STC8926-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8926-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01219-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 17 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Carmenza Sanabria Becerra contra los Juzgados Cuarto Civil del Circuito y Cuarenta Civil Municipal de Oralidad, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2022-00157. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, la accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, de petici\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abrecibir informaci\u00f3n veraz e imparcial, recibir de manera equitativa protecci\u00f3n y trato de las autoridades y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminaci\u00f3n\u00bb, supuestamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Diana Carmenza Sanabria Becerra promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Fiscal\u00eda 425 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de esta capital, buscando la salvaguarda de las mismas garant\u00edas esenciales ahora invocadas. <\/p>\n
Tal actuaci\u00f3n fue asignada al Juzgado Cuarenta Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1 (2022-00528), quien mediante prove\u00eddo del 2 de mayo de la presente anualidad rehus\u00f3 el conocimiento por falta de competencia, remiti\u00e9ndola a la Oficina Judicial correspondiente para que fuera sometida a reparto entre los Jueces Civiles del Circuito de la misma urbe. <\/p>\n
Asignado el asunto al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta capital (2022-00157), mediante sentencia del 17 de mayo de 2022 desestim\u00f3 el amparo. Toda vez que la decisi\u00f3n no fue objeto de impugnaci\u00f3n, mediante oficio del 8 de junio siguiente fue enviado el expediente a la Corte Constitucional. <\/p>\n
Inconforme con las decisiones proferidas al interior del citado tr\u00e1mite constitucional, la gestora promueve la presente solicitud de amparo, argumentando, en lo fundamental, que \u00abni del despacho del Juzgado 04 Civil Circuito de Bogot\u00e1 ni del Juzgado 40 Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1 recib\u00ed respuesta en cuanto al tiempo y forma de presentaci\u00f3n del recurso de impugnaci\u00f3n\u00bb, motivo por el cual, dice, \u00ablas acciones de los funcionarios son las que me impidieron hacer uso de[l] derecho a la segunda instancia\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando si bien solicit\u00f3 a las autoridades convocadas que le fueran enviado el link de acceso al expediente, el mismo \u00abno contiene los folios 14, 15 y 16 que menciona en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior solicita, que se ordene a los operadores judiciales convocados, \u00abprocedan dentro del t\u00e9rmino que su digno despacho disponga a decidir de fondo mi solicitud, es decir me hagan entrega de los documentos faltantes en el expediente\u00bb, as\u00ed como \u00abcompulsar copias penales y disciplinarias para ante las autoridades competentes a fin de que se investigue la responsabilidad\u00bb de aqu\u00e9llos \u00aben los hechos que fueron motivo de la impugnaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela en lo relacionado a la falta de los folios 14, 15 y 16 en el expediente digital y la omisi\u00f3n de respuesta al solicitar que los mismos fueran agregados de manera urgente al expediente (\u2026) [y] por incumplir sus funciones y deberes\u00bb, pues dicha situaci\u00f3n fue la que le impidi\u00f3 impugnar la decisi\u00f3n que le neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Adem\u00e1s, inform\u00f3 que el d\u00eda 18 subsiguiente la interesada peticion\u00f3 el env\u00edo completo del expediente y que se le informara el tiempo con que contaba para interponer la respectiva impugnaci\u00f3n, a lo que se procedi\u00f3, pese a que \u00aba quien corresponde atender las solicitudes elevadas en la acci\u00f3n de tutela iniciada por Diana Carmenza Sanabria en contra Fiscal\u00eda 425 Delegada del Equipo de Trabajo de Protecci\u00f3n de Datos es al Juzgado 4 Civil del Circuito quien conoci\u00f3 de la misma y quien profiri\u00f3 la sentencia\u00bb. <\/p>\n
2. El Fiscal 425 Delegado ante los Jueces Penales Municipales de esta ciudad, adscrita a la Unidad Intervenci\u00f3n Tard\u00eda- Grupo de la Protecci\u00f3n de la Informaci\u00f3n y de los datos, solicit\u00f3 denegar el amparo por cuanto \u00abno ha vulnerado derechos fundamentales a la parte actora, en lo que ata\u00f1e a la NC 110016000017201910685, en la que se ha salvaguardado el debido proceso, y se ha actuado dentro del marco legal\u00bb. <\/p>\n
3. El Juez Cuarto Civil del Circuito de la misma urbe, tras hacer una relaci\u00f3n de las actuaciones desplegadas al interior de la acci\u00f3n constitucional criticada, se\u00f1al\u00f3 que no ha quebrantado garant\u00eda esencial alguna de la gestora. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El Tribunal a quo neg\u00f3 el auxilio, dado que la presente tutela se dirige contra una sentencia proferida en un asunto de similar naturaleza, sin que se acreditara el cumplimiento de las exigencias jurisprudenciales m\u00ednimas que habilitaran su procedencia, adem\u00e1s que la decisi\u00f3n objeto de censura no ha sido examinada por la Corte Constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la inconforme para insistir en sus pretensiones, resaltando que las autoridades convocadas nunca le informaron el \u00abtiempo de oportunidad para presentar la impugnaci\u00f3n contra el fallo de tutela proferido (\u2026) ese dato no fue especificado en el fallo y sencillamente qued\u00f3 sin esclarecer ese detalle, lo que conllev\u00f3 a que me fuera vulnerado el derecho a la segunda instancia y debido proceso, ya que tan solo se me indic\u00f3 que dicho fallo \u201cpodr\u00eda ser impugnado\u201d generando ambig\u00fcedad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad en cuanto a la viabilidad de interponer tutela contra tutela; de superarse lo anterior, si la autoridad del Circuito convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en la salvaguarda que formul\u00f3 la querellante contra la Fiscal\u00eda 425 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogot\u00e1 (2022-00157), por cuanto en fallo de primera instancia deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas fundamentales, toda vez que nunca le fue informado el t\u00e9rmino con que contaba para impugnar lo resuelto. <\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala confirmar\u00e1 la negativa del auxilio, porque: (i) no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra un fallo de tutela; y (ii) desatiende el presupuesto igualmente gen\u00e9rico de la subsidiariedad. <\/p>\n
3.1. De la tutela contra providencia de la misma naturaleza. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto el actual ataque lo dirige la actora, para quebrantar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 17 de mayo de 2022, en el marco de la acci\u00f3n de tutela promovida por la aqu\u00ed tambi\u00e9n interesada frente a la Fiscal\u00eda 425 Delegada ante los Jueces Penales Municipales de esta capital (2022-00157), al considerar que incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al desestimar la salvaguarda reclamada y no informarle de manera expresa el t\u00e9rmino con que contaba para replicar el fallo. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al juicio de primer grado -no surtido en el caso bajo examen-, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado, en la medida en que, se pudo confirmar de las documentales allegadas a las presentes diligencias, que el pasado 8 de junio el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esta ciudad remiti\u00f3 el expediente a la Corte Constitucional, as\u00ed mismo, se consult\u00f3 en la p\u00e1gina web de esa corporaci\u00f3n, y a\u00fan no se evidencia registro de la radicaci\u00f3n del expediente. En tal sentido, la interesada cuenta con la posibilidad de solicitar al \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n que seleccione el asunto para revisi\u00f3n. Sobre la idoneidad de esa v\u00eda, ha precisado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. 2012-2041-01, reiterada en STC13335-2016, 21 sep. 2016, rad. 201513-01 entre otras). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio antes mencionado, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio de defensa que tiene a su alcance, la solicitante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01). <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
4.1. Para esta Corporaci\u00f3n los argumentos de la gestora para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas supralegales, no se subsumen en ninguna de las hip\u00f3tesis aludidas en la Sentencia de Unificaci\u00f3n 627 de 2015, en la que se indic\u00f3 que la salvaguarda constitucional procede contra decisiones de similar naturaleza cuando: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que el n\u00facleo central de la queja gravit\u00f3 en que supuestamente las autoridades que conocieron de la tutela no le informaron el t\u00e9rmino con que contaba para impugnar la sentencia que le result\u00f3 desfavorable, pero revisado el expediente digital est\u00e1 demostrado que, no solo el Juzgado Cuarenta Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1 le remiti\u00f3 a las direcciones de correo electr\u00f3nico reportadas en el escrito de tutela1, el auto por medio del cual rechaz\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n, sino que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma localidad le notific\u00f3 en debida forma en las citadas direcciones electr\u00f3nicas todas las decisiones proferidas al interior del litigio, entre ellas, la sentencia que le neg\u00f3 el amparo. <\/p>\n
Del mismo modo, le fue compartido el link del expediente digital al d\u00eda siguiente de haberse definido el asunto (18 de mayo), y aunque la gestora aduce que el mismo no conten\u00eda las respuestas allegadas por las accionadas a folios 14, 15 y 16, lo cierto es que, tal y como figura en el aplicativo OneDrive del despacho, \u00e9stas fueron cargadas el d\u00eda 9 de ese mes y a\u00f1o, de donde se desprende que el mismo se encontraba completo. <\/p>\n
Por otra parte, cabe precisar que aunque la interesada refiere ignorar el t\u00e9rmino para impugnar, lo cierto es que el mismo est\u00e1 consagrado en la ley (art\u00edculo 31, Decreto 2591 de 1991), y su desconocimiento no sirve de excusa, tal y como lo consagra el art. 9\u00b0 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
4.2. Por lo dem\u00e1s, no habr\u00e1 lugar a acceder a la solicitud de la accionante relacionada con la compulsa de copias para que se investigue el comportamiento de los convocados, pues sobre el punto, de tiempo atr\u00e1s el criterio de esta Corte ha sido, que si el interesado \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la salvaguarda, pues: (i) no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra fallos proferidos en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza; y (ii) no se ha definido su eventual revisi\u00f3n por el \u00f3rgano de cierre de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese, por el medio m\u00e1s expedito, lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 diana.sanabria502@gmail.com y dcs.juridicos@gmail.com <\/p>\n
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STC8926-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8926-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01219-01 Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 17 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65266","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65266","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65266"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65266\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65266"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65266"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65266"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}