STC8932-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8932-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00975-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 24 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Pastora Elena Acosta Sierra contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citadas partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2016-00452. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la peticionaria invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna, m\u00ednimo vital, debido proceso, tutela efectiva, \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb y \u00abseguridad social de las personas con discapacidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Sociedad Hermanos de la Caridad con el fin de que se declarara la ineficacia de la \u00abterminaci\u00f3n indirecta\u00bb de la relaci\u00f3n laboral, y, en consecuencia, se ordenara su reintegro y se condenara a la demandada al pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, as\u00ed como la indemnizaci\u00f3n por despido injusto. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla en sentencia de 5 de junio de 2017, absolvi\u00f3 a la demandada de las pretensiones, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 22 de mayo de 2018, por lo que present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia SL5307-2021 de 22 de noviembre de 2021, dispuso no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Adujo la reclamante que las autoridades accionadas desconocieron la realidad sobre la formalidad haciendo \u00e9nfasis en la renuncia voluntaria, cuando realmente se trat\u00f3 de un despido indirecto por su situaci\u00f3n y las maniobras desplegadas por sus empleadores. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que es una persona con discapacidad y demand\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria para que, en aplicaci\u00f3n de los principios internacionales de la convenci\u00f3n interamericana de derechos internacionales de la OIT, el precedente constitucional y la Ley 361 de 1997, se le garantizara el principio de la estabilidad laboral reforzada. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 dejar sin efecto la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, para que en su lugar \u00abprofiera una sentencia de reemplazo que atienda el principio de estabilidad laboral reforzada contenido en el art\u00edculo 26 de la ley 361 de 1997, sentencia de constitucionalidad C-531 de 2001 y SU-049 de 2017 Corte Constitucional y las normas constitucionales de primac\u00eda de la realidad sobre la formalidad establecida en el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad del fallo y afirm\u00f3 que el asunto fue resuelto a la luz de la ley y la jurisprudencia siguiendo el precedente de esa Corporaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 1781 de 2016. <\/p>\n
Sostuvo que seg\u00fan se encontr\u00f3 demostrado, el \u00fanico motivo alegado por la trabajadora para finalizar la relaci\u00f3n laboral fue el de \u00absituaciones personales\u00bb, sin endilgar responsabilidad a su empleador respecto de esa terminaci\u00f3n, adem\u00e1s que, no se evidenci\u00f3, que su consentimiento estuviere viciado cuando present\u00f3 su carta de renuncia. <\/p>\n
2. La Procuradora Tercera Delegada para la Sala de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que no ejerci\u00f3 labor de intervenci\u00f3n en el proceso cuestionado, por lo cual le era imposible emitir concepto donde se pudiera ponderar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos invocados por la petente. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, tras determinar que no se encontraban configuradas las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, ni se evidenciaba la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas y, se\u00f1al\u00f3, que la decisi\u00f3n proferida en sede de casaci\u00f3n estuvo sustentada en la normativa aplicable al caso concreto con plenas garant\u00edas para las partes. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que contrario a lo afirmado por la accionante, la Sala demandada efectu\u00f3 un debido an\u00e1lisis frente a la presunta presi\u00f3n ejercida por su empleador para que presentara renuncia al cargo y la estabilidad laboral reforzada derivada de su estado de discapacidad, as\u00ed como del \u00abdespido indirecto\u00bb, concluyendo que no se daban los presupuestos legales para presumir la configuraci\u00f3n de alguno de esos eventos. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante quien reiter\u00f3 los argumentos de su escrito inicial, y en adici\u00f3n, adujo que se configuraron las causales espec\u00edficas de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, pues la accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, \u00abtoda vez que, aplic\u00f3 el derecho sin contar de manera protuberante, con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de las pruebas v\u00e1lidas\u00bb, as\u00ed como en defecto sustantivo \u00aben raz\u00f3n de la utilizaci\u00f3n de un poder concedido al juez por el derecho para un fin manifiestamente no previsto en las disposiciones legales\u00bb y, en defecto procedimental \u00abmanifiestamente por fuera del procedimiento, relacionado con la labor de los jueces de instancia en la b\u00fasqueda de la verdad real, y su labor interpretativa\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que existe un grave error que se presenta de manera recurrente en las acciones de tutela contra la Corte Suprema de Justicia como \u00f3rgano de cierre en sede de casaci\u00f3n, puesto que en estos casos se estudia la gesti\u00f3n judicial de la Corte en relaci\u00f3n con su decisi\u00f3n, sin entrar a analizar la actividad judicial de los jueces de instancia para verificar la violaci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Pastora Elena Acosta Sierra pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se deje sin efectos la sentencia SL5307-2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual dispuso no casar el fallo de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla de 22 de mayo de 2018, por el que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y neg\u00f3 las pretensiones del proceso ordinario laboral que inici\u00f3 contra la Sociedad Hermanos de la Caridad, con el prop\u00f3sito que se declarara la ineficacia de la \u00abterminaci\u00f3n indirecta\u00bb de la relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
2. Teniendo en cuenta lo manifestado por la accionante en la impugnaci\u00f3n, se precisa que el an\u00e1lisis constitucional se circunscribir\u00e1 a la sentencia de casaci\u00f3n cuestionada, porque con ella se resolvi\u00f3 la controversia y, ese es el criterio que se impone jur\u00eddicamente, mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
Analizados los argumentos expuestos por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, en tanto que, en la referida decisi\u00f3n, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral al resolver lo concerniente con los cargos primero y segundo se remiti\u00f3 al contenido del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 19971 para se\u00f1alar que el destinatario de la prohibici\u00f3n de despido o terminaci\u00f3n del contrato a la que se refiere ese precepto, es el empleador, quien solo podr\u00e1 finalizar la relaci\u00f3n laboral con un trabajador por su situaci\u00f3n de discapacidad, previa aprobaci\u00f3n de la autoridad administrativa competente. <\/p>\n
Igualmente explic\u00f3 que esa restricci\u00f3n, no aplica para el trabajador \u00abpues la norma no prev\u00e9 la ineficacia de la renuncia voluntaria solo porque aquel se encuentre en situaci\u00f3n de discapacidad, en la medida en que la protecci\u00f3n all\u00ed consagrada opera en relaci\u00f3n con los despidos, no frente a las dimisiones (CSJ SL1451-2018)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente determin\u00f3, que en el caso concreto no se encontraban reunidos los presupuestos establecidos en dicha norma para acoger favorablemente la garant\u00eda reclamada, puesto que la demandante renunci\u00f3 voluntariamente, y en ese sentido, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn el presente asunto, el Tribunal encontr\u00f3 probado que Pastora Elena Acosta Sierra renunci\u00f3 al cargo que desempe\u00f1aba en la empresa, hallazgo que no fue controvertido en los dos embates debido a la senda seleccionada, y que, por lo tanto, se presume acertado. <\/p>\n
Conviene precisar, de todos modos, que el criterio actual de la Sala consiste en que el despido de un trabajador en situaci\u00f3n de discapacidad se presume discriminatorio y que, por lo tanto, es el empleador quien debe demostrar la justa causa (CSJ SL1360-2018). Sin embargo, no es eso lo que ocurre en el sub judice, toda vez que, se itera, la demandante no fue despedida, sino que renunci\u00f3 voluntariamente\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, al estudiar el cargo tercero estableci\u00f3 que el problema jur\u00eddico consist\u00eda en determinar si el Tribunal hab\u00eda errado al no declarar que la renuncia presentada por la demandante fue originada por la empresa empleadora. <\/p>\n
Para resolverlo, se\u00f1al\u00f3 que a lo largo del proceso se hab\u00edan confundido dos situaciones jur\u00eddicas que no eran asimilables, -el despido indirecto y la nulidad de la renuncia-, y frente al primero indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[S]e configura cuando el trabajador da por terminada la relaci\u00f3n laboral porque el empleador ha incurrido en alguna de las causales previstas en el literal b) del art\u00edculo 7 del Decreto 2351 de 1965 que modific\u00f3 el 62 del CST (CSJ SL14877-2016). En ese caso, el trabajador debe manifestarle al empleador la causal o motivo de su decisi\u00f3n, sin que posteriormente puedan alegarse v\u00e1lidamente causales o motivos distintos. Memora la Sala, al respecto, la providencia CSJ SL, 26 jun. 2012, rad. 44155, en la que se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201cEl despido indirecto o autodespido es el resultado del comportamiento que de manera consciente y por iniciativa propia hace el trabajador a fin de dar por terminada la relaci\u00f3n laboral, por justa causa contemplada en la ley, imputable al empleador. Esta decisi\u00f3n debe ser puesta en conocimiento a este \u00faltimo, se\u00f1alando los hechos o motivos que dieron lugar a la misma, adem\u00e1s de ser expuestos con la debida oportunidad a fin de que no quede duda de cu\u00e1les son las razones que dieron origen a la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral\u201d. <\/p>\n
La consecuencia jur\u00eddica del despido indirecto no es otra que el pago, por parte del empleador, de la indemnizaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 64 del CST\u00bb. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) dicho acto jur\u00eddico carece de alguno de los requisitos necesarios para su validez, como la capacidad del trabajador, la licitud del objeto y de la causa, y el consentimiento libre de vicios (art. 1604 CC). La consecuencia jur\u00eddica de la nulidad de la renuncia es la abolici\u00f3n o rescisi\u00f3n del acto jur\u00eddico, lo que da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo (CSJ SL3827-2020, CSJ SL4823-2020, CSJ SL, 23 oct. 1995, rad. 7782). <\/p>\n
Lo anterior es importante relievarlo, puesto que el vicio del consentimiento del trabajador no acarrea que se produzca un despido indirecto, sino la nulidad de la renuncia, raz\u00f3n que ser\u00eda suficiente para desestimar el cargo, en la medida en que no fue esto lo que se pidi\u00f3 desde los albores del juicio\u00bb. <\/p>\n
Con todo, destac\u00f3 que, si se pasara por alto lo anterior, esa Corporaci\u00f3n llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n, puesto que, en ninguna de las pruebas singularizadas en el cuestionamiento formulado por la demandante, observ\u00f3 que la empresa empleadora hubiera incurrido en alguna de las conductas que configuraran una justa causa para que la trabajadora estuviera habilitada a dar por terminado el contrato con derecho a indemnizaci\u00f3n, y, por el contrario, lo que se lograba extraer de las mismas, en especial de la carta de renuncia, era que la decisi\u00f3n hab\u00eda sido tomada por motivos personales. <\/p>\n
Por \u00faltimo, anot\u00f3 que no hab\u00eda prueba alguna de que la compa\u00f1\u00eda hubiera propiciado la renuncia de la trabajadora. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, determin\u00f3 la improsperidad de los cargos y dispuso no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 22 de mayo de 2018. <\/p>\n
3. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser confirmado, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por la se\u00f1ora Pastora Elena Acosta Sierra y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, teniendo en cuenta que la Corporaci\u00f3n accionada soport\u00f3 su decisi\u00f3n en el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, as\u00ed como en el an\u00e1lisis que efectu\u00f3 de las pruebas obrantes en el expediente, encontrando que no fueron acreditados los presupuestos se\u00f1alados en el art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997 para acceder favorablemente a la garant\u00eda reclamada por la demandante, pues seg\u00fan hall\u00f3 probado la trabajadora no fue despedida, sino que renunci\u00f3 al cargo que desempe\u00f1aba en la empresa, sin que dicho aspecto hubiera sido controvertido en los ataques formulados por la recurrente, adem\u00e1s, porque del an\u00e1lisis de los elementos probatorios extrajo que la decisi\u00f3n de renuncia se tom\u00f3 por motivos personales. <\/p>\n
En consecuencia, las divergencias exteriorizadas por la solicitante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la providencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional en busca de una nueva instancia inexistente en el ordenamiento procesal, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en STC 1212-2022). <\/p>\n
Por tanto, los cuestionamientos efectuados por Pastora Elena Acosta Sierra, no tienen la entidad suficiente para disponer la modificaci\u00f3n de la sentencia atacada pues en estrictez, ante su expectativa de que en esta sede se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas en el tr\u00e1mite ordinario y extraordinario o se determine si las mismas fueron apreciadas correctamente, la Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021 y STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cART\u00cdCULO 26. NO DISCRIMINACI\u00d3N A PERSONA EN SITUACI\u00d3N DE DISCAPACIDAD. En ning\u00fan caso la discapacidad de una persona, podr\u00e1 ser motivo para obstaculizar una vinculaci\u00f3n laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempe\u00f1ar. As\u00ed mismo, ninguna persona en situaci\u00f3n de discapacidad podr\u00e1 ser despedida o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad, salvo que medie autorizaci\u00f3n de la oficina de Trabajo. <\/p>\n
<\/p>\n
No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por raz\u00f3n de su discapacidad, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendr\u00e1n derecho a una indemnizaci\u00f3n equivalente a ciento ochenta d\u00edas del salario, sin perjuicio de las dem\u00e1s prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y dem\u00e1s normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren\u201d. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8932-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC8932-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00975-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65272","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65272","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65272"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65272\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65272"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65272"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65272"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}