STC8910-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8910-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-22-13-000-2022-00113-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 7 de junio de 2022, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Omaira Id\u00e1rraga de Garc\u00eda contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso verbal bajo radicado 2019-00167. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado en el proceso ya referido. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3 que, Allianz Seguros de Vida SA, interpuso demanda en contra de su c\u00f3nyuge Jos\u00e9 Humberto Garc\u00eda Ospina, en donde pretend\u00eda la declaraci\u00f3n de la nulidad relativa de los contratos de seguros suscritos entre las partes, cuyo tr\u00e1mite le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, tr\u00e1mite en el que el demandado formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, y posteriormente falleci\u00f3, por lo que se realiz\u00f3 la sucesi\u00f3n procesal en favor de Omaira Id\u00e1rraga de Garc\u00eda el 21 de agosto de 2020. <\/p>\n
Explic\u00f3 que en sentencia de 26 de noviembre de 2020 el Juzgado de conocimiento neg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal y conden\u00f3 a la sociedad demandada en reconvenci\u00f3n \u00aba pagar en favor del BENEFICIARIO ONEROSO BANCO BBVA el saldo pendiente sobre os (sic) cr\u00e9ditos respaldados con las p\u00f3lizas\u2026y el saldo restante en favor de la beneficiaria gratuita se\u00f1ora OMAIRA IDARRAGA DE GARC\u00cdA\u00bb. Decisi\u00f3n que apelada por la aseguradora, la confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Manizales en providencia de 8 de junio de 2021. <\/p>\n
Narr\u00f3 que present\u00f3 memorial solicitando la ejecuci\u00f3n de la sentencia el 9 de septiembre de 2021 conforme al art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, y mediante auto de 24 de septiembre de 2021, el a quo se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo toda vez que la compa\u00f1\u00eda de seguros \u00abya hab\u00eda pagado y girado a la cuenta del despacho las sumas de dinero\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que su apoderado judicial solicit\u00f3 \u00abla entrega de t\u00edtulos judiciales mediante memorial del 27 de septiembre de 2021\u00bb, sin embargo, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales el 20 de octubre de 2021 orden\u00f3 la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales \u00abpero \u00fanicamente la suma de $90.328.598, m\u00e1s no los $235.655.868 que hab\u00eda pagado la compa\u00f1\u00eda aseguradora en la cuenta judicial del Despacho. Inclusive, la errada providencia expone que la compa\u00f1\u00eda aseguradora deposit\u00f3 la suma de $154.234.655, cuando existen soportes que evidencian que la suma depositada ascend\u00eda a los $235.655.868\u00bb. <\/p>\n
Inconforme interpuso recurso de reposici\u00f3n contra la anterior providencia, que fue resuelto de forma desfavorable el 22 de noviembre de 2021. <\/p>\n
Considera que, con esas decisiones se vulner\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso por el \u00abdesconocimiento de la norma sustancial contenida en el art\u00edculo 1079 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3 \u201cPrimero. Tutelar el derecho constitucional fundamental al DEBIDO PROCESO de la accionante OMAIRA ID\u00c1RRAGA DE GARC\u00cdA, el cual fue y al d\u00eda de hoy est\u00e1 siendo vulnerado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales al proferir las providencias del 20 de octubre de 2021 y del 22 de noviembre de 2021 en el expediente objeto de revisi\u00f3n constitucional. Segundo. Dejar sin efectos las providencias del 20 de octubre de 2021 y del 22 de noviembre de 2021, proferidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, Caldas, en el expediente judicial: 170013103001 2019 001670\u00bb <\/p>\n
3. Inicialmente el tr\u00e1mite fue repartido en la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, sin embargo, lo remiti\u00f3 por competencia a esta Corporaci\u00f3n, y mediante providencia de 26 de noviembre de 2022, se decidi\u00f3 devolverlo al Tribunal Superior de Manizales, para que conociera de la acci\u00f3n de tutela en primera instancia, puesto que la queja solamente se dirig\u00eda frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Jugado Primero Civil del Circuito de Manizales consider\u00f3 que \u00abla parte pretende que le sea reconocida la totalidad de los valores de las p\u00f3lizas de seguro materia del proceso, a sabiendas que conforme a lo resuelto en la sentencia, Allianz Seguros S.A. cubri\u00f3 ante el Banco BBVA Colombia el valor que corresponder\u00eda cubrir por dichas p\u00f3lizas -tanto por capital como por intereses- por lo que evidentemente no pueden reconocerse intereses sobre la totalidad de la suma asegurada en favor de la se\u00f1ora Omaira Id\u00e1rraga de Garc\u00eda, pues se estar\u00eda ordenando un pago doble por intereses en relaci\u00f3n con la obligaci\u00f3n se\u00f1alada, siendo entonces necesario reiterar, que realizado el pago por parte de la aseguradora, a la accionante solo le corresponde el porcentaje remanente, (\u2026) por cada una de las p\u00f3lizas, y los intereses sobre las sumas antes dichas, en los t\u00e9rminos de las sentencias\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, el pretender el pago de intereses sobre el valor de la p\u00f3liza \u00abque fue cubierto por la compa\u00f1\u00eda aseguradora en favor del beneficiario oneroso, equivale a un enriquecimiento sin causa en favor de la sucesora procesal\u2026\u00bb <\/p>\n
Igualmente, manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez, pues han transcurrido m\u00e1s de 6 meses desde que se profiri\u00f3 la \u00faltima decisi\u00f3n censurada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales declar\u00f3 improcedente el amparo, tras considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que \u00abla \u00faltima de las providencias censuradas data del 22 de noviembre de 2021, mientras que la solicitud de amparo fue presentada el 24 de mayo de 2022, es decir, transcurrieron m\u00e1s de seis (6) meses entre una y otra actuaci\u00f3n, t\u00e9rmino que resulta a todas luces irrazonable y desproporcionado; m\u00e1ximo cuando no se aleg\u00f3, ni mucho menos se acredit\u00f3, alguna circunstancia particular que explicara la tardanza por parte de la gestora en acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional, lo que desvirt\u00faa el car\u00e1cter urgente e inmediato del amparo deprecado\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente advirti\u00f3 que, \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se considerara que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencia judicial, tampoco se evidencia que la autoridad judicial convocada haya incurrido en alg\u00fan defecto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACION <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante quien manifest\u00f3 que, si bien el auto atacado tiene fecha de 22 de noviembre de 2021, fue notificado el 23 de noviembre siguiente, y que contrario a lo afirmado por el a quo constitucional, la acci\u00f3n de tutela fue presentada el 23 de mayo de 2022 y no el 24 de mayo siguiente, motivo por el cual consider\u00f3 que si se cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez. <\/p>\n
Igualmente, reproch\u00f3 que el Tribunal de primera instancia no se pronunci\u00f3 sobre el desconocimiento sustancial del art\u00edculo 1079 del C\u00f3digo de Comercio, en que considera incurri\u00f3 el Juzgado accionado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad de la se\u00f1ora Omaira Id\u00e1rraga de Garc\u00eda radica en el hecho que, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales, no repuso el auto del 20 de octubre de 2021 en el que orden\u00f3 la entrega de los t\u00edtulos judiciales por la suma de $90.328.598 y no sobre todo el valor lo pretendido por la accionante. <\/p>\n
Ahora bien, advierte la Sala que el amparo resulta improcedente en este asunto, porque no se cumple con el requisito de la inmediatez, habida cuenta que, entre la fecha del proferimiento del auto 22 de noviembre de 2021, y la presentaci\u00f3n de la tutela 24 de mayo de 20221, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de seis (6) meses, t\u00e9rmino que supera el lapso se\u00f1alado de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, sin que el accionante haya dado a conocer causa alguna para justificar tal extemporaneidad, exigencia sobre la que la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u00ab[S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 oct. 2011, exp. 2011-02245-00, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed como tampoco, acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional desde el mismo momento en que conoci\u00f3 la decisi\u00f3n, por tanto, dicha tardanza descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad convocada, y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Ahora bien, si se tuviera en cuenta que la providencia censurada por la actora fue notificada el 23 de noviembre de 2021, lo cierto es que tambi\u00e9n se encontrar\u00eda superado el t\u00e9rmino de seis (6) meses, previstos por la jurisprudencia constitucional como t\u00e9rmino razonable para acudir a este mecanismo extraordinario y, aun cuando la actora sostuvo que la acci\u00f3n de tutela fue presentada el 23 de mayo de 2022, conforme a la primera acta de reparto se observa que la misma fue el 24 de mayo de la presente anualidad, situaci\u00f3n que hace improcedente el amparo solicitado y, por lo tanto, imposibilita el estudio de fondo del mismo. <\/p>\n
3. No obstante, si se pasara por alto la extemporaneidad referida, la revisi\u00f3n del expediente allegado a este tr\u00e1mite tampoco refleja que el Juzgado accionado haya incurrido en desafuero que haga procedente la intervenci\u00f3n de esta justicia excepcional, lo anterior si en cuenta se tiene que en la sentencia de 26 de noviembre de 2020 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales resolvi\u00f3 condenar a la sociedad Allianz Seguros de Vida SA a pagar en favor del Banco BBVA \u00abel saldo pendiente\u00bb de los cr\u00e9ditos respaldados con las p\u00f3lizas n\u00fameros 021903921-0 y 021909257-0 y, \u00abel saldo restante en favor de la beneficiaria gratuita se\u00f1ora OMAIRA IDARRAGA DE GARCIA\u00bb , decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Manizales el 8 de junio de 2021. <\/p>\n
En cumplimiento de lo dispuesto, la Aseguradora pag\u00f3 el 14 de septiembre de 2021 al Banco BBVA las sumas de $148.492.996 por la primera de las p\u00f3lizas y $40.121.543 por la segunda, y realiz\u00f3 adem\u00e1s una consignaci\u00f3n en la cuenta de dep\u00f3sitos del Juzgado de conocimiento, el que, en auto de 20 de octubre de 2021 orden\u00f3 entregar a la se\u00f1ora Id\u00e1rraga de Garc\u00eda la suma de $90.328.945 que correspond\u00eda al saldo restante de los cr\u00e9ditos respaldados con las referidas p\u00f3lizas, los intereses moratorios, costas y honorarios, conforme a lo dispuesto en la referida sentencia. <\/p>\n
Inconforme la aqu\u00ed accionada interpuso recurso de reposici\u00f3n que se resolvi\u00f3 en providencia de 22 de noviembre de 2021, en la que Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales al mantener la decisi\u00f3n explic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conforme se indic\u00f3 en el auto atacado, en el tr\u00e1mite se evidenci\u00f3 que el se\u00f1or Jos\u00e9 Humberto Garc\u00eda (hoy fallecido), ten\u00eda suscritos con Allianz Seguros de Vida S.A. las p\u00f3lizas Nors.021903921-0 y 021909257-0, por valor de $170.000.000 y $60.000.000, respectivamente, raz\u00f3n por la cual conforme al literal tercero de la sentencia el pago que debe efectuarse a favor de la beneficiaria, corresponde al saldo restante luego de la cancelaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos que ten\u00eda vigentes el causante, por lo que estar\u00edamos hablando de las sumas de $21,507.004 y $19.879.457 respectivamente, equivalentes al valor de cada p\u00f3liza menos el monto de los cr\u00e9ditos cancelados por la aseguradora y que fueron debidamente certificados por la entidad bancaria. <\/p>\n
En raz\u00f3n de lo anterior, sobre dichas sumas de dinero se realiza el c\u00e1lculo de los intereses de mora generados desde el 13 de agosto de 2018, hasta el d\u00eda en que Allianz Seguros de Vida S.A., realiz\u00f3 el pago efectivo de las sumas reconocidas en la condena, lo cual se acredit\u00f3 en memorial al que se adjunt\u00f3 recibo de consignaci\u00f3n a la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del banco Agrario de Colombia, adiada 14 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Por tanto, los intereses de mora, deben liquidarse individualmente para cada una de las sumas de dinero, esto es para los $21,507.004 y $19.879.457 respectivamente conforme a los rangos de fechas se\u00f1alados con anterioridad. <\/p>\n
De ah\u00ed que, la suma cuyo pago se encuentra a cargo de la aseguradora Allianz Seguros de Vida S.A., es la de $90.328.598,2, pues en momento alguno el ordenamiento del juzgado se dirigi\u00f3 al reconocimiento y pago de intereses de mora por la totalidad de los valores asegurados, resultando claro que no puede este judicial cargar a favor de la parte vencida, sumas de dinero que ya fueron entregadas al Banco BBVA en calidad de acreedor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el apoderado de la se\u00f1ora Omaira Id\u00e1rraga de Garc\u00eda no es m\u00e1s que una diferencia de criterio con la autoridad accionada, aspecto sobre el que reiterativamente esta Corte ha enfatizado, que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (Ver CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01, STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01, STC9232-2018, STC5974-2021, STC6801-2022 y STC7569-2022, entre muchas). <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c02ActaReparto.pdf\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
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