STC8913-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8913-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00926-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 17 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Dora Eugenia S\u00e1nchez de Quintero contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Quince de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, tr\u00e1mite al cual fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2012-00522. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, la reclamante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad, igualdad y dignidad presuntamente transgredidos por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En apoyo de sus reparos, manifest\u00f3 que el 26 de enero de 2018 fue condenada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali a la pena principal de 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n como responsable por los delitos de \u00absupresi\u00f3n u ocultamiento de documento p\u00fablico, prevaricato por acci\u00f3n agravado, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico\u00bb; decisi\u00f3n confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 20 de febrero de 2020. <\/p>\n
Expuso que present\u00f3 solicitud de libertad condicional ante el Juzgado Quince de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, no obstante, su petici\u00f3n fue negada el 30 de junio de 2021 por la \u00abgravedad\u00bb de la conducta punible; determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali el 31 de enero de 2022. <\/p>\n
Adujo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto procedimental absoluto, al aplicar equivocadamente el contenido del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal y omitir el cumplimiento de su numeral 2\u00ba en relaci\u00f3n con el an\u00e1lisis del proceso de resocializaci\u00f3n, aspecto en el que necesariamente ten\u00edan que pronunciarse sobre su comportamiento en la reclusi\u00f3n, su aprovechamiento del tiempo, su fase de seguridad actual, entre otros, e indicar \u00abconcreta y no ret\u00f3ricamente por qu\u00e9 raz\u00f3n debe continuar privada de la libertad\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que igualmente incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente constitucional, entre otras, las sentencias C-194 de 2005, C-757 de 2014, C-233 de 2016, T-640 de 2017 y T-265 de 2017, al no acatar el referente jurisprudencial sobre el tema, pues \u00abhabiendo la Corte Constitucional establecido el alcance de un derecho fundamental, aplicaron el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal limitando sustancialmente dicha directriz\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, advirti\u00f3 que erraron en la motivaci\u00f3n de sus decisiones, puesto que las fundamentaron en la valoraci\u00f3n de la gravedad de las conductas, sin detenerse a examinar qu\u00e9 efectos ha surtido la condena hasta el momento, su comportamiento, el arraigo familiar y social demostrado y, en general, los aspectos relevantes para establecer la funci\u00f3n resocializadora del tratamiento penitenciario, lo que constituye una violaci\u00f3n a la norma y de contera a la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en la sentencia STP4105-2021 indic\u00f3 que \u00abLa sola alusi\u00f3n a una de las facetas de la conducta punible, esto es, en el caso concreto, solo al bien jur\u00eddico, no puede tenerse, bajo ninguna circunstancia, como motivaci\u00f3n suficiente para negar la concesi\u00f3n del subrogado penal\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto las determinaciones cuestionadas y, en su lugar, ordenar al Juzgado Quince de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad que \u00aben un t\u00e9rmino improrrogable emita nueva providencia respetuosa de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n se invoca y que acate el precedente jurisprudencial, disponiendo la libertad condicional por encontrarse satisfechos los requisitos establecidos en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, solicit\u00f3 que se exhorte a las autoridades accionadas, abstenerse de incurrir nuevamente en actos que transgredan sus derechos fundamentales. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n e indic\u00f3 que los argumentos por los cuales no se concedi\u00f3 el subrogado de la libertad condicional, giraron en torno a la necesidad de la ejecuci\u00f3n de la pena como consecuencia de la previa valoraci\u00f3n de la conducta punible por la que fue condenada Dora Eugenia S\u00e1nchez de Quintero. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que lo expuesto por la solicitante se asemeja a un argumento de instancia adicional y no un ataque a una decisi\u00f3n por ser vulneradora de derechos fundamentales con la que no comparte la postura adoptada, pues insiste en que debe tenerse en cuenta como aspecto favorable a considerar, el comportamiento y buen trabajo que ha tenido en reclusi\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Penal del Circuito de Conocimiento de Cali solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa, indicando que lo pretendido por la suplicante es ajeno a la funci\u00f3n de ese despacho. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras determinar que \u00ablo alegado en la demanda ya fue expuesto ante los jueces de instancia y, de la misma manera, ya fue resuelto por \u00e9stos, quienes son los competentes, con lo que la accionante pretende convertir el mecanismo de amparo en una nueva instancia donde se haga eco de sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, resalt\u00f3 que no se evidenciaba la existencia de una v\u00eda de hecho que habilitara la intervenci\u00f3n del juez constitucional, teniendo en cuenta que los argumentos de las autoridades accionadas se mostraban razonables. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Adujo que al omitir el an\u00e1lisis profundo exigido en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, los accionados vulneraron el derecho fundamental al debido proceso porque en lugar de hacer una valoraci\u00f3n ex novo del comportamiento postdelictual tomaron la que hizo el fallador en la sentencia condenatoria, no obstante, lo que proced\u00eda era que el juez ejecutor evaluara si frente a la gravedad de las conductas, el proceso resocializador ha dado o no los resultados esperados, o si, por el contrario ha sido insuficiente. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que tanto esta Corporaci\u00f3n como la Corte Constitucional han exhortado a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas a valorar la conducta, no solamente trayendo a colaci\u00f3n el an\u00e1lisis que al respecto hacen los jueces falladores en sus sentencias de condena, sino tambi\u00e9n ponderando el comportamiento de los condenados en reclusi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada se precisa que, si bien el reclamo se dirige contra las decisiones que, en primera y segunda instancia, negaron la solicitud de libertad condicional elevada por Dora Eugenia S\u00e1nchez de Quintero en el proceso penal seguido en su contra, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a la proferida el 31 de enero de 2022 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, por cuanto fue la que defini\u00f3 el asunto, lo anterior, en virtud de lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n (Ver CSJ STC, may, 2014, rad. 00834-00, STC2242, 5 mar. 2015, reiterada en STC4287-2022). <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, y analizados los argumentos expuestos por el Tribunal Superior accionado, no observa la Sala arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En la referida decisi\u00f3n, la Corporaci\u00f3n accionada luego de rese\u00f1ar los antecedentes del caso, plante\u00f3 como problema jur\u00eddico, establecer si la no concesi\u00f3n de la libertad condicional fue acertada, evento en el cual confirmar\u00eda el pronunciamiento atacado, o en su defecto impartir\u00eda las \u00f3rdenes pertinentes. <\/p>\n
En ese sentido expuso que el fallador de primera instancia determin\u00f3 que, si bien el comportamiento de la condenada en reclusi\u00f3n hab\u00eda sido calificado en grado de bueno y ejemplar, tal circunstancia sopesada con la valoraci\u00f3n de la conducta punible por la que fue sentenciada, hac\u00eda imprescindible que aqu\u00e9lla debiera continuar ejecutando la pena impuesta. <\/p>\n
Para resolver la controversia formulada, inicialmente se remiti\u00f3 a lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en la sentencia C-757 de 2014 y por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STP15806-2019 frente a las exigencias para la concesi\u00f3n de libertad condicional y, posteriormente, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]n el caso objeto de examen, las motivaciones esgrimidas por la Juez A quo, para no conceder la libertad condicional se fundan no solo en la valoraci\u00f3n de la conducta punible desplegada por la condenada pues la considera altamente reprochable de conformidad con lo expuesto en la sentencia condenatoria, adem\u00e1s se\u00f1ala que la condenada ha cumplido con el 71 % de la pena impuesta, ha observado un adecuado comportamiento en el centro de reclusi\u00f3n, y el concepto favorable emitido por el Inpec, asimismo de haber realizado en alguna medida actividades de redenci\u00f3n de pena. <\/p>\n
Una vez hecho lo anterior la juez ejecutora procede a ponderar tales circunstancias con la multiplicidad de las conductas punibles, su alta premeditaci\u00f3n, ejercer su poder para corromper a empleados adscritos a su despacho, con lo cual considera incontrastable la necesaria continuidad del cumplimiento de la pena intramural, en orden a que se viabilicen sus fines y la condenada interiorice el respeto a los valores sociales que transgredi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Al respecto record\u00f3 que si bien el comportamiento de Dora Eugenia S\u00e1nchez de Quintero en el establecimiento carcelario era adecuado para su resocializaci\u00f3n y hab\u00eda descontado el 71% de la pena, esas no eran las \u00fanicas exigencias que deb\u00edan tenerse en cuenta al momento de estudiar la petici\u00f3n de libertad condicional, puesto que obligaba a hacer lo propio respecto a la conducta ejecutada, como en efecto se hizo, siendo ese el soporte para negar la solicitud, \u00abno obstante, el adecuado desempe\u00f1o y el concepto favorable emitido por el INPEC, ante lo cual se puede constatar que se niega la libertad condicional a la se\u00f1ora S\u00e1nchez de Quintero con base en la necesidad de continuar con la ejecuci\u00f3n de la pena intramural de cara a la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta cometida\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en este caso no pod\u00eda dejarse de lado la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta que despleg\u00f3 la sentenciada vali\u00e9ndose de su posici\u00f3n de Juez Sexta de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali para dicha \u00e9poca, quien incurri\u00f3 en un acto irregular consistente en la concesi\u00f3n de prisi\u00f3n domiciliaria como padre de cabeza de familia a un condenado sin el cumplimiento de los requisitos legales, obligando tambi\u00e9n a una de sus empleadas a que borrara las anotaciones registradas en el sistema Siglo XXI sobre constancias de ejecutoria y traslado del recurso de apelaci\u00f3n que hab\u00eda interpuesto el Ministerio P\u00fablico sobre esa determinaci\u00f3n, as\u00ed como la manipulaci\u00f3n de algunos folios del expediente para que el recurso pareciera haber sido interpuesto de forma extempor\u00e1nea, entre otros procederes. <\/p>\n
As\u00ed, determin\u00f3 que dicha conducta era totalmente reprochable viniendo de una servidora p\u00fablica que conoce la Ley y sus consecuencias, adem\u00e1s que sus actuaciones se reflejan en la sociedad, lo cual permit\u00eda la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n
Por otra parte, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abAhora, con relaci\u00f3n a los fundamentos objeto de apelaci\u00f3n, se reitera que el hecho de que la Sra. S\u00e1nchez de Quintero cuente con concepto favorable para la concesi\u00f3n de tal prerrogativa y haya descontado m\u00e1s de las 3\/5 partes de la pena impuesta, ello solo no basta para su concesi\u00f3n, pues no se puede dejar de lado el an\u00e1lisis de la valoraci\u00f3n de la conducta por parte del juez, tal y como lo describe la norma a la cual ella hace alusi\u00f3n. [art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 200, modificada por la Ley 1709 de 2014]. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a que la a quo no atendi\u00f3 lo previsto en las sentencias 727\/2014 y 640\/2017, se debe indicar que basta con hacer referencia a la \u00faltima decisi\u00f3n de la Corte Constitucional, en ella se indica: <\/p>\n
\u201cMediante la sentencia C-757 de 2014, la Sala Penal declaro exequible la expresi\u00f3n \u201cprevia valoraci\u00f3n de la conducta punible\u201d contenida en el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, en el entendido de que las valoraciones de la conducta punible hechas por los jueces de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad para decidir sobre la libertad condicional de los condenados tengan en cuenta las circunstancias, elementos y consideraciones hechas por el juez penal en la sentencia condenatoria, sean \u00e9stas favorables o desfavorables al otorgamiento de la libertad condicional\u201d. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que fue acatada por la A-quo en la decisi\u00f3n objeto de examen, a trav\u00e9s de la cual lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que la apelante no es derechosa a la libertad condicional, lo mismo ocurre con las decisiones de la honorable Corte Suprema de Justicia que sobre este tema ha sido consistente en se\u00f1alar que corresponde al juez competente resolver la procedencia de la libertad condicional atendiendo los par\u00e1metros jur\u00eddicos aplicables, es decir, realizando la valoraci\u00f3n previa que establece la Ley vigente (art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000 y sus modificaciones) a partir de los condicionamientos hechos por la Corte Constitucional en sede de revisi\u00f3n de constitucionalidad\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, el Tribunal accionado consider\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n a la recurrente, frente a la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta que puede hacer el juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad con el fin de conceder beneficios de libertad a los sentenciados. <\/p>\n
3. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia de primera instancia habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por Dora Eugenia S\u00e1nchez de Quintero y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que la Sala Penal del Tribunal superior de Cali fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de esta Corporaci\u00f3n aplicables al caso concreto, encontrando que si bien el comportamiento de la sentenciada en el establecimiento carcelario era adecuado para su resocializaci\u00f3n y a pesar de haber cumplido las 3\/5 partes de la condena, esas no eran las \u00fanicas exigencias para para estudiar la concesi\u00f3n de la libertad condicional, pues no pod\u00eda dejarse de lado la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta punible desplegada por Dora Eugenia S\u00e1nchez, la cual que result\u00f3 desfavorable. <\/p>\n
Por lo tanto, a diferencia de lo alegado por la actora, las autoridades accionadas no desconocieron los lineamientos trazados por la Corte Constitucional entre otras, en las sentencias, C-194 de 2005 y C-757 de 2014, en punto a los requisitos para otorgar la libertad condicional, solo que la buena conducta de aqu\u00e9lla al interior del centro carcelario y el cumplimiento del 71% de la pena no fueron suficientes para acceder a su petici\u00f3n, considerando la necesidad de continuar con el tratamiento carcelario, sin que esto \u00faltimo desconozca el reacondicionamiento social de la pena, como lo sugiere la suplicante. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por la peticionaria a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en el pronunciamiento objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente, m\u00e1xime cuando lo argumentado por el fallador a quo no puede tildarse de arbitrario, ya que obedece a un an\u00e1lisis coherente del expediente, avalado por el contexto particular que revelaba el proceso. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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