STC8890-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8890-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02162-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Cotty Morales Caama\u00f1o contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas esenciales del debido proceso e igualdad, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada en el curso de la acci\u00f3n popular que Gerardo Herrera inici\u00f3 contra la Distribuidora Imagen y Belleza (rad. n.\u00ba 2021-00214), porque, en su criterio, pese a las manifestaciones que realiz\u00f3 ante los estrados cognoscentes \u2013en su calidad de coadyuvante\u2013, sobre la falta de acceso al expediente digital, no se solucion\u00f3 esa irregularidad, de modo que \u00abno se tuvo una potestad correctiva, se omiti\u00f3 el planteamiento de saneamiento del proceso en el sentido de procurar la comunicaci\u00f3n y acceso al expediente completo que fue solicitado de manera reiterada, para obtener la garant\u00eda efectiva de la informaci\u00f3n de sus elementos\u00bb. <\/p>\n
2. En tal virtud, pidi\u00f3 que: (i) \u00abse proteja el derecho a la informaci\u00f3n a los elementos del expediente, la comunicaci\u00f3n completa de las provisiones de la acci\u00f3n y se garanticen, desde esa funci\u00f3n de medio, los derechos fundamentales consiguientes al debido proceso, al derecho de defensa, al principio de contradicci\u00f3n y el de segunda instancia\u00bb y (ii) \u00abse rectifique el tr\u00e1mite del proceso desde la presencia de la omisi\u00f3n de la informaci\u00f3n y las comunicaciones para acceder al expediente de manera universal, social p\u00fablica, general y comunitaria, o antes, si se verifica que ocurri\u00f3 para cualquiera otra persona, con y sin discapacidades\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira inform\u00f3 que el proceso fue devuelto al despacho de origen. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal aport\u00f3 copia del enlace de acceso al expediente digitalizado. <\/p>\n
3. El magistrado sustanciador del tribunal ad quem enfatiz\u00f3 en que \u00abpido se niegue por inexistencia de vulneraci\u00f3n respecto a (1) La desestimaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n adhesiva porque en la decisi\u00f3n no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho; y, sobre (2) La falta de acceso al expediente digitalizado la interesada, ha omitido solicitar a la Secretar\u00eda que compartiera en enlace respectivo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de la referencia (rad. n.\u00ba 2021-00214), en la cual la aqu\u00ed actora interviene como coadyuvante, por, supuestamente, no garantizarle el acceso al expediente y, de esta forma, impedirle el adecuado ejercicio de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado que, para el efecto, es necesario: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Revisadas las diligencias, advierte la Sala que habr\u00e1 de declararse la inviabilidad del resguardo, comoquiera que, de las circunstancias se\u00f1aladas por la memorialista, no se puede colegir actualmente la amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales invocadas, ni la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable, de tal forma que se habilitase la interposici\u00f3n del amparo, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, n\u00f3tese que lo pretendido con este mecanismo es que se conmine a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira a que garantice el acceso al expediente digital de la acci\u00f3n popular en la que interviene como coadyuvante la aqu\u00ed libelista (rad. n.\u00ba 2021-00214), porque, en su criterio, pese a los requerimientos que habr\u00eda hecho sobre el particular, esto no ha sido posible, lo que afectar\u00eda garant\u00edas fundamentales derivadas del debido proceso \u2013especialmente las de defensa, contradicci\u00f3n y \u00abposibilidad de segunda instancia\u00bb\u2013. <\/p>\n
No obstante, pese a la supuesta anomal\u00eda, la promotora ha comparecido a ese decurso a trav\u00e9s de apoderado judicial, formulando recursos frente a diversos prove\u00eddos expedidos tanto en primera como en segunda instancia, los cuales han surtido el tr\u00e1mite pertinente, por lo que, en ese contexto, no se desprende que, ciertamente, se haya suscitado la imposibilidad de ejercer sus prerrogativas en esa acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3.2. De otra parte, en lo que respecta a la pretensi\u00f3n de que \u00abse rectifique el tr\u00e1mite del proceso desde la presencia de la omisi\u00f3n de la informaci\u00f3n y las comunicaciones para acceder al expediente de manera universal, social p\u00fablica, general y comunitaria, o antes, si se verifica que ocurri\u00f3 para cualquiera otra persona, con y sin discapacidades\u00bb, es decir, que se invalide lo adelantado en ese asunto, dada la avizorada deficiencia, tambi\u00e9n se evidencia la inviabilidad del auxilio, en raz\u00f3n de la pretermisi\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, en la modalidad de incuria. <\/p>\n
Lo anterior, porque la interesada no acredit\u00f3 haber formulado ninguna defensa espec\u00edfica sobre el particular (v. gr., la presentaci\u00f3n oportuna de eventuales \u00abnulidades\u00bb por la supuesta falta de enteramiento o comunicaci\u00f3n id\u00f3nea de las actuaciones referidas en el escrito inicial, aun cuando, se itera, compareci\u00f3 proponiendo recursos frente a diversos prove\u00eddos, incluso despu\u00e9s de proferido el fallo del ad quem), con lo que desperdici\u00f3 la oportunidad que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para conjurar las inconsistencias endilgadas al sub-lite, pues el tr\u00e1mite ya finaliz\u00f3 con la expedici\u00f3n de la providencia de segundo grado. <\/p>\n
En lo relativo a esta tem\u00e1tica, la Corte ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01). <\/p>\n
3.3. En consecuencia, la prenotada omisi\u00f3n en el uso de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por la censora, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente de la interesada, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, se declarar\u00e1 la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela propuesta por Cotty Morales Caama\u00f1o, comoquiera que, actualmente, no se acredit\u00f3 la existencia de una amenaza o vulneraci\u00f3n de las prerrogativas reclamadas; aunado a que, como lo tiene planteado esta Corporaci\u00f3n, \u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, -como aqu\u00ed ocurri\u00f3-, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas\u00bb (CSJ STC5048-2018, 19 abr.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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