STC8899-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8899-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-00542-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de julio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 5 de abril de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Alonso Ra\u00fal Zambrano contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esa ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de reproche. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, privado de la libertad, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que en contra del accionante se adelant\u00f3 el juicio penal de radicado 2015-00388, por el delito de extorci\u00f3n agravada, en el que se celebr\u00f3 un preacuerdo, que fue improbado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga el 7 de noviembre de 2018, providencia confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad el 4 de diciembre siguiente1. <\/p>\n
Posteriormente, el procesado realiz\u00f3 manifestaci\u00f3n acordada de culpabilidad, aceptando la pena propuesta por la Fiscal\u00eda de 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa, emiti\u00e9ndose sentencia en tal sentido el 12 de abril de 2019. <\/p>\n
3. Al respecto, el actor sostuvo que no se le reconoci\u00f3 la circunstancia de atenuaci\u00f3n punitiva enunciada en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal, bajo el argumento de la inexistencia de una indemnizaci\u00f3n integral, por falta de pago de perjuicios causados a la madre de la v\u00edctima, atenuaci\u00f3n punitiva que s\u00ed le fue reconocida al otro procesado por los mismos hechos, se\u00f1or Jorge Luis Cardona, a quien s\u00ed se le aprob\u00f3 el preacuerdo en previa oportunidad, habiendo pagado una indemnizaci\u00f3n similar, lo que gener\u00f3 la ruptura procesal. <\/p>\n
4. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00abse decrete la nulidad del auto interlocutorio de fecha 7 de noviembre de 2018\u00bb y se ordene al accionado \u00abse ci\u00f1a a lo preceptuado en los C\u00f3digos Penal y de Procedimiento Penal y no vuelva a incurrir en estas conductas de desconocimiento del descuento al que se tiene por derecho por haber indemnizado a la v\u00edctima\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda Veintid\u00f3s Especializada de Cali narr\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga afirm\u00f3 que la sentencia condenatoria no fue objeto de recurso de apelaci\u00f3n y se remiti\u00f3 a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas de Cali. Asegur\u00f3 que no se vulneraron los derechos del actor, pues este fue asesorado por su abogado de confianza \u00aby la pena impuesta fue conforme a los par\u00e1metros de lo finalmente negociado, lo cual se recogi\u00f3 en la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional declar\u00f3 improcedente el resguardo, tras considerar que no se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que el actor no agot\u00f3 los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, es decir, los recursos de apelaci\u00f3n y, eventualmente, el de casaci\u00f3n; adem\u00e1s, porque no ha planteado la solicitud de redosificaci\u00f3n de la pena ante el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali -que vigila el cumplimiento de la sentencia-, pues, \u00abde conformidad con el numeral 7 del art\u00edculo 38 de la Ley 906 de 2004, los jueces de esta especialidad est\u00e1n facultados para dosificar y marginar la sanci\u00f3n penal impuesta al sentenciado cuando: \u2018debido a una ley posterior hubiere lugar a reducci\u00f3n, modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n, suspensi\u00f3n o extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u2019\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que tampoco se cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, en vista de que el fallo condenatorio data del 12 de abril de 2019. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien expres\u00f3 \u00abque sigo en desacuerdo con lo manifestado y contin\u00fao viendo la violaci\u00f3n de mis derechos\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el tutelante pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con las providencias del 7 de noviembre de 2018, emitida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Buga, que neg\u00f3 el preacuerdo celebrado con la Fiscal\u00eda y su confirmatoria del 4 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa misma ciudad, y con la condena impuesta mediante sentencia del 12 de abril de 2019, pues, en su criterio, no se aplic\u00f3 la circunstancia de atenuaci\u00f3n punitiva contemplada en el art\u00edculo 269 del C\u00f3digo Penal, como s\u00ed se hizo en el caso del otro procesado. <\/p>\n
2. De conformidad con las actuaciones procesales, observa la Sala que el ruego no cumple con los requisitos de inmediatez y de subsidiariedad. <\/p>\n
2.1. El primero, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profirieron las decisiones cuestionadas -4 de diciembre de 2018 (que confirm\u00f3 la improbaci\u00f3n del preacuerdo con la Fiscal\u00eda) y 12 de abril de 2019 (que conden\u00f3 al accionante)- y la fecha de interposici\u00f3n del presente amparo -15 de marzo de 2022-, el cual supera el t\u00e9rmino previsto por la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela. Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, este t\u00e9rmino puede ampliarse por razones excepcionales que justifiquen la inactividad del tutelante para instaurar la s\u00faplica, como la incapacidad f\u00edsica o la minor\u00eda de edad, entre otras; sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb2. Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado para conjurar la desidia en la interposici\u00f3n tempestiva de esta especial acci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. De otro lado, como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, el accionante no agot\u00f3 las instancias ordinarias que ten\u00eda a su alcance para controvertir el fallo condenatorio, dado que no interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia condenatoria, con lo cual tampoco se supera el requisito de subsidiariedad, necesario para la procedencia del ruego. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 7, demanda de tutela. <\/p>\n
2\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
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