STC8921-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8921-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00620-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 7 de abril de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Sixta Tulia Oyola contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Cuatro Penal del Circuito Especializado y el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito, ambos de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en los amparos constitucionales con radicados N\u00ba 2020-00142 y 2021-00243. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en los tr\u00e1mites de tutela referidos. <\/p>\n
Del extenso y ambiguo escrito de amparo y de los soportes allegados, se establece que la accionante formul\u00f3 una anterior de tutela contra la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a V\u00edctimas \u2013UARIV- y otros, radicada con el N\u00ba 2020-00142, que concedi\u00f3 el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 11 de septiembre de 2020, confirmada por el Tribunal Superior de esta ciudad y le orden\u00f3 a la UARIV adoptar <\/p>\n
\u00ablas determinaciones que resulten pertinentes frente a la reclamaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n por el hecho victimizante de homicidio del se\u00f1or Luis Giovanni S\u00e1enz Carvajal presentada por la se\u00f1ora Sixta Tulia Oyola desde hace m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, de modo que, efectuado el estudio y de cumplirse los requisitos necesarios, expida el acto administrativo pertinente en un t\u00e9rmino no mayor a 10 d\u00edas; efectuado a ello, de ser el caso, en el proceso de priorizaci\u00f3n para el pago efectivo\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, ante el incumplimiento de lo ordenado, formul\u00f3 incidente de desacato, en providencia de 16 de julio de 2021 no se impuso sanci\u00f3n, por cuanto la reclamante no hab\u00eda allegado los documentos necesarios para el proferimiento del acto administrativo, y, adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00abentregada tal documentaci\u00f3n de conformidad con lo reglado en la Resoluci\u00f3n 01049 del 15 de marzo de 2019 la accionada cuenta con el t\u00e9rmino de 120 d\u00edas para resolver de fondo la petici\u00f3n incoada\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, aun cuando insisti\u00f3 en la apertura del tr\u00e1mite incidental porque, la Unidad segu\u00eda sin acatar el citado fallo pese a la entrega de los documentos requeridos en septiembre de 2021, el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 sus peticiones y recursos en autos de 22 de noviembre, 16 de diciembre de 2021 y 8 de marzo de 2022. <\/p>\n
Por lo expuesto, interpuso otra acci\u00f3n de tutela contra la UARIV y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por la presunta vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n y debido proceso, tr\u00e1mite radicado bajo el N\u00ba 2021-00243 y del que conoci\u00f3 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, quien declar\u00f3 improcedente el amparo el 4 de noviembre de 2021, determinaci\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad el 10 de diciembre de 2021. <\/p>\n
2. Seg\u00fan se extrae de sus extensas y confusas demandas, pretendi\u00f3 la revocatoria de las decisiones que han sido contrarias a sus intereses, proferidas por los accionados, y el reconocimiento del derecho a la \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb que le fue concedido en una de las tutelas anteriores. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 expres\u00f3 que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela con radicado N\u00ba 2020-00142 y sostuvo atenerse al contenido de las decisiones all\u00ed proferidas. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto no ha vulnerado las garant\u00edas de la solicitante, quien \u00abno es clara en describir cu\u00e1l es la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que reprocha de este juzgado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que neg\u00f3 el amparo que la se\u00f1ora Oyola propuso contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a V\u00edctimas \u2013UARIV-, porque pretend\u00eda cuestiones id\u00e9nticas a las reclamadas en anterior acci\u00f3n de tutela, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal Superior el 10 de diciembre de 2021. <\/p>\n
3. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social indic\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, puesto que corresponde a la UARIV \u00ablos temas de reconocimiento de Indemnizaci\u00f3n Administrativa\u00bb, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4800 del 20 de diciembre de 2011, reglamentario de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013UARIV- se\u00f1al\u00f3 que para la fecha en la cual se determin\u00f3 que no hab\u00eda incurrido en desacato a la orden impuesta por el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la solicitante no hab\u00eda allegado la documentaci\u00f3n necesaria para acceder a \u00abindemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb pretendida, y explic\u00f3 que los t\u00e9rminos para acceder a ese emolumento est\u00e1n previstos en la Resoluci\u00f3n 01049 del 15 de marzo de 2019. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo por improcedente, al advertir que la solicitante estaba reprochando otro tr\u00e1mite de igual naturaleza constitucional, y porque adem\u00e1s la peticionaria <\/p>\n
\u00abno expone ning\u00fan argumento que indique las decisiones de tutela atacadas fueron producto de una situaci\u00f3n de fraude. Por el contrario, el motivo fundamental de ataque de cara a las sentencias tiene que ver con el criterio asumido por el juzgador a la hora de resolver el problema jur\u00eddico y no frente a un actuar enga\u00f1oso, ilegal y falaz de las autoridades judiciales. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con el requisito de residualidad, se encuentra que las decisiones no han quedado en firme en la medida en que no se ha surtido el proceso de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante con argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela, adem\u00e1s, anot\u00f3 que debe accederse a sus s\u00faplicas, por cuanto \u00abel Juzgando 45 civil del circuito se abstuvo de promover el incidente de destaco, se interpuso petici\u00f3n solicitando que la documentaci\u00f3n requerida estaba subsanada, y en la demanda le perteneci\u00f3 al juzgado 4 penal cuando declar\u00f3 que era improcedente, en segunda instancia le perteneci\u00f3 al tribunal sala penal donde indic\u00f3 lo mismo improcedente e indic\u00f3 que ten\u00eda que seguir el proceso porque estaba subsanaci\u00f3n la documentaci\u00f3n requerida de pero el juzgado 45 civil se abstuvo de hacer cumplir la orden judicial por los hecho anteriormente queda demostrado y aclaraci\u00f3n ante su se\u00f1or\u00eda que resuelva esta situaci\u00f3n ya que ning\u00fan juez, ha dado la aplicaci\u00f3n a que se cumpla los derechos a que le asisten\u00bb. (sic) <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como lo advirti\u00f3 el Juez constitucional de primera instancia constitucional, se evidencia la improcedencia del amparo frente a los fallos de tutela proferidos en el tr\u00e1mite radicado bajo el N\u00b0 2021-00243 proferidos por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 y, en sede de impugnaci\u00f3n, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, toda vez que las decisiones que se adopten en virtud de un amparo constitucional, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, pues <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia. (\u2026) Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001, citada en STC2255-2021). <\/p>\n
Por tanto, es clara la improcedencia de este amparo si busca controvertir otro de igual naturaleza, m\u00e1xime si ninguna de las excepciones fijadas en la sentencia de la Corte Constitucional SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015 se presenta en este caso, pues \u00e9stas, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb, situaciones que, respecto de las autoridades judiciales atr\u00e1s mencionadas, no se alegaron y tampoco se encuentran probadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ante una posible irregularidad o desafuero de los jueces de tutela al proferir sus decisiones en esta especial jurisdicci\u00f3n, tras agotarse la impugnaci\u00f3n, el legislador ha establecido la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional prevista en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el recurso de insistencia de que se ocupa el Acuerdo No 05 de 1992, para pedir a dicha Corporaci\u00f3n su escogencia, mecanismos procesales pendientes de surtirse, si se tiene en cuenta que el expediente a\u00fan no ha sido radicado ante ese Alto Tribunal. <\/p>\n
Sobre el mecanismo de revisi\u00f3n comentado, ha precisado esta Sala, <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (CSJ STC8012-2021, STC3549-2022, STC5753-2022 STC6142-2022 y, STC6174-2022, entre muchos otros). <\/p>\n
2. Ahora, en cuanto a la queja que la accionante dirige respecto del Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, porque, seg\u00fan se extrae de sus confusas manifestaciones, no ha impuesto sanciones a la UARIV por incumplimiento del fallo de tutela de 11 de septiembre de 2020, en el que ese mismo despacho le impuso pronunciarse sobre la \u00abindemnizaci\u00f3n por el hecho victimizante de homicidio del se\u00f1or Luis Giovanni S\u00e1enz Carvajal\u00bb, el amparo tampoco se abre paso, pues no se observa irregularidad o desafuero manifiesto en la actividad del estrado mencionado. <\/p>\n
Justamente, revisadas las actuaciones adelantadas con ocasi\u00f3n del incidente de desacato interpuesto por la peticionaria, se establece que dicha autoridad, tras efectuar las notificaciones pertinentes y recaudar las pruebas ordenadas, en auto de 16 de julio de 2021 declar\u00f3 infundado el desacato porque advirti\u00f3 que la actora no hab\u00eda cumplido con radicar ante la UARIV los documentos necesarios para acceder a la indemnizaci\u00f3n que pretende. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, en el fallo de 11 de septiembre de 2020, expresamente se dispuso: <\/p>\n
\u00abORDENAR Unidad Para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas (UARIV) que de manera inmediata o dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, adopte las determinaciones que resulten pertinentes frente a la reclamaci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n por el hecho victimizante de homicidio del se\u00f1or Luis Giovanni S\u00e1enz Carvajal presentada por la se\u00f1ora Sixta Tulia Oyola desde hace m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, de modo que, efectuado el estudio y de cumplirse los requisitos necesarios, expida el acto administrativo pertinente en un t\u00e9rmino no mayor a 10 d\u00edas; efectuado a ello, de ser el caso, en el proceso de priorizaci\u00f3n para el pago efectivo\u00bb (subraya fuera de texto). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, el Juzgado mencionado se\u00f1al\u00f3 en el citado auto de 16 de julio de 2021, que estaban demostrados los distintos requerimientos de la UARIV a la peticionaria, para que allegara la \u00abafirmaci\u00f3n juramentada [denominada] \u00danicos Destinatarios\u00bb, no obstante, como aqu\u00e9lla no atendi\u00f3 dichos llamados, concluy\u00f3 que no hab\u00eda lugar impartir las sanciones del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 y asimismo, le indic\u00f3 a la accionante que, una vez allegara esa documentaci\u00f3n, deb\u00eda tener en cuenta lo se\u00f1alado en la Resoluci\u00f3n 01049 de 15 de marzo de 2019, esto es, que \u00abla accionada cuenta con el t\u00e9rmino de 120 d\u00edas [h\u00e1biles] para resolver de fondo la petici\u00f3n incoada\u00bb (subraya fuera de texto), referente a la indemnizaci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Ahora, si bien se observa que frente a dicha providencia la peticionaria interpuso aclaraci\u00f3n y, luego, reposici\u00f3n y, en subsidio apelaci\u00f3n y, m\u00e1s adelante elev\u00f3 una \u00abpetici\u00f3n\u00bb ambigua en la que aduc\u00eda que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuatro Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, en otra tutela, \u00abordenaban (\u2026) decidir la documentaci\u00f3n arrimada\u00bb, (sic) el Juzgado Civil acusado, en autos de 22 de noviembre, 16 de diciembre de 2021 y 8 de marzo de 2022, atendi\u00f3 sus peticiones y le reiter\u00f3 lo concerniente a la decisi\u00f3n adoptada en el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no puede predicarse arbitrariedad en la actuaci\u00f3n del Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, puesto que, le ha explicado a la accionante, con suficiencia, los motivos por los cuales resultaba inviable imponer las sanciones que exigi\u00f3, en tanto que, se insiste, para cuando promovi\u00f3 el desacato no hab\u00eda allegado a la UARIV los documentos necesarios y, con todo, desde la presentaci\u00f3n de \u00e9stos deb\u00eda esperar el paso de 120 d\u00edas h\u00e1biles. <\/p>\n
3. Finalmente, es necesario destacar que si la accionante alleg\u00f3 la documentaci\u00f3n exigida \u00aben septiembre de 2021\u00bb, como aqu\u00ed lo expone, est\u00e1 habilitada para exigirle al Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 la apertura de un nuevo incidente de desacato, en el que se establezca si han transcurrido los 120 d\u00edas h\u00e1biles previstos en la Resoluci\u00f3n 01049 de 15 de marzo de 2019 y si a\u00fan persiste la omisi\u00f3n de la UARIV en torno al acto administrativo que debe expedir sobre la \u00abindemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb que reclamada, y conforme a lo que ordenado en la sentencia de tutela de 11 de septiembre de 2020. <\/p>\n
4. En consecuencia, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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