STC8905-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8905-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02130-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mateo Aristiz\u00e1bal Tuberquia, quien dice actuar \u00abcomo heredero de Oscar Augusto Aristiz\u00e1bal Villegas y para su sucesi\u00f3n\u00bb, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abdoble instancia\u00bb y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al dictar sentencia de segunda instancia adversa a sus intereses en el juicio reprochado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00ab[a]nular o dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sala\u2026 Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn de \u201cuno de junio de dos mil veintid\u00f3s\u201d\u00bb y ordenar a esa autoridad \u00abrehacer su sentencia de segunda instancia\u2026, atendiendo no solo las directrices legales, jurisprudenciales y doctrinales que rigen el tipo de pretensi\u00f3n\u2026 ventilada\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para la definici\u00f3n de este caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.2. Con apoyo en dicha p\u00f3liza Oscar Augusto Aristiz\u00e1bal Villegas (padre fallecido del accionante), como propietario del citado establecimiento de comercio, inco\u00f3 juicio ejecutivo contra la referida Aseguradora para obtener el pago de $290\u2019000.000 como valor asegurado en el amparo de cumplimiento, al cual se acumul\u00f3 otra demanda tambi\u00e9n propuesta por aqu\u00e9l contra la misma ejecutada para que se librara orden de apremio por $290\u2019000.000 como valor asegurado \u00abpor el riesgo de estabilidad\u00bb all\u00ed amparado. <\/p>\n
2.3. En dicho asunto, tras haberse librado mandamiento de pago en la forma rogada por el ejecutante y surtidas las etapas de rigor, el 29 de mayo de 2018 el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Medell\u00edn dict\u00f3 sentencia, en la cual puso fin a la ejecuci\u00f3n al hallar que \u00ablas objeciones hechas por la entidad aseguradora ante las reclamaciones del beneficiario, cumplen con los requisitos de seriedad y fundabilidad a que alude el art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio, lo cual resta m\u00e9rito ejecutivo a la p\u00f3liza, ya que all\u00ed la aseguradora expuso el incumplimiento de las obligaciones por la parte demandante -beneficiario-, cuesti\u00f3n que no puede ser dilucidada en este tr\u00e1mite ejecutivo y que tendr\u00eda que ventilarse por la v\u00eda del proceso declarativo\u00bb, a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que el ejecutante \u00abno present\u00f3 una reclamaci\u00f3n conforme lo exigido en los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio, ya que no acredit\u00f3 la ocurrencia de los siniestros, ni la cuant\u00eda de las p\u00e9rdidas\u00bb. Determinaci\u00f3n que el 1\u00ba de junio \u00faltimo confirm\u00f3 el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela el quejoso sostuvo, en concreto, que el Tribunal encausado efectu\u00f3 una indebida interpretaci\u00f3n, limitada o restrictiva, del canon 1053 del C\u00f3digo de Comercio, invirtiendo injustificadamente la carga de la prueba, al desconocer que las objeciones de la aseguradora no colmaron la exigencia de ser serias y fundadas, al distar de la realidad, motivo suficiente para descartarlas y dar continuidad a la ejecuci\u00f3n, por lo que la decisi\u00f3n en contrario, que analiz\u00f3 tales objeciones \u00fanicamente en cuanto a su contenido formal mas no sustancial, como se impon\u00eda, result\u00f3 sorpresiva, m\u00e1xime cuando en la primera instancia se vulner\u00f3 el derecho a la inmediaci\u00f3n porque el asunto lo fall\u00f3 un juez diferente al que inicialmente lo instruy\u00f3 y ambos sentenciadores terminaron pronunci\u00e1ndose sobre la supuesta inexistencia del t\u00edtulo a pesar de que ello no era objeto de debate, pues ya hab\u00eda sido dilucidado en etapas previas; as\u00ed mismo, sostuvo que, por tales motivos, era evidente que el juzgador ad-quem omiti\u00f3 pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos propuestos en el recurso de apelaci\u00f3n incoado contra la sentencia de primer grado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir los datos de ubicaci\u00f3n de las partes e intervinientes en el asunto recriminado, as\u00ed como el link de acceso al expediente digital contentivo del mismo. <\/p>\n
2. El abogado Juan Ricardo Prieto Pel\u00e1ez, quien indic\u00f3 actuar \u00aben [su] calidad de apoderado judicial de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin aportar el mandato especial que esta le confiri\u00f3 para intervenir en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados se hab\u00eda pronunciado frente a la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, halla la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que no luce arbitraria la decisi\u00f3n reprochada a la colegiatura acusada. <\/p>\n
2.1. En efecto, en la sentencia a trav\u00e9s de la cual se confirm\u00f3 la del a-quo que resolvi\u00f3 \u00ab\u201cCESAR la ejecuci\u00f3n de la demanda principal como de la demanda acumulada\u201d, tras indicar que las objeciones hechas por la entidad aseguradora ante las reclamaciones del beneficiario, cumplen con los requisitos de seriedad y fundabilidad a que alude el art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb; el Tribunal enjuiciado previamente compendi\u00f3 cada uno de los reparos que, consign\u00f3, luego sustent\u00f3 el apelante frente a esa determinaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
– El juez sostuvo en el fallo, sin estar probado, que la objeci\u00f3n presentada por la aseguradora frente a las dos reclamaciones presentadas por el ejecutante, fue seria y fundada, a pesar de que el material probatorio obrante en el expediente da cuenta de lo contrario. <\/p>\n
– En contra de lo afirmado por el juez de primera instancia, el perjuicio ocasionado al demandante, derivado del incumplimiento contractual materializado por PRESECON, qued\u00f3 plenamente demostrado, aun cuando no era necesario probarlo, al operar a favor del primero una presunci\u00f3n que invierte la carga probatoria del art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
– En este caso no se configura la excepci\u00f3n de contrato no cumplido respecto a la p\u00f3liza de cumplimiento como equivocadamente lo sostiene el juez en la sentencia. <\/p>\n
– El juez interpret\u00f3 las cl\u00e1usulas del contrato de seguro en la forma sugerida por el abogado de la aseguradora y no como la ley y la jurisprudencia lo ordena en materia de contratos de adhesi\u00f3n. <\/p>\n
– El juez desconoci\u00f3 que los involucrados en la obra civil asegurada por cumplimiento, pactaron la entrega de un bien inmueble a la terminaci\u00f3n de la obra, la cual, al culminarse, no obligaba al demandante a transferir el dominio al tenor de lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 1882 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
– La objeci\u00f3n de la aseguradora en lo que ata\u00f1e a la p\u00f3liza de cumplimiento, es tan infundada y poco seria, que \u00fanicamente se bas\u00f3 en la ausencia de transferencia en el dominio de un inmueble, con lo cual olvid\u00f3 que, al ocurrir el siniestro, el demandante estaba obligado a suspender los pagos para evitar la propagaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
-El juez interpret\u00f3 de manera equivocada el convenio contractual que obligaba al demandante a suspender los pagos hasta cuando la responsabilidad del afianzado fuera resuelta, ya que indic\u00f3 que al primero correspond\u00eda demandar judicialmente antes de aplicar esta cl\u00e1usula, lo cual atenta contra la finalidad de la misma e impone un deber judicial que no se encuentra consagrado expresamente en las condiciones generales de la p\u00f3liza. <\/p>\n
-El juez desconoci\u00f3 que en el proceso acumulado ni siquiera se present\u00f3 una expresa objeci\u00f3n frente a la reclamaci\u00f3n por \u201cestabilidad\u201d y, aunque se considere t\u00e1citamente que s\u00ed existi\u00f3, su contenido adolece abiertamente de seriedad y fundamento al exigir como prueba el aporte del acta de entrega de una obra civil en un asunto donde claramente nunca la hubo, porque la obra no se termin\u00f3 y se abandon\u00f3. Tal exigencia, no estaba pactada en la p\u00f3liza como requisito para activar el amparo de \u201cestabilidad\u201d de la obra. <\/p>\n
– El juez valor\u00f3 erradamente la afirmaci\u00f3n expuesta por el demandante en el interrogatorio de parte, que en nada descarta que lo construido por el afianzado no sirve para el fin que se proyect\u00f3, pues olvid\u00f3 que la hoster\u00eda tiene dos etapas, y solo la segunda fue construida por PRESECON, por lo que no es relevante para el proceso acumulado que aquel establecimiento se encontrara prestando el servicio \u00fanicamente en la primera etapa. <\/p>\n
– El juez a quo no aplic\u00f3 la jurisprudencia que inclusive cita en el propio fallo, seg\u00fan la cual, en los procesos ejecutivos basados en el numeral 3 del art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio, no es posible ampliar el debate -como si se tratase de un juicio ordinario- de circunstancias m\u00e1s all\u00e1 de la seriedad y fundamento de la objeci\u00f3n a una reclamaci\u00f3n. En efecto, tal jurisprudencia fue desbordada por el juzgador al atender a meras afirmaciones sin sustento probatorio. <\/p>\n
-El juez desconoci\u00f3 que los contratos se presumen celebrados de buena fe y que en este caso tal presunci\u00f3n no fue desvirtuada, por lo que, en aplicaci\u00f3n de un \u00edntimo convencimiento desprovisto de soporte probatorio, no pod\u00eda extraer conclusiones diferentes a las aceptadas pac\u00edficamente por las partes, para quienes exist\u00eda hechos ciertos e incontrovertibles. <\/p>\n
-El funcionario de primera instancia no aplic\u00f3 el r\u00e9gimen probatorio que gobierna los juicios ejecutivos adelantados con fundamento en el art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio y, contrario a ello, fundament\u00f3 la sentencia casi exclusivamente con los argumentos expuestos por la aseguradora. Asimismo, el juez se abstuvo de analizar los motivos que llevaron al primer juez a iniciar y sostener la presente ejecuci\u00f3n y tampoco repar\u00f3 en los argumentos que fueron expuestos en la etapa de alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Despu\u00e9s, anot\u00f3 que el problema jur\u00eddico que deb\u00eda resolver se concretaba en \u00abdefinir -en s\u00edntesis-, si la parte demandante tiene raz\u00f3n al se\u00f1alar que la decisi\u00f3n de primera instancia debe ser revocada, en tanto que una debida valoraci\u00f3n de las pruebas obrantes en el proceso, permite concluir, contrario a lo expuesto por el juez a quo, que las objeciones presentadas por la Aseguradora Solidaria Colombiana Ltda. no son serias ni fundadas y, en consecuencia, las p\u00f3lizas adosadas como base de recaudo prestan m\u00e9rito ejecutivo en los t\u00e9rminos del numeral 3 del art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en la normatividad (especialmente el canon 1053 del C\u00f3digo de Comercio antes de la modificaci\u00f3n introducida por el C\u00f3digo General del Proceso) y la jurisprudencia sobre la materia (CSJ SC, 27 jul. 2006, rad. 1998-00031-01), expuso algunas generalidades en torno al m\u00e9rito ejecutivo de la p\u00f3liza de seguro contra el asegurador, as\u00ed: <\/p>\n
2.1. De entrada, como bien lo precis\u00f3 el juez a quo, hay que advertir que, el presente asunto, se rige a partir de lo previsto en el art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio, previo a la modificaci\u00f3n implementada por el literal c) del art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual derog\u00f3 las expresiones \u201cseg\u00fan las condiciones de la correspondiente p\u00f3liza\u201d y \u201cde manera seria y fundada\u201d del numeral 3 del art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio a partir de la entrada en vigencia de esa nueva codificaci\u00f3n procesal, lo cual ocurri\u00f3 el 01 de enero de 2016, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 1 del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
En este evento, la demanda inicial se radic\u00f3 el 21 de agosto de 2012 (la acumulada el 24 de mayo de 2013), y al 13 de julio de 2015\u2026 ya se hab\u00eda surtido el traslado para alegar de conclusi\u00f3n, por lo que como bien lo advirti\u00f3 el juez, \u201clas modificaciones introducidas a la citada disposici\u00f3n [art. 1053 del C\u00f3digo de Comercio] por el art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General del Proceso, no se aplican al presente proceso, por cuanto, el mismo, en virtud de lo estatuido en el Art. 625 inciso segundo numeral cuarto ib\u00eddem, debe llevarse hasta el momento de proferir sentencia bajo la normativa del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d\u2026 <\/p>\n
2.2. El art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por el art\u00edculo 80 de la Ley 45 de 1990, (sin la derogatoria expresa del art\u00edculo 626 del C\u00f3digo General del Proceso) se\u00f1alaba que: <\/p>\n
\u201cLa p\u00f3liza prestar\u00e1 m\u00e9rito ejecutivo contra el asegurador, por s\u00ed sola, en los siguientes casos: <\/p>\n
1) En los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo. <\/p>\n
2) En los seguros de vida, en general, respecto de los valores de cesi\u00f3n o rescate, y <\/p>\n
3) Transcurrido un mes contado a partir del d\u00eda en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador la reclamaci\u00f3n aparejada de los comprobantes que, seg\u00fan las condiciones de la correspondiente p\u00f3liza, sean indispensables para acreditar los requisitos del art\u00edculo 1077, sin que dicha reclamaci\u00f3n sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamaci\u00f3n no hubiere sido objetada, el demandante deber\u00e1 manifestar tal circunstancia en la demanda\u201d. (Resalto del Tribunal). <\/p>\n
Seguidamente, concluy\u00f3 que \u00ab[d]el contenido de esta norma se desprende que, para que la p\u00f3liza preste m\u00e9rito ejecutivo, se requiere: (i) la suscripci\u00f3n de un contrato de seguro en el cual se haya expedido una p\u00f3liza con el lleno de las formalidades legales; (ii) la ocurrencia efectiva del riesgo asegurado; (iii) la reclamaci\u00f3n presentada por el beneficiario o por el asegurado, con destino al asegurador, para que se efect\u00fae el pago conforme al art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio; y (iv) el transcurso de un mes sin que el asegurador objete la reclamaci\u00f3n, o que habi\u00e9ndola objetado, aqu\u00e9lla no sea seria y fundada\u00bb; y que ese \u00ab\u00faltimo requisito quiere decir que, si el asegurador objeta la reclamaci\u00f3n en forma oportuna y seria, la p\u00f3liza de seguro carece de fuerza ejecutiva, lo cual no significa que el asegurado o beneficiario pierda el derecho a pedir el cumplimiento del contrato, ya que con ese prop\u00f3sito puede acudir al proceso declarativo correspondiente\u00bb, en tanto que \u00ab[l]a objeci\u00f3n seria y fundada neutraliza la pretensi\u00f3n futura de acudirse a la tutela ejecutiva, pero la misma debe estar motivada en fundamentos concretos y no en una mera negativa. Cuando no es objetada seria y fundadamente, el asegurado o el beneficiario puede optar por la v\u00eda de la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Fijados esos par\u00e1metros, hall\u00f3 que deb\u00eda impartir confirmaci\u00f3n a la sentencia del a-quo porque en el caso concreto \u00ablas objeciones formuladas por la aseguradora a las reclamaciones elevadas por la parte demandante, no pueden calificarse como faltas de seriedad y fundamento y, por tanto, en los t\u00e9rminos del numeral 3 del art\u00edculo 1053 del C\u00f3digo de Comercio, la p\u00f3liza N\u00b0 994000000421 adosada como base de recaudo, no presta m\u00e9rito ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Aseveraci\u00f3n \u00faltima que, en cuanto a la demanda principal, esto es, la relacionada con \u00abla reclamaci\u00f3n presentada por la parte demandante respecto al valor asegurado en el amparo de cumplimiento\u00bb, respald\u00f3 en que \u00abla Aseguradora Solidaria de Colombia, mediante escrito de 21 de enero de 2011\u00bb, oportunamente la objet\u00f3 con la siguiente motivaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la ocurrencia del siniestro de cumplimiento y efectividad del seguro en este amparo exige, como presupuestos elementales, acreditar no solo la omisi\u00f3n, inejecuci\u00f3n o ejecuci\u00f3n defectuosa de cualquiera de las obligaciones del contratista, sino tambi\u00e9n que los hechos que le se\u00f1alan le son imputables en un todo, al evidenciarse que la declaraci\u00f3n de un incumplimiento contractual, exige de quien lo alega, no estar vinculado por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, con las inejecuciones o incumplimientos que endilga. <\/p>\n
Se parte de un hecho cierto e incontrovertible, y es que cumplido el plazo de ejecuci\u00f3n pactado, la totalidad de obras no fueron construidas ni entregadas por el oferente PRESECON S.A. <\/p>\n
No obstante lo anterior, entre otras razones, pero teniendo en cuenta especialmente el derecho de subrogaci\u00f3n en contra de los afianzados que emana de esta clase de seguros ante el pago de un siniestro, a la garante le asiste la obligaci\u00f3n legal y contractual de determinar con especiales provisiones, que efectivamente el incumplimiento de su afianzado se verific\u00f3, y que es injustificado y\/o que las condiciones y t\u00e9rminos del negocio puesto a consideraci\u00f3n de la aseguradora para aceptar los riesgos no fueron alterados sin su conocimiento y anuencia. <\/p>\n
En oportunidad y de manera expresa, el representante legal de la firma PRESECON\u2026 le expuso a la aseguradora que la causa de los atrasos y modificaciones presentadas en la obra a mayo de 2010, se originaron en primer lugar, por el deterioro por parte de los hu\u00e9spedes de las habitaciones puestas en funcionamiento el 20 de marzo de 2010; imprevistos que perjudicaron en tiempo y dinero el avance de la obra. En segundo lugar, el contratista\u2026 manifest\u00f3 que HOSTER\u00cdA LOS RECUERDOS ha originado y\/o coadyuvado los atrasos e inconformidades que endilga, porque no cumpli\u00f3 con los pagos acordados en la[s] fechas y montos pactados, lo cual los coloc\u00f3 definitivamente en situaci\u00f3n de iliquidez e incumplimiento con sus proveedores\u201d. <\/p>\n
Sendero por el cual, continu\u00f3, \u00abal advertir que entre PRESECON y el propietario de LA HOSTER\u00cdA LOS RECUERDOS se estaban haciendo rec\u00edprocos se\u00f1alamientos de incumplimiento -lo cual corresponde dirimir al juez-, la aseguradora refiri\u00f3 que, en aras de definir lo pertinente sobre la reclamaci\u00f3n, era menester analizar espec\u00edficamente la forma en que las partes pactaron el pago por los servicios para la construcci\u00f3n de la segunda etapa de la Hoster\u00eda los Recuerdos y, as\u00ed, luego de advertir los tiempos y montos en que la parte demandante se oblig\u00f3 a hacer los pagos al contratista -PRESECON-, se\u00f1al\u00f3 que\u00bb: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Igualmente se adquiri\u00f3 el compromiso por parte del contratante HOSTER\u00cdA LOS RECUERDOS de pagarle la suma de $1.320.000.000, a PRESECON, representados en un lote de terreno avaluado en la referida suma; desconocemos si esta negociaci\u00f3n finalmente se concret\u00f3 o materializ\u00f3 con la firma de la respectiva escritura o promesa de compraventa. <\/p>\n
De acuerdo con la informaci\u00f3n recaudada por la aseguradora en oportunidad, es innegable que la falta de claridad contractual en la transferencia del derecho de dominio del lote de terreno pactado como parte del precio, o la firma de una garant\u00eda legal e id\u00f3nea de su efectivo traspaso una vez terminara las obras, fueron determinantes en el fracaso del presente contrato, lo cual se evidenci\u00f3 cuando PRESECON le solicit\u00f3 al destinatario en mayo de 2010 transferir el inmueble ofrecido, y no dejarlo solo como expectativa de negocio. <\/p>\n
Cabe decir en consecuencia, con fundamento en lo expuesto por el contratista en comunicaci\u00f3n fechada mayo 18 de 2010, y la relaci\u00f3n de pagos y\/o transacciones adjunta a la presente reclamaci\u00f3n, que el contratante HOSTER\u00cdA LOS RECUERDOS no se allan\u00f3 al cumplimiento de los pagos a favor del contratista PRESECON en los montos y oportunidad que el contrato le obliga, lo cual, en lo que respecta al contrato de seguro[,] la efectividad de la p\u00f3liza se imposibilita, porque el riesgo objeto de cobertura recae en el pago de perjuicios originados por incumplimientos imputables exclusivamente al contratista, lo cual, como presupuesto elemental requiere que el contratante asegurado haya cumplido su parte, y que definitivamente no se podr\u00e1 predicar en el presente caso, reiteramos, por el incumplimiento en la forma de pago. <\/p>\n
(\u2026) Lo expuesto nos permite concluir que la efectividad de la p\u00f3liza No. 994000000421 es improcedente, reiteramos, porque HOSTER\u00cdA LOS RECUERDOS, no pag\u00f3 el precio en la forma prevista contractualmente, quedando vinculado por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, con las inejecuciones y\/o incumplimientos que se\u00f1ala\u201d. <\/p>\n
Supuestos que, all\u00ed mismo, el Tribunal encontr\u00f3 afianzados en el restante material probatorio al advertir que en el plenario obraba \u00abel documento denominado \u201cAceptaci\u00f3n cotizaci\u00f3n para la construcci\u00f3n de la segunda etapa de la Hoster\u00eda los Recuerdos\u201d, en el cual, se pact\u00f3 como forma de pago \u201cel canje de un lote de terreno situado en el municipio de Medell\u00edn Antioquia paraje la Aguacatala, lote que est\u00e1 distinguido con la letra (B) (\u2026)\u201d, canje que no fue acreditado en la reclamaci\u00f3n y que la parte demandante sostiene que solo se har\u00eda al momento de la terminaci\u00f3n de la obra a satisfacci\u00f3n, pacto que no est\u00e1 acreditado\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Y aunque ello era suficiente para tener por acreditada la seriedad y fundamentaci\u00f3n de la objeci\u00f3n en comento y, por ende, el fracaso del cobro por la v\u00eda ejecutiva, la Colegiatura acusada a\u00f1adi\u00f3 que \u00absi bien la parte demandante afirma que la no transferencia del\u2026 inmueble obedeci\u00f3 al cumplimiento de otra cl\u00e1usula contractual fijada por la misma aseguradora en la p\u00f3liza\u2026, la cual indica que el asegurado se obliga a \u201cevitar la extensi\u00f3n y propagaci\u00f3n del siniestro y a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado, hasta tanto no se defina la responsabilidad del mismo\u201d, lo cierto es que, en armon\u00eda con lo expuesto por el juez a quo, si la parte contratante pretend\u00eda dar aplicaci\u00f3n a esa cl\u00e1usula, lo que deb\u00eda hacer era suspender los pagos e inmediatamente iniciar las acciones tendientes a definir la responsabilidad del contratista por los medios legales, lo cual no qued\u00f3 acreditado\u00bb. <\/p>\n
Por ese rumbo, de forma categ\u00f3rica anot\u00f3 el ad-quem accionado que, en lo tocante con el amparo auscultado, al no acceder a la indemnizaci\u00f3n, la aseguradora \u00abexpuso unas razones de fondo, que permiten calificar la objeci\u00f3n como seria y fundada, lo cual neutraliza el m\u00e9rito ejecutivo de la p\u00f3liza y, por tanto, todas las vicisitudes aqu\u00ed presentadas, cuentan con un escenario procesal natural para ser debatidas\u00bb, destacando que \u00ablos reparos en torno al incumplimiento del contrato de obra afirmado por parte del demandante Oscar Augusto Aristiz\u00e1bal Villegas como propietario del bien mercantil son pertinentes y la falta de prueba en cuanto a la realidad del acuerdo en la forma de pago, lo cual evidencia el fundamento de la objeci\u00f3n y su seriedad. Entonces, ante esa objeci\u00f3n oportuna y seria, la p\u00f3liza no puede ser t\u00edtulo ejecutivo, como el juez concluy\u00f3\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, para tambi\u00e9n desechar el cobro planteado en la demanda acumulada, a saber, la relacionada con \u00abla reclamaci\u00f3n por el amparo de estabilidad\u00bb, la Colegiatura convocada hall\u00f3 que la aseguradora ejecutada, \u00aben escrito de 24 de septiembre de 2012, decidi\u00f3 no acceder a la afectaci\u00f3n de la p\u00f3liza de cumplimiento particular N\u00b0 994000000421, en los siguientes t\u00e9rminos\u00bb: <\/p>\n
\u201cAhora bien, es importante precisar que la cobertura de estabilidad est\u00e1 dirigida al pago de perjuicios, derivados de fallas o deterioros en las obras prematuros de obras imputables al contratista, en un tiempo determinado y en condiciones normales de uso y mantenimiento; es elemental por tanto predicar, y las condiciones generales de la p\u00f3liza as\u00ed lo establecen, que el precitado riesgo de estabilidad opera a partir de la entrega de obras por parte del contratista afianzado, y el recibo material y efectivo a satisfacci\u00f3n del contratante. <\/p>\n
Para el caso concreto, al no ser aportada la respectiva acta de entrega y recibo de obras, no se acredit\u00f3 uno de los presupuestos fundamentales de reclamaci\u00f3n, cabe decir, la pretensi\u00f3n indemnizatoria se torna improcedente\u201d. <\/p>\n
An\u00e1lisis al cual sum\u00f3 que aunque el ejecutante tild\u00f3 de \u00abfalsa\u00bb tal motivaci\u00f3n porque, en su sentir, \u00aben las condiciones generales de la p\u00f3liza no se exige que para la efectividad de dicho amparo, se requiera la presentaci\u00f3n de un acta de entrega y recibo de obra\u00bb; tambi\u00e9n deb\u00eda sopesarse que \u00abla entidad aseguradora, como se deprende de la contestaci\u00f3n de la demanda[,] advierte que \u201cel amparo de ESTABILIDAD DE LA OBRA, es un amparo postcontractual, el cual presupone que el contrato se cumpli\u00f3 y la obra fue entregada al contratante y luego de dicha entrega la obra sufre un deterioro imputable al contratista, es decir, se requiere que una vez entregada la obra, exista una falla de la misma por un hecho imputable al contratista. Por esto, es evidente, que en materia del seguro de cumplimiento, no es posible afectar el amparo de cumplimiento y de estabilidad de la obra, de forma acumulativa, por cuanto, o bien el contratista no entreg\u00f3 o no cumpli\u00f3 con la obra, en cuyo caso se afectar\u00eda el amparo de CUMPLIMIENTO, o bien la obra se entreg\u00f3, y presenta da\u00f1os posteriores imputables al contratista, en cuyo caso se afectar\u00eda el amparo de ESTABILIDAD DE OBRA\u201d\u00bb, lo que efectivamente comunic\u00f3 al accionante mediante misiva de 24 de septiembre de 2012; de donde, concluy\u00f3 el Tribunal, \u00abla Aseguradora\u2026 objet\u00f3 dicha solicitud\u2026 al exponer los requisitos necesarios para acceder a la cobertura del amparo de estabilidad, motivos que\u2026 por ning\u00fan lado reflejan falta de seriedad o fundamento en la negativa de la prestaci\u00f3n reclamada por la parte beneficiaria del contrato de seguro, pues no se trat\u00f3 de una mera negativa\u00bb. <\/p>\n
Descartada as\u00ed la virtualidad ejecutiva de la p\u00f3liza de cara a las dos demandas acumuladas en cuesti\u00f3n, agreg\u00f3 que, aunque el a-quo \u00abadicionalmente se\u00f1al\u00f3 que el demandante, al momento de presentar las reclamaciones no acredit\u00f3 la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de los perjuicios conforme lo establece el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb; lo cierto era que, \u00abde cara al estudio del recurso de alzada\u00bb, resultaba innecesario sopesar esos postulados adicionales, comoquiera que bastaba \u00abcon advertir que la entidad aseguradora objet\u00f3 la solicitud de indemnizaci\u00f3n formulada, luego de exponer argumentos serios y fundados, entendidos como aquellas razones s\u00f3lidas con la intenci\u00f3n de derrumbar la certeza en torno al nacimiento de la obligaci\u00f3n a cargo de la aseguradora, obligaci\u00f3n que por esa circunstancia pasa a ser discutible, y por lo mismo, insuficiente para someterse al tr\u00e1mite ejecutivo\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Por \u00faltimo, apoyada en los razonamientos atr\u00e1s transcritos, finiquit\u00f3 su exposici\u00f3n consignando que \u00abante el hecho acreditado de que las reclamaciones del seguro fueron objetadas en forma seria y fundada, la p\u00f3liza pierde m\u00e9rito ejecutivo y, en tal sentido, al juez de primera instancia le asisti\u00f3 raz\u00f3n al ordenar el cese de la ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el tutelante es una diferencia de criterio acerca de la determinaci\u00f3n que resolvi\u00f3 no seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, bajo un examen detenido y suficiente de sus reparos frente a la sentencia del a-quo y los motivos en los que la aseguradora fund\u00f3 las objeciones que plante\u00f3 frente al reclamo indemnizatorio que aqu\u00e9l le hizo, \u00faltimos que el Tribunal, contrario a lo pretendido por el reclamante, encontr\u00f3 serios y fundados, supuesto suficiente para restarle m\u00e9rito ejecutivo a la p\u00f3liza fuente de recaudo, al margen tanto de la discusi\u00f3n que respecto de ese t\u00f3pico pueda plantear el censor por la v\u00eda declarativa como de la interpretaci\u00f3n alternativa que frente al particular propuso en esta senda constitucional; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
2.3. Ahora bien, de cara al argumento del quejoso en torno a que los falladores ordinarios, al momento de dictar sentencia, no pod\u00edan volver a ocuparse de lo concerniente a la virtualidad ejecutiva de la p\u00f3liza, porque ese era un aspecto definido en etapas anteriores del proceso, resta destacar que la Corte no advierte quebranto de prerrogativa esencial alguna por la revisi\u00f3n que de ese tipo se hace al momento de definir de fondo el asunto, en tanto que, como insistentemente se ha dicho, es deber del juzgador, aun en ese estadio procesal, revisar el cumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo -tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, incluso, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso-, pese a que no haya sido objeto de reparo por las partes. <\/p>\n
Al respecto, in extenso, esta Sala ha consignado que: <\/p>\n
Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido. <\/p>\n
Por ende, mal puede olvidarse que as\u00ed como el legislador estipul\u00f3 lo ut supra preceptuado, asimismo en la \u00faltima de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determin\u00f3 que \u00ab[p]resentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u00bb (se relieva). <\/p>\n
De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem. <\/p>\n
Y es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregon\u00f3 en plurales oportunidades relativamente a lo al efecto demarcado por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual ahora tambi\u00e9n hace en punto de las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino m\u00e1s bien se convierte en un \u00abdeber\u00bb para que se logre \u00abla igualdad real de las partes\u00bb (art\u00edculos 4\u00ba y 42-2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) y \u00abla efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art\u00edculo 11\u00ba ibidem). <\/p>\n
Ese entendido hace arribar a la convicci\u00f3n de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material. Por tanto, as\u00ed la cita jurisprudencial que a continuaci\u00f3n se transcribe haya sido proferida bajo el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
[T]odo juzgador, sin hesitaci\u00f3n alguna, [\u2026] s\u00ed est\u00e1 habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso transfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jur\u00eddicas de aquel no fueron cuestionadas, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer t\u00f3pico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitaci\u00f3n o desafuero en sus funciones, m\u00e1xime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art\u00edculo 228 Superior) (den\u00f3tase). <\/p>\n
Por supuesto, tal deber, valga apuntarlo, parejamente es predicable \u00aben trat\u00e1ndose de sentencias de segundo grado en las que el recurso vertical no gravita sobre dicho tema, [sin que] se pueda predicar afrenta alguna al principio de la no reformatio in pejus por causa de dicho emprendimiento, ello porque para que la mentada irregularidad se estructure es menester, entre otras cosas, que \u201cla enmienda no obedezca a una necesidad impuesta por razones de car\u00e1cter l\u00f3gico o jur\u00eddico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional\u201d (CSJ SC, 9 ago. 1995, rad. 5093), cual es lo opuesto a lo que sucede en tales an\u00e1lisis, en virtud a que ser\u00eda del todo desatinado esperar un pronunciamiento \u201cde fondo\u201d en un litigio ejecutivo en que el t\u00edtulo no est\u00e1 plenamente configurado, ya que, por sustracci\u00f3n de materia, ese proceder devendr\u00eda inane\u00bb. Claro, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 al respecto, en CSJ STC, 9 feb. 2012, rad. 2011-02157-01, que \u00ab[f]rente a alegada v\u00eda de hecho del ad-quem por analizar previamente las formalidades que deb\u00eda contener el referido t\u00edtulo valor, sin que se hubiese propuesto como \u201cexcepci\u00f3n\u201d por el demandado dentro del litigio en menci\u00f3n, cabe recordar que la jurisprudencia de ha reiterado que \u201cel juzgador de segunda instancia puede en el fallo volver a examinar el t\u00edtulo ejecutivo adosado, a efectos de corroborar la idoneidad del mismo para servir de b\u00e1culo de la ejecuci\u00f3n por ser la obligaci\u00f3n en \u00e9l contenida clara, expresa y exigible, independientemente de que la misma no haya sido objeto de discusi\u00f3n dentro del recurso de alzada formulado contra la decisi\u00f3n de primera instancia, pudiendo a\u00fan revocar la orden de pago primigenia, sin que ello implique extralimitaci\u00f3n de su competencia\u00bb (sublineado original). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal\u201d [\u2026]\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. <\/p>\n
Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempl\u00f3 en el inciso segundo del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso fue que la parte ejecutada no pod\u00eda promover defensa respecto del t\u00edtulo ejecutivo sino por la v\u00eda de la reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, cerr\u00e1ndole a esta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a trav\u00e9s de excepciones de fondo, en aras de propender por la econom\u00eda procesal, entendido tal que lejos est\u00e1 de erigirse en la prohibici\u00f3n que incorrectamente vislumbr\u00f3 el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no pod\u00eda, motu proprio y con base en las facultades de direcci\u00f3n del proceso de que est\u00e1 dotado, volver a revisar, seg\u00fan le ata\u00f1e, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto ser\u00eda colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adopt\u00f3 fue la il\u00f3gica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrecci\u00f3n, ello no pod\u00eda ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicaci\u00f3n en la estructura del ordenamiento jur\u00eddico al efecto constituido (CSJ STC18432-2016, 15 dic., rad. 2016-00440-01; reiterada, entre muchas otras, en STC4808-2017, 5 abr., rad. 2017-00694-00; y STC14140-2019, 16 oct., rad. 2019-03051-00). <\/p>\n
3. Lo dicho impone denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC8905-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8905-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02130-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mateo Aristiz\u00e1bal Tuberquia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65246","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65246","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65246"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65246\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65246"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65246"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65246"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}