STC8882-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8882-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00853-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Cristian Fernando Cuervo Aponte contra la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, al no haber respondido las solicitudes que ante la misma ha elevado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en atenci\u00f3n a que \u00abel d\u00eda 23 de abril de 2022, desde las cuentas oficiales de Instagram y Facebook de la Corte Constitucional se realizaron unas publicaciones acerca de la convocatoria y selecci\u00f3n de judicantes ad honorem en la corporaci\u00f3n\u00bb, a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico all\u00ed indicada \u00abel d\u00eda 04 de mayo de 2022 elev\u00e9 derecho de petici\u00f3n (\u2026), con el \u00e1nimo de obtener informaci\u00f3n respecto al [referido] proceso de selecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abal d\u00eda de hoy [28 de junio de 2022] la autoridad judicial no ha respondido la solicitud que le fue elevada ni tampoco se ha pronunciado respecto a los interrogantes formulados, tanto es as\u00ed que la petici\u00f3n ni siquiera fue recibida ni tampoco registrada en una plataforma para verificar su tr\u00e1mite, es as\u00ed que ya se encuentra vencido el t\u00e9rmino legal para dar una respuesta desde el momento en que fue presentada\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende se proceda a \u00abconminar a la Corte Constitucional para que brinde una respuesta inmediata, completa y de fondo a los asuntos solicitados en la petici\u00f3n instaurada\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La presidenta de la Corte Constitucional inform\u00f3 que la petici\u00f3n en comento, \u00abfue recibida a trav\u00e9s del buz\u00f3n laboral el 04 de mayo de 2022\u00bb, frente a la cual ese despacho \u00abprocedi\u00f3 a generar una respuesta\u00bb que el \u00ab1\u00b0de julio de 2022\u00bb fue remitida al correo electr\u00f3nico del requirente, \u00abinform\u00e1ndole sobre el proceso de selecci\u00f3n de los judicantes ad honorem en este Tribunal\u00bb. Por lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que en este caso \u00abse configur\u00f3 el fen\u00f3meno de la carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si la Corte Constitucional vulner\u00f3 el derecho fundamental de petici\u00f3n invocado por el accionante, en relaci\u00f3n con la solicitud que radic\u00f3 el 4 de mayo de 2022, dirigida a obtener informaci\u00f3n para participar en el proceso de judicatura ad honorem convocado por esa Corporaci\u00f3n <\/p>\n
2. Del derecho de petici\u00f3n y en particular del invocado ante autoridades judiciales. <\/p>\n
Esta prerrogativa est\u00e1 concebida en el art\u00edculo 23 de la Carta Magna con la categor\u00eda de fundamental, en la medida que se garantiza a toda persona para que se dirija ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener, sin sujeci\u00f3n al sentido, respuesta oportuna y de fondo a la cuesti\u00f3n que por ese medio se le plantea. Al respecto, se ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el derecho de petici\u00f3n \u201cno s\u00f3lo implica la potestad de elevar peticiones respetuosas a las autoridades; envuelve adem\u00e1s la necesidad de que se brinde una respuesta adecuada y oportuna -que no formal ni necesariamente favorable- dentro del marco de imparcialidad, eficacia y publicidad que caracteriza al Estado Social de Derecho… El derecho de petici\u00f3n supone para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u201d (Ver, entre otras, Sentencias de 31 de octubre de 1997, 8 de mayo de 2000 y 28 de septiembre de 2004)\u00bb (CSJ STC, 10 dic. 2012, rad. 00120-01, citada entre otras en STC863-2021, 5 feb. 2021, rad. 00352-01). Se subraya. <\/p>\n
Atinente a las peticiones ante los jueces, desde el precedente constitucional contenido en la sentencia T-290 de 1993, esta Corte ha reiterado que, en principio, su tratamiento no se sujeta a los t\u00e9rminos consagrados para las peticiones de car\u00e1cter administrativo, puesto que su invocaci\u00f3n para que el juez haga o deje de hacer determinada actuaci\u00f3n dentro de la actividad jurisdiccional, o para que impulse y resuelva el asunto bajo su conocimiento, \u00abse rigen por principios, reglas y normas determinadas previamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes y c\u00f3digos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, especialidad y procedimiento a las cuales deba sujetarse el conflicto, los cuales deben ser acatados por el juez y los intervinientes\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2004, rad. 00012-01), y que la desatenci\u00f3n a esos deberes y obligaciones implica vulnerar las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Empero, si la naturaleza de la petici\u00f3n var\u00eda, la afectaci\u00f3n de ese derecho s\u00ed podr\u00eda tener cabida, en tanto que, a los jueces \u00abs\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n (\u2026), cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000, exp. T-4822 y T-4867)\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 01784-01, citada, entre otras, en STC1544-2019, 14 feb. 2019, rad. 00464-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la presente queja, la Sala denegar\u00e1 el resguardo deprecado, toda vez que, en raz\u00f3n a la respuesta proporcionada por la autoridad convocada, en este asunto se evidencia una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
La situaci\u00f3n en comento surge porque ya se solucion\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n endilgada a la Corte Constitucional, en la medida en que la petici\u00f3n que elev\u00f3 el demandante el 4 de mayo de 2022, a fin de que fueran respondidas sus inquietudes sobre la convocatoria p\u00fablica para realizar la judicatura ad honorem en dicha colegiatura, el 1\u00b0 de julio de 2022 fue resuelta y comunicada al interesado a trav\u00e9s del mismo canal electr\u00f3nico por \u00e9l utilizado para formularla. <\/p>\n
En efecto, dan cuenta las piezas procesales adosadas al expediente que los interrogantes presentados por el peticionario, fueron: \u00ab1. \u00bfCu\u00e1les son los criterios espec\u00edficos y concretos de evaluaci\u00f3n y los par\u00e1metros por los cuales miden a los estudiantes que van a seleccionar como judicantes?; 2. \u00bfExiste alg\u00fan tipo de prueba escrito u oral acerca de evaluaci\u00f3n de conocimientos y, de ser as\u00ed, c\u00f3mo es dicha prueba, de cu\u00e1ntas preguntas consta y acerca de que tem\u00e1ticas particulares se pregunta?; y, 3. \u00bfExiste prueba de entrevista, cu\u00e1l es la metodolog\u00eda y qu\u00e9 clase de indagaciones se realizan?\u00bb. <\/p>\n
Y a ellos, la respuesta consisti\u00f3 en que \u00abla Corte Constitucional realiza el proceso de selecci\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos n\u00fameros PS PSAA10- 75433 y PSAA12-9338 de 20124 del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, y que \u00abdentro de los requisitos m\u00ednimos exigidos para poder realizar la judicatura, los precitados acuerdos establecen: <\/p>\n
\u2022 Esta actividad la puede ejercer el egresado de la facultad de derecho una vez haya cursado y aprobado la totalidad de las materias que integran el plan de estudios, cualquiera que sea la naturaleza o denominaci\u00f3n. <\/p>\n
\u2022 El proceso se enmarca en el desempe\u00f1o y cumplimiento acad\u00e9mico relacionado con las \u00e1reas del derecho aplicadas a las funciones de la Corte Constitucional. <\/p>\n
\u2022 Se tiene en cuenta factores como el inter\u00e9s en el tema de derechos humanos y fundamentales, y el acercamiento que han tenido a los mismos. <\/p>\n
\u2022 En los casos en que el egresado no haya aprobado el proceso de selecci\u00f3n dentro de un Despacho, se informa a Coordinaci\u00f3n Administrativa para que tengan en cuenta nuevamente la hoja de vida para postularlo para las pr\u00f3ximas vacantes. <\/p>\n
Por otra parte, el numeral 4 del art\u00edculo 131 de la Ley 270 de 1996, dispone lo siguiente: <\/p>\n
ART\u00cdCULO 131. AUTORIDADES NOMINADORAS DE LA RAMA JUDICIAL. Las autoridades nominadoras de la Rama Judicial, son: <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u201c4. Para los cargos del despacho de los Magistrados: El respectivo Magistrado.\u201d <\/p>\n
Con base en la norma transcrita, en los nueve despachos de este Tribunal, el magistrado titular es quien funge como autoridad nominadora, otorg\u00e1ndole la misma ley la discrecionalidad para la elecci\u00f3n de los miembros del equipo. Es as\u00ed, como cada despacho maneja unos lineamientos particulares para el proceso de selecci\u00f3n de los judicantes ad-honorem\u201d\u00bb. <\/p>\n
En las circunstancias descritas, por cuanto la autoridad convocada acredit\u00f3 haber atendido la petici\u00f3n cuya inobservancia motiv\u00f3 la reclamaci\u00f3n, resolvi\u00e9ndola de fondo y de manera congruente durante el decurso de la presente salvaguarda -admitida y notificada el 1\u00b0 de julio de 2022-, deviene inviable lo pretendido por el actor, ya que se est\u00e1 ante una situaci\u00f3n de carencia actual de objeto por hecho superado, figura jur\u00eddica que con fundamento en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia. <\/p>\n
Ciertamente, sobre el particular se ha se\u00f1alado que \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en tr\u00e1mite la demanda tutelar \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Sala ha sostenido que \u00absi la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01, citada entre otras en STC9847-2021, 5 ago. 2021, rad. 00170-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se desestimar\u00e1 el auxilio implorado, toda vez que las circunstancias descritas como vulneradoras de las prerrogativas invocadas, fueron superadas durante el diligenciamiento de esta acci\u00f3n y por ello no se justifica la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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