STC8901-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8901-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2022-00275-01. <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 8 de junio de 2022, con la cual se neg\u00f3 por improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alberto Acu\u00f1a Romero, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial accionada. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra del vinculado Adri\u00e1n David Bustamante, pretendiendo el pago de la suma contenida en una letra de cambio por valor de $40 millones. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bogot\u00e1, sin embargo, no existen medidas cautelares efectivas contra los bienes del ejecutado. <\/p>\n
2.1. Mencion\u00f3 que al enterarse que en el Juzgado accionado cursa proceso ejecutivo en contra del deudor, en el que se decretaron medidas cautelares, elev\u00f3 ante dicha autoridad solicitud de embargo de remanente, la cual no ha sido resuelta. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que se ordene al Juzgado encarado: \u00ab1. Que se me atienda favorablemente mi petici\u00f3n de embargo de remanente 2. Que se envi\u00e9 copia de ese proceso a la fiscal\u00eda general de la naci\u00f3n en Bogot\u00e1, unidad de delitos contra la fe p\u00fablica. 3. Que se me conceda cita presencial en el despacho para presentar mis documentos personalmente.\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga1, luego de relatar sus actuaciones dentro del proceso ejecutivo de su conocimiento, expres\u00f3 que \u00ab\u2026el accionante CARLOS ALBERTO ACU\u00d1A ROMERO, no es parte procesal en el proceso 2021-018, y en segundo lugar, en el expediente digital, tampoco se observa que dicho accionante haya elevado petici\u00f3n alguna con respecto a alguna medida cautelar de embargo de remanente y que \u00e9sta provenga de autoridad judicial, previamente ordenada\u00bb. <\/p>\n
2. La apoderada de Adri\u00e1n David Bustamante Camacho, en relaci\u00f3n con el pedimento de embargo de remanentes realizado por el quejoso, refiri\u00f3 que el mismo nunca ha elevado dicha petici\u00f3n al juzgado competente. Por lo tanto, sostuvo que el amparo es improcedente. <\/p>\n
III. SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga neg\u00f3 por improcedente el amparo invocado, al encontrar que no re\u00fane el requisito de subsidiariedad, toda vez que \u00abal no haber sido formulada [la solicitud] previamente ante el funcionario competente, ni mucho menos haber expuesto las razones que hoy son objeto de la presente acci\u00f3n constitucional, torna en improcedente la protecci\u00f3n invocada; de suerte que en caso de insistir en los reparos aqu\u00ed se\u00f1alados, deber\u00e1 proponerlos ante el Fallador ordinario, quien determinar\u00e1 su procedencia y pertinencia\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Adri\u00e1n David Bustamante, pretendiendo que se niegue la tutela, \u00abpero adicionalmente oficiar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb para que investigue los presuntos delitos en los que pudo incurrir el actor. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, el promotor requiere el amparo de sus derechos fundamentales, pues los estima vulnerados al no ser resuelta la solicitud de embargo de remanentes por parte del Juzgado enjuiciado. Sobre el particular, esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2. En efecto, se observa que el libelista, al impetrar la acci\u00f3n constitucional, no aport\u00f3 prueba de que haya elevado ante el Juzgado atacado la solicitud de embargo pretendida. De igual manera, revisado el proceso ejecutivo de radicado 2021-00018-00 que cursa en el mismo, tampoco se encontr\u00f3 que la misma obre en el plenario. Por lo expuesto, la Sala concluye que dicho pedimento debe ser propuesto ante la autoridad competente -Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bogot\u00e1- para que resuelva lo que en derecho corresponda. Por lo tanto, no tiene prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento de las herramientas que dispone el ordenamiento jur\u00eddico ordinario ante las autoridades competentes. En palabras de la Corte, <\/p>\n
\u00ab[\u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb. (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01; CSJ STC 125414-2021). <\/p>\n
3. Ahora bien, frente a lo pretendido por el impugnante en la presente acci\u00f3n tutelar respecto a la referida compulsa de copias, se observa que el mismo tiene la facultad de acudir directamente ante las autoridades competentes para poner en conocimiento de ellas los hechos que considere irregulares, asumiendo la responsabilidad de ello, sin necesidad de acudir al amparo constitucional. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que <\/p>\n
\u00ab\u2026si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la fiscal\u00eda general de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026\u00bb (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00- reiterada en (CSJ STC13238-2021). <\/p>\n
4. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 3-4. Anexo 06. RtaJuzgado.pdf. <\/p>\n
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