STC8879-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8879-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02199-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho \u00abal debido proceso por inobservar el principio universal del in dubio pro reo\u00bb, para que \u00abse declare que la Sala de Casaci\u00f3n Penal incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho en la sentencia de casaci\u00f3n SP402-2021 al hacer un an\u00e1lisis de la prueba de cargo con la cual [lo] condena de manera superflua y desacertada, no profundiza y contrario a lo que en derecho se debe analizar, no es clara en su concepto de por qu\u00e9 le da validez a un testimonio a todas luces contradictorio, por lo que con base en todo lo anterior, se [le] debe absolver por estar demostrado que no existe ni existi\u00f3 certeza para condenar m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable\u00bb. <\/p>\n
En suma, afirm\u00f3 que la Magistratura confutada \u00abno cas\u00f3\u00bb el fallo proferido el 25 de enero de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n que lo conden\u00f3 \u00abpor primera vez en segunda instancia\u00bb a una pena de 96 meses de prisi\u00f3n, multa de 66.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes e inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por 80 meses, al hallarlo responsable del delito de concusi\u00f3n, as\u00ed mismo, le neg\u00f3 los subrogados penales y orden\u00f3 la correspondiente captura (SP402-2021, 10 feb.). <\/p>\n
En su criterio, tal determinaci\u00f3n lesion\u00f3 sus garant\u00edas, puesto que \u00abno se puede en s\u00f3lo 4 o 5 p\u00e1ginas, tirar por la borda [su] carrera como agente de tr\u00e1nsito, inc\u00f3lume al momento de presentado el hecho, libre de investigaciones y con una hoja de vida intachable, por un testimonio mal analizado a la luz de la sana cr\u00edtica (\u2026) no se demostr\u00f3 que hubiese sido el autor del delito que [le] implican; la Fiscal\u00eda no solicit\u00f3 si hab\u00eda un guardia de tr\u00e1nsito de apellido CUERO para tener m\u00e1s certeza; el veh\u00edculo que se dice fue inmovilizado, nunca existi\u00f3, recu\u00e9rdese que el testigo en el juicio cit\u00f3 otro veh\u00edculo diferente, ahondando con ello las dudas (\u2026) es que Lucio Clemente Cabrera, incurri\u00f3 en varias contradicciones en sus relatos, su intervenci\u00f3n en juicio fue precaria desde el punto de vista congruencia con lo inicialmente planteado, sin embargo fue condenado con todas estas falencias, la Corte en pocos renglones da credibilidad al \u00fanico testigo en su contra a pesar de reconocer que hubo inconsistencias\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal se opuso al amparo porque \u00abno se re\u00fane el requisito de procedibilidad de la inmediatez\u00bb. <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior de Popay\u00e1n manifest\u00f3 que \u00abel impetrante utiliza la tutela para exponer de nuevo los planteamientos que se estudiaron juiciosamente en las oportunidades procesales adecuadas, percibi\u00e9ndose que quiere un tercer estudio del asunto o darle otra instancia por cierto inexistente a la providencia que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Delegada de Intervenci\u00f3n Segunda para la Casaci\u00f3n Penal expres\u00f3 que \u00abse debe denegar la presente acci\u00f3n de tutela, ya que no se evidencia la violaci\u00f3n a derechos fundamentales argumentados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Segunda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 que \u00abel ente acusador demostr\u00f3, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda y el juez ordinario colegiado as\u00ed lo evidenci\u00f3, que el agente de tr\u00e1nsito Cuadros Trujillo exigi\u00f3 una cantidad de dinero al ciudadano Lucio Clemente Cabrera a cambio de no imponerle sanci\u00f3n por transitar con violaci\u00f3n de las normas que regulan el tr\u00e1nsito terrestre automotor, conducta debidamente demostrada y juzgada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento del resguardo por no cumplirse el presupuesto de inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que, entre la fecha de la sentencia cuestionada, esto es, el que \u00abNO CAS\u00d3 la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Popay\u00e1n\u00bb (10 feb. 2021) notificada el 25 de febrero siguiente y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (1 jul. 2022), transcurrieron, un (1) a\u00f1o, cuatro (4) meses y seis (6) d\u00edas, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta- STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021 y STC1919-2022). <\/p>\n
Ahora, si bien esta Corporaci\u00f3n en algunos casos ha superado la ausencia de tal \u00abpresupuesto\u00bb flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo acaece cuando la demora en activar este instituto se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto, en la STC3949-2021 sostuvo: <\/p>\n
\u00abDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que, m\u00e1s all\u00e1 de estar inconforme con la disposici\u00f3n de la autoridad reprochada, el tutelante no esboz\u00f3 las razones para disculpar su tardanza en acudir a este especial\u00edsimo sendero. <\/p>\n
2.- De otro lado, si bien el promotor refiere en su escrito que tambi\u00e9n presenta la queja superlativa contra el Superintendente de Notariado y Registro con sede en Bogot\u00e1 \u2013 Subdirecci\u00f3n de Apoyo Jur\u00eddico Registral -, lo cierto es que no le atribuy\u00f3 ninguna afectaci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales, centr\u00e1ndose \u00fanicamente a criticar lo solventado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, por lo que no se har\u00e1 pronunciamiento frente a este aspecto. <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se declarar\u00e1 la inviabilidad del socorro invocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por H\u00e9ctor Cuadros Trujillo. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8879-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8879-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02199-00 (Aprobado en Sala virtual de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANTECEDENTES 1.- El libelista, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65222","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65222"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65222\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}