STC8912-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8912-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00456-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 29 de marzo1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Camilo Torres Mart\u00ednez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Trece de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de esta urbe y las partes e intervinientes en el proceso penal 2013-00422. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando por conducto de apoderado, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que estima lesionado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
2.1. Contra el actor se adelant\u00f3 un proceso penal por las conductas punibles de fraude procesal, falsedad en documento privado y obtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso, dentro del cual, el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, mediante sentencia anticipada de 6 de noviembre de 2013, lo conden\u00f3 a 50 meses de prisi\u00f3n neg\u00e1ndole los subrogados de la condena de ejecuci\u00f3n condicional y prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.2. El cumplimiento de dicha sanci\u00f3n qued\u00f3 suspendido hasta tanto Torres Mart\u00ednez definiera su situaci\u00f3n judicial con las autoridades de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, a donde fue extraditado para responder por delitos relacionados con el narcotr\u00e1fico. <\/p>\n
2.3. Ante la firmeza del fallo, la actuaci\u00f3n fue remitida a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad de Bogot\u00e1, correspondiendo en una primera oportunidad al D\u00e9cimo de dicha especialidad y luego, producto de ajustes administrativos dispuestos por el Consejo Seccional de la Judicatura, a su hom\u00f3logo Trece. <\/p>\n
2.4. A trav\u00e9s de apoderado, el penado solicit\u00f3 a la c\u00e9lula judicial ejecutora la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 89 de la Ley 599 de 2000, petici\u00f3n denegada mediante auto de 20 de agosto de 2019, frente al cual interpuso los recursos ordinarios, de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. La impugnaci\u00f3n horizontal fue desatada el 27 de septiembre en el sentido de mantener la determinaci\u00f3n, en tanto que la alzada fue resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 4 de marzo de 2020, ratificando lo decidido por el despacho a quo. <\/p>\n
2.6. Torres Mart\u00ednez fue repatriado y actualmente se encuentra recluido en la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Alta y Mediana Seguridad de El Barne a \u00f3rdenes del Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, autoridad que, con auto de 20 de mayo de 2021 acumul\u00f3 la sanci\u00f3n indicada en p\u00e1rrafos precedentes con aquella irrogada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en fallo de 30 de diciembre de 2014, determinando una pena acopiada de 235 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed, luego de proponer una interpretaci\u00f3n de las normas que gobiernan el tema de la extinci\u00f3n de la pena y de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan su particular comprensi\u00f3n, solicita \u00abdecretar la nulidad de la providencia de 4 de marzo de 2020\u2026 y ordenarle para que\u2026 proceda a revocar el auto de fecha 20 de agosto de 2019\u2026 y en su lugar decretar\u00bb la referida consecuencia jur\u00eddica. <\/p>\n
Asimismo, pide \u00abdecretar la nulidad\u00bb de la providencia de 20 de mayo de 2021 por medio de la cual se dispuso el acopio jur\u00eddico de penas \u00abpues al realizar tal acumulaci\u00f3n tambi\u00e9n se incurri\u00f3 en un vicio sustancial pues acumul\u00f3 una pena que se encontraba prescrita [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por conducto de una de sus magistradas, se opuso a la prosperidad del resguardo dado que lo pretendido por el gestor es \u00abrevivir una discusi\u00f3n zanjada\u00bb por la autoridad judicial competente con apego al ordenamiento jur\u00eddico, al tiempo que desatiende el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. El asistente jur\u00eddico del Juzgado Trece de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que resulta \u00abinadmisible que el accionante a\u00f1os despu\u00e9s acuda a la acci\u00f3n de tutela\u2026 como si se tratara de una tercera instancia\u00bb por lo que pidi\u00f3 no acceder a las s\u00faplicas. <\/p>\n
3. El Juez Treinta y Ocho Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 \u00abdespachar desfavorablemente el amparo\u00bb en lo que a ese despacho ata\u00f1e por cuanto \u00abno\u2026 se encuentr[a] vulnerando los derechos fundamentales del actor\u00bb. <\/p>\n
4. La fiscal jefe de la Unidad de Delitos Contra la Fe P\u00fablica y el Orden Econ\u00f3mico solicit\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esa entidad habida consideraci\u00f3n que la satisfacci\u00f3n de las pretensiones formuladas por el gestor \u00abno est\u00e1 en cabeza de la Fiscal\u00eda\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la salvaguarda por cuanto \u00abeste tr\u00e1mite\u2026 no es una tercera instancia ni est\u00e1 instituida como una jurisdicci\u00f3n paralela a la ordinaria y tampoco es la sede a la que se acude como \u00faltima opci\u00f3n cuando los resultados de recurrir a las v\u00edas ordinarias han sido desfavorables\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, advirti\u00f3 que las autoridades querelladas \u00absensata y razonadamente expresaron los motivos por los cuales no era procedente la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb lo que descarta la incursi\u00f3n en alg\u00fan defecto que autorice la intervenci\u00f3n del juez constitucional, siendo que \u00ablas discrepancias interpretativas no son violatorias, por s\u00ed mismas, de los derechos fundamentales\u00bb y por ello \u00abla tutela no procede para impugnar providencias judiciales cuando el supuesto afectado simplemente no coincide con la posici\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en los mismos razonamientos esbozados en el libelo inicial, referentes a su personal comprensi\u00f3n de las disposiciones que gobiernan la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades convocadas lesionaron las garant\u00edas fundamentales de Camilo Torres Mart\u00ednez, al no acceder a la extinci\u00f3n de la pena a \u00e9l impuesta dentro del proceso 2013-00422, supuestamente por realizar una interpretaci\u00f3n inadecuada de las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Del caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la providencia de segundo grado a trav\u00e9s de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 puso fin, en sede ordinaria, a la discusi\u00f3n acerca de la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno extintivo de la prescripci\u00f3n de la pena, data del 4 de marzo de 2020, en tanto que la presente tutela fue interpuesta el pasado 3 de marzo, de acuerdo con reporte de radicaci\u00f3n por correo electr\u00f3nico anexo en formato digital, es decir, superado ampliamente el semestre establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado debi\u00f3 utilizar oportunamente esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Efectivamente, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo prudencial fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo; sin embargo, en este caso no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad del convocante que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo -se itera- superado el semestre antes se\u00f1alado, pues las razones esgrimidas a efectos de tratar de justificar la tardanza para promover la salvaguarda en nada inciden en la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino razonable. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pero porque el accionante tard\u00f3 en acudir a este instrumento excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, pero por las puntuales razones indicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la Sala a quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El asunto arrib\u00f3 a esta sala para desatar la impugnaci\u00f3n solo hasta el 30 de junio. <\/p>\n
<\/p>\n
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