STC8880-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8880-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02201-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Harlhey Augusto Fonseca Fl\u00f3rez contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado 40 Civil del Circuito de esta localidad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la \u00abigualdad procesal\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y defensa, que dice vulneradas por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse revoque las dos sentencias\u00bb criticadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Peter Alexander Rodr\u00edguez de Armas promovi\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Harlhey Augusto Fonseca Fl\u00f3rez, con la finalidad de obtener el pago de las sumas de dinero representadas en dos pagar\u00e9s, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 10 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.2. Notificado el enjuiciado de la orden de apremio, formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, que fueron desechadas con sentencia del 28 de febrero de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 12 de mayo pasado. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que la excepci\u00f3n de \u00absimulaci\u00f3n del endoso\u00bb que formul\u00f3, no pudo ser probada \u00abpor la omisi\u00f3n del fallador, en primera instancia, de decretar una prueba trasladada\u2026, que resulta trascendental, pertinente, \u00fatil, necesaria, conducente para llevar al convencimiento del juez la realidad sobre la excepci\u00f3n propuesta\u00bb; y que \u00abal negar la pr\u00e1ctica de la prueba trasladada\u2026, por considerarla innecesaria\u2026, constituye la omisi\u00f3n de probar un hecho jur\u00eddicamente relevante que de practicarse se lograr\u00eda establecer la verdad procesal con respecto de las excepciones propuestas de la \u201csimulaci\u00f3n del endoso\u201d y \u201cdinero no entregado\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que el ad quem cuestionado confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, sin tener en cuenta que \u00ab\u2026 la sentencia confirmada, desconoce el principio de la primac\u00eda de los derechos fundamentales invocados, en el sentido de que es imposible pedirle al demandado probar la \u201csimulaci\u00f3n del endoso\u201d y el \u201cdinero no entregado\u201d sin medio probatorios a su alcance y que sentido contrario se le niega la prueba trasladada\u00bb; que \u00abno haber corregido el yerro de la sentencia de primera instancia vulnera los derechos fundamentales suplicados tutelar\u00bb; y que \u00abla errada valoraci\u00f3n probatoria y la inversi\u00f3n sin causa justa aparente de la carga de las mismas, respecto del contrato de mutuo subyacente que dio origen a los t\u00edtulos valores, configura a plenitud la vulneraci\u00f3n de los derechos rogados\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abno ha actuado en contrav\u00eda o en desmedro de los derechos constitucionales enrostrados\u00bb; y destac\u00f3 que el actor omiti\u00f3 agotar \u00ablos recursos judiciales ordinarios\u2026, antes de acudir a la acci\u00f3n de tutela\u00bb, comoquiera que \u00aba pesar de encontrarse enlistado en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 321 del CGP la procedencia de la apelaci\u00f3n para el auto que niegue el decreto o practica de prueba \u2013 como ser\u00eda el caso de la prueba traslada enunciada por el actor-, el ejecutado en el proceso ejecutivo se abstuvo de interponer este recurso\u00bb. <\/p>\n
2. Peter Alexander Rodr\u00edguez de Armas, a trav\u00e9s de apoderado judicial, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n objeto de cuestionamiento, por lo que pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo esa perspectiva, se verifica que el promotor cuestion\u00f3: (i) que no se hubiese decretado la prueba trasladada que reclam\u00f3; (ii) la valoraci\u00f3n probatoria efectuada en la sentencia de 12 de mayo de 2022, que confirm\u00f3 la que se dict\u00f3 el 28 de febrero de estas calendas, que desestim\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que formul\u00f3 en el juicio criticado. <\/p>\n
3. En lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, se concluye que la solicitud de resguardo es inviable, toda vez que dej\u00f3 de censurar en apelaci\u00f3n la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la prueba trasladada que reclam\u00f3. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
4. Respecto a la segunda queja del actor, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la referida providencia de 12 de mayo de 2022 no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que no estaban llamadas a prosperar las excepciones meritorias que formul\u00f3 el ejecutado, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 relata el recurrente que el endoso se realiz\u00f3 para impedir la proposici\u00f3n de excepciones al tercero y que, en puridad, no hubo trasmisi\u00f3n del derecho incorporado, diatriba que apoy\u00f3 en la formulaci\u00f3n de sus defensas, en los siguientes indicios: el parentesco y amistad \u00edntima del endosante, endosatario y del deudor solidario; la ausencia de necesidad para enajenar; el no aporte oportuno de los contratos de mutuo y de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito al proceso; el ocultamiento del negocio; el no pago del precio de la cesi\u00f3n y; la ausencia de movimientos bancarios, hechos que analizados por la\u2026 jueza de instancia no tuvieron suficiente entidad para demostrar lo fingido de la trasmisi\u00f3n, elementos de juicio de los que se observa: <\/p>\n
4.1. No genera mayor discusi\u00f3n que de los v\u00ednculos de consanguinidad y amistad alegados surge un indicio atendible sobre la irrealidad del acto que entre ellos se celebre, pues ese lazo facilita el acuerdo simulatorio, el cumplimiento del ardid forjado, y deshacer las consecuencias del artificio, etc. Sin embargo, esta inferencia no puede desgajarse del universo de contrataciones en las que las partes tengan un nexo afectivo o filial y habr\u00e1 de reflexionarse, en cada caso, la eventual influencia que ese ligamen tuvo en la expresi\u00f3n de la autonom\u00eda de las partes que, como contraindicios, le den una respuesta o explicaci\u00f3n de su participaci\u00f3n en el negocio que se cuestiona, que en la situaci\u00f3n conflictiva descansa en que los sujetos de los que se afirma fraguaron esa irrealidad participaron y conoc\u00edan de los negocios de mutuo y el cambiario, as\u00ed como de la dificultad de recaudar la suma mutuada y la facilidad del ejecutante \u2013como abogado\u2013 de actuar en el proceso con una apreciable ventaja patrimonial en caso de \u00e9xito, raz\u00f3n que explica la realizaci\u00f3n de la transferencia en las condiciones censuradas, quedando claro que a los citados intervinientes no se les puede considerar como advenedizos que concurrieran a disfrazar el acto\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
4.2. Asimismo, la falta de necesidad de trasferir los t\u00edtulos que, en ocasiones, puede servir de material indiciario, pero en el caso concreto se justifica porque, en primer lugar, no se demostr\u00f3 que hubiera una disposici\u00f3n total de su patrimonio y, adem\u00e1s, porque a pesar de que hubiera endosado en propiedad el cartular, este queda atado \u2013as\u00ed sea formalmente\u2013 a las resultas de la pol\u00e9mica que el deudor suscite sobre la realidad de la trasferencia, como acontece en el sub judice. <\/p>\n
4.3. La circunstancia cierta de que con la demanda no se aportaron los contratos de mutuo y de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito no constituye indicio alguno de la ficci\u00f3n del endoso, ya que no era necesario su adosamiento a la demanda al no encarnar un requisito o anexo ineludible para el cobro de los pagar\u00e9s, bastando su aducci\u00f3n para obtener la orden de pago, no siendo dable predicar un inapropiado sigilo. <\/p>\n
4.4. El ocultamiento de la trasmisi\u00f3n del derecho y la persistencia del endosante de seguir cobrando el cr\u00e9dito a pesar de haberse despojado de \u00e9l, que en abstracto tienen entidad indiciaria, en el sub-lite carecen de trascendencia por cuanto el traspaso del derecho no est\u00e1 supeditado a que el deudor lo apruebe, en particular porque el endoso es un acto unilateral, sin que se requiera nada distinto que una manifestaci\u00f3n aut\u00f3noma de su voluntad. Adem\u00e1s, a pesar de que el endoso era en propiedad, el transmitente \u2013mediante el documento de cesi\u00f3n\u2013 manifest\u00f3 que \u00e9l conservaba la posibilidad de obtener un porcentaje ante la recuperaci\u00f3n de la cartera vencida. <\/p>\n
4.5. En relaci\u00f3n con la suspicacia \u2013en criterio del apelante\u2013 generada por haberse realizado la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito antes de que vencieran los t\u00edtulos, pese a que se justific\u00f3 que la transmisi\u00f3n de los pagar\u00e9s ten\u00eda como prop\u00f3sito la ayuda econ\u00f3mica al primer beneficiario, es preciso relievar que: (i) Ninguna duda se gesta en ese evento, pues la aclaraci\u00f3n dada por el cedente sobre esa materia no indic\u00f3 que las necesidades patrimoniales se dieran despu\u00e9s del plazo para pagar los d\u00e9bitos incorporados en los cartulares; (ii) El endoso \u2013en cumplimiento de lo previsto en el art\u00edculo 654 del C\u00f3digo de Comercio\u2013incluy\u00f3 la fecha de su realizaci\u00f3n el 1 de julio de 2021, calenda que, adem\u00e1s de coincidente con la transferencia de la acreencia v\u00eda cesi\u00f3n, ciertamente es anterior al vencimiento de los pagar\u00e9s, surtiendo plenos efectos cambiarios, y; (iii) La parte demandada no enfil\u00f3 ning\u00fan desconocimiento frente a la realizaci\u00f3n de ese acto traslaticio, as\u00ed como tampoco cuestion\u00f3 la veracidad ni autenticidad de la calenda en que se llev\u00f3 a cabo. En suma, el ataque ac\u00e1 estudiado carece de cualquier relevancia de cara a la definici\u00f3n de la problem\u00e1tica. <\/p>\n
4.6. La falta de prueba del pago del precio y de demostraci\u00f3n de movimientos bancarios para justificar el pago de los $30.000.000, pactados en el negocio de cesi\u00f3n tampoco comprueban la inexistencia del endoso, comoquiera que esa trasferencia puede obedecer a m\u00faltiples razones y aun a la simple liberalidad. <\/p>\n
4.7. Pero si analizara el m\u00f3vil de la simulaci\u00f3n del endoso como indicio \u2013impedir la formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n basada en la falta de entrega del dinero mutuado\u2013, porque \u201cninguno de los desembolsos se\u00f1alados en el contrato de mutuo se hizo a nombre de mi representado Harlhey Augusto Fonseca\u201d, ello entra en contradicci\u00f3n con la forma y tiempo en que contrajo el d\u00e9bito en el pagar\u00e9 objeto de cobro, en el que \u2013sin ning\u00fan condicionamiento\u2013 asumi\u00f3 esa obligaci\u00f3n avalando con su firma tal adeudo, aun como garante, modalidad est\u00e1 calificada como una causa que justifica el cobro de lo que literalmente obre en el t\u00edtulo valor, el cual tiene m\u00e9rito probativo pleno. <\/p>\n
5. En conclusi\u00f3n, de aceptar que los hechos enunciados tienen la categor\u00eda de indicios, su fuerza persuasiva es escasa porque son equ\u00edvocos, en tanto no tienen el poder de desvirtuar la significaci\u00f3n que en el campo de la actuaci\u00f3n de la contraparte ellos tienen, y no son coincidentes ni convergentes, en la medida que recaen en diferentes actuaciones desligadas y sobre conductas respetuosas del orden jur\u00eddico (el innecesario aporte de los documentos de cesi\u00f3n y del mutuo), aspectos que deben ser destacados en la apreciaci\u00f3n de este medio probativo \u201cporque en la medida en que existan dentro del proceso otros hechos de los cuales puedan obtenerse inferencias contrarias al sentido que los indicios se\u00f1alan, estos se ofrecen como desarticulados y aislados, malogr\u00e1ndose as\u00ed su poder de convicci\u00f3n\u201d condici\u00f3n que le corresponde al juez calificar en aras de \u201csopesar la gravedad, concordancia y convergencia de los indicios, vale decir, le compete establecer si en su concepto son plurales, graves, precisos y conexos, o, por el contrario, \u00fanicos, leves y no concordantes entre s\u00ed, calidades que, indudablemente, determinan su eficacia demostrativa\u00bb. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
6. Ante el fracaso de la excepci\u00f3n de simulaci\u00f3n, con la que se aspiraba comprobar la mala fe del endosatario y la ausencia de material de persuasi\u00f3n que, con independencia de aquella corrobore ese actuar malicioso, ha de recordarse que en el derecho colombiano y de manera espec\u00edfica en el cambiario, la buena fe se presume y en consecuencia quien la alega la ant\u00edpoda debe probarla, seg\u00fan expresa directriz del art\u00edculo 835 del c\u00f3digo de los comerciantes. Como resultado, cuando un tenedor es considerado como tercero de buena fe exenta de culpa, se colige que fue cuidadoso en la adquisici\u00f3n del t\u00edtulo\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que no acreditaban la simulaci\u00f3n que esgrimi\u00f3 el ejecutado, por lo que no pod\u00edan prosperar las excepciones que aquel fund\u00f3 en tal figura. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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