STC8915-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8915-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00372-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Libaniel de Jes\u00fas Rend\u00f3n Acero frente al fallo proferido el 8 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente vulnerada por las sedes encausadas al denegarle la concesi\u00f3n de la libertad condicional que les rog\u00f3. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, \u00abdecretar la nulidad de las providencias cuestionadas y en su efecto (sic) se ordene a los accionados, realizar un examen juicioso y serio sobre [su] proceso de resocializaci\u00f3n con miras a resolver de fondo [su] solicitud de libertad condicional, habida consideraci\u00f3n que el Juez ejecutor no se puede quedar solo en lo atinente al tema de lesividad de la conducta punible para resolver[la]\u2026, sino que debe ir m\u00e1s all\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.1. Con sentencia emitida el 14 de octubre de 2008 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta, el quejoso fue condenado a 35 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al hallarlo responsable del punible de secuestro extorsivo agravado, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el ad-quem con providencia del 24 de abril de 2009, \u00faltima respecto de la cual, el 9 de marzo de 2011, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n incoada por la defensa. <\/p>\n
2.2. El 2 de julio de 2021 el Juzgado acusado no accedi\u00f3 a la libertad condicional deprecada por el condenado, determinaci\u00f3n que el 23 de noviembre siguiente ratific\u00f3 el Tribunal atacado. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, el gestor adujo que para resolver su petici\u00f3n, injustificadamente, los juzgadores acusados se concentraron en la \u00ablesividad de la conducta punible\u00bb sin ahondar en lo referente a su proceso de resocializaci\u00f3n, como, en su sentir, se impon\u00eda y daba lugar a que se accediera a su solicitud de libertad, conforme a la jurisprudencia sobre el particular. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio manifest\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela es improcedente, en cuanto su objetivo es cuestionar una decisi\u00f3n judicial respecto de la cual se agotaron los recursos y, que por medio de dicho mecanismo se le conceda el subrogado penal, es decir, busca convertirla en una especie de tercera instancia, con lo cual se desplazar\u00eda a la jurisdicci\u00f3n competente para resolver el asunto que, en este asunto, no es la del juez de tutela\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que s\u00ed \u00abtuvo en cuenta [el] proceso de resocializaci\u00f3n durante [la] fase de tratamiento penitenciario, pues se reconoci\u00f3 que se hab\u00eda emitido concepto favorable, que su conducta era buena y que ha realizado actividades de redenci\u00f3n de pena, no obstante, de la ponderaci\u00f3n de los comportamientos, se determin\u00f3 que a\u00fan era necesaria la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena de manera intramural y, por ello, se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n censurada\u00bb, en tanto que la \u00abconducta desplegada\u2026 era de importante lesividad, lo que por el momento imped\u00eda que se suspendiera el tratamiento penitenciario\u2026, tal como lo hab\u00eda indicado el Juzgado\u2026 de C\u00facuta en la sentencia proferida\u2026, en la que se resalt\u00f3 la mayor gravedad del comportamiento desplegado, resalt\u00e1ndose la amenaza a la vida contra una de las v\u00edctimas, que adem\u00e1s era menor de edad\u00bb. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, ning\u00fan otro de los convocados se pronunci\u00f3 frente a la demanda de amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir que \u00ablos despachos demandados valoraron los factores objetivos de procedencia de la libertad condicional previstos en la Ley 1709 de 2014 y, tras superarlo, elaboraron un an\u00e1lisis sobre la gravedad de la conducta punible\u00bb; resaltando que, \u00abpese a que\u2026 el demandante cumpliera los requisitos objetivos para la concesi\u00f3n de la libertad condicional, \u00e9sta le fue negada luego de valorar la gravedad de las conductas, claro est\u00e1, tras analizar los aspectos objetivos plasmados en las sentencias condenatorias que se dictaron en su contra, sin que ello implique un nuevo juzgamiento\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 que propuso la salvaguarda para obtener la omitida valoraci\u00f3n de fondo de su proceso de resocializaci\u00f3n, la que sigue sin producirse, que \u00abno para que el Juez constitucional entrara a analizar lo que le corresponde al\u2026 de Ejecuci\u00f3n de Penas\u00bb, por lo que, seg\u00fan la jurisprudencia sobre la materia, reiter\u00f3, el resguardo debi\u00f3 concederse. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocarse cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones y prove\u00eddos judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Acorde con esas premisas, descendiendo al caso concreto, de entrada advierte la Sala la confirmaci\u00f3n del fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el amparo deprecado estaba llamado al fracaso, en la medida en que no lucen arbitrarios ni caprichosos los razonamientos expuestos por el Tribunal acusado, en el prove\u00eddo del pasado 23 de noviembre, para resolver la apelaci\u00f3n propuesta por el censor frente a la decisi\u00f3n de 2 de julio de 2021, mediante la cual el a-quo convocado no accedi\u00f3 a la libertad condicional deprecada por aqu\u00e9l. <\/p>\n
En efecto, al auscultar tal determinaci\u00f3n -por ser aqu\u00e9lla mediante la cual se zanj\u00f3 de manera definitiva el asunto sometido a consideraci\u00f3n de la autoridad ordinaria-, se observa que dicha Colegiatura, de entrada, precis\u00f3 que, acorde al principio de favorabilidad, la normatividad aplicable al caso era \u00abla prevista en el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de\u2026 (2014), que modific\u00f3 el\u2026 64 de la Ley 599 de\u2026 (2000)\u00bb; seguidamente, tras citar aquel precepto y el 180 de la Ley 600 de 2000, consign\u00f3 que para la viabilidad de la libertad condicional deb\u00edan confluir los siguientes supuestos: <\/p>\n
(i) Que a la solicitud se alleguen, resoluci\u00f3n favorable del consejo de disciplina del penal, copia de la cartilla biogr\u00e1fica y dem\u00e1s documentos relevantes de conformidad con lo expuesto en el art\u00edculo 480 de la Ley 600 de 2000; <\/p>\n
(ii) Que el comportamiento mostrado por el penado durante el tratamiento penitenciario, as\u00ed como la valoraci\u00f3n efectuada a la conducta punible por la que se impuso sanci\u00f3n, permitan suponer fundadamente que no es menester seguir adelante con la ejecuci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
(iii) Que el penado haya purgado las tres quintas (3\/5) partes de la pena impuesta, para lo cual, deber\u00e1 computarse el tiempo descontado f\u00edsicamente y el redimido en actividades de trabajo, estudio y\/o ense\u00f1anza; <\/p>\n
(iv) Que se haya reparado a la v\u00edctima por los perjuicios ocasionados con la conducta punible o se asegure el pago de la indemnizaci\u00f3n mediante garant\u00eda personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre la insolvencia econ\u00f3mica del condenado. <\/p>\n
(v) Que se encuentre demostrado el arraigo familiar y social del penado. <\/p>\n
Por ese sendero, anot\u00f3 que \u00abpara otorgar la libertad condicional el Juez ejecutor, partiendo de la valoraci\u00f3n de la gravedad de la conducta por la que se emiti\u00f3 condena, debe ponderar los elementos que certifican el comportamiento intramuros del sentenciado, aunado a los requisitos objetivos que corresponden: i) al cumplimiento de las tres quintas (3\/5) partes de la pena impuesta, ii) al pago de los perjuicios derivados de la conducta punible y iii) a la demostraci\u00f3n del arraigo social y familiar del condenado\u00bb; de donde \u00abla disertaci\u00f3n exigible se centra en realizar un diagn\u00f3stico – pron\u00f3stico sobre el comportamiento del enjuiciado posterior a la fecha en que comienza a purgar la pena impuesta, para, en este orden de ideas, determinar si el proceso de resocializaci\u00f3n ha llegado a t\u00e9rmino de manera efectiva y, por ende, si la privaci\u00f3n de la libertad ha cumplido con el objetivo de generarle una conciencia acerca de la lesividad de su comportamiento\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, con apoyo en pronunciamiento de la Corte Constitucional (C-195\/05), consign\u00f3, \u00abrespecto a la forma como debe abordarse la \u00abprevia valoraci\u00f3n de la conducta punible\u00bb, tema en el que se fund\u00f3 la negativa\u00bb, que \u00abel ejecutor en manera alguna puede realizar un an\u00e1lisis ajeno, apartado o que no corresponda a los l\u00edmites impuestos por el juez de conocimiento al momento de proferir la sentencia, toda vez que los se\u00f1alados en ese momento se erigen en el derrotero inicial, a partir del cual el operador judicial colige la necesidad de continuar o no con la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n irrogada\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, indic\u00f3 que \u00ab[t]al postura se mantuvo con el art\u00edculo 64 del c\u00f3digo penal, modificado por la Ley 890 de\u2026 (2004), e incluso con la variaci\u00f3n introducida a partir de la Ley 1709 de\u2026 (2014), lo cual se corrobora a trav\u00e9s del pronunciamiento que en tal sentido efectuara el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional en sentencia C-757 de\u2026 (2014), por medio de la cual analiz\u00f3 la exequibilidad del art\u00edculo 30 del referido compendio normativo\u00bb. <\/p>\n
Por ello, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla consideraci\u00f3n que realiza el Juez ejecutor se ubica en un contexto distinto y, por lo tanto, en una fase diferente a la etapa de juzgamiento, pues\u2026 el fin de valorar la conducta y realizar la ponderaci\u00f3n con el comportamiento desplegado por un condenado, no es otro diferente al de definir si existe la necesidad de cumplir a cabalidad la pena interpuesta o si, por el contrario, el sentenciado ya se encuentra en condiciones de reinsertarse a la sociedad\u00bb; y en todo caso, \u00abel juez debe analizar cada uno de los requisitos previstos legalmente, ya sea objetivo o subjetivo, en conjunto, como recientemente lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, quien por v\u00eda de tutela precis\u00f3 que la valoraci\u00f3n de la conducta punible tiene igual peso que los dem\u00e1s requisitos establecidos para su concesi\u00f3n\u00bb (CSJ STP15806-2019, 19 nov.; reiterada en CSJ AP4142-2021, 15 sep.). <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, como el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de C\u00facuta, al momento de proferir la sentencia del catorce (14) de octubre de dos mil ocho (2008), destac\u00f3 la mayor gravedad del comportamiento desplegado por el condenado, resaltando sobre ese particular, la amenaza contra la vida del ofendido, aunado a que se trat\u00f3 de dos (2) v\u00edctimas que fueron privados de la libertad, uno de ellos menor de edad. <\/p>\n
Consideraciones que, se vieron reflejadas en el proceso de dosificaci\u00f3n punitiva, pues no se impuso el l\u00edmite m\u00ednimo del cuarto seleccionado (28 a\u00f1os) sino que se aument\u00f3 en dos (2) a\u00f1os m\u00e1s. <\/p>\n
Adicionalmente, en el fallo de segunda instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta, destac\u00f3: <\/p>\n
\u00abYa dijimos tambi\u00e9n, que estamos en presencia de un colectivo criminal, habilidosamente organizado para cometer el secuestro materia de imputaci\u00f3n, por lo que resulta incre\u00edble de aceptar que los organizadores del secuestro, dejasen el producto del mismo en manos de un absoluto desconocido y ajeno a dicho colectivo, infiri\u00e9ndose de lo anterior que el procesado\u2026 LIBANIEL REND\u00d3N ACERO\u2026 form\u00f3 parte integral y activa del colectivo aqu\u00ed judicializado\u00bb <\/p>\n
En ese orden, para esta Sala, como lo fue para el juez a quo, el comportamiento desplegado por el condenado (secuestro extorsivo agravado en concurso homog\u00e9neo), del que no es posible discutir su responsabilidad en esta sede, pues esta ya qued\u00f3 declarada, gener\u00f3 una grave afectaci\u00f3n al bien jur\u00eddico tutelado, en la medida que integr\u00f3 un grupo criminal para afectar, por lo menos dos bienes jur\u00eddicos protegidos por el legislador, como lo son, la libertad individual y el patrimonio econ\u00f3mico de las v\u00edctimas. <\/p>\n
Tal realidad, permite sostener que en verdad la valoraci\u00f3n de la conducta punible desarrollada por Rend\u00f3n Acero, no puede dejarse de lado ni obviarse, es necesario como lo prev\u00e9 la norma analizar ese t\u00f3pico, pues si ello no fuera as\u00ed, no se explicar\u00eda su inclusi\u00f3n por el legislador como presupuesto para la concesi\u00f3n del beneficio, y en este asunto, dicho criterio evidencia el modo de ser del penado al interior de la sociedad, el que se cimienta en importantes niveles de lesividad, generando la necesidad de mantener el tratamiento intramural con miras a dar cabida a las funciones de reinserci\u00f3n y resocializaci\u00f3n imperantes en este momento de la actuaci\u00f3n (art\u00edculo 4 del c\u00f3digo penal). <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3, de forma expresa, en torno al proceso de resocializaci\u00f3n del quejoso, que \u00absi bien su conducta penitenciaria ha sido buena, de ah\u00ed que se emitiera concepto favorable para la concesi\u00f3n del sustitutivo en condena, y se le reconociera redenci\u00f3n de pena por su buen rendimiento, lo cierto es que en su caso la ponderaci\u00f3n del comportamiento il\u00edcito por el que se lo conden\u00f3, al igual que su naturaleza y modalidad del mismo, permiten concluir que resulta necesaria la continuaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, destac\u00f3 que \u00abel an\u00e1lisis realizado en manera alguna vulnera el principio del nom bis in \u00eddem o el derecho al debido proceso que ostenta\u2026 Rend\u00f3n Acero, pues al realizar la ponderaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n de la conducta y el proceso de resocializaci\u00f3n llevado a cabo por este, por el momento resulta preponderante el accionar por \u00e9l desplegado, raz\u00f3n por la que la Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n recurrida\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se observa que esa decisi\u00f3n no se muestra antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el censor, muy a pesar de sus alegaciones, es una diferencia de criterio en cuanto a la forma en la cual el Tribunal acusado interpret\u00f3 las normas (especialmente el canon 64 del C\u00f3digo Penal) y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, concluyendo, contrario a lo aducido por \u00e9l, que la lesividad de su conducta, a pesar de los avances en su proceso de resocializaci\u00f3n, de momento, impon\u00eda que debiese seguir purgando en centro carcelario la pena impuesta. <\/p>\n
As\u00ed, es patente que, contrario a lo alegado por el impugnante, los juzgadores naturales no pasaron por alto el estudio de su proceso de resocializaci\u00f3n, cosa diferente es que el alcance que dieron al mismo no coincidiera con el pretendido por \u00e9l. <\/p>\n
Por tanto, aquellas inferencias no pueden desaprobarse de plano o calificarse de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y [el juez constitucional] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio…, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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