STC8927-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8927-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00570-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferid por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 22 de abril de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Rafael Sequeda Ferrer contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial \u2013 Seccional Atl\u00e1ntico-. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, informaci\u00f3n y libertad de conciencia, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Para sustentar su reproche, se\u00f1al\u00f3 que es abogado litigante con m\u00e1s de \u00ab40 a\u00f1os de ejercicio profesional (\u2026) en el campo del derecho penal\u00bb y, en desarrollo de esa actividad, con el fin de cumplir con los compromisos con sus clientes, se dirigi\u00f3 a distintas sedes de la Fiscal\u00eda en Barranquilla en el mes de enero de 2022, puesto que, no present\u00f3 \u00abel carnet de vacunaci\u00f3n contra el Covid-19\u00bb, exigido conforme en los Acuerdos PCSJA21-11840 de 2021 y PCSJA22-11930 de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura, carnet que no tiene \u00abporque no [se ha] inoculado la supuesta vacuna contra el covid-19\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que lo anterior evidencia la vulneraci\u00f3n de sus derechos, pues se le impide no solo el ejercicio de su profesi\u00f3n, sino la posibilidad de decidir libremente sobre su cuerpo, pues se le est\u00e1 imponiendo la aplicaci\u00f3n de tales vacunas, sin tenerse en cuenta que se trata de \u00abunas sustancias que considero [nocivas], en virtud a mis investigaciones, valederas o no, pero sustentadas en mis conocimientos, creencias y consciencia como derechos fundamentales, y conceptos de CIENT\u00cdFICOS y de GALENOS experimentados en el mundo, que se oponen a dichos f\u00e1rmacos por nocivas, porque es un hecho, que la comunidad cient\u00edfica se encuentra diametralmente dividida. Por un lado, los cient\u00edficos que apoyan al gran capital de las farmac\u00e9uticas, movidos por el fr\u00edo inter\u00e9s al dinero y por sus conceptos pol\u00edticos, ideol\u00f3gicos y filos\u00f3ficos, y los cient\u00edficos que se oponen y denuncian las mal llamadas vacunas, por sus demostrados da\u00f1os colaterales contra la vida y la integridad f\u00edsica de los inoculados, porque aman y defienden sanamente a la humanidad que vienen convirtiendo, los primeros, en conejillos de india, y los segundos, por pregonar la verdad, sometidos a persecuciones, con amenazas de despedirlos de sus trabajos en el campo de la salud y de privarlos de sus licencias o tarjetas profesionales\u00bb. <\/p>\n
Tras insistir in extenso en los datos que, estima, evidencian la nocividad de las vacunas y cuestionar que el Estado colombiano hubiese aceptado las imposiciones de las farmac\u00e9uticas, quienes, afirm\u00f3, adem\u00e1s no tienen obligaci\u00f3n de responder por los da\u00f1os causados, expone que las decisiones y acuerdos de las autoridades accionadas desconocen sus garant\u00edas y le impiden desarrollar su profesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, ordenar a los accionados \u00absuprimir o eliminar la exigencia a los ciudadanos, a los abogados, y al suscrito accionante de la obligaci\u00f3n de presentar el Carnet de vacunaci\u00f3n contra el covid19 para poder ingresar a las plantas f\u00edsicas donde funcionan los juzgados y fiscal\u00edas, y ce\u00f1irse a lo estipulado en el art. 2\u00ba., del Decreto1615 de 30 de noviembre de 2021, emitido por el Presidente de la Rep\u00fablica de Colombia, a 30 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico expres\u00f3 que ha actuado en cumplimiento de sus deberes, acatando las directrices y dando aplicaci\u00f3n al Acuerdo PCSJA22-11930 de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura que, en su art\u00edculo 7\u00ba impone a los \u00abservidores judiciales, abogados, usuarios y ciudadan\u00eda en general, (\u2026) cumplir para el ingreso y permanencia de en las sedes de la Rama Judicial, [entre otras, con] Haber acreditado el esquema de vacunaci\u00f3n\u00bb. Afirm\u00f3, adem\u00e1s, que dicho Acuerdo se presume v\u00e1lido en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 88 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u2013Ley 1437 de 2011-. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Barranquilla, manifest\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, como quiera que no ha realizado ninguna conducta \u00abya sea por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, que genere la amenaza o vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental del accionante\u00bb y advirti\u00f3 que, en todo caso, la tutela resultaba improcedente porque el actor pude acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa a reprochar los actos censurados por esta v\u00eda residual. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 por improcedente la protecci\u00f3n propuesta, pues la acci\u00f3n de tutela no se abre paso frente a actos administrativos generales y abstractos, e igualmente se\u00f1al\u00f3, que el accionante puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para controvertir el mencionado Acuerdo PCSJA22-11930 de 2022 y destac\u00f3 la falta de prueba de un perjuicio irremediable, toda vez que para ello <\/p>\n
\u00abel actor debi\u00f3 dirigir sus argumentos a demostrar la relaci\u00f3n existente entre las condiciones para el ingreso a las sedes judiciales que aqu\u00ed cuestiona \u2013presentaci\u00f3n de carnet de vacunaci\u00f3n- y la consecuente violaci\u00f3n de sus garant\u00edas, lo cual no realiz\u00f3. Por ejemplo, se desconoce qu\u00e9 tipo de diligencia iba a realizar para la fecha en la que se le exigi\u00f3 la presentaci\u00f3n del documento aludido, el despacho que lo requiri\u00f3, si ten\u00eda pendiente otras, en caso afirmativo, cu\u00e1les, y las consecuencias adversas por la falta de comparecencia presencial a esos actos. Lo anterior era imprescindible, si se tiene en cuenta que, en la actualidad, los despachos judiciales operan de manera preferente a trav\u00e9s de herramientas digitales, y que solo, a partir de datos concretos, el juez constitucional queda habilitado para intervenir\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante sin expresar sus motivos de inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado acuda oportunamente y no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. Revisadas la queja constitucional y los soportes allegados a este tr\u00e1mite, es claro que el se\u00f1or \u00c1lvaro Rafael Sequeda Ferrer reprocha la exigencia que le han hecho distintas sedes judiciales en Barranquilla, consistente en la acreditaci\u00f3n \u00abdel esquema de vacunaci\u00f3n previsto por el Gobierno Nacional\u00bb para el Covid-19, requisito establecido inicialmente para los servidores en el Acuerdo PCSJA21-11840 de 2021 y, desde el 25 de febrero de 2022, en el Acuerdo PCSJA22-11930 de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura, para los \u00abservidores judiciales, abogados, usuarios y ciudadan\u00eda en general\u00bb . <\/p>\n
2.1 Tal como lo determin\u00f3 el Tribunal de primera instancia, se advierte la improcedencia del amparo propuesto, por el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, pues el actor no ha hecho uso del medio de control de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, establecido en el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo \u2013Ley 1437 de 2011-, para actos generales como el aqu\u00ed controvertido. <\/p>\n
Ese es el escenario propicio para debatir, por ejemplo, lo concerniente al supuesto desconocimiento de los criterios \u00abcient\u00edficos\u00bb que muestran, en sentir del accionante, la \u00abnocividad de las vacunas\u00bb, y la alegada inobservancia del Decreto 1615 de 30 de noviembre de 2021 de la Presidencia de la Rep\u00fablica que determin\u00f3 exigir el \u00abcarn\u00e9 de vacunaci\u00f3n\u00bb para eventos masivos. <\/p>\n
Por tanto, la discusi\u00f3n planteada es ajena a esta especial jurisdicci\u00f3n, ya que este mecanismo es de car\u00e1cter residual, cuesti\u00f3n frente a la cual se reitera que, en casos an\u00e1logos, esta Sala ha precisado: <\/p>\n
\u00ablos actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que (\u2026) discuta [los] derechos que reclama\u00bb. (STC, 25 abr. 2012, Rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020, STC14671-2021, STC15988-2021 y STC1989-2022). <\/p>\n
2.2 Resta indicar que el amparo tampoco podr\u00eda prosperar como mecanismo transitorio, pues en el procedimiento antes referido el actor puede reclamar las medidas pertinentes \u00abpara proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso\u00bb, previstas en el art\u00edculo 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, cautelas id\u00f3neas y eficaces para conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, que, en todo caso, no fue alegado ni probado en estas diligencias. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, debe anotarse que nada obra en el expediente para estimar la configuraci\u00f3n de dicho da\u00f1o, por cuanto no est\u00e1 demostrada la inminencia y gravedad del mismo conforme al criterio de esta Corte (CSJ STC11816-2018, citada en STC1415-2021, STC16373-2021 y STC1989-2022). <\/p>\n
3. En consecuencia, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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