STC8947-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8947-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01877-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 28 de septiembre de 20211, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Harold Iv\u00e1n Mena Torres en contra de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Gobernaci\u00f3n del Choc\u00f3 y Juzgados Segundo Penal del Circuito y Segundo Penal Municipal, ambos con Funci\u00f3n de Conocimiento de esa ciudad y las partes y vinculados en la acci\u00f3n constitucional identificada con No. 270012208000202100060. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la Gobernaci\u00f3n del Choc\u00f3 promovi\u00f3 unas acciones de tutela contra los Juzgados Segundo Penal Municipal y Segundo Penal del Circuito, ambos con Funci\u00f3n de Conocimiento de Quibd\u00f3, que se acumularon en el radicado antes mencionado y a la que fue vinculado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, concedi\u00f3 el amparo en sentencia de 5 de agosto de 2021 y, no obstante que el 9 de agosto siguiente la impugn\u00f3 y esa Corporaci\u00f3n la concedi\u00f3, el expediente no ha sido remitido al superior para lo de su cargo, motivo por el que acude a la v\u00eda excepcional, por no contar con otro mecanismo de defensa judicial a trav\u00e9s del cual pueda obtener la protecci\u00f3n que aqu\u00ed solicita. <\/p>\n
2. Lo que pretende de manera puntual, es que se ordene a la Corporaci\u00f3n accionada, dar el respectivo impulso a su r\u00e9plica. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Magistrado Ponente de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, inform\u00f3, que \u00aba trav\u00e9s de oficio n.\u00b0 1119 del 19 de agosto pr\u00f3ximo pasado se remiti\u00f3 la referida acci\u00f3n de tutela a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, pero ante los m\u00faltiples y conocidos inconvenientes presentados con la plataforma colaborativa OneDrive, solo el 31 de agosto fue posible compartir la carpeta contentiva del expediente digital con el ad quem, de tal forma que se logre su visualizaci\u00f3n\u00bb, circunstancia por la cual solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo propuesto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, luego de constatar que, <\/p>\n
\u00abEn el presente asunto, el demandante reproch\u00f3 la presunta omisi\u00f3n del Tribunal accionado, consistente en no remitir la impugnaci\u00f3n promovida contra el fallo del 5 de agosto de 2021 a esta Corporaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
No obstante, durante el tr\u00e1mite constitucional se desvirtu\u00f3 tal afirmaci\u00f3n, pues los medios de convicci\u00f3n allegados acreditaron que, en auto del 13 de agosto de 2021, la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3 concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n de la sentencia de tutela emitida el 5 de agosto del a\u00f1o que avanza. As\u00ed las cosas, en oficio 1119 del 19 del mismo mes, orden\u00f3 remitir el asunto a esta Corporaci\u00f3n Judicial para surtir la segunda instancia. <\/p>\n
Pese a lo anterior, a causa de m\u00faltiples fallas t\u00e9cnicas en la plataforma colaborativa OneDrive, solo hasta el 31 de agosto siguiente, pudo compartir el expediente digital a la Secretar\u00eda de esta Sala. <\/p>\n
En efecto, acorde con el Sistema de Consulta de Procesos Justicia Siglo XXI, el asunto arrib\u00f3 a la Corte el 3 de septiembre del presente a\u00f1o y correspondi\u00f3 – por reparto- al despacho de la Magistrada Patricia Salazar Cu\u00e9llar, quien emiti\u00f3 proyecto de fallo para la Sala del 28 de septiembre del a\u00f1o que avanza. De manera que, al margen de las fallas t\u00e9cnicas presentadas para compartir el expediente digital, no es factible atribuirle a la autoridad demandada ninguna actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria de garant\u00edas constitucionales, pues la circunstancia f\u00e1ctica en que se sustentaba la solicitud de tutela, nunca ocurri\u00f3. Contrario a ello, es palmario que, tras conceder la impugnaci\u00f3n del fallo enviaron el asunto con prontitud, pero circunstancias ajenas impidieron que se concretara tal cometido\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante, con similares argumentos a los de su escrito inicial, e hizo \u00e9nfasis en que s\u00ed existi\u00f3 una demora injustificada por parte de la Corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto observa la Sala que la queja del se\u00f1or Harold Iv\u00e1n Mena Torres, radica, en esencia, en que supuestamente, a la fecha de presentaci\u00f3n de su escrito de tutela ya hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de un mes desde la interposici\u00f3n de la impugnaci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela atr\u00e1s referenciada, sin que se hubiere remitido el expediente al superior para el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
2. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis a los medios probatorios obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la improcedencia del amparo reclamado tal y como lo concluy\u00f3 el fallador constitucional de primera instancia, pues al momento de la interposici\u00f3n de la demanda de amparo (10 de septiembre de 2021) en contra de la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Quibd\u00f3, no exist\u00eda de parte de aqu\u00e9lla Corporaci\u00f3n actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna que debiera ser enmendada a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, si se tiene en cuenta que las diligencias hab\u00edan sido remitidas a la Sala de Casaci\u00f3n Penal desde el 31 de agosto de 2021 para que se surtiera la respectiva impugnaci\u00f3n, advirti\u00e9ndose adem\u00e1s, que la sentencia de segundo grado se profiri\u00f3 el 28 de septiembre de 2021, raz\u00f3n por la que, el actor no demostr\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que cuando no se est\u00e1 en presencia de una situaci\u00f3n que comprometa derechos de rango fundamental, el amparo es improcedente ya que \u00e9ste requiere, <\/p>\n
\u00abel cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01 y STC6835-2022). Resalta la Sala. <\/p>\n
3. Igualmente, en las condiciones descritas, no se evidencia que la Corporaci\u00f3n accionada haya afectado los derechos fundamentales reclamados, raz\u00f3n por la que la solicitud de amparo incumple el presupuesto general de procedibilidad relativo a la relevancia constitucional de la cuesti\u00f3n discutida, pues para ello se exige que \u00abest\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor\u00bb (CC SU-813\/07), criterio citado por la Sala en la STC3695-2022 de la siguiente manera, <\/p>\n
\u00ab[e]l objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u2018cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de los particulares (\u2026)\u2019. As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u2018partiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u2019, ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
4. En conclusi\u00f3n de lo expuesto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de confirmarse la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente fue asignado por reparto a este despacho, el 28 de junio de 2022. <\/p>\n
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