n en unas declaraciones que hacen referencia a las actividades desarrolladas por el procesado para el 1\u00ba de marzo de 2014, decae su relevancia, en tanto no se ataca la verdad declarada en la sentencia, sino que se trata de construir y sostener una diversa\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, reiter\u00f3 que los argumentos de la apoderada estuvieron orientados \u00fanicamente a desvirtuar la credibilidad de la v\u00edctima a partir del se\u00f1alamiento a las supuestas incoherencias de sus relatos, alegaci\u00f3n que se emparenta con uno de instancia ordinaria, m\u00e1s no resultan procedentes en sede del juicio rescindente. En lo atinente, aclar\u00f3 la Hom\u00f3loga accionada, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la defensora no confronta los fundamentos de la determinaci\u00f3n recurrida; y a trav\u00e9s de afirmaciones basadas en su opini\u00f3n subjetiva, pretende auspiciar un debate propio del tr\u00e1mite de las instancias, ignorando que esa discusi\u00f3n feneci\u00f3 una vez agotados los recursos en el desarrollo de la actuaci\u00f3n, por lo que devienen improcedentes sus cuestionamientos en contra de una decisi\u00f3n judicial amparada por la presunci\u00f3n de acierto y legalidad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, la pretensi\u00f3n expuesta relacionada con una nueva pr\u00e1ctica o an\u00e1lisis probatorio, explic\u00f3 la tutelada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 195 de la Ley 906 de 2004, la pr\u00e1ctica probatoria dentro de esta acci\u00f3n s\u00f3lo tiene lugar una vez admitido el libelo, por cumplir las exigencias legales dispuestas para ello, y se da lugar al estadio probatorio, una vez recibido el expediente completo del proceso penal donde se emiti\u00f3 el fallo de condena. <\/p>\n
Ahora, en cuanto a la petici\u00f3n de la demandante relaciona con que se aprecien las declaraciones de [\u2026] se indica nuevamente que la revisi\u00f3n no es una instancia adicional para efectuar una nueva ponderaci\u00f3n probatoria, con base en elementos de juicio despojados de la aptitud requerida para ello, como ocurre en este asunto, m\u00e1xime, cuando la pretensi\u00f3n de la actora tambi\u00e9n est\u00e1 dirigida a acreditar una supuesta indebida defensa t\u00e9cnica, supuesto que no pas\u00f3 de ser una simple apreciaci\u00f3n subjetiva de la recurrente, ajena, por dem\u00e1s, a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n y la causal seleccionada\u00bb. <\/p>\n
Con vista en lo rese\u00f1ado, como la providencia analizada se fund\u00f3 en una interpretaci\u00f3n razonable de la disposici\u00f3n normativa que regula el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n en materia penal \u2013 art\u00edculo 192, Ley 906 de 2004 \u2013, la misma no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental como para que la salvaguarda se imponga ineludible, pues, se reitera, la resoluci\u00f3n recriminada no revela la arbitrariedad endilgada por el quejoso. <\/p>\n
En todo caso, frente a alegaciones que critican la forma en que el fallador ordinario entiende el caso, esta Sala ha se\u00f1alado que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro lado, ha insistido en que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01; reiteradas en STC14250-2018). <\/p>\n
As\u00ed, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no la determinaci\u00f3n atacada, como aquella se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de un desafuero jur\u00eddico, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las cr\u00edticas que plantea el quejoso contra la sentencia del tribunal aqu\u00ed accionado, el amparo tampoco est\u00e1 llamado a prosperar al evidenciarse el incumplimiento de uno de los principios esenciales que orienta esta senda excepcional como lo es el de la subsidiariedad por v\u00eda de incuria. <\/p>\n
Lo anterior se concreta a partir del descuido que se advierte del gestor del resguardo relativo al agotamiento de los recursos habilitados por el ordenamiento procesal penal frente a la decisi\u00f3n que puntualmente cuestiona; as\u00ed pues, por tratarse de una primera condena dictada en sede de segunda instancia, cab\u00eda el de impugnaci\u00f3n especial por virtud del Acto Legislativo 01 de 2018 (modificatorio de los art\u00edculos 186, 234 y 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica); y\/o, en su defecto, el extraordinario de casaci\u00f3n de conformidad con el canon 180 y siguientes de la ley 906 de 2004, medios de defensa que el tutelante no acredit\u00f3 haber activado. <\/p>\n
Aqu\u00e9llos instrumentos procesales de refutaci\u00f3n se constituyen en los escenarios propicios para formular los cuestionamientos frente a todas las irregularidades que expone en esta demanda y, espec\u00edficamente por v\u00eda de impugnaci\u00f3n especial, las censuras concretas frente a la supuesta indebida valoraci\u00f3n probatoria; sin embargo, omiti\u00f3 su uso permitiendo que la condena adquiriera firmeza. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
Entonces, ante la omisi\u00f3n en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que exist\u00edan al interior del juicio penal no puede la justicia constitucional erigirse como \u00faltimo remedio para rescatar oportunidades preclu\u00eddas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los recursos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, corolario de lo discurrido, la salvaguarda examinada no est\u00e1 llamada a abrirse paso y, por lo tanto, se impone su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. El amparo es inviable frente a la providencia dictada por la Sala Especializada accionada que inadmiti\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n propuesto, en tanto se observa fundamentada con criterios de razonabilidad. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, el promotor del resguardo actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 a trav\u00e9s de la impugnaci\u00f3n especial y\/o casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia lo conden\u00f3, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo propone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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