STC8908-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8908-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 85001-22-08-000-2022-00012-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 4 de febrero de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Patricia Manosalva Rojas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada, m\u00ednimo vital, seguridad social y al \u00abDERECHO DE LAS PERSONAS EN SITUACI\u00d3N DE DISCAPACIDAD\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que: (i) el \u00ab1 de mayo de 2017\u00bb se posesion\u00f3 en el cargo de citadora grado III en el despacho confutado; (ii) tiene \u00ab55 a\u00f1os de edad\u00bb; (iii) \u00abde acuerdo (\u2026) [a] la historia laboral expedida por COLPENSIONES cuent[a] al 25 de octubre del 2021, con 986 semanas cotizadas\u00bb; (iv) es la responsable de tres hijos, dentro de los cuales uno de ellos se encuentra \u00aben situaci\u00f3n de discapacidad mental\u00bb; y (v) tiene obligaciones financieras con diferentes bancos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, a su juicio es prepensionada y, por lo tanto, pidi\u00f3 a la c\u00e9dula judicial enjuiciada no incluir su cargo dentro de los vacantes y\/o abstenerse de efectuar un nuevo nombramiento para el precitado empleo; resalt\u00f3, igualmente, que de la mencionada petici\u00f3n remiti\u00f3 una copia al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare; sin embargo, este \u00faltimo \u00f3rgano argument\u00f3 que \u00abla condici\u00f3n de prepensionado de que goce un empleado en provisionalidad no implica que ese consejo se abstenga de publicar la correspondiente vacante\u00bb <\/p>\n
Finalmente, adujo que el juzgado denunciado \u00ab[m]ediante la [R]esoluci\u00f3n No. 009 del 23 de noviembre del 2021, (\u2026) declar\u00f3 que la suscrita \u201cno detenta la condici\u00f3n de PREPENSIONADA (\u2026)\u201d\u00bb, por lo que, en su criterio, dicho fallador \u00abno valor[\u00f3] en forma integral [sus condiciones] (\u2026)\u00bb <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene al estrado encartado reconocerle la alegada calidad y \u00abcomuni[car] lo anterior al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare, para que suspenda el proceso de nombramiento de la convocatoria (\u2026) y\/o en su defecto [le asigne] un cargo igual o similar al que actualmente desempe\u00f1[a]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal manifest\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora MANOSALVA [no] detenta la condici\u00f3n de prepensionada, [ya que] que no se dan bajo ninguna circunstancia las condiciones que el legislador estableci\u00f3 para ese fin. (\u2026) [Conviene subrayar adem\u00e1s que, la decisi\u00f3n] en menci\u00f3n (\u2026) no fue objeto de disquisici\u00f3n y [p]or ende se encuentra en firme, (\u2026) raz\u00f3n por la cual, (\u2026) se procedi\u00f3 (\u2026) a realizar los procedimientos propios para hacer el nombramiento de los postulados en la lista de elegibles (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. Israel Amaya Barrera (nombrado en propiedad en el cargo de citador nominado del despacho acusado), se opuso a las peticiones del escrito tutelar, arguyendo que la gestora \u00abno cuenta a la fecha con la totalidad de semanas de cotizaci\u00f3n a pensi\u00f3n de veje[z] acorde [con la] legislaci\u00f3n\u00bb. Asimismo, solicit\u00f3 que \u00abse valore[n] tambi\u00e9n [sus] derechos (\u2026), los cuales se ver\u00edan afectados en caso de tutelar las pretensiones generadas por la parte accionante, ciudadana que cont[\u00f3] con las mismas herramientas e igualdad procedimental [para acceder al cargo]\u00bb. Finalmente, resalt\u00f3 que no se demostr\u00f3 la trasgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas. <\/p>\n
3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare se\u00f1al\u00f3 que \u00abno le es dado (\u2026) omitir la publicaci\u00f3n de las vacantes [porque] se aleguen derechos de prepensionado y, de otra parte, en el caso que nos ocupa, corresponde (\u2026) al se\u00f1or Juez Nominador decidir la tensi\u00f3n de derechos que se presenta entre [la quejosa] y los integrantes de la correspondiente lista de elegibles\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, la salvaguarda es improcedente puesto que \u00abel se\u00f1or Juez 2\u00b0Civil del Circuito de Yopal ya emiti\u00f3 acto administrativo que decidi\u00f3 sobre el estatus de prepensionada reclamado por la accionante y, por tanto, le corresponde ejercer los mecanismos de defensa ordinarios que la ley pone a su disposici\u00f3n\u00bb <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal a-quo revel\u00f3 preliminarmente que \u00abla [libelista] no hizo uso de los recursos con los cuales contaba en la v\u00eda gubernativa para atacar la Resoluci\u00f3n No. 009 del 23 de noviembre de 2021 (\u2026); sin embargo, como quiera que la [querellante] justific\u00f3 el posible perjuicio irremediable que se podr\u00eda causar [se] abordar\u00e1 la cuesti\u00f3n planteada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la colegiatura no accedi\u00f3 al resguardo al considerar que la actora no detenta la calidad de \u00abprepensionada\u00bb, la cual procede si el trabajador acredita que le faltan tres (3) a\u00f1os o menos para cumplir con el n\u00famero de semanas cotizadas para alcanzar la pensi\u00f3n de vejez y en este caso, a la quejosa \u00able faltan por cotizar aproximadamente 6 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, en cuanto a la estabilidad reforzada por la condici\u00f3n de discapacidad de su hija, no se cumpli\u00f3 con el \u00abrequisito de dependencia econ\u00f3mica exclusiva\u00bb, pues la tuteante \u00abse encuentra casada (\u2026) con el (\u2026) progenitor de [sus] hijos (\u2026) quien se desempe\u00f1a en la actualidad como funcionario judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora impugn\u00f3 el fallo para insistir en los argumentos de su demanda tutelar e indic\u00f3 que \u00abno fue analizado (\u2026) el hecho de que soy una persona de 56 a\u00f1os de edad, que he prestados (sic) mis servicios a la rama judicial por 20 a\u00f1os y que (\u2026) a m\u00ed avanzada edad es dif\u00edcil que consiga un empleo\u00bb. Y agreg\u00f3 que \u00abno se detuvo el fallo a analizar (\u2026) mis obligaciones bancarias individuales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los convocados vulneraron las prerrogativas reclamadas por la solicitante, en tanto: (i) el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Yopal no reconoci\u00f3 su presunta condici\u00f3n de prepensionada; y (ii) el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyac\u00e1 y Casanare no suspendi\u00f3 el proceso de selecci\u00f3n para el cargo de citador nominado. <\/p>\n
2. Naturaleza de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
El procedimiento breve y sumario estatuido en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, tiene cabida para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de vulneraci\u00f3n o amenaza, que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuando el interesado carece de otro instrumento id\u00f3neo de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha reiterado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias exclusivas de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance instrumentos ordinarios de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
3. Improcedencia del resguardo contra actos administrativos. <\/p>\n
Por regla general, los actos administrativos son ajenos al escrutinio del juez de tutela, pues este \u00faltimo no puede arrogarse facultades que son propias de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa. Al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, indistintamente de cu\u00e1l sea su naturaleza, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde los disconformes pueden allegar los elementos demostrativos que estimen del caso y explicar ampliamente los argumentos que aqu\u00ed esbozan, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada (CSJ. STC5278 4 may. 2015). <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente del escrito introductorio, de la impugnaci\u00f3n y los medios de convicci\u00f3n aportados al tr\u00e1mite, esta Sala advierte que el amparo invocado no supera el an\u00e1lisis del presupuesto de subsidiariedad previamente referido, lo anterior, en la medida en que la demanda de tutela bajo estudio se dirige contra varios actos administrativos, cuyo control corresponde al juez contencioso administrativo, a trav\u00e9s de los medios de control pertinentes, siempre y cuando la interesada cumpla los requisitos propios del instrumento respectivo (v. gr., t\u00e9rmino de caducidad). <\/p>\n
De esta manera, adem\u00e1s de ser id\u00f3neos dichos mecanismos de defensa, tambi\u00e9n resultan eficaces, dada la posibilidad de solicitar medidas cautelares, de acuerdo con lo normado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
4.1. En lo que ata\u00f1e a las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por la promotora, particularmente, lo atinente al supuesto desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se precisa que la desatenci\u00f3n del mentado presupuesto de subsidiariedad releva a esta particular justicia de hacer pronunciamiento sobre el particular, pues la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente de la interesada, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
4.2. Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubieren configurado las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, la Corte confirmar\u00e1 la determinaci\u00f3n adoptada por el a quo, pero por las razones arg\u00fcidas en esta instancia, en tanto que el amparo incumple el requisito de la subsidiariedad, aunado a que no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, pero por las razones expuestas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 29 de junio de 2022, luego de que la Corte Constitucional as\u00ed lo dispusiera mediante Auto 546 de 20 de abril de este a\u00f1o, expediente ICC-4168. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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