STC8896-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8896-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00873-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 18 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Carlos Alberto Jaramillo Mesa y Gerardo Antonio Arango Lalinde instauraron en contra de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderado, exigieron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abseguridad social\u00bb, \u00abasociaci\u00f3n sindical\u00bb, \u00abnegociaci\u00f3n colectiva\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abfavorabilidad\u00bb, \u00ablegalidad y fuerza vinculante del precedente judicial\u00bb, para que se ordenara dejar sin efectos el veredicto emitido el 31 de mayo de 2021 (SL2305). <\/p>\n
En compendio, adujeron que el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medell\u00edn desestim\u00f3 las pretensiones en el pleito n\u00ba 2014-01188 que junto con cinco (5) personas m\u00e1s promovieron contra Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n acordada en el art\u00edculo 25 de la Convenci\u00f3n Colectiva de trabajo suscrita entre aquella y SINTRAISA (1994-1996), por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos; determinaci\u00f3n que el superior convalid\u00f3 (22 ag. 2016). <\/p>\n
Manifestaron que formularon recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero la Magistratura acusada no quebr\u00f3 la directriz del ad quem (31 may. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, despu\u00e9s, el juzgado repuso el auto de 21 de septiembre de 2021 mediante el cual liquid\u00f3 las costas procesales (4 oct.), decisi\u00f3n que recurrieron y asimismo solicitaron la \u201cnulidad parcial\u201d, sin embargo, neg\u00f3 ambas rogativas (9 feb. 2022). <\/p>\n
Indicaron que frente al \u00faltimo prove\u00eddo elevaron \u201crecurso de apelaci\u00f3n\u201d y a la fecha, no se ha resuelto. <\/p>\n
Tildaron de irregular la sentencia expedida por la Colegiatura querellada -31 may. 2021-, puesto que quebrant\u00f3 el \u201cprincipio de favorabilidad o in dubio pro operario en materia laboral\u201d, teniendo en cuenta que \u201cen caso de conflicto o duda sobre la aplicaci\u00f3n de normas vigentes, prevalece la m\u00e1s favorable al trabajador\u201d; adem\u00e1s, desconoci\u00f3 que \u201cla convenci\u00f3n s\u00ed permite extraer razonable (\u2026) que la edad para acceder a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (\u2026) es un requisito de mera exigibilidad y no de causaci\u00f3n, como ha sido ampliamente conocido por la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL2802-2018, SL5334-2015, SL8178-2016, SL8186-2016, SL18101-2016, SL16811-2016, SL19440-2017\u201d. <\/p>\n
Agregaron que tampoco tuvo en cuenta los precedentes contenidos en la SU-241\/2015, SU-267\/2019 y SU-113\/2018 de la Corte Constitucional, donde se definieron problemas jur\u00eddicos similares al aqu\u00ed expuesto. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el ruego, tras apreciar que no se cumple el \u00abrequisito general de inmediatez (\u2026) toda vez que el prove\u00eddo que se censura fue proferido el 31 de mayo de 2021 y la solicitud de protecci\u00f3n constitucional se present\u00f3 hasta el 28 de abril de 2022, es decir, m\u00e1s de 11 meses desde la supuesta vulneraci\u00f3n, lapso que para el caso concreto se ofrece desproporcionado\u00bb, aunado a que \u00ablas consideraciones en que se fundament\u00f3 la decisi\u00f3n judicial cuestionada resultan razonables, soportadas y acordes con la jurisprudencia vigente\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por los actores alegando que el semestre establecido por la jurisprudencia \u00abaun no ha iniciado teniendo en cuenta que existen algunos recursos por resolver en el tr\u00e1mite ordinario\u00bb y, con todo, est\u00e1n la \u00abrequiriendo la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de seguridad social, prestaci\u00f3n que tiene la caracter\u00edstica de ser peri\u00f3dica y permanente la cual de no ser protegida presenta afectaci\u00f3n continua e irremediable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, advierte la Corte que, si bien es cierto, la presente acci\u00f3n se radic\u00f3 once (11) meses y dos (2) d\u00edas despu\u00e9s de haberse emitido el pronunciamiento confutado (SL2305; 31 may. 2021), tambi\u00e9n lo es que, el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la viabilidad del resguardo se tiene por superado, como quiera que el debate recae sobre \u00abderechos pensionales\u00bb que ostentan car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, cuya presunta afectaci\u00f3n se tiene como actual. <\/p>\n
As\u00ed se predic\u00f3 en la STC20333-2017, memorando lo esbozado por la Corte Constitucional en la SU1073-2012: <\/p>\n
\u00abSi bien el prove\u00eddo atacado data de hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, situaci\u00f3n que en principio tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible\u00bb (criterio reiterado en STC9672-2018, STC9677-2019, STC3736-2020 y STC6514-2021). <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, ab initio se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la consecuente ratificaci\u00f3n de lo objetado, en la medida que la providencia expedida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 2, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, liminarmente resalt\u00f3 que aunque en los cargos propuestos por los precursores frente al fallo de segundo grado se evidenciaban \u00abalgunos errores de t\u00e9cnica, (\u2026) tales desatinos no imped[\u00edan] el control de legalidad (\u2026) pues examinado el conjunto de la acusaci\u00f3n, conforme lo expuesto en la sentencia CSJ SL2600-2018, es posible identificar que \u00e9stos alcanzan a plantear a la Corte un problema (\u2026) bien definido, que ata\u00f1e con la vigencia de las cl\u00e1usulas pensionales contenidas en el acuerdo colectivo del que pretenden beneficiarse, de cara a las limitaciones que impuso el Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, coligi\u00f3 que en el sub j\u00fadice no eran puntos de discusi\u00f3n que: (i) Los recurrentes est\u00e1n afiliados a SINTRAISA, raz\u00f3n por la que son beneficiarios de los convenios celebrados; (ii) La cl\u00e1usula 25 de la Convenci\u00f3n Colectiva de trabajo (1994-1996) fijaba una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, tras 20 a\u00f1os de servicios oficiales y cumplir 55 de edad, equivalente al 75 % del promedio de lo recibido en el \u00faltimo a\u00f1o; iii) Ninguno cumpli\u00f3 los dos requisitos antes del 31 de julio de 2010, ya que si bien contaban con el tiempo, la edad la completaron con posterioridad a esa data, teniendo en cuenta las fechas de nacimiento. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, con fundamento en la postura adoptada en la SL, 24 abr. 2012 (rad. 39797), repetida en la SL4331-2019 y SL3635-2020, relacionada con la garant\u00eda de los \u00abderechos adquiridos en materia pensional\u00bb a partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y, en espec\u00edfico, con apoyo en la SL3635-2020 donde el organismo accionado analiz\u00f3 la reforma instituida en dicha norma y concluy\u00f3 que no se transgred\u00edan los instrumentos internacionales, en tanto que se plante\u00f3 un m\u00e9todo de extinci\u00f3n paulatina de los distintos reg\u00edmenes atendiendo las expectativas leg\u00edtimas de los \u00abafiliados\u00bb, concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00aben el evento de que el t\u00e9rmino de vigencia de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se encontrara en curso al momento de entrar en vigor el acto legislativo y finalizara con anterioridad al 31 de julio de 2010, deb\u00eda considerarse que las reglas pensionales reg\u00edan hasta esa calenda; que cuando la convenci\u00f3n colectiva de trabajo estipulaba un t\u00e9rmino de vigencia inicial superior a esa data, deb\u00eda respetarse esa voluntad de los interlocutores sociales, para no quebrantar las leg\u00edtimas expectativas edificadas al negociar el acuerdo extralegal\u00bb Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
De manera que, como en la Convenci\u00f3n Colectiva examinada se estipul\u00f3 en el a\u00f1o 1996 el \u00abderecho a gozar de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n\u00bb para aquellos trabajadores que satisficieran la edad de 55 a\u00f1os y 20 a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos en entidades del sector oficial, antes de la vigencia del Acto Legislativito 01 de 2005 y dicha mesada no se prorrog\u00f3 porque no se denunci\u00f3 con posterioridad, sus efectos no pod\u00edan extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010 y, por tanto, \u00abal momento en que aqu\u00e9l instrumento perdi\u00f3 su vigencia, no hab\u00edan causado el derecho prestacional alegado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, independientemente que esta Corporaci\u00f3n avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que configure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como buscan los accionantes, quienes aspiran a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera \u00abinstancia\u00bb para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiteradas STC12044-2021, STC13808-2021 y STC15534-2021). <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el prove\u00eddo refutado, destacando que para la Sala es procedente el respeto por \u00ablas decisiones judiciales\u00bb, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo que \u00abla tutela depend[a] de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo\u00bb (STC13808-2021, 14 oct.), lo que aqu\u00ed no sucede. <\/p>\n
4.- Ergo, se refrendar\u00e1 lo objetado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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