STC8928-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC8928-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00152-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, que neg\u00f3 la tutela promovida por Nury Osorio Hern\u00e1ndez en contra del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso ejecutivo con radicado 2012-00009. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
2. De las probanzas allegadas se extraen las siguientes actuaciones relevantes, para la definici\u00f3n del presente amparo constitucional: <\/p>\n
2.1. El Conjunto Residencial Edificio Remanso del Ingenio demand\u00f3 a Nury Osorio Hern\u00e1ndez, a fin de que pagara las sumas adeudadas, por concepto de cuotas de administraci\u00f3n ordinarias y extraordinarias, causadas y no pagadas durante el per\u00edodo comprendido entre diciembre de 2007 y diciembre de 2011, as\u00ed como el valor de una \u00abcuota de seguro\u00bb, todo con sus respectivos intereses. <\/p>\n
2.2. El 20 de enero de 2012, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cali libr\u00f3 apremio y, posteriormente, decret\u00f3 varias medidas cautelares, entre ellas, la cauci\u00f3n de un inmueble; luego, el 30 de julio de 2013, embarg\u00f3 la quinta parte del \u00absueldo\u00bb que ella devengaba como empleada del municipio. <\/p>\n
2.3. La demandada, notificada de la orden de recaudo, se opuso a la prosperidad de las s\u00faplicas, proponiendo diversas excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.4. Surtido el tr\u00e1mite pertinente, el 27 de junio de 2014, el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de esa ciudad dict\u00f3 fallo, declar\u00f3 infundados la totalidad de los medios exceptivos formulados por la demandada y, conforme a lo previsto en el precepto 521 CPC, requiri\u00f3 a las partes para que presentaran la \u00abliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
2.5. Dicha providencia fue apelada y confirmada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad el 1 de marzo de 2019. <\/p>\n
2.6. Dando cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 27 de junio de 2014, las partes, el 20 de julio y el 12 de agosto de 2020, aportaron las liquidaciones correspondientes. <\/p>\n
2.7. En auto de 14 de septiembre de 2020, el despacho cognoscente se abstuvo de dar tr\u00e1mite a las liquidaciones del cr\u00e9dito presentadas y neg\u00f3 unos pedimentos de entrega de dep\u00f3sitos judiciales, elevados por ambos extremos procesales. <\/p>\n
2.8. El 17 y el 18 de septiembre de 2020, respectivamente, la demandada objet\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por la impulsora e impugn\u00f3 el auto anterior. <\/p>\n
2.9. En prove\u00eddo de 28 de julio de 2021, el juzgado repuso parcialmente el pronunciamiento de 14 de septiembre de 2020 y, en consecuencia, modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aportada por la parte demandante, determinando que lo adeudado al 30 de agosto de 2020, por concepto de cuotas de administraci\u00f3n causadas hasta el mes de diciembre de 2011 (junto con sus intereses), ascend\u00eda a \u00ab$36.044.464,13\u00bb; adem\u00e1s, puso en conocimiento de la actora un escrito de la accionada que indicaba que hab\u00eda efectuado unos \u00ababonos parciales\u00bb a la obligaci\u00f3n, por \u00ab$900.000\u00bb. <\/p>\n
2.10. El 3 de agosto posterior, la ejecutada \u00abobjet\u00f3\u00bb el estado de cuenta aprobado el 28 de julio anterior. Dicha objeci\u00f3n fue tramitada como recurso de reposici\u00f3n y, en consecuencia, el juzgado, el 11 de octubre siguiente, decidi\u00f3 modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada, teniendo como saldo la suma de $34.955.414,28, al 30 de agosto de 2020; adicionalmente, dispuso la entrega a favor de la ejecutante de una serie de dep\u00f3sitos judiciales, por \u00ab$29.299.085\u00bb. <\/p>\n
2.11. Contra las determinaciones contenidas en el anterior prove\u00eddo, la demandada Nury Osorio formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, en el que argument\u00f3 que los descuentos que, por el embargo de su salario le hicieron y que obraban en las cuentas del Banco Agrario de Colombia S.A. desde el 13 de mayo de 2014, por \u00ab$31.065.851\u00bb, deb\u00edan imputarse como \u00abpagos parciales\u00bb o \u00ababonos\u00bb, por as\u00ed disponerlo el art\u00edculo 1634 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2.12. El 6 de mayo de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali revoc\u00f3 algunas determinaciones y modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada el 11 de octubre de 2021, debiendo, entonces, tenerse como saldo pendiente el monto de $1.303.653. <\/p>\n
3. La accionante cuestiona la determinaci\u00f3n contenida en el auto anterior, por cuanto el ad quem desconoci\u00f3 lo preceptuado en los art\u00edculos 1652, 1653, 1654 y 1655 del C\u00f3digo Civil e incurri\u00f3 en \u00abanatocismo\u00bb, en atenci\u00f3n a que se \u00abcalcula[ron] intereses a las cuotas de administraci\u00f3n acumuladas (desde diciembre de 2007 a diciembre de 2011), dejando inamovible este capital, generando intereses sobre la misma constante, a pesar de que se generan abonos parciales, que son llevados a intereses, generados por todas las mismas cuotas de administraci\u00f3n acumuladas, lo que equivale al cobro repetitivo sobre un capital inc\u00f3lume, siendo hasta agosto de 2017, que se produce el primer abono a capital, por valor de $343.588,36, sin que se discrimine qu\u00e9 cuotas de administraci\u00f3n fueron canceladas, y en ocasi\u00f3n de la sumatoria de dos dep\u00f3sitos judiciales como si fuera un solo abono, sino se hab\u00eda prolongado mucho m\u00e1s en el tiempo el poder obtener una primera imputaci\u00f3n a capital, generando este m\u00e9todo errado para T\u00edtulos Valores (sic) de tracto sucesivo, que al tenor del art\u00edculo 1652 se deben satisfacer separadamente; un cobro excesivo por concepto de intereses de $5.620.794, (\u2026) aduciendo adem\u00e1s que la liquidaci\u00f3n va hasta el 30 de agosto de 2020, cuando en la liquidaci\u00f3n y debidamente soportada con los c\u00e1lculos autom\u00e1ticos realizados por plantilla, el \u00faltimo t\u00edtulo valor (sic) se cancel\u00f3 el 28 de septiembre de 2018, (\u2026) quedando un remanente de ese dep\u00f3sito judicial de $242.029\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, critica que se incluy\u00f3, en el estado de cuenta, lo causado por concepto de \u00abcostas\u00bb y \u00abagencias en derecho\u00bb y que en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada era imposible determinar \u00abdesde qu\u00e9 tiempo se inicia o cobrar (sic) los intereses de mora, [porque] esta informaci\u00f3n no se evidencia\u00bb; adem\u00e1s, que se \u00abimputa[ron] de forma individual cada dep\u00f3sito judicial, llegando a sumar dos t\u00edtulos [el 069030002091318 y el 0790300020110078] como si fuera[n] uno solo, desconociendo la fecha de constituci\u00f3n de cada uno de ellos, lo cual incide en el c\u00e1lculo de los intereses\u00bb. <\/p>\n
4. Con sustento en lo narrado exige, en concreto, que se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali que modifique \u00abla liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada en el auto (\u2026) de mayo 6 de 2022\u00bb y que exhiba \u00abtoda la informaci\u00f3n utilizada que permita verificar los c\u00e1lculos realizados, los n\u00fameros de dep\u00f3sitos judiciales imputados, y su fecha de constituci\u00f3n, y todos los inherentes que permitan su verificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El estrado del circuito querellado indic\u00f3 que se aten\u00eda a lo resuelto por el juez constitucional. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali adujo que las decisiones adoptadas se ci\u00f1eron a lo prescrito en el orden procesal. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el amparo implorado, por no evidenciar v\u00eda de hecho alguna, pues \u00ab[r]evisado el Auto (\u2026) de mayo 6 de 2022, es evidente que el Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, procedi\u00f3 correctamente en esos t\u00e9rminos, incluso reprochando que la Jueza 9 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias (\u2026) no hubiera aplicado los abonos en el momento en que se hicieron los dep\u00f3sitos judiciales en el [B]anco Agrario y fue as\u00ed que el ad quem modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito para hacer valer tales pagos parciales en la fecha puntual en que se efectuaron\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, cotejada \u00abla \u2018Relaci\u00f3n de T\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial\u2019 que aport\u00f3 la accionante en la apelaci\u00f3n contra la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y la liquidaci\u00f3n elaborada por el juez accionado, aflora que el funcionario aplic\u00f3 todos los abonos sin excepci\u00f3n y en la misma fecha en que se hicieron; y en los meses que hubo dos abonos, los aplic\u00f3 dentro del mismo per\u00edodo\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, consider\u00f3 que \u00abel reproche de la accionante relativo a que deb[\u00eda] indicarse el d\u00eda preciso del abono, es intrascendente porque ese pago parcial recae sobre intereses de mora mensuales ya causados de per\u00edodos muy anteriores a los pagos\u00bb y que \u00abla liquidaci\u00f3n elaborada (\u2026) no se vislumbra[va] arbitraria de cara a esas normas (\u2026) toda vez que meticulosamente hace la imputaci\u00f3n de cada uno de los abonos en la fecha en que realmente se hicieron, sin omitir ninguno, usando las tasas de inter\u00e9s certificadas por la Superintendencia Financiera, cubriendo primero los intereses generados por la deuda y seguidamente\u00bb. <\/p>\n
Tampoco encontr\u00f3 infringido el art\u00edculo 1654 del mismo cuerpo legal, ya que \u00abpor el cobro judicial y la orden de seguir adelante la ejecuci\u00f3n todas las cuotas de administraci\u00f3n est\u00e1n vencidas -devengadas- y de contera no tiene c\u00f3mo preferir la aplicaci\u00f3n de los abonos a cuotas no causadas (\u2026). En ese sentido, el art. 1655 de la ley civil manda que \u2018Si ninguna de las partes ha imputado el pago, se preferir\u00e1 la deuda que al tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba; (\u2026) y ello es lo que ocurre en la liquidaci\u00f3n elaborada por el Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, se aplica los abonos en la fecha que legalmente corresponde, sobre intereses de mora primeramente como manda la ley y luego sobre capital\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso la accionante, quien hizo hincapi\u00e9 en que el juzgado del circuito censurado, \u00abal modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito de cuotas de administraci\u00f3n de propiedad horizontal, no aplica la liquidaci\u00f3n de t\u00edtulos ejecutivos de tracto sucesivo, y procede [a] imputar los abonos al valor total de los intereses, correspondientes al total de todas las cuotas de administraci\u00f3n, dando una aplicaci\u00f3n errada al art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil, y desconociendo el mandamiento de pago, en donde cada cuota de administraci\u00f3n constituye un t\u00edtulo ejecutivo, raz\u00f3n por la cual, la imputaci\u00f3n de pagos se imputa a cada t\u00edtulo individualmente, (\u2026), hasta cancelar un[a] a un[a] cada cuota de administraci\u00f3n \u2013 t\u00edtulo ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3 que el querellado desconoci\u00f3 \u00ablas fechas exactas en que se realizaron [las] consignaciones [en el] Banco Agrario\u00bb, fechas que, sostiene, eran las que deb\u00edan tenerse en cuenta a la hora de imputar los pagos conforme al art\u00edculo 1653 CC. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine corresponde a esta Corte establecer si, en el auto de 6 de mayo pasado, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali incurri\u00f3 en alg\u00fan defecto espec\u00edfico de procedibilidad y, de modo particular, si (i) la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito la efectu\u00f3 teniendo en cuenta la naturaleza especial de las obligaciones derivadas de la tenencia de un inmueble sometido al r\u00e9gimen de propiedad horizontal; y (ii) si en dicho estado de cuenta se imputaron los abonos y pagos parciales efectuados por la demandada, inclusive a trav\u00e9s de los descuentos que se le hicieren por obra del embargo de sus sueldos. <\/p>\n
2. Analizados los aspectos objeto de discusi\u00f3n, encuentra la Sala que la decisi\u00f3n impugnada, en cuanto neg\u00f3 el amparo constitucional, debe ser confirmada, pues la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado accionado se sustent\u00f3 en las probanzas allegadas, las actuaciones surtidas y la normativa aplicable, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2.1. Frente al primer aspecto, advierte la Sala el fracaso del reproche, ya que, revisada la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, no se percibe la configuraci\u00f3n de una anomal\u00eda de tal naturaleza que imponga la intromisi\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En ese sentido, ha de destacarse que, m\u00e1s all\u00e1 de la metodolog\u00eda empleada al momento de confeccionarla, lo cierto es que se tuvieron en cuenta las directrices fijadas tanto en el mandamiento de pago de 20 de enero del 2012, como en la sentencia por la cual se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n del 27 de junio de 2014. <\/p>\n
N\u00f3tese, en efecto, que el fallador criticado discrimin\u00f3 las cuotas adeudadas y, respecto del importe de capital, calcul\u00f3 los intereses moratorios a las tasas establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia para cada per\u00edodo individual. <\/p>\n
De manera que, contrario a cuanto sostiene la gestora, en la actuaci\u00f3n censurada s\u00ed se tom\u00f3 en consideraci\u00f3n la naturaleza especial de las obligaciones propter rem que dimanan del pago de las expensas comunes a que est\u00e1n sometidos los inmuebles sujetos al r\u00e9gimen de propiedad horizontal y, en particular, de su car\u00e1cter de tracto sucesivo, pues, se insiste, en la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito elaborada y finalmente aprobada se mantuvo la individualidad de cada una de las cuotas debidas, respet\u00e1ndose -as\u00ed- lo dispuesto en el apremio ejecutivo de 20 de enero del 2012 y en la orden de seguir adelante con el coercitivo, providencias \u00e9stas que -dicho sea de paso- constituyen las bases sobre las que se elaboran, en los juicios del linaje del auscultado, los estados de cuenta. <\/p>\n
2.2. El segundo punto del ataque tampoco se abre paso, pues en el mencionado prove\u00eddo de 6 de mayo de 2022 aparecen imputados los abonos efectuados con cargo a la obligaci\u00f3n ejecutada, a\u00fan los originados en los descuentos que por obra del embargo de los sueldos a la demandada y aqu\u00ed accionante se le ven\u00edan haciendo y, por tanto, la v\u00eda de hecho enrostrada frente a este t\u00f3pico es inexistente, m\u00e1xime si en cuenta se tiene que dichos pagos fueron aplicados primero a intereses y luego a capital, como lo manda el art\u00edculo 1653 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios1 entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
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STC8928-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS STC8928-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00152-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65268","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65268","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65268"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65268\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65268"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65268"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65268"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}