STC8885-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8885-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01269-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 22 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Carolina P\u00e9rez Montoya y William G\u00f3mez Jim\u00e9nez contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n y 16 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n, ambos de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, que dicen vulnerada por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidieron que \u00abse revoque[n] las decisiones [criticadas]\u00bb y, en su lugar, \u00abse declare la nulidad absoluta de todo lo actuado con anterioridad al 26 de junio de 2008\u00bb en el juicio objeto de censura constitucional. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Sparta Propiedad Horizontal formul\u00f3 acci\u00f3n ejecutiva contra Carolina P\u00e9rez Montoya y William G\u00f3mez Jim\u00e9nez, con la finalidad de obtener el pago de las cuotas de administraci\u00f3n adeudadas, en su condici\u00f3n de propietarios de uno de los inmuebles que conformaban dicha copropiedad. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo del 7 de febrero de 2008, se libr\u00f3 mandamiento de pago y, una vez notificados los enjuiciados, sin que comparecieran al rito, se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n con decisi\u00f3n del 21 de octubre de 2008. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, el 5 de agosto de 2019, los ejecutados solicitaron la nulidad de todo lo actuado, por \u00abindebida notificaci\u00f3n\u00bb, que fue rechazada de plano con auto de 20 de noviembre de 2019, respecto a William G\u00f3mez Jim\u00e9nez, determinaci\u00f3n que aquel recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n con providencia del 3 de febrero de 2020, con la que, adem\u00e1s, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
2.4. Frente a esa \u00faltima decisi\u00f3n, los enjuiciados formularon reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, siendo desechado el primero de esos recursos con auto de 22 de julio de 2020. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2020, se neg\u00f3 la nulidad que invoc\u00f3 Carolina P\u00e9rez Montoya y, de otro lado, con auto de esa misma fecha, se declar\u00f3 desierta la queja que se formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n de 3 de febrero de 2020, que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n, decisiones que censuraron en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, los demandados. <\/p>\n
2.6. Mediante autos de 19 de noviembre de 2020, se desestimaron las reposiciones y se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de las alzadas. <\/p>\n
2.7. Frente a la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n, que se interpuso contra el auto que desestim\u00f3 la nulidad que propuso Carolina P\u00e9rez Montoya, la parte ejecutada formul\u00f3 reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, siendo desechado el primero de esos recursos con providencia del 16 de diciembre de 2020 y, el segundo, con decisi\u00f3n del 24 de enero de los corrientes. <\/p>\n
2.8. En s\u00edntesis, expresaron los gestores del resguardo que se rechaz\u00f3 de plano la nulidad que formul\u00f3 William G\u00f3mez Jim\u00e9nez, \u00abargument\u00e1ndose que como se hab\u00edan pedido las copias ya se hab\u00eda ejercido una actuaci\u00f3n\u00bb, sin tener en cuenta que \u00ablas copias\u2026 [se requer\u00edan] para poder sustentar en debida forma la nulidad que se ve\u00eda venir por la indebida notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.9. De otro lado, destacaron que se desestim\u00f3 la invalidez que invoc\u00f3 Carolina P\u00e9rez Montoya, a pesar de que las pruebas allegadas demostraban la configuraci\u00f3n del vicio denunciado; y que el juzgado del circuito accionado \u00abdecide que el recurso de apelaci\u00f3n fue atinadamente negado en la medida de que estamos frente a un proceso de \u00fanica instancia\u00bb, desconociendo que \u00abla obligaci\u00f3n econ\u00f3mica reclamada y aprobada [con] providencia de\u2026 17 de septiembre de 2020 asciende a\u2026 m\u00e1s de $259.697.564,17\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 resalt\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n que se intenta censurar por esta v\u00eda no comporta una actuaci\u00f3n arbitraria\u2026, por el contrario, la misma goza de presunci\u00f3n de acierto\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 16 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de esta ciudad precis\u00f3 que \u00ablas actuaciones desplegadas por esta oficina no merecen ning\u00fan reproche y, por tanto, no constituyen amenaza de ning\u00fan derecho fundamental del actor constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por cuanto, en lo que ata\u00f1e a William G\u00f3mez Jim\u00e9nez, \u00abel accionante no satisfizo el requisito de inmediatez\u00bb, comoquiera que \u00abcircunscribe la vulneraci\u00f3n de sus derechos a las providencias que negaron la nulidad por las supuestas irregularidades en su notificaci\u00f3n, decisiones que fueron emitidas, el 20 de noviembre y 16 de diciembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, respecto al resguardo que inco\u00f3 Carolina P\u00e9rez Montoya, destac\u00f3 que las decisiones criticadas \u00abno se advierten antojadizas, porque se tomaron atendiendo a las normas procesales consagradas para la materia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiteraron sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar la decisi\u00f3n que desestim\u00f3 la petici\u00f3n invalidatoria que elevaron, al considerar que \u00abest\u00e1 plenamente demostrado en el proceso y es irrefutable que\u2026 no [estaban] en Colombia para el 2008 cuando supuestamente se [les] notific\u00f3 personalmente y por aviso en [su] apartamento de la existencia [del] proceso\u2026\u00bb criticado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se advierte que los recurrentes cuestionaron: (i) el auto de 20 de noviembre de 2019, que rechaz\u00f3 de plano la petici\u00f3n invalidez que elev\u00f3 William G\u00f3mez Jim\u00e9nez; y (ii) el prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2020, que desestim\u00f3 la nulidad que invoc\u00f3 Carolina P\u00e9rez Montoya. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, en lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, por las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n
En primer lugar, se advierte que, si bien Carolina P\u00e9rez Montoya y William G\u00f3mez Jim\u00e9nez presentaron en un solo escrito su petici\u00f3n de nulidad, lo cierto es que el juzgado municipal accionado decidi\u00f3 la situaci\u00f3n de cada uno de ellos con providencias diferentes. <\/p>\n
As\u00ed, en lo que ata\u00f1e a G\u00f3mez Jim\u00e9nez resolvi\u00f3, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 20 de noviembre de 2019, rechazar de plano la solicitud invalidatoria, al considerar que el vicio alegado fue saneado por dicho interviniente; mientras que del reclamo de P\u00e9rez Montoya se corri\u00f3 traslado con auto de esa misma fecha y, tras agotarse el tr\u00e1mite correspondiente, se neg\u00f3 la nulidad invocada con providencia de 17 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Entonces, no cabe duda de que la invalidez que esgrimi\u00f3 G\u00f3mez Jim\u00e9nez fue resuelta de plano con el prenotado auto de 20 de noviembre de 2019, decisi\u00f3n que la parte enjuiciada censur\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, siendo desestimado el primero de esos recursos con auto del 3 de febrero de 2020 con el que, adem\u00e1s, se neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
Adicionalmente, advierte la Sala que la determinaci\u00f3n que neg\u00f3 la alzada fue atacada en reposici\u00f3n y queja, siendo desechado el primero de esos medios de impugnaci\u00f3n con prove\u00eddo del 22 de julio de 2020, mientras que el segundo se declar\u00f3 desierto con auto del 17 de septiembre de 2020. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se evidencia que la citada determinaci\u00f3n de declarar desierta la queja, fue nuevamente atacada por la parte enjuiciada, a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y queja, resolviendo el juzgado accionado, mediante providencia del 19 de noviembre de 2020, no reponer la decisi\u00f3n atacada y negar la concesi\u00f3n de la alzada. <\/p>\n
En este orden de ideas, se tiene que el \u00faltimo de los prove\u00eddos que se dict\u00f3, relacionado con la petici\u00f3n de invalidez que formul\u00f3 William G\u00f3mez Jim\u00e9nez, data del 19 de noviembre de 2020. <\/p>\n
Entonces, desde la data de la \u00faltima de las actuaciones rese\u00f1adas (19 de noviembre de 2020) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 15 de junio de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En este punto, cabe agregar que, como qued\u00f3 expuesto en antelaci\u00f3n, las peticiones invalidatorias que elevaron los tutelantes, a pesar de presentarse en un solo escrito, fueron resueltas con providencias distintas, de ah\u00ed que el plazo para presentar el resguardo se cuente de manera diferente para cada uno de ellos. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mem\u00f3rese que, sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
4. Respecto a la queja que elev\u00f3 Carolina P\u00e9rez Montoya, la cual cumple con el presupuesto de inmediatez, atendiendo que la \u00faltima de las decisiones relacionadas con su petici\u00f3n invalidatoria se dict\u00f3 el 24 de enero de estas calendas1, el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 17 de septiembre de 2020, que desestim\u00f3 la prenotada nulidad, no luce arbitraria, comoquiera que el juzgado criticado explic\u00f3 las razones por las que no encontraba configurada la irregularidad que se aleg\u00f3 como soporte de dicho pedimento, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 verificando los argumentos de la solicitud de nulidad, consistentes en que la demandada Carolina P\u00e9rez Montoya y su n\u00facleo familiar, tras ser v\u00edctimas del conflicto interno de Colombia, abandonaron el pa\u00eds desde el 7 de diciembre de 2002 para refugiarse en los Estados Unidos de Am\u00e9rica por 10 a\u00f1os, encuentra el despacho de entrada, que la falta de prueba suficiente, impide la prosperidad de su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, si bien la copia de la p\u00e1gina 5 de su anterior pasaporte\u2026, ense\u00f1a que efectivamente\u2026 P\u00e9rez Montoya sali\u00f3 de Colombia el 7 de diciembre de 2002\u2026, esta prueba por s\u00ed sola no cuenta con la virtud para demostrar la calidad de refugiada alegada y su no retorn\u00f3 al pa\u00eds hasta el a\u00f1o 2014, por cuanto no indica el destino internacional de la demanda y no es la probanza pertinente sobre su larga estad\u00eda en los Estados Unidos de Am\u00e9rica. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que no fue aportada la copia de la totalidad del pasaporte, por lo que se dificulta el despacho confirmar que su viaje ten\u00eda como destino el norte del continente y que luego del 7 de diciembre de 2002 y hasta el 13 de marzo de 2014, aquella no reingres\u00f3 a Colombia. <\/p>\n
Adem\u00e1s de ello, la circunstancia de obrar un sello de migraci\u00f3n en el mentado pasaporte en junio 12 del a\u00f1o 2002 con regreso el 7 de noviembre siguiente, hace presumir al juzgado que la demandada de forma habitual sal\u00eda de Colombia hacia otros pa\u00edses, por lo que las supuestas amenazas en contra del n\u00facleo familiar, de las que no trajo probanza, no se muestra c\u00f3mo la causa m\u00e1s probable por la que emigr\u00f3 nuevamente al cabo de un mes, el 7 de diciembre de 2002, y por la que indudablemente no hubiera regresado. <\/p>\n
Finalmente, en lo que respecta al conocimiento que tanto los vecinos como la administraci\u00f3n de la copropiedad ten\u00edan sobre la lamentable ausencia que denuncia, baste con se\u00f1alar que se echan de menos los medios probatorios que as\u00ed lo indiquen y por lo tanto este argumento tampoco contribuye en el estudio de la nulidad deprecada\u2026 <\/p>\n
Posteriormente, el a quo accionado, en el auto de 19 de noviembre de 2020, que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n que se formul\u00f3 frente al citado prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2020, agreg\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 en primer lugar, se advierte que el recurso de reposici\u00f3n carece de motivaci\u00f3n que permita resolver de fondo, en raz\u00f3n a que si bien se encamina la inconformidad contra la decisi\u00f3n de la nulidad, sus argumentos se soportan en que el juzgado omiti\u00f3 pronunciarse sobre las pruebas denominadas \u201cde oficio\u201d que solicit\u00f3 desde el planteamiento de la indebida notificaci\u00f3n, omiti\u00e9ndose, sin justificaci\u00f3n alguna, que en prove\u00eddo de julio 22 de 2020\u2026, el juzgado deneg\u00f3 el decreto de tales probanzas tras haberse desconocido por la interesada los postulados del art\u00edculo 43 numeral 4 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Conforme las piezas procesales que componen el asunto, el auto en coment\u00f3 no fue objeto de censura por los extremos procesales, quedando, en consecuencia, en firme la decisi\u00f3n; por lo que no es de recibo que la recurrente atribuya a este despacho falta de prudencia y atenci\u00f3n al momento de resolver la nulidad y pretenda debatir cuestiones resueltas en providencias anteriores, cuando por descuido o por desinter\u00e9s, dej\u00f3 de desplegar los recursos de ley en la oportunidad que era procedente. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior y como segundo punto, se recuerda que el art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso enuncia que el juez debe abstenerse de ordenar la pr\u00e1ctica de pruebas que, directamente o por medio de derecho de petici\u00f3n, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo que la petici\u00f3n no hubiese sido atendida, lo que deber\u00e1 acreditarse sumariamente. <\/p>\n
Al respecto, basta con observar que los documentos tra\u00eddos por la libelista, aquella en ning\u00fan momento solicit\u00f3 a Migraci\u00f3n Colombia y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica\u2026, la informaci\u00f3n que consideraba necesaria para demostrar los argumentos de la nulidad planteada, lo cual oblig\u00f3 a este despacho tomar la decisi\u00f3n basado en las pruebas tra\u00eddas, dando lugar a su denegaci\u00f3n, pues de aquellas no se pudo denotar que se hubiere configurado una indebida notificaci\u00f3n a\u2026 Carolina P\u00e9rez Montoya. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el despacho judicial cuestionado valor\u00f3 las pruebas arrimadas con la petici\u00f3n de nulidad y concluy\u00f3 que resultaban insuficientes para demostrar la indebida notificaci\u00f3n alegada, lo que determinaba su improsperidad. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 A trav\u00e9s de dicha providencia se resolvi\u00f3 la queja que se formul\u00f3 contra la decisi\u00f3n que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n que se interpuso contra el auto que neg\u00f3 la nulidad que inco\u00f3 Carolina P\u00e9rez Montoya. <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8885-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8885-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01269-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 22 de junio de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65228","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65228","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65228"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65228\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65228"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65228"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65228"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}