STC8937-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8937-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-000-2022-00072-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Nelson Medina C\u00e1ceres contra el fallo proferido el 19 de abril de 2022 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra los Juzgados Segundo Promiscuo del Circuito y Primero Promiscuo Municipal, ambos de Puerto Rico – Caquet\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades convocadas al rechazar la demanda de pertenencia que inco\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdecretar la nulidad de las providencias\u00bb emitidas por los accionados el 17 de febrero y 4 de octubre de 2021, y \u00ab[o]rdenar a quien corresponda proferir la decisi\u00f3n de remplazo\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. La demanda de pertenencia promovida por el actor contra el Comit\u00e9 de Bienestar Social del Hospital Local de Puerto Rico, respecto del predio identificado con el folio inmobiliario Nro. 425-66597, fue rechazada el 17 de febrero de 2021 por el Juzgado a-quo encausado, en aplicaci\u00f3n del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, al advertir que dicho inmueble era de naturaleza imprescriptible, por ser de propiedad del referido demandado, \u00abentidad de derecho p\u00fablico adscrita a la Empresa Social del Estado Sor Teresa Adele del Municipio del Doncello, Caquet\u00e1\u00bb; determinaci\u00f3n que el 4 de octubre siguiente confirm\u00f3 el estrado ad-quem atacado. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, el accionante critic\u00f3 que en dichas decisiones los juzgadores incurrieron en defecto f\u00e1ctico porque all\u00ed prob\u00f3, \u00abcon el Certificado de Tradici\u00f3n y Libertad\u2026, que dicho predio no pertenece a la Ese Sor Teresa Adele, sino al Comit\u00e9 de Bienestar Social del Hospital Local de Puerto Rico Caquet\u00e1, que no es una entidad de derecho p\u00fablico, es decir, que al pertenecer a dicho comit\u00e9 el predio en litigio, no es un bien de uso p\u00fablico\u00bb, ello con observancia de lo reglado en el Decreto 1567 de 1998 -canon 11- y la Ley 489 de 1998 -precepto 68-; sin embargo, asever\u00f3, tal situaci\u00f3n fue indebidamente abordada por los accionados. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Rico histori\u00f3 el tr\u00e1mite all\u00ed surtido y solicit\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela se despache desfavorablemente\u00bb, comoquiera que sus actuaciones se ajustaron \u00aba las formalidades legales, sin que resulten sesgadas o contrarias a derecho como lo se\u00f1ala el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Rico pidi\u00f3 \u00abproferir sentencia negando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el accionante\u00bb, porque \u00abno se avizora vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso alegado\u00bb, en tanto que \u00abresolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n analizando en conjunto el material probatorio obrante en el plenario, como tambi\u00e9n, la normatividad vigente para el caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al concluir que \u00ablas providencias judiciales atacadas\u2026 no vulneran los derechos fundamentales del actor, pues de conformidad con las pruebas\u2026, se constata que la propiedad y dominio del bien inmueble\u2026 es del Comit\u00e9 de Bienestar Social del Hospital Local de Puerto Rico y se establece plenamente, que dicho Comit\u00e9 fue creado por una entidad de derecho p\u00fablico, Hospital Local de Puerto Rico, entidad que pertenece a la ESE Sor Teresa Adele, entidad p\u00fablica, por lo que los juzgados accionados, tiene[n] el soporte probatorio necesario para predicar, que el inmueble perseguido ostenta la condici\u00f3n de bien de una entidad de derecho p\u00fablico, y en consecuencia, es acertada la decisi\u00f3n de rechazar de plano la demanda de pertenencia\u2026, dando aplicaci\u00f3n a lo establecido en el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, numeral 4, inciso 2\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los cuales agreg\u00f3 que el Tribunal de primer grado \u00abni siquiera hace un an\u00e1lisis juicioso de la naturaleza del Comit\u00e9 de Bienestar Social del Hospital, lo que hace que continuemos en la misma teor\u00eda que vulner\u00f3 el debido proceso\u00bb, por lo que, adujo, a esta Corte le corresponde ahondar en ello, con observancia de lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998 -art\u00edculo 11- y la Ley 489 de 1998 -canon 68-. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia, sobre la actuaci\u00f3n judicial censurada, se circunscribir\u00e1 al auto de 4 de octubre de 2021, que confirm\u00f3 el dictado el 17 de febrero anterior, habida cuenta que fue esa providencia la que clausur\u00f3 el debate suscitado entorno al rechazo de la demanda de la que se duele el quejoso. <\/p>\n
2.1. Bajo esa \u00f3ptica, se advierte que la impugnaci\u00f3n propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, comoquiera que el citado prove\u00eddo de 4 de octubre no denota arbitrariedad, toda vez que en dicha determinaci\u00f3n el estrado ad-quem querellado expres\u00f3 las razones por las que consideraba inviable la acci\u00f3n de pertenencia que impuls\u00f3 el tutelante. <\/p>\n
En efecto, delanteramente precis\u00f3 que \u00abel punto de discusi\u00f3n entre el a quo y el recurrente es la aplicaci\u00f3n del numeral 4 del art[\u00ed]culo 375 del C\u00f3digo General del Proceso y la calidad del Comit\u00e9 de Bienestar Social del Hospital de Puerto Rico\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente se\u00f1al\u00f3 que desatar tal asunto deb\u00eda \u00abestablecer cu[\u00e1]l es la calidad con la que cuenta el Comit\u00e9 de Bienestar Social del Hospital de Puerto Rico\u00bb, para lo cual dijo acudir al \u00abDecreto ley 1567 de 1998, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Capacitaci\u00f3n y el Sistema de Est\u00edmulos para los empleados del Estado, aplicable a los empleados del Estado que prestan sus servicios tales como empleados p\u00fablicos, de carrera administrativa y gerencia p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Luego, contrario a lo afirmado por el accionante, precisamente con fundamento en el material suasorio aportado con la demanda, encontr\u00f3 que \u00abel director del Hospital Local de Puerto Rico, mediante Resoluci\u00f3n N\u00b0. 30 del 16 de mayo de 1996, establecido el Comit\u00e9 de Bienestar Social del Hospital Local de Puerto Rico\u00bb; de donde extrajo que fue dicha entidad hospitalaria la que \u00abpara esa \u00e9poca conform[\u00f3] el Comit\u00e9 de Bienestar familiar\u00bb, a la vez que, \u00abuna vez conformado, \u2026procedi\u00f3 a adquirir el\u2026 inmueble con Matr[\u00ed]cula Inmobiliaria N\u00b0. 425-66597 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de San Vicente del Cagu\u00e1n[,] tal y como se videncia a ANOTACI\u00d3N Nro. 001 del 7 de noviembre de 1996\u00bb. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3 que \u00abdentro de la demanda no se evidencia documento o prueba alguna en el cual se pueda establecer que el Comit\u00e9 de Bienestar Social del Hospital Local de Puerto Rico es una entidad independiente del Hospital Local de Puerto Rico y si que menos que el bien adquirido por parte del Comit\u00e9 antes mencionado, no haga parte de los bienes adquiridos con recursos p\u00fablicos y pertenecientes a la Ese Sor Teresa Adele, pues al no existir dicha prueba se entiende que los Bienes adquiridos por el Comit\u00e9\u2026 son de propiedad de la entidad, raz\u00f3n por la cual y a vistas del Decreto Ordenanza 00913 del 28 de abril de 2000 en el cual se establece que\u00bb: <\/p>\n
\u201cla Empresa Social del Estado SOR TERESA ADELE, es una categor\u00eda especial de entidad p\u00fablica descentralizada, del orden departamental, dotada de personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, adscrita al Instituto Departamental de Salud del Caquet\u00e1. De conformidad con los Estatutos de la entidad adoptados por la Junta Directiva mediante Acuerdo 001 del 22 de julio de 2008, El objeto de la Empresa Social del Estado SOR TERESA ADELE, es la prestaci\u00f3n de servicios de salud de baja y mediana complejidad y su jurisdicci\u00f3n comprende los municipios de El Doncello, Cartagena del Chair\u00e1, El Paujil y Puerto Rico, siendo su domicilio y sede principal en el municipio de El Doncello\u201d. <\/p>\n
Razones por las cuales, en suma, indic\u00f3 compartir \u00ablos planteamientos efectuados por el a quo mediante su decisi\u00f3n del 17 de febrero de 2021\u00bb, por lo que la confirmar\u00eda. <\/p>\n
2.2. En ese orden, se concluye que la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no halla recibo en esta sede excepcional, sin que, por esos motivos, pueda el juez de tutela proponer una lectura diferente, como inapropiadamente lo exigi\u00f3 el impugnante. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que los estrados criticados, contrario a lo aducido por el quejoso, valoraron la totalidad de los soportes aportados con la demanda, especialmente la Resoluci\u00f3n Nro. 030 de 16 de mayo de 1996 -en la que se resolvi\u00f3 establecer el Comit\u00e9 de Bienestar Social del Hospital Local de Puerto Rico- y el contenido de folio inmobiliario Nro. 425-66597, y bajo una interpretaci\u00f3n admisible del inciso 2\u00ba del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso1, concluyeron que se impon\u00eda el rechazo del libelo impulsado por el actor, comoquiera que el bien objeto de sus pretensiones era propiedad de una entidad p\u00fablica y no se trajo ning\u00fan documento que controvirtiera esa situaci\u00f3n. <\/p>\n
Tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha[n] hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juzgador constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Lo sucintamente consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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