STC8888-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC8888-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00653-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 21 de abril de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 la Asociaci\u00f3n de Usuarios del Distrito de Adecuaci\u00f3n de Tierras de Gran Escala del R\u00edo Salda\u00f1a (USOSALDA\u00d1A) contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, defensa, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abverdad y justicia\u00bb, que dice vulneradas por la autoridad judicial accionada, por lo que solicit\u00f3 \u00abse revoque el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Laboral, el\u2026 13 de diciembre de 2016 y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala De Descongesti\u00f3n Laboral, de\u2026 25 de agosto de 2021, que decidi\u00f3 no casar la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Francisco Javier Marulanda Ocampo promovi\u00f3 acci\u00f3n laboral contra USOSALDA\u00d1A con la finalidad de que se declarara \u00abineficaz\u00bb la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo que lo vinculaba con la demandada, en consecuencia, se ordenara su reintegro al cargo que desempe\u00f1aba, junto al pago de las prestaciones correspondientes. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 11 de diciembre de 2015, se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo revocada con providencia del 13 de diciembre de 2019, para en su lugar, acceder a las s\u00faplicas del libelo. <\/p>\n
2.3. Frente a ese fallo la enjuiciada interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con determinaci\u00f3n del 25 de agosto de 2021. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que las sedes judiciales acusadas \u00abdesconocieron el contenido del art\u00edculo 232 de la ley 222 de 1995 y se apart\u00f3 de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral\u00bb; y que \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n Laboral no ten\u00eda la competencia para fallar en los t\u00e9rminos que se hicieron, al desconocerse el art\u00edculo 2, par\u00e1grafo, inciso segundo de la ley 1781 de 2016\u00bb, porque, para la resoluci\u00f3n del caso, se deb\u00eda \u00abcrear una nueva jurisprudencia\u00bb, por lo que s\u00f3lo ten\u00eda \u00abcompetencia para devolver expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral [permanente]\u00bb. <\/p>\n
2.5. Finalmente, agreg\u00f3 que el juez de casaci\u00f3n \u00abno resolvi\u00f3 el recurso [extraordinario] en forma concreta y referida a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 232 de la ley 222 de 1995\u2026, por lo que se est\u00e1 coartando el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al dar aplicaci\u00f3n a una norma que no tienen nada que ver con el caso\u2026, como es el art\u00edculo 8 del decreto 2351 de 1965\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia dijo remitirse \u00aba las consideraciones expuestas en la sentencia [atacada]\u00bb y pidi\u00f3 negar el resguardo, toda vez que \u00abno se ha incurrido en la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales aludidos\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada, por cuanto \u00abverificado el contenido de la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral -Sala de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 -, se constata que contiene argumentos razonables, con una postura fundada en una ponderaci\u00f3n jur\u00eddica y probatoria, propia de la adecuada actividad judicial\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 en ning\u00fan momento se est\u00e1 discutiendo el contenido de la decisi\u00f3n judicial tomada dentro del proceso laboral, lo que se solicit\u00f3 es que se d\u00e9 un pronunciamiento en cuanto a la falta de competencia del Tribunal Superior, Sala Laboral de Ibagu\u00e9 y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Descongesti\u00f3n, al haber desconocido el contenido del art\u00edculo 232 de la ley 222 de 1995 y se apart\u00f3 de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abno existe un pronunciamiento en cuanto a lo planteado de la falta de competencia de la Sala de Descongesti\u00f3n, para cambiar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al desconocer el art\u00edculo 2, par\u00e1grafo, inciso segundo de la ley 1781 de 2016\u2026\u00bb; y que dicho ente judicial \u00abaplic\u00f3 el art\u00edculo 8 del decreto 2351 de 1965, que no era procedente hacerlo al caso en concreto, ya que no se trata de un trabajador que llevar\u00e1 10 a\u00f1os o m\u00e1s al servicio de USOSALDA\u00d1A\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, advierte la Sala que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que la sentencia de casaci\u00f3n cuestionada, que puso fin al tr\u00e1mite acusado, data del 25 de agosto de 2021, notificada a los intervinientes el 23 de septiembre de esas mismas calendas. <\/p>\n
Entonces, desde la fecha de notificaci\u00f3n de esa providencia (23 de septiembre de 2021) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 25 de marzo de 2022, transcurrieron m\u00e1s de 6 meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Sobre el requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01) <\/p>\n
3. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones aqu\u00ed expuestas, sin que se imponga analizar de fondo la situaci\u00f3n planteada, porque el incumplimiento del presupuesto de inmediatez impide tal estudio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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