STC8916-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8916-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01250-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que PTG ABOGADOS S.A.S le instaur\u00f3 a la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, extensiva a los intervinientes en el decurso combatido. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La querellante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que se ordenara a la autoridad encartada que \u00abproceda a dar aplicaci\u00f3n a lo estipulado en el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006\u00bb, o en su defecto, \u00aba lo estipulado en el art\u00edculo 46 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que la Superintendencia de Sociedades admiti\u00f3 el proceso de reorganizaci\u00f3n de Dream Rest Colombia S.A.S. (2 dic. 2020) en el que fue reconocida como acreedora de la concursada (exp. n\u00ba 73684) y present\u00f3 el respectivo proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto (31 may. 2021). <\/p>\n
Indic\u00f3 que puso en conocimiento de dicha entidad (8 jul.) la denuncia formulada ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en contra de los accionistas y administradores de la deudora, sobre lo cual no se ha emitido pronunciamiento. <\/p>\n
Sostuvo que el despacho encartado surti\u00f3 los traslados de las objeciones al \u00abproyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto\u00bb, as\u00ed como al inventario de bienes y requiri\u00f3 al promotor para que, vencido \u00abel t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas al d\u00eda siguiente del vencimiento del traslado, (\u2026) allegue el informe del que tratan los art\u00edculos 2.2.2.11.11.4. y 2.2.2.11.11.5 del Decreto 1074 de 2015, aportando los documentos que soporten las conciliaciones celebradas\u00bb (25 ag. 2021); empero, este remiti\u00f3 el primer informe el 29 de octubre de 2021, el segundo y tercero el 28 de enero y 1 de febrero de 2022, respectivamente. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el iudex del concurso, ante las m\u00faltiples quejas remitidas por los \u00abacreedores\u00bb relacionadas con el incumplimiento en los gastos de administraci\u00f3n por DREAM REST COLOMBIA S.A.S., exhort\u00f3 nuevamente al \u00abpromotor\u00bb para que: \u00ab(\u2026) en el t\u00e9rmino de ocho (8) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, [presente] un informe sobre el estado actual de la compa\u00f1\u00eda y, en especial, para que rinda su concepto sobre las perspectivas de recuperaci\u00f3n del deudor, con fundamento en los planes de negocios, los flujos de caja y la propuesta de acuerdo presentada con la solicitud de insolvencia (\u2026)\u00bb (02 may. 2022), a lo que \u00e9ste conceptu\u00f3 que \u00abse puede concluir que la reorganizaci\u00f3n supone un mejor escenario para DREAM REST COLOMBIA SAS y sus acreedores, que una liquidaci\u00f3n judicial, toda vez que se cumplen los presupuestos y finalidad del proceso de reorganizaci\u00f3n, donde se procura la protecci\u00f3n del cr\u00e9dito, la recuperaci\u00f3n y la conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo\u00bb (13 may.). <\/p>\n
Se quej\u00f3 de que \u00ablos t\u00e9rminos establecidos en la Ley 1116 de 2006 y sus Decretos reglamentarios no se han cumplido a lo largo del proceso de reorganizaci\u00f3n de DREAM REST COLOMBIA S.A.S., en donde han transcurrido alrededor de diez (10) meses sin que se surta la siguiente etapa, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que la sociedad deudora fue admitida al proceso de reorganizaci\u00f3n el 02 de diciembre de 2020\u00bb; m\u00e1xime cuando \u00ab(\u2026) han seguido llegando quejas de los acreedores, manifestando el incumplimiento en los gastos de administraci\u00f3n por parte de la sociedad deudora\u00bb que se identifican con los radicados 2022-01-473611 de 17 de mayo de 2022 y 20221-01-517707 de 6 de junio \u00faltimo. <\/p>\n
2.- La Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades se opuso al ruego superlativo por temeridad, porque \u00ablas solicitudes presentadas por PTG Abogados S.A.S. en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, (\u2026) fueron decididas en fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Civil y confirmada por Corte Suprema de Justicia \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil\u00bb, en el resguardo n\u00ba 2022-00259. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u00abel proceso de Dream Rest Colombia S.A.S. se encuentra pendiente a decretar las pruebas documentales y posteriormente convocar la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones. No obstante, no ha sido posible llevar a cabo la misma, puesto que el Despacho debe evacuar las audiencias que se encuentran en turno para su realizaci\u00f3n (\u2026)\u00bb y, que \u00ab(\u2026) es un hecho notorio la congesti\u00f3n judicial por la que se encuentra [esa] Entidad, debido a la alta carga de procesos a cargo de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia generados, entre otros, por la reciente crisis econ\u00f3mica causada por el Covid-19\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abla audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones implica un grado mayor de complejidad para un pronunciamiento del Despacho debido al volumen de objeciones que se deben analizar y resolver y a la dificultad de las mismas. En efecto, fueron presentadas 42 objeciones tanto en contra del proyecto de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y derechos de voto, as\u00ed como del inventario de bienes\u00bb. <\/p>\n
Dream Rest Colombia S.A.S. destac\u00f3 la \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, debido a (i) La cosa juzgada, en atenci\u00f3n a que \u00abla sentencia de segunda instancia proferida por la Corte Suprema de Justicia ya hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, [y] debatir nuevamente una acci\u00f3n de tutela por las mismas razones de hecho y de derecho comportar\u00eda una transgresi\u00f3n a una garant\u00eda fundamental del debido proceso\u00bb; (ii) \u00abTemeridad\u00bb de la acci\u00f3n, por cuanto \u00abexiste identidad de objeto, identidad de causas e identidad de partes\u00bb entre el amparo n\u00ba 2022-00259 y el que concita este estudio; (iii) La \u00abAusencia de mora judicial injustificada\u00bb, porque \u00abel tiempo que ha tomado adelantar el Proceso de Reorganizaci\u00f3n, y seg\u00fan lo demostr\u00f3 la misma Superintendencia en la primera acci\u00f3n de tutela, y en el escrito presentado por dicha Superintendencia para responder esta acci\u00f3n de tutela, corresponde a las circunstancias propias de la carga de trabajo que se maneja en la Superintendencia (afectada significativamente por efecto del Covid-19), a la realidad social y macroecon\u00f3mica del pa\u00eds, y a la especial complejidad que reviste el Proceso de Reorganizaci\u00f3n\u00bb; y (iv) La \u00abimprocedencia de la solicitud [subsidiaria] de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 46 de la Ley 1116 del 2006\u00bb, pues dicha disposici\u00f3n regula las consecuencias del \u00abincumplimiento del acuerdo de reorganizaci\u00f3n o de los gastos de administraci\u00f3n\u00bb con posterioridad a la confirmaci\u00f3n del \u00abacuerdo\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 el auxilio, tras cavilar que \u00abpese a la similitud que se pregona entre las dos acciones, no puede concluirse que se ha configurado el fen\u00f3meno de la cosa juzgada, ni se advierte una conducta temeraria, pues lo cierto es que si ha habido cambio en las circunstancias f\u00e1cticas que habilitan a la sociedad accionante para interponer la nueva acci\u00f3n, las cuales no son otras que el paso del tiempo, pues a la fecha han transcurrido cuatro meses desde la formulaci\u00f3n de la anterior tutela y su queja se fundamenta en la mora judicial por el lapso transcurrido sin que se haya realizado la actuaci\u00f3n extra\u00f1ada. En tal virtud, por no ser iguales las situaciones f\u00e1cticas, la queja se estudiar\u00e1 de fondo\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, concluy\u00f3 que \u00ab(\u2026) las razones de la accionada para explicar por qu\u00e9 no ha continuado con el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006, no pueden considerarse como justificativas de su retardo, por un lapso tan amplio\u00bb, tanto m\u00e1s si \u00ab(\u2026) el proceso se halla estancado por un tiempo que supera cualquier demora razonable, no son de recibo los argumentos concernientes a la complejidad del asunto, lo que de por s\u00ed no es extra\u00f1o a ese tipo de actuaciones dado su grado de especialidad; como tampoco los problemas operativos que de ninguna manera tienen por qu\u00e9 soportar los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, quienes tienen derecho a un debido proceso que comprende celeridad en su tramitaci\u00f3n y acatamiento de los t\u00e9rminos judiciales por parte de los jueces y de las autoridades administrativas investidas con esas facultades\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, dispuso que \u00aben el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, si a\u00fan no lo ha hecho, proceda a dar continuidad al tr\u00e1mite de objeciones, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006, en el proceso de reorganizaci\u00f3n de la sociedad DREAM REST COLOMBIA S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
2.- Dream Rest Colombia S.A.S., replic\u00f3 el veredicto con los mismos argumentos de su contestaci\u00f3n, atinentes a que el a quo (i) \u00abActu\u00f3 en violaci\u00f3n de la cosa juzgada\u00bb, (ii) \u00abNo encontr\u00f3 probado, est\u00e1ndolo, que el accionante actu\u00f3 de forma temeraria\u00bb y, (iii) Encontr\u00f3 probado, sin estarlo, que en este caso hay una mora judicial injustificada por parte de la Superintendencia\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben todo caso la Sentencia Impugnada desconoce\u00bb que el Tribunal de Bogot\u00e1: a)- Bas\u00f3 su decisi\u00f3n en el \u00abcumplimiento\u00bb de unos supuestos t\u00e9rminos legales para adelantar la actual etapa procesal, que en realidad no existen, ya que \u00abentre el t\u00e9rmino para conciliar las objeciones para los interesados y la expedici\u00f3n del decreto de pruebas que se encuentra pendiente, no hay un t\u00e9rmino legal, y en consecuencia, mal puede alegarse que se ha incumplido un t\u00e9rmino judicial dispuesto por el legislador. Es por ello que de entrada, puede concluirse que no se encuentra presente el primer requisito para la configuraci\u00f3n de la mora judicial injustificada, como lo es la inobservancia de un t\u00e9rmino legal\u00bb; b)- Viol\u00f3 el precedente constitucional, entre otras (C-816 del 2011, T-803 del 2012, , T-230 de 2013, T-441 del 2015, C-621 del 2015, T- 186 del 2017 hasta las sentencias de unificaci\u00f3n SU-394 del 2016, SU 453 del 2020, y SU 333 del 2020), porque \u00abla carga argumentativa no fue cumplida por el a-quo, habida cuenta que \u00fanicamente se\u00f1al\u00f3 que las justificaciones expresadas por la Superintendencia no eran admisibles, sin argumentar o demostrar la existencia de algunas de las razones que le permitieran inaplicar o apartarse del precedente, que expresamente establece que las justificaciones expuestas son v\u00e1lidas y leg\u00edtimas\u00bb; y, c)- La orden impartida es violatoria del art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, porque \u00abel Accionante no ha alegado ni ha acreditado la existencia de un perjuicio irremediable que le sea causado como consecuencia de la demora judicial y por ello, tampoco es procedente que se altere el sistema de turnos al interior de la Superintendencia, en desmedro de la igualdad y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los otros usuarios\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte que la determinaci\u00f3n de primera instancia debe ratificarse porque ninguno de los reparos del recurrente tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
1.1.- En primer lugar, si bien es cierto, la precursora con anterioridad interpuso otra \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb contra la misma autoridad aqu\u00ed convocada (2022-00259-00), tambi\u00e9n lo es que, se sustent\u00f3 en hechos similares, pero no equivalentes a los expuestos en esta ocasi\u00f3n, por lo que no se configura la \u00abtemeridad\u00bb prevista en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque aun cuando en ambos escenarios supralegales se alega la \u00abmora judicial\u00bb ante la no \u00abaplicaci\u00f3n a lo estipulado en el art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006\u00bb, lo cierto es que, los supuestos f\u00e1cticos en cada caso son diferentes, en tanto, han transcurrido m\u00e1s de dos (2) meses desde que se dict\u00f3 la sentencia de segundo grado en la guarda n\u00ba 2022-00259-00 (23 mar. 2022) y la radicaci\u00f3n de este sendero especial (14 jun.) y persiste la \u00abmora judicial\u00bb denunciada. Adem\u00e1s, ahora se suplica, aunque de forma subsidiaria la vulneraci\u00f3n \u00aba lo estipulado en el art\u00edculo 46 de la Ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
1.2.- De otra parte, respecto a la presunta transgresi\u00f3n del principio de \u00abcosa juzgada\u00bb, cumple precisar que se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Corte Constitucional si la citada actuaci\u00f3n fue o no seleccionada para su eventual revisi\u00f3n, sin que se hayan obtenido resultados positivos en torno al paginario n\u00ba 2022-00259, por lo que no ha operado a\u00fan \u00ab(\u2026) el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional [deriva] de la no selecci\u00f3n por la Corte Constitucional\u00bb (Fallo de 7 de junio de 2012, exp. No. 11001-22-03-000-2012-00775-01, reiterada en sentencia de 11 de junio, exp. 2013- 00019-01 y STC8818-2019, reiterada en STC9102-2021). <\/p>\n
1.3.- Ahora bien, contrario a lo asegurado por la apelante en torno a la \u00abjustificaci\u00f3n de la mora judicial\u00bb, en el plenario aparece probado que la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, luego de conocer los memoriales 2022-01-213995 6 de abril, 2022-01-218001, 2022-01-221129, 2022-01-221604, 2022-01-222852 y 2022-01-224129 de 7 de abril, 2022-01-230745 y 2022-01-230770 de 8 de abril y 2022-01-262662 de 19 de abril de 2022, en los que se le pidi\u00f3 celeridad al \u00abproceso\u00bb, se limit\u00f3 a \u00abPoner en conocimiento del representante legal de la concursada\u00bb su contenido, pero ning\u00fan pronunciamiento realiz\u00f3 sobre aquellas rogativas, s\u00f3lo dispuso \u00abOrdenar al promotor de la concursada, presentar en el t\u00e9rmino de ocho (8) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, un informe sobre el estado actual de la compa\u00f1\u00eda y, en especial, para que rinda su concepto sobre las perspectivas de recuperaci\u00f3n del deudor, con fundamento en los planes de negocios, los flujos de caja y la propuesta de acuerdo presentada con la solicitud de insolvencia\u00bb (02 may. 2022); empero, ning\u00fan tr\u00e1mite ha surtido pese al pedimento de impulso procesal. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la Ley Estatutaria 270 de 1996 impuso a los jueces el ineludible deber de \u00abevitar la lentitud procesal\u00bb (art. 153, n\u00fam. 20) y los c\u00f3digos de procedimiento refuerzan ese objetivo al contemplar distintos mecanismos destinados a asegurar el cabal acatamiento de los plazos razonables de duraci\u00f3n de las actuaciones jurisdiccionales, como \u00abgarant\u00eda esencial\u00bb de los justiciables en el marco de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho. De suerte que est\u00e1 proscrita cualquier dilaci\u00f3n o pasividad infundada en los litigios porque incide directa o indirectamente en los atributos b\u00e1sicos de las partes y terceros que acuden a la administraci\u00f3n de justicia en procura de una resoluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. <\/p>\n
En tal sentido, ha sido pac\u00edfica la jurisprudencia de esta Corte, al predicar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC5481-2020, reiterada STC11505-2020, reiterada en STC7013-2021). <\/p>\n
Ahora, si bien, este Colegiatura no desconoce que el tr\u00e1mite de la Litis pudo retardarse por el sometimiento al \u00absistema de turnos\u00bb dispuesto por el Juez concursal, tambi\u00e9n lo es que del sub examine emerge un evidente retraso, en la medida que pas\u00f3 m\u00e1s de nueve (9) meses contados desde el \u00faltimo traslado de las objeciones propuestas contra el inventario de bienes (17 ag. 2021) y la formulaci\u00f3n de esta guarda (14 jun. 2022); sin que el estrado acusado haya siquiera explicado a los acreedores \u2013categor\u00eda que pregona la actora- la raz\u00f3n de la espera, en detrimento de las expectativas de quienes han pedido atenci\u00f3n a su caso en varias oportunidades sin respuesta alguna. <\/p>\n
Tampoco es de recibo lo expuesto por la Superintendencia y por la impugnante, en el sentido que \u00abla audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones implica un grado mayor de complejidad para un pronunciamiento del Despacho debido al volumen de objeciones que se deben analizar y resolver y a la dificultad de las mismas\u00bb y, que la carga laboral \u00ab(\u2026) es un hecho notorio la congesti\u00f3n judicial por la que se encuentra [esa] Entidad, debido a la alta carga de procesos a cargo de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia generados, entre otros, por la reciente crisis econ\u00f3mica causada por el Covid-19\u00bb, en tanto, la Sala ha sido clara en sostener que, <\/p>\n
\u00abla queja del promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun\u00bb (STC1860-2015, reiterada en STC7013-2021). <\/p>\n
En otro asunto de similares contornos, anot\u00f3: <\/p>\n
\u00abpese a que trat\u00f3 de escudar la demora en la carga laboral que le impiden atender con prontitud las exigencias de los justiciables, en el caso, tales exculpaciones no son suficientes para liberarl[a] de responsabilidad, porque son simples afirmaciones sin respaldo probatorio. Lo mismo sucede con las excusas presentadas por el Juzgado (\u2026), quien se limit\u00f3 a aducir que cuenta \u2018con una carga actual de 2.300 procesos activos seg\u00fan reporte estad\u00edstico del SIRJU\u2019\u00bb (CSJ STC5949-2020 y STC7013-2021). <\/p>\n
1.4.- Aunado a lo anterior, y en punto de la presunta inconsistencia del Tribunal de Bogot\u00e1, que \u00abbas\u00f3 su decisi\u00f3n en el cumplimiento de unos supuestos t\u00e9rminos legales para adelantar la actual etapa procesal\u00bb, se aclara que, tal como manifest\u00f3 la Superintendencia de Sociedades, \u00abel proceso de Dream Rest Colombia S.A.S. se encuentra pendiente a decretar las pruebas documentales y posteriormente convocar la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones. (\u2026)\u00bb, por lo que, de cara al contenido del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 30 de la Ley 1116 de 2006, \u00abpresentadas objeciones, el juez del concurso proceder\u00e1 as\u00ed: 1. Tendr\u00e1 como pruebas las documentales aportadas por las partes\u00bb; interlocutorio que es producido fuera de audiencia, el que, a voces del canon 120 de la Ley 1564 de 2012 debi\u00f3 ser emitido en el lapso m\u00e1ximo de diez d\u00edas siguientes a la \u00faltima actuaci\u00f3n, ya que: \u00abEn las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deber\u00e1n dictar los autos en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Por lo tanto, en contraste con lo afirmado por Dream Rest Colombia S.A.S., los t\u00e9rminos previstos en la Codificaci\u00f3n Adjetiva Civil \u00abpara la realizaci\u00f3n de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables (\u2026)\u00bb y, en ese asunto concursal, totalmente aplicables a la Superintendencia de Sociedades, por tratarse de un organismo administrativo que ejerce funciones jurisdiccionales (Art. 116 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el art. 24 del C.G.P.). <\/p>\n
1.5.- En lo que respecta al hipot\u00e9tico quebrantamiento del \u00abprecedente constitucional\u00bb invocado por la impugnante citando para ello, entre otras, la C-816 del 2011, T-803 del 2012, T-230 de 2013, T-441 del 2015, C-621 del 2015, T- 186 del 2017 hasta las sentencias de unificaci\u00f3n SU-394 del 2016, SU 453 del 2020, y SU 333 del 2020, se observa que, tales directrices no constituyen un \u00abprecedente\u00bb horizontal en el asunto, que sea vinculante y obligatorio; espec\u00edficamente porque, en ellas debe existir una l\u00ednea \u00abjurisprudencial\u00bb que instituya un derrotero a seguir; adem\u00e1s, que se demuestre, que esas determinaciones planteen con suficiencia y no de forma aislada la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada; lo cual no acaeci\u00f3 en este caso. <\/p>\n
Ello, porque corresponden a situaciones con dis\u00edmiles problemas jur\u00eddicos y hechos a los aqu\u00ed examinados, en tanto el planteamiento factual de las controversias all\u00e1 estudiadas, es distinto a \u00e9ste, de cara a la mora arg\u00fcida y, dado que, en este caso, se present\u00f3 un auxilio anterior (n\u00ba 2022-00259) que si bien aislado en torno a sus supuestos de hecho y pretensiones, converge en la infracci\u00f3n a las garant\u00edas imploradas, por la falta de avance significativo en mitigar la aludida \u00abmora judicial\u00bb. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Magistratura, citando la Corte Constitucional dijo: <\/p>\n
\u00abSobre el desconocimiento del precedente judicial como causal espec\u00edfica de procedencia de tutela contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha dicho que puede configurarse cuando se demuestra un defecto sustantivo o al evidenciar un apartamiento de la jurisprudencia de forma aut\u00f3noma, y en cuando a la primera modalidad indic\u00f3 que se produce cuando una autoridad judicial: <\/p>\n
\u00abi) aplica una disposici\u00f3n en el caso que perdi\u00f3 vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermen\u00e9utico que la Constituci\u00f3n le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretaci\u00f3n contraevidente -interpretaci\u00f3n contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial \u2013horizontal o vertical- sin justificaci\u00f3n suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad ante una violaci\u00f3n manifiesta de la Constituci\u00f3n, siempre que su declaraci\u00f3n haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso\u00bb (CC SU-298\/15). <\/p>\n
En punto de esta circunstancia, resulta necesario precisar que para la configuraci\u00f3n de tal irregularidad debe existir una l\u00ednea jurisprudencial que constituya un derrotero a seguir. As\u00ed, puede hablarse de precedente horizontal, cuando en una misma corporaci\u00f3n existe una posici\u00f3n consolidada y un\u00e1nime por parte de las salas que la componen respecto a una materia, y de precedente vertical, cuando ello tiene lugar en relaci\u00f3n con decisiones del superior funcional de quien la ha de emplear. <\/p>\n
De manera que, para demostrarla (en el caso del precedente horizontal), es indispensable que se plantee en la demanda de tutela, con suficiencia y no de forma aislada, la postura jur\u00eddica afianzada que se alega como desatendida o inaplicada\u00bb (STC6026-2021, reiterada en STC8170-2022). <\/p>\n
1.6.- Finalmente, frente a la \u00abviolaci\u00f3n del Art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998\u00bb, porque no se demostr\u00f3 \u00abla existencia de un perjuicio irremediable que le sea causado como consecuencia de la demora, y por ello, tampoco es procedente que se altere el sistema de turnos al interior de la Superintendencia\u00bb, basta con tener en cuenta, de un lado, que la primera instancia no fund\u00f3 su decisi\u00f3n en la configuraci\u00f3n de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, ni tampoco fue alegado por la impulsora, por lo que los reproches en ese sentido, en nada comprometen el criterio del juez constitucional en torno a la concesi\u00f3n de la salvaguarda instada; y de otro, como ya se dijo la manifestaci\u00f3n del \u00absistema de turnos\u00bb, no es causal justificativa de la endilgada \u00abmora judicial\u00bb, si la Superintendencia tambi\u00e9n desconoci\u00f3 el canon 17 de la Ley 446 de 1998, al incumplir los t\u00e9rminos procesales para sustanciar los asuntos sometidos a su escrutinio. <\/p>\n
2.- Como colof\u00f3n de lo reflexionado, se impone la convalidaci\u00f3n de lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8916-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8916-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01250-01 (Aprobado en Sala de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 22 de junio de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65257","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65257","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65257"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65257\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65257"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65257"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65257"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}