STC8884-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8884-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02141-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson Arias Castro contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2018-00005. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos -de primera y segunda instancia- de 27 de julio y 9 de noviembre de 2021, mediante las cuales los juzgadores encartados denegaron la solicitud de nulidad que \u00e9l promovi\u00f3, con miras a que se excluyera del acervo probatorio un dictamen pericial respecto del cual, seg\u00fan lo dijo, no se le permiti\u00f3 ejercer su derecho de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto dichos prove\u00eddos y que, en su lugar, se ordene excluir el mencionado elemento probatorio. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La magistratura accionada dijo atenerse a las resultas de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar la desestimaci\u00f3n de la solicitud de nulidad formulada por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia de primera instancia, fue la dictada por su superior jer\u00e1rquico funcional la que defini\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal confirm\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la solicitud de nulidad elevada por el convocante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00aben el caso concreto, encuentra esta Colegiatura que la parte ejecutante, mediante escrito del 4 de junio del a\u00f1o que avanza, alleg\u00f3 el aval\u00fao comercial del bien inmueble ubicado en la carrera 8 n\u00ba 14-154 del municipio del Guamo, el cual se encuentra identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 360-17336 de la O.R.I.P. de la misma localidad. <\/p>\n
Posteriormente, en escrito del 9 de julio del a\u00f1o que avanza, el curador ad litem del extremo pasivo solicit\u00f3 la nulidad que convoca la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, petici\u00f3n que fue denegada a trav\u00e9s de auto del 27 de julio de 2021. <\/p>\n
Ahora bien, al confrontar el sustento normativo que regula la materia, con el fundamento f\u00e1ctico a que se ha hecho menci\u00f3n, encuentra esta Corporaci\u00f3n que la alzada propuesta deber\u00e1 ser confirmada, en consideraci\u00f3n a que la causal invocada por el recurrente como vicio que invalida la actuaci\u00f3n judicial, no se encentra expresamente se\u00f1alada por nuestra norma procesal, de manera que atendiendo el principio de taxatividad, se evidencia que el apelante se encontraba en el deber de ajustar sus argumentos dentro de alguna de las causales expresamente se\u00f1aladas por el legislador en el estatuto procesal general, so pena de ser rechazados, como ocurre en el caso sometido a examen, dado que la presunta ausencia de traslado del aval\u00fao comercial no constituye una de las causales expresamente enlistadas para nulitar el proceso y por esta raz\u00f3n los se\u00f1alamientos del extremo pasivo deben ser despachados de forma desfavorable. <\/p>\n
Y se impone precisar que, los traslados que se cumplen en la secretaria por disposici\u00f3n del art\u00edculo 110 del C.G.P. o por mandato de cualquier otra norma que por remisi\u00f3n se aplique, sea el tr\u00e1mite escritural o virtual, seg\u00fan lo se\u00f1ala el Decreto 806 de 2020, tiene siempre una funci\u00f3n de enterar a los intervinientes de su contenido, fin que irradia al traslado especial de que habla el art\u00edculo 444 ibidem, consagrado para el caso de las acciones ejecutivas, en donde de manera expresa se\u00f1ala la norma que el traslado del aval\u00fao tiene como fin que, \u201clos interesados presenten sus observaciones\u201d; esto es, el contenido del aval\u00fao se publicita mediante el traslado para que puedan los intervinientes observarlo si a bien lo tienen. Ac\u00e1, se cumpli\u00f3 tanto la forma como su contenido, solo que no encontr\u00f3 reparo alguno por quienes ten\u00edan legitimidad para reprocharlo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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