STC8946-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8946-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 47001-22-13-000-2022-00139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de julio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 2 de junio de 2022, con la cual se deneg\u00f3 el amparo reclamado por Jairo Jes\u00fas Diazgranados Camargo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 47001-31-53-005-2017-00145-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial cuestionada. <\/p>\n
2. Refiri\u00f3 que, actuando como apoderado del se\u00f1or Wilfrido Diazgranados y otros, adelant\u00f3 proceso declarativo de responsabilidad contra Coomeva E.P.S., el cual, fue conocido por el Juzgado accionado. Adem\u00e1s, mencion\u00f3 que en el escrito de la demanda consign\u00f3 su correo electr\u00f3nico, tal y como lo indica el Decreto Legislativo 806 de 2020. <\/p>\n
2.1. Afirm\u00f3 que, agotadas las etapas procesales, el Juzgado accionado fij\u00f3 fecha y hora para la audiencia inicial. Sin embargo, esta decisi\u00f3n no le fue notificada, sino que gracias a un colega tuvo conocimiento de la misma. <\/p>\n
2.2. Sostuvo que para la fecha en que estaba programada la audiencia, present\u00f3 solicitud de aplazamiento debido a que ten\u00eda problemas de salud que le imped\u00edan asistir. Pese a ello, el Juzgado la llev\u00f3 a cabo y dict\u00f3 sentencia con la cual se negaron las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.3. Inconforme con esa decisi\u00f3n, present\u00f3 solicitud de nulidad por cuanto no se tuvo \u00aben cuenta mi grave estado de salud, y solo 36 meses despu\u00e9s- mayo de 2019 a mayo de 2022- se me \u201ccomunica\u201d que la solicitud de nulidad se hab\u00eda negado mediante auto del 17 de septiembre de 2021, que ya no tengo oportunidad de interponer recurso alguno\u00bb1. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que \u00abse decrete la nulidad de la sentencia proferida \u2026 por haber una solicitud de aplazamiento legalmente sustentada a la audiencia donde se profiri\u00f3 dicha sentencia\u00bb y se ordene \u00abse fije nueva fecha para la audiencia, con auto que se me debe notificar a mi correo electr\u00f3nico\u00bb2. Adem\u00e1s, y en caso de no prosperar las pretensiones principales, solicit\u00f3 que \u00abse ordene notificarme la providencia que resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad, para que empiece a correr la oportunidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales, se\u00f1al\u00f3 que \u00abAnte esta judicatura le correspondi\u00f3\u0301 proceso de responsabilidad civil promovido por WILFREDO DIAZGRANADOS ANGARITA (\u2026) contra COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD \u201cEPS. Los demandantes estaban representados por el togado que hoy formula el presente mecanismo constitucional\u00bb3. Adem\u00e1s, frente al auto que fij\u00f3 fecha y hora para la audiencia, adujo que \u00abDicho prove\u00eddo se notific\u00f3\u0301 en estado No. 032 del 2 de mayo de 2019, decisi\u00f3n de la cual, el apoderado de la parte activa, contrario a lo indicado en su escrito si\u0301 tuvo conocimiento al punto que el togado, previo a la diligencia, allego\u0301 un escrito pidiendo su aplazamiento\u00bb4. En cuanto a la solicitud de aplazamiento, consider\u00f3 que la excusa medica presentada por el apoderado de la parte actora no era suficiente para aplazar la diligencia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil- Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta -con sentencia del 2 de junio de 2022- resolvi\u00f3 negar el amparo, al considerar que el apoderado no cumpli\u00f3 con el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa. Frente a ello, sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEn el caso sub examine, se propende por proteger los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, de lo que es evidente que el titular es Wilfrido Diazgranados, pero quien funge como actor es el doctor Jairo Jes\u00fas Diazgranados Camargo, de lo que deviene colegir que no es pertinente entrar a desatar de fondo la situaci\u00f3n planteada, debido a que quien depreca el presente amparo constitucional, no demostr\u00f3 que, para efectos del tr\u00e1mite que nos ocupa, act\u00fae como mandatario de don Wilfrido (\u2026)\u00bb5. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora, argumentando que \u00ab(\u2026) En la tutela los Derechos Humanos se enmarcan en un cap\u00edtulo aparte, por ser un derecho salido de nuestro derecho procesal, y encontrarse amparado por la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, que se convierte en un derecho personalizado, por lo que no necesita ser avalado por otra persona para ser protegido, al punto que un tercero puede pedir proteger los Derechos Humanos a quien se lo han violado. Son estas razones suficientes para sostener, que en mi caso no necesitaba poder para pedir proteger mis derechos humanos\u00bb6. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor alega la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, con ocasi\u00f3n a que la autoridad accionada no le notific\u00f3 a su correo electr\u00f3nico las decisiones proferidas en el proceso debatido, en el cual, act\u00faa como apoderado de los demandantes. <\/p>\n
2. Pronto la Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se evidencia que el promotor no es el titular de los derechos cuya vulneraci\u00f3n se alega. Adem\u00e1s, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela y no acredit\u00f3 las condiciones para actuar como agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
Asimismo, debe resaltarse que, en torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC4611- 2018, STC1042-2019, STC6069-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, son las partes intervinientes en los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios. De tal manera que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitado por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto7. <\/p>\n
3. De acuerdo con lo expuesto, se tiene que el accionante no es el titular de las garant\u00edas fundamentales que se buscan proteger, sino que figura como apoderado de la parte demandante en el proceso recriminado. Sin embargo, no alleg\u00f3 poder especial ni acredit\u00f3 que se dieran las condiciones para actuar como agente oficioso. De este modo, resulta inviable estudiar de fondo el ruego impetrado ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
4. Por estas consideraciones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c2-TUTELA RAD-2022-00139-00-JAIRO JESU\u0301S DIAZGRANADOS CAMARGO.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c9-informe tutela 20220013900_compressed.pdf\u201d Expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c15-FALLO RAD-2022-00139-00.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c20-TUTELA Impugnacion Jairo Diazgranados.pdf\u201d. <\/p>\n
7\u0002 En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8946-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8946-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 47001-22-13-000-2022-00139-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de julio dos mil veintid\u00f3s). Bogot\u00e1 D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65284"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65284\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}