STC8906-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8906-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01278-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Panamericana Librer\u00eda y Papeler\u00eda S.A. le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Industria y Comercio, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 16-222822. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abdefensa\u00bb, para que se revocara el prove\u00eddo n\u00b0 123450 de 12 de octubre de 2021, se rehiciera \u00abla liquidaci\u00f3n con la realidad procesal del proceso de cobro coactivo, esto es que los intereses de mora se liquiden desde la fecha en la cual el Juzgado 45 Administrativo de Oralidad puso en conocimiento el auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase\u00bb y, en consecuencia, se ordenara a la autoridad querellada \u00abcorrer traslado de la nueva liquidaci\u00f3n (\u2026), y (\u2026) [surtir] el tr\u00e1mite que ordena el art. 446 del C.G.P. esto es que se resuelvan los recursos\u00bb. <\/p>\n
En sustento sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio en el juicio coactivo de la referencia, a trav\u00e9s de auto n\u00b0 85543 (13 dic. 2016) libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra por $90.209.000 con ocasi\u00f3n de la sanci\u00f3n que se le impuso por medio de la Resoluci\u00f3n n\u00b016873 (15 abr. 2015). Luego, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abinterposici\u00f3n de demanda de restablecimiento de derecho ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb, suspendi\u00f3 la causa y rechaz\u00f3 los dem\u00e1s medios defensivos (interlocutorio n\u00b0 5674, 20 feb. 2017). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que debido a que la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo desestim\u00f3 su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en primera (16 mar. 2018) y segunda instancia (11 jun. 2021) frente al acto administrativo sancionatorio, cancel\u00f3 $90.209.000, por lo que solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso coercitivo. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la entidad accionada dispuso seguir adelante con el cobro (auto n\u00b0 55905, 30 ag. 2021), fij\u00f3 por concepto de liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito $53.404.015, de gastos administrativos $50.000 y corri\u00f3 traslado (auto n\u00b0 104085); t\u00e9rmino en el que objet\u00f3 la \u00abliquidaci\u00f3n\u00bb, posteriormente rechazada, aclarando que \u00abno procede recurso alguno\u00bb (auto n\u00b0 123450 12 oct. 2021). <\/p>\n
Relat\u00f3 que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n, que no fueron resueltos de fondo, por lo que elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque se: i) Efectu\u00f3 la \u00abliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito con efectos retroactivos\u00bb, a pesar de que el litigio estaba suspendido por ministerio de la ley y, por tanto, no se pod\u00edan cobrar \u00abintereses de mora\u00bb durante tal per\u00edodo, pues ello s\u00f3lo proced\u00eda cuando el ad quem administrativo resolviera el asunto, a saber, \u00abcuando el Juzgado de primera instancia profiri\u00f3 el auto de obed\u00e9zcase y c\u00famplase (\u2026) 21 de agosto de 2021\u00bb y, ii) Desconoci\u00f3 que pese a que \u00abel Estatuto Tributario no tiene reglas que regulen el tema de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, por analog\u00eda, se debe acudir al art. 446 del C.G.P. (\u2026) que contempla la apelaci\u00f3n del auto que resuelve la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 lo surtido en la Litis, destacando la legalidad de su actuar. <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso al amparo por improcedente, ya que la precursora \u00abdej\u00f3 de ejercer el mecanismo de control jurisdiccional del que gozan los afectados para demandar los actos administrativos que deciden las excepciones a favor del deudor, los que ordenan llevar adelante la ejecuci\u00f3n y los que liquiden el cr\u00e9dito\u00bb (art. 101 CPACA) y, \u00abla decisi\u00f3n sobre los recursos interpuestos contra el auto que rechaz\u00f3 las objeciones a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, es de 19 de noviembre de 2021 y solo hasta junio de 2022, hace uso de la acci\u00f3n de tutela, es decir siete meses despu\u00e9s del pronunciamiento hecho por esta entidad a trav\u00e9s del radicado No. 16-222822-33\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 el resguardo, en atenci\u00f3n a que \u00abla decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 sobre la objeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, si bien no es susceptible de recurso alguno, por emitirse al interior de un proceso administrativo, y no judicial como lo entiende la accionante, lo cierto es que este acto es susceptible de ser demandado ante la jurisdicci\u00f3n administrativa, tal y como lo dispone el art\u00edculo 101 de la Ley 1474 de 2011\u00bb, \u00abmedio de defensa\u00bb que no ejerci\u00f3 la interesada. Adem\u00e1s, la determinaci\u00f3n \u00abobjeto de s\u00faplica constitucional fue emitida el 12 de octubre de 2021 y la presente acci\u00f3n constitucional fue incoada el 16 de junio de 2022, es decir, 8 meses despu\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
4.- La impulsora replic\u00f3 sin exponer argumento alguno. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.1.- Esta Colegiatura ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, que consiste, por regla general, en que la \u00abtutela\u00bb se ejerza en un lapso no mayor a los seis (6) meses despu\u00e9s de que se produjo la aparente trasgresi\u00f3n, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter inmediato de la guarda prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad de que la misma no se convierta en un componente de inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre ello, ha expresado, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo (\u2026) por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n\u2026\u201d (STC13613-2021). <\/p>\n
1.2.- Teniendo en cuenta que lo anhelado por la gestora es que se revoque el auto n\u00b0 123450 del 12 de octubre de 2021 y, se definan los \u00abrecursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u00bb propuestos contra aqu\u00e9l, muy pronto se advierte, con apoyo en los elementos suasorios adosados al paginario, que dichos \u00abmedios\u00bb de impugnaci\u00f3n no fueron tramitados por \u00abimprocedentes\u00bb, tal y como lo explic\u00f3 la Superintendencia de Industria y Comercio en comunicaci\u00f3n n\u00b0 16-222822-33 de 19 de noviembre de 2021, de modo que se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, habida cuenta que entre la fecha de dichas providencias y la radicaci\u00f3n del libelo superlativo (15 jun. 2022), transcurrieron ocho (8) meses y tres (3) d\u00edas, y seis (6) meses y veintis\u00e9is (26) d\u00edas, respectivamente; es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la discusi\u00f3n instada, porque si la impulsora se demor\u00f3 en interponer la acci\u00f3n constitucional, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al estrado denunciado y con repercusi\u00f3n directa en el atributo b\u00e1sico implorado. <\/p>\n
1.3.- Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de dicha exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede cuando la tardanza en activar este dispositivo se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que la raz\u00f3n esgrimida por Panamericana Librer\u00eda y Papeler\u00eda S.A. para disculpar su tardanza, a saber, que hasta el 1\u00b0 de junio de 2022 se contest\u00f3 el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb, no puede ser tenida en cuenta, en la medida que en tal misiva (n\u00b0 16-222822-37) se inform\u00f3 que \u00abno exist[\u00edan] recursos pendientes por resolver\u00bb, pues frente a su \u00abimprocedencia\u00bb se emiti\u00f3 pronunciamiento el 19 de noviembre de 2021, como ya se dijo. <\/p>\n
De modo que, no se observa que con posterioridad a la expedici\u00f3n de las decisiones debatidas la accionante haya estado impedida para suplicar la \u00abprotecci\u00f3n\u00bb de sus garant\u00edas esenciales, a m\u00e1s que no acredit\u00f3 estar ante una violaci\u00f3n actual y permanente en el tiempo, que torne desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez \u00aboportunamente\u00bb. <\/p>\n
2.- Ahora, se resalta que, de darse por cumplido el presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, el auxilio tampoco saldr\u00eda avante por carecer del \u00abrequisito de la subsidiariedad\u00bb, comoquiera que Panamericana Librer\u00eda y Papeler\u00eda S.A. desaprovech\u00f3 la facultad con que contaba para discutir la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito (auto n\u00b0 123450 12 oct. 2021) y, exponer ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 101 del C.P.A.C.A. las inconformidades que ahora plantea en este sendero especial\u00edsimo, permitiendo que quedara en firme y ejecutoriada dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Lo dicho conlleva a la convalidaci\u00f3n de lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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