STC8962-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8962-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-00152-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1ngel Mar\u00eda Moncada Moncada y Magdalena Ochoa de Moncada contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda S\u00e9ptima adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Diego Alberto Ruiz Arroyave, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de esta ciudad, la Sociedad de Activos Especiales SAE y los intervinientes del juicio criticado <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, que dicen vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan que \u00abse revoquen integralmente las providencias proferidas por el Tribunal\u2026 de fecha 29 y 30 de octubre de 2019 y\u2026 por la Fiscal\u00eda 7\u00aa\u2026 de fecha 10 de marzo de 2021\u00bb; y se ordene \u00abel levantamiento de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo, decretadas irregularmente al local comercial\u2026 de propiedad leg\u00edtima de [ellos]\u00bb <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso de justicia y paz del postulado Diego Alberto Ruiz Arroyave, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en audiencias de 29 y 30 de octubre de 2019, decret\u00f3 medida cautelar de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo de distintos bienes, entre esos, un local comercial propiedad de los accionantes. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, el 10 de marzo de 2020 la Fiscal\u00eda S\u00e9ptima adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio decret\u00f3 la improcedencia extraordinaria de dicho bien y dispuso su entrega al Fondo de Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas de Justicia y Paz. <\/p>\n
2.3. Indicaron los accionantes que eran propietarios de un local comercial, el que se encontraba afectado con medidas cautelares decretadas por el Tribunal acusado; que esas decisiones incursionaron en una v\u00eda de hecho; y que las providencias criticadas se apartaron del material probatorio que reposaba en el expediente, el que daba fe de la legalidad del bien. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1alaron que al mismo tiempo se tramit\u00f3 la extinci\u00f3n del derecho de dominio sobre el referido inmueble, en el que la Fiscal\u00eda, el 10 de marzo de 2020, decret\u00f3 la improcedencia extraordinaria respecto del local y orden\u00f3 su entrega al Fondo de Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas de Justicia y Paz; y que se determin\u00f3 la ilegalidad del bien porque el ahora accionante \u00c1ngel Mar\u00eda Moncada Moncada fungi\u00f3 como contador del paramilitar por poco tiempo. <\/p>\n
2.5. Sostuvieron que fueron despojados de su local sin pruebas, el que fue adquirido con dineros legales d\u00e9cadas atr\u00e1s, producto de su trabajo y respecto del que pagaban impuestos desde 1994; que las cautelas fueron decretadas bajo apreciaciones subjetivas; que el perjuicio era actual e inminente; y que se les causaban da\u00f1os materiales y morales. <\/p>\n
2.6. Refirieron que tuvieron conocimiento de la declaratoria de improcedencia extraordinaria sobre el inmueble hasta el 10 de agosto de 2021; que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n; que era latente la ocurrencia de un perjuicio irremediable; y que cumpl\u00edan con los requisitos de procedibilidad del resguardo. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que los accionantes no observaban con los presupuestos de procedencia del amparo, pues contaban con otros mecanismos de defensa para controvertir la cautela impuesta, v\u00eda incidente de oposici\u00f3n de terceros en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 17c de la Ley 975 de 2005, reclamando los derechos que pudieren ostentar y demostrado que como adquirentes del predio cautelado actuaron de buena fe exenta de culpa cualificada o garantizadora de derechos; que la decisi\u00f3n criticada de 30 de octubre de 2019 era una medida instrumental y provisional, adoptada para asegurar o garantizar la eficacia de las prerrogativas objeto de controversia, por lo que no hac\u00eda tr\u00e1nsito a cosa juzgada; y que le correspond\u00eda al fallador de conocimiento pronunciarse definitivamente sobre la procedencia de la extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
2. El Ministerio de Justicia se\u00f1al\u00f3 que su intervenci\u00f3n en los procesos de extinci\u00f3n de dominio no implicaba facultad decisoria ni injerencia en las decisiones de los funcionarios judiciales, sino que actuaba en defensa del inter\u00e9s de la Naci\u00f3n y en representaci\u00f3n del ente responsable de la administraci\u00f3n de los bienes afectados en el procedimiento; que no hab\u00eda conculcado garant\u00eda esencial alguna; y que no era el competente para decretar la nulidad de lo actuado por las autoridades acusadas. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 34 adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio, en apoyo a la Fiscal\u00eda 7\u00aa, se\u00f1al\u00f3 que el 10 de marzo de 2020 decret\u00f3 la improcedencia extraordinaria sobre el bien de los gestores; que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, pues se ci\u00f1\u00f3 a los presupuestos legales; que los accionantes no formularon recurso alguno; que no cumpl\u00edan con el requisito de la inmediatez; que le correspond\u00eda a los gestores concurrir al proceso y demostrar el origen l\u00edcito del bien y su ajenidad a los hechos por los que fue vinculado al tr\u00e1mite. <\/p>\n
4. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues las decisiones criticadas fueron emitidas el 29 y 30 de octubre de 2019 y de 10 de marzo de 2020, mientras que la tutela se instaur\u00f3 el 24 de enero de 2022; que pese a que justificaron su demora por el desconocimiento de la resoluci\u00f3n, nada dijeron acerca del silencio que guardaron desde que conocieron las medidas que se discuten y que eran nocivas para sus intereses, al punto que en la tutela reconocieron que fueron enterados de dicha determinaci\u00f3n despu\u00e9s de llevarse a cabo la audiencia; que si bien en algunos casos se flexibilizaba dicha condici\u00f3n, este caso no es una de dichas excepciones; y que los gestores pudieron controvertir en su oportunidad el auto de 10 de marzo de 2022 con el que la Fiscal\u00eda de Extinci\u00f3n atendi\u00f3 favorablemente la solicitud formulada por la Sala de Justicia y Paz, pero optaron por no interponer alzada, discusi\u00f3n que pretend\u00edan revivir. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que contaban con otro mecanismo de defensa, pues el juicio estaba en etapa de conocimiento y la determinaci\u00f3n era de efectos provisionales y debatible en lo restante del tr\u00e1mite judicial, tal como lo autorizaba el art\u00edculo 17c de la Ley 975 de 2005 -incidente de oposici\u00f3n de terceros a la medida cautelar-; adem\u00e1s que frente a la decisi\u00f3n que se emitiera proced\u00edan los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, en donde pod\u00edan demostrar la licitud de los bienes y sacar avante su defensa; que el proceso se encontraba en curso; y que no advert\u00eda la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes impugnaron la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que s\u00ed cumpl\u00edan con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa la Corte la improcedencia del amparo impetrado, comoquiera que el proceso criticado se encuentra en curso, por lo que los accionantes pueden exponer sus inconformidades en dicho tr\u00e1mite, sin que le sea dable acudir a este mecanismo excepcional y subsidiario. <\/p>\n
Ciertamente, en la actuaci\u00f3n cuestionada los peticionarios tienen la posibilidad de controvertir cualquier hecho o circunstancia que consideren que transgrede sus prerrogativas esenciales, raz\u00f3n por la que no es dable que el juez constitucional se anticipe a las decisiones que all\u00ed sean adoptadas, pues tal asunto se encuentra en curso, escenario en el que podr\u00e1n agotar el incidente de oposici\u00f3n de terceros previsto en el art\u00edculo 17C de la Ley 975 de 2005, as\u00ed como los recursos respectivos. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026En el asunto materia de an\u00e1lisis encuentra la Corte que el fallo de primera instancia debe ser confirmado, por cuanto es evidente la ausencia del requisito de subsidiariedad que caracteriza esta acci\u00f3n de naturaleza excepcional. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda constitucional, como de la actuaci\u00f3n procesal que reposa en el expediente de tutela, se desprende que la accionante cuenta con m\u00faltiples medios de defensa judicial para el restablecimiento de las garant\u00edas que ahora controvierte en sede de tutela, siendo que el proceso que se sigue ante el Juez natural de la controversia es el escenario judicial adecuado para tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que as\u00ed el promotor del amparo no comparta los argumentos del juez constitucional de primer grado, lo cierto es que para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n planteada, es necesario el agotamiento de \u2018todos\u2019 los mecanismos que permitan la controversia de las determinaciones que se adopten al interior del proceso penal, lo que para el caso no se ha cumplido\u2026, de ah\u00ed que la intervenci\u00f3n en esta sede se torne prematura. <\/p>\n
Y es que de la acci\u00f3n de tutela no puede hacerse uso para soslayar o sustituir los procedimientos ordinarios que deben adelantarse ante los funcionarios competentes; adem\u00e1s, la Sala retomando apartes de la sentencia C-543 del 1\u00ba de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, acept\u00f3 que: \u2018La acci\u00f3n de tutela a) no reemplaza los procesos ordinarios o especiales, ni es sustituto de los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces, ni es instancia adicional a las existentes; b) ha sido concebida \u00fanicamente para dar soluci\u00f3n eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresi\u00f3n o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jur\u00eddico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces; c) nunca prevalece sobre la acci\u00f3n ordinaria, salvo que se ejercite como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; d) no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y e) no es el \u00fanico mecanismo orientado a la protecci\u00f3n de la persona humana y sus derechos esenciales. Todos los procesos y la integridad del aparato judicial tienen ese mismo fin\u2019 (CSJ STC, 15 dic. 2011, rad. 01889-01; reiterada en la STC, 4 sep. 2013, rad. 01391-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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