STC8939-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8939-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-2203-000-2022-01172-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 14 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Carlos Andr\u00e9s Araujo Oviedo formul\u00f3 contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tramite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso verbal radicado con el n\u00b0 005-2016-00004-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, ser el apoderado judicial de los se\u00f1ores Elda Victoria Ru\u00edz Ospina y Luis Eduardo S\u00e1nchez Munza, demandantes en el juicio mencionado, adelantado contra Diana Carolina T\u00e9llez Toloza, Jaime Orlando Munar Rodr\u00edguez, Luis Fernando Vargas L\u00f3pez y Ruth Mary Giraldo Carvajal. <\/p>\n
Explic\u00f3 que luego de varias suspensiones, el 11 de septiembre de 2019, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 sentencia a favor de sus representados y se dispuso la entrega de varios bienes y la inscripci\u00f3n del fallo en diversos registros, decisi\u00f3n que apelaron los demandados y presentaron solicitud de aclaraci\u00f3n, que fue posteriormente negada. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el 19 de agosto de 2021, se dej\u00f3 constancia secretarial sobre la digitalizaci\u00f3n del expediente, el cual qued\u00f3 \u00aba la letra\u00bb, porque no se ha enviado al Superior para resolver la referida apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, durante todo ese per\u00edodo, los demandados han procurado \u00abinsolventar\u00bb la empresa Aeroexpresos Rusantur Ltda., gener\u00e1ndole a sus mandantes una afectaci\u00f3n o perjuicio superior a los $4.000\u00b4000.000, cuya p\u00e9rdida es responsabilidad exclusiva de la Rama Judicial. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el proceder de la Juez \u00abes corrupto, ya que a trav\u00e9s de decisiones que no est\u00e1n previstas en el ordenamiento procesal civil logr\u00f3 que los demandados insolventaran la empresa pedida en restituci\u00f3n\u00bb, hechos por lo que formul\u00f3 denuncia penal identificada con NUC110016000050202261478, en contra de la mencionada Juez, por prevaricato por acci\u00f3n, investigaci\u00f3n de la cual conoce la Fiscal\u00eda 144 Seccional de Bogot\u00e1, la que puede informar si se encuentra adelantando la investigaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, <\/p>\n
(ii) \u00abCompulsar copias disciplinarias en contra de la funcionaria demandada a fin de que investigue la conducta negligente de sus funciones judiciales. Compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por los dem\u00e1s delitos ya denunciados por el suscrito y que se puedan derivar de los hechos denunciados, y de esta forma se d\u00e9 inicio a la persecuci\u00f3n penal que tenga como fin una sentencia condenatoria.\u00bb y, <\/p>\n
(iii) vincular \u00aba la Fiscal\u00eda 144 Seccional de Bogot\u00e1 [\u2026] a fin de que informe los avances de la investigaci\u00f3n por el delito de prevaricato por acci\u00f3n formulado en contra de la juez 5 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dentro del radicado n\u00famero 110016000050202261478.\u00bb <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, luego de realizar un recuento de la actuaci\u00f3n procesal, inform\u00f3 que, debido a que el Tribunal de Bogot\u00e1 solicit\u00f3 el expediente para llevar a cabo su calificaci\u00f3n de servicios, s\u00f3lo le fue posible pronunciarse sobre lo solicitado hasta el 10 de diciembre 2019, negando lo implorado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 20 de enero de 2020, el apoderado de la demandada desisti\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la sentencia, ante lo cual lo requiri\u00f3 en providencia de 22 siguiente, para que allegara el poder con facultad expresa para desistir, y ante su manifestaci\u00f3n acerca de que no era viable, en tanto que sus mandantes no quer\u00edan hacerlo, concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n, pero como el interesado no cancel\u00f3 las expensas, declar\u00f3 desierta la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, pidi\u00f3 que se compulsaran copias al accionante, ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, por haberle imputado la comisi\u00f3n de conductas delictivas, aserciones \u00abinjuriosas y deshonrosas que resultan infundadas y carentes de sustento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 144 Seccional Unidad de Investigaci\u00f3n y Juicios de esta ciudad, inform\u00f3 que la denuncia 110016000050202261478, se le asign\u00f3 el 8 de marzo de 2022, pero ese mismo d\u00eda se la remiti\u00f3 a su hom\u00f3loga 96 Seccional del Equipo de Fe P\u00fablica y el Orden Econ\u00f3mico. <\/p>\n
El \u00faltimo ente de investigaci\u00f3n mencionado refiri\u00f3 que a ese Despacho le correspondi\u00f3 el asunto aludido, en el que se elabor\u00f3 el programa metodol\u00f3gico y se redireccion\u00f3 el proceso por la calidad de las partes denunciadas, siendo repartido a la Fiscal\u00eda 51 Delegada ante el Tribunal de esta ciudad. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 por improcedente el amparo solicitado por falta de legitimaci\u00f3n del accionante, en la medida en que lo present\u00f3 en causa propia, sin ser parte en el proceso y sin allegar poder para el efecto. <\/p>\n
No obstante indic\u00f3, que \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se admitiera revisar de fondo el asunto, lo cierto es que tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de prosperidad, pues la queja del actor se centra en la tardanza del Estrado accionado en remitir a esta Corporaci\u00f3n el expediente, para que se tramite la apelaci\u00f3n que interpuso el extremo pasivo en contra del fallo proferido el 11 de septiembre de 2019, la que finalmente se otorg\u00f3 en prove\u00eddo del 9 de marzo de 2020, sin que se haya enviado la encuadernaci\u00f3n, ya que en \u00faltimas, en auto del 20 de octubre siguiente, se declar\u00f3 desierto el medio de impugnaci\u00f3n.\u00bb. <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para se\u00f1alar err\u00f3nea la posici\u00f3n del Colegiado a quo, en tanto que \u00absi bien es cierto el suscrito no es parte procesal, s\u00ed es sujeto procesal de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abno es ajeno al proceso, pues, cuenta con el reconocimiento de personer\u00eda para actuar, el cual se ha mantenido vigente desde su concesi\u00f3n\u00bb, y precis\u00f3 que, \u00abmaterialmente tambi\u00e9n resulta afectado por la inoperancia del juzgado demandado, debido a que es [su] trabajo y del cual dependo econ\u00f3micamente para [su] subsistencia, el cual por dem\u00e1s tambi\u00e9n es un derecho fundamental (\u2026) debido a la obstaculizaci\u00f3n e imposibilidad de la materializaci\u00f3n de la sentencia obtenida a favor de [sus] mandantes, de tal suerte que el perjuicio ocasionado es grave muy grave, porque como se denunci\u00f3 los demandados realizaron actos tendientes a la insolvencia de la empresa durante la pasividad del despacho judicial demandado, lo que se concluye que a pesar de haber ganado el proceso, este no sirvi\u00f3 de nada ya que no se pudo recuperar la empresa.\u00bb. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 diciendo que, \u00abde oficio incluso, a pesar de que la legitimaci\u00f3n no sea evidenciada impone que en sede de tutela se pronuncie respecto de la afectaci\u00f3n de este derecho y no pasar por alto la grave situaci\u00f3n ocurrida\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No puede olvidarse, que si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
El art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 19911 establece que la acci\u00f3n de tutela \u00abPodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, esta Sala ha reiterado constantemente, que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb [Cfr. Entre muchas otras, las Sentencias STC4778-2022, STC4217-2022, STC3879-2022, STC2624-2022, STC1176-2022 y STC792-2022, reiterando la Sentencia STC2076-2020] <\/p>\n
Y es que m\u00e1s all\u00e1 de la naturaleza excepcional que tiene esta acci\u00f3n, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, entre ellos, el de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, ya que en observancia del art\u00edculo 10\u00b0 supra referido, tambi\u00e9n se ha sostenido, que \u00e9sta: <\/p>\n
\u00abse refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (Ver CSJ STC1148-2021, STC11332-2021 y STC1176-2022, entre otras). <\/p>\n
De tal manera, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para su interposici\u00f3n, ya que la carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa. (CSJ STC1707-2020). <\/p>\n
2. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, fue el mismo accionante el que inform\u00f3 ser el apoderado judicial de los se\u00f1ores Elda Victoria Ru\u00edz Ospina y Luis Eduardo S\u00e1nchez Munza, demandantes dentro del juicio verbal mencionado, a quienes, asever\u00f3, se les ha causado un cuantioso perjuicio por la supuesta demora en la que incurri\u00f3 la Juzgadora accionada para remitir el expediente aludido al Tribunal, para que este resolviera una apelaci\u00f3n formulada por su contraparte la que, dicho sea de paso, fue declarada desierta desde el 20 de octubre de 2020, por lo que, es claro, el tr\u00e1mite echado de menos era absolutamente innecesario. <\/p>\n
Sin perjuicio de lo anterior, el profesional del derecho referido no aport\u00f3 poder especial para el efecto, y adujo en su impugnaci\u00f3n que contaba con el que previamente le hab\u00edan otorgado sus mandantes para el proceso verbal, \u00faltimo este que, como ya se observ\u00f3, no sirve para estos fines, pues debe ser conferido especialmente para invocar la acci\u00f3n constitucional de que se trate. Tampoco se manifest\u00f3 actuar en calidad de agente oficioso, ni mucho menos se acredit\u00f3 la incapacidad de sus clientes para proveerse su propia protecci\u00f3n ius fundamental. <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate propuesto, esto es, si se violaron las garant\u00edas de los \u00absujetos procesales\u00bb en el proceso arriba enunciado, porque adem\u00e1s, el escrito de tutela evidencia que el accionante invoc\u00f3 el amparo a nombre propio, hecho que impide asumir su estudio, pues este carece de legitimaci\u00f3n por activa. <\/p>\n
Es que no puede olvidarse que la Corte igualmente ha sostenido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611- 2018, entre otras) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los alegatos expuestos en la impugnaci\u00f3n no tienen ni siquiera la potencialidad de modificar el criterio que consistentemente ha reiterado esta Corte sobre el particular, en la medida en que, se insiste, el abogado no es parte procesal, ni puede alegar directamente de la presunta vulneraci\u00f3n que dice afectar a sus clientes, derivada de la supuesta omisi\u00f3n de una autoridad judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abPor el cual se reglamenta la acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.\u00bb <\/p>\n
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STC8939-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC8939-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-2203-000-2022-01172-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65278","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65278","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65278"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65278\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65278"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65278"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65278"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}