STC8881-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8881-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00405-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 8 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Crist\u00f3bal Anaya Herrera contra las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores del pa\u00eds y la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Local de Ungu\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad, debido proceso y \u00abderechos fundamentales como v\u00edctima del conflicto armado\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expuso en s\u00edntesis que, el 22 de octubre de 2021, su hijo Ever Enrique Anaya Miranda fue \u00abasesinado a manos de grupos paramilitares\u00bb que operan en la zona del municipio de Ungu\u00eda. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el levantamiento del cad\u00e1ver de su hijo lo realiz\u00f3 la Fiscal\u00eda 10\u00aa Local de esa municipalidad; sin embargo, cuestion\u00f3 que, \u00abhasta el momento la Fiscal\u00eda [\u2026] ni el Tribunal de Justicia y Paz me han comunicado de c\u00f3mo va el proceso de esclarecimiento de los hechos por el homicidio de mi hijo Ever Enrique Anaya Miranda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que es padre de familia de 74 a\u00f1os de edad, en estado de vulnerabilidad y que no ha recibido por parte del Gobierno Nacional \u00aben mi condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto armado en lo referente a la asignaci\u00f3n de tierras etc.\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pide que se ordene \u00aba la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Local de Ungu\u00eda, Choc\u00f3 y a los Tribunales de Justicia y Paz notificar el estado en que se halla el proceso penal de homicidio de Ever Enrique Anaya Miranda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el accionante no se encuentra relacionado en las sentencias emitidas por esa autoridad judicial, ni registra en las bases de datos de las actuaciones que actualmente se adelantan. Igualmente, consult\u00f3 el correo institucional de la Secretar\u00eda de la Sala, as\u00ed como la correspondencia f\u00edsica y constat\u00f3 que, a la fecha de la presentaci\u00f3n del ruego tutelar, \u00abno ha recibido solicitud alguna a nombre de del actor\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de esa misma especialidad del Tribunal Superior de Antioquia indic\u00f3 que, consult\u00f3 el sistema de gesti\u00f3n judicial para determinar la autoridad que conoce las actuaciones que supuestamente se adelantan ante esa jurisdicci\u00f3n, sin arrojar resultados positivos ni con el nombre del accionante ni con el de su hijo Ever Enrique Anaya Miranda; igualmente se efectu\u00f3 la b\u00fasqueda con las respectivas c\u00e9dulas sin encontrar registros, por lo que pidi\u00f3 ser desvinculada de estas diligencias, teniendo en cuenta que no tiene asuntos pendientes por resolverle al accionante. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Resolvi\u00f3 escindir la petici\u00f3n de protecci\u00f3n formulada respecto de la Fiscal\u00eda 10\u00aa Local de Ungu\u00eda y las dem\u00e1s entidades del orden nacional referidas por el actor en la demanda, es decir, en lo que tiene que ver con las ayudas gubernamentales a las que alega tener derecho por su condici\u00f3n de desplazado y v\u00edctima del conflicto armado en Colombia. <\/p>\n
En lo atinente a la queja dirigida contra los tribunales de Justicia y Paz del pa\u00eds, neg\u00f3 la salvaguarda por cuanto el gestor no demostr\u00f3 haber elevado petici\u00f3n a alguna de dichas corporaciones, por lo que \u00abno [existe] evidencia de la violaci\u00f3n de las prerrogativas superiores alegadas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso quien manifest\u00f3 que le resulta \u00abinconcebible que en el sistema de bases de datos no aparezcan rastros ni trazabilidad del proceso [de] mi hijo Ever Enrique Anaya Miranda [\u2026] toda vez que, si bien es cierto no tengo conmigo documentos que evidencien las solicitudes que hiciera [\u2026] si aporto fotocopia de [\u2026] una certificaci\u00f3n del registro civil de defunci\u00f3n de mi hijo, de fecha 4 de noviembre de 2021, que expide la Fiscal\u00eda D\u00e9cima Local de Ungu\u00eda, Choc\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las corporaciones judiciales convocadas, lesionaron las garant\u00edas invocadas al no responder las peticiones elevadas por el actor en las cuales requiere informaci\u00f3n sobre el estado de la investigaci\u00f3n y\/o proceso que se adelanta por el homicidio de su hijo Ever Enrique Anaya Miranda, la cual, afirm\u00f3, se dio, \u00aben el marco del conflicto armado en Colombia\u00bb. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales. <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
3.1. En el sub examine no puede predicarse vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n, considerando que requerimientos como los que asevera haber elevado el precursor del amparo ante las autoridades demandadas, tienen v\u00ednculo intr\u00ednseco con el asunto judicial de su inter\u00e9s (investigaci\u00f3n que estar\u00eda a cargo de la fiscal\u00eda accionada y, seg\u00fan lo relatado, tendr\u00eda una eventual relaci\u00f3n con la competencia de los tribunales de justicia y paz) por lo que no resulta viable el presente mecanismo constitucional para dicha reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, no puede prosperar la demanda toda vez que el actor no se encuentra habilitado para pretender, mediante el escrito petitorio, que los accionados respondan sobre los interrogantes que aqu\u00ed plantea, en los t\u00e9rminos previstos y seg\u00fan lo establecido en la normativa que reglamenta la garant\u00eda supralegal aludida \u2013 art\u00edculo 14, Ley 1437 de 2011 \u2013 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015 \u2013; dicho de otra manera, no emerge afectaci\u00f3n de aqu\u00e9lla conforme los presupuestos generales de esa regulaci\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, los cuestionamientos sobre los casos sometidos a la competencia de un funcionario espec\u00edfico deben ser resueltos a trav\u00e9s de los procedimientos estatuidos, lo que quiere decir que la falta de aplicaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n previamente mencionada no constituye en el presente evento raz\u00f3n para conceder el amparo solicitado, como lo predic\u00f3 el tribunal a quo. <\/p>\n
3.2. No obstante lo anterior, si se permitiera invocar la referida prerrogativa para los fines perseguidos por el accionante, en consonancia con la primera instancia y de conformidad con lo indicado en estas diligencias por los tribunales convocados durante el traslado, la negativa del amparo se refuerza dado que, el actor no alleg\u00f3 con el escrito de tutela copia del memorial o memoriales respecto de los cuales demanda respuesta; es decir, no acredit\u00f3 presentaci\u00f3n de petici\u00f3n alguna ni tampoco especific\u00f3 ante cu\u00e1l autoridad la radic\u00f3, luego, no es posible requerirlas para que se pronuncien en sede constitucional sobre un asunto que no les ha sido expuesto. En un caso de similares contornos, esta Corte precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abno se discute que la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica es fundamental e implica la facultad de obtener respuesta pronta en condiciones id\u00f3neas por parte del destinatario de la reclamaci\u00f3n, empero, (\u2026) no demostr\u00f3 haber dirigido ninguna solicitud a los Ministerios vinculados (\u2026) la jurisprudencia ha manifestado que \u2018es preciso demostrar que la instituci\u00f3n accionada efectivamente recibi\u00f3 la solicitud del actor y su contenido, pues es claro que si no lleg\u00f3 a su conocimiento no pudo ser constre\u00f1ida para responderla y, por consiguiente, no tuvo siquiera la posibilidad de quebrantar o amenazar las garant\u00edas superiores invocadas\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2012, Rad. 00003-01, reiterada en STC2936-2014). <\/p>\n
En consecuencia, como no pudo establecerse la efectiva formulaci\u00f3n del pedimento, no cabe reprochar su falta de soluci\u00f3n, por lo que desacertado ser\u00eda conceder el resguardo por esa pretensi\u00f3n, como bien lo anot\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo. <\/p>\n
4. Conclusiones. <\/p>\n
4.1. Se impone la negativa de la salvaguarda dada la improcedencia del derecho petici\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
4.2. Al margen de la pertinencia de la petici\u00f3n, no se advierte la afectaci\u00f3n alegada en torno a dicha garant\u00eda conforme lo verificado en esta actuaci\u00f3n, pues el actor no acredit\u00f3 la presentaci\u00f3n de la solicitud a la que alude. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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