STC8963-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8963-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2022-00167-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala virtual de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 31 de mayo de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Carlos Manuel, en nombre propio y en la calidad de progenitor de Juan Andr\u00e9s y padre de crianza de Jaime Antonio1, contra el Juzgado Tercero de Familia y la Comisar\u00eda Tercera de Familia Caivas, ambos de Ibagu\u00e9. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Procurador de Familia de la citada ciudad, al Defensor de Familia y a los intervinientes en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos de radicado PARD193-2021. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la salvaguarda de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad procesal, buen nombre, a \u00abtener una familia y no ser separado de ella\u00bb y a la \u00abintegridad personal y unidad familiar\u00bb. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El Juzgado 3 de Familia de Ibagu\u00e9, por prove\u00eddo del 18 de abril de 20222, homolog\u00f3 la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda Tercera de Familia Caivas de dicha ciudad, contenida en la Resoluci\u00f3n 223 del 22 de octubre de 20213, mediante la cual se declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos del hijo del tutelante, Juan Andr\u00e9s de 10 a\u00f1os4, al estimar que este se encontraba en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y peligro por posible abuso sexual cometido por parte del hijo de crianza de aqu\u00e9l, de 11 a\u00f1os, ordenando como medida de restablecimiento la custodia del ni\u00f1o en cabeza de su progenitora, la continuaci\u00f3n del trabajo psicosocial con el equipo interdisciplinario y la suspensi\u00f3n de cualquier tipo de contacto con el presunto agresor. <\/p>\n
2.2. En criterio del accionante, las autoridades convocadas \u00abno fueron garantes de los derechos de ninguno de los ni\u00f1os; por ejemplo, referente a mi hijo (\u2026), se le afectan directamente sus derechos a la unidad familiar por cuanto se toma la decisi\u00f3n de alejarlo del n\u00facleo familiar entorno en el cual creci\u00f3, omitiendo valoraci\u00f3n o juicio alguno de las pruebas y manifestaciones presentadas dentro del proceso administrativo de la situaci\u00f3n de interferencia mediante violencia institucional de la progenitora, [\u2026] quien en varias oportunidades ha actuado bajo los mismos par\u00e1metros, acus\u00e1ndome primero a m\u00ed de violencia sexual [\u2026] pero al ver que no tiene asidero us (sic) afirmaciones temerarias, ahora presenta en contra de mi hijo de crianza [\u2026], \u00fanicamente para que a ella se le atribuya una custodia, ya que es compartida, y as\u00ed evitarse el pago de la cuota de alimentos\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite solicit\u00f3 que se adelantaran \u00abentrevistas, visitas e informe por parte del equipo interdisciplinario a m\u00ed y [mi] n\u00facleo familiar y pares de mi hogar para que pudieran observar y descartar las acusaciones falsas y temerarias que la se\u00f1ora (\u2026) asever\u00f3 en contra del menor\u00bb, las cuales fueron omitidas, bas\u00e1ndose la Comisar\u00eda \u00aben un informe psicol\u00f3gico de la supuesta afectaci\u00f3n de mi hijo [\u2026] rendido por la madre quien adem\u00e1s en ning\u00fan caso aporta prueba siquiera sumaria de lo que expone\u00bb, circunstancias que, en su criterio, demuestran un actuar irregular y parcializado por parte de dicha autoridad administrativa, pues en la entrevista rendida por el ni\u00f1o \u00aben ning\u00fan momento manifiesta ser abusado por su hermano de crianza\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 \u00abDEJAR sin efectos el fallo de la COMISAR\u00cdA TERCERA DE FAMILIA DE IBAGU\u00c9 CAIVAS \u2013 CAVIF (\u2026) y la homologaci\u00f3n del JUZGADO 3 DE FAMILIA DE IBAGU\u00c9\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que no se vulneraron las garant\u00edas fundamentales invocadas, toda vez que al actor \u00abse la ha permitido el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, a tal punto que se surti\u00f3 el recurso de homologaci\u00f3n ante este despacho (\u2026) y en momento alguno se le ha impedido ver o compartir con su hijo, garantiz\u00e1ndose las visitas entre padre e hijo, ya que (\u2026) lo \u00fanico que se prohibi\u00f3 fue que el menor tuviera contacto con el presunto agresor, por lo menos hasta que se defina por parte de la autoridad competente si se produjo o no agresi\u00f3n o abuso sexual en contra del ni\u00f1o por parte de su hermanastro\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador Judicial de Familia de Ibagu\u00e9 refiri\u00f3 que, seg\u00fan el escrito de tutela, se pod\u00eda inferir que \u00abla controversia que se ventila es de contenido eminentemente jur\u00eddico familiar, la cual fue dirimida por la justicia ordinaria de familia competente al homologar el fallo de la Comisaria\u00bb, por lo que al Juez de tutela le estaba vedado interferir en las funciones de la autoridad de conocimiento ordinario. <\/p>\n
3. El Defensor de Familia adscrito al Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9 solicit\u00f3 que, \u00aben el evento de existir esa violaci\u00f3n se amparen los derechos fundamentales y prevalentes de ambos ni\u00f1os, en caso contrario, se declare la improcedencia del amparo\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda, tras considerar que \u00abla providencia no se torna caprichosa ni antojadiza, por el contrario, fue debidamente motivada conforme lo que el funcionario advirti\u00f3 del proceso, se fundament\u00f3 en una valoraci\u00f3n razonada de las pruebas y sustentada en el evidente cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para este tipo de asuntos, est\u00e1ndole vedado al juez constitucional inmiscuirse en las decisiones del juez ordinario, siempre y cuando no se advierta vulneraci\u00f3n a los derechos de las partes, lo que aqu\u00ed efectivamente no ocurre [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en la tutela y destac\u00f3 que el Tribunal realiz\u00f3 un estudio \u00abincompleto e irregular del expediente\u00bb, pues pretendi\u00f3 \u00absentar como constitucional un fallo donde no se valora ni aprecia en conjunto las pruebas que en la oportunidad probatoria del proceso administrativo de restablecimiento de derechos fueron allegadas, considerando de manera escueta que no se vulner\u00f3 el debido proceso, prescindiendo con ello un pronunciamiento de fondo de los dem\u00e1s derechos invocados [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el quejoso cuestiona las determinaciones emitidas por las autoridades accionadas en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos surtido a favor de su hijo menor de edad, por cuanto, en su sentir, no realizaron un adecuado an\u00e1lisis de los elementos probatorios allegados al proceso y afectaron \u00abla unidad y armon\u00eda familiar que hemos llevado con mi hijo y con los dem\u00e1s miembros de mi hogar [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2. Visto el material probatorio, considera la Sala que la determinaci\u00f3n del Juzgado convocado, que resolvi\u00f3 en \u00faltima instancia el asunto5, se encuentra sustentada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2.1. En efecto, se observa que el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, con providencia del 18 de abril de 2022, resolvi\u00f3 homologar la decisi\u00f3n proferida mediante Resoluci\u00f3n 123 del 22 de octubre de 2021 de la Comisaria Tercera de Familia Caivas \u2013 Cavif de Ibagu\u00e9, que declar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de derechos al ni\u00f1o Juan Andr\u00e9s, expresando las razones que lo llevaron a ratificar la actuaci\u00f3n de la referida Comisar\u00eda. <\/p>\n
2.2. Para ello, luego de hacer menci\u00f3n de la especial protecci\u00f3n de los derechos de los ni\u00f1os y de establecer la procedencia del tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n, sostuvo que los cuestionamientos del se\u00f1or Carlos Manuel se circunscrib\u00edan a que, a trav\u00e9s de su apoderada, solicit\u00f3 que se adelantara \u00abvisita social a su domicilio, entrevista e interrogatorio a los padres, como valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica y terap\u00e9utica\u00bb, dadas las acusaciones temerarias y de mala fe de la progenitora del ni\u00f1o orientadas a descalificar su n\u00facleo familiar, involucrando a su hijo de crianza, as\u00ed como, que no se le permiti\u00f3 controvertir las decisiones proferidas por la Comisar\u00eda, pues fue \u00abnotificado el 19 de julio de 2021 y la apertura del proceso se produjo el 28 de abril de 2021\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, el Juzgado evidenci\u00f3 que, contrario a lo indicado por el actor, a este se le respet\u00f3 su derecho de defensa, toda vez que \u00aben nada interfiere el hecho que el proceso se haya aperturado en una fecha y la notificaci\u00f3n se haya producido casi dos meses despu\u00e9s\u00bb, dado que al momento de hacerse la notificaci\u00f3n \u00abse le advirti\u00f3 que contaba con cinco (5) d\u00edas para que aportara o solicitara las pruebas que pretendiera hacer valer en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas pruebas practicadas solo se incorporaron al proceso mediante auto del 1 de octubre de 2021\u00bb, por el cual la Comisar\u00eda dispuso tener \u00abcomo pruebas todas las documentales allegadas al proceso al igual las pruebas como de psicolog\u00eda y visitas y\/o atenci\u00f3n socio familiar realizada (\u2026). Se ratifican todas y cada una de las pruebas decretadas en el auto de apertura\u00bb, es decir, con posterioridad a la notificaci\u00f3n del progenitor del ni\u00f1o objeto de la medida, sin que se hubiera efectuado oposici\u00f3n alguna en ese momento ni en la audiencia del 22 de octubre de 2021, en la que \u00abhizo presencia con su apoderada, cuando la Comisar\u00eda de Familia se pronunci\u00f3 respecto de las pruebas por \u00e9l solicitadas y notific\u00f3 en estrados su decisi\u00f3n, declarando el cierre de la etapa probatoria\u00bb. <\/p>\n
2.3. De otro lado, aclar\u00f3 que lo pretendido en el proceso administrativo era garantizar y restablecer los derechos del ni\u00f1o y que, aunque en la entrevista practicada por el psic\u00f3logo \u00abel menor no fue claro al referirse a los hechos de abuso, s\u00ed indic\u00f3 circunstancias que involucran sus partes privadas con el tambi\u00e9n menor Jaime Antonio, debiendo el padre garantizar el desarrollo integral de su hijo\u00bb. <\/p>\n
2.4. En cuanto el tema de las visitas, el Juzgado precis\u00f3 que las mismas continuar\u00edan realiz\u00e1ndose en Ibagu\u00e9, como lo dispuso la Comisar\u00eda, por cuanto adelantarlas en Bogot\u00e1 conllevar\u00eda exponer al ni\u00f1o a posibles nuevos actos de abuso, \u00abya que no se ha demostrado que aquellos no existieron\u00bb, por lo cual enfatiz\u00f3 que no se le cercen\u00f3 al padre el derecho a compartir con su hijo. <\/p>\n
2.5. En lo atinente a las conductas constitutivas del presunto delito de abuso sexual afirm\u00f3 que no era la Comisar\u00eda de Familia la competente para investigar el hecho ni la consecuente responsabilidad penal, pues dicha facultad era de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; sin embargo, mientras dicha investigaci\u00f3n avanzaba, era deber de la autoridad administrativa adoptar medidas para garantizar la protecci\u00f3n del menor de edad. <\/p>\n
2.6. Finalmente, puso de presente que no se hab\u00eda producido el cierre definitivo del proceso, puesto que se \u00abrealizar\u00e1n los seguimientos dispuestos por la Comisar\u00eda a efectos de verificar si hay lugar a modificar la medida de restablecimiento\u00bb. <\/p>\n
3. Analizada en contexto la providencia censurada y las evidencias allegadas, se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones adelantadas, las pruebas oportunamente recaudadas y la normatividad que gobierna el asunto. <\/p>\n
3.1. En concreto, se constat\u00f3 que la Comisar\u00eda Tercera de Familia de Ibagu\u00e9, en desarrollo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, adelant\u00f3 los tr\u00e1mites, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1098 del 2006, modificada por la Ley 1878 del 2018, decret\u00f3 como pruebas las \u00abintervenciones psicosociales pertinentes\u00bb, con el fin de identificar qu\u00e9 derechos del ni\u00f1o se encontraban garantizados y cu\u00e1les en riesgo o quebrantados; adem\u00e1s, escuch\u00f3 las intervenciones de las partes y se realiz\u00f3 la valoraci\u00f3n del ni\u00f1o; asimismo, por auto del 1 de octubre de 2021 y en la misma audiencia del 22 del citado mes y a\u00f1o, dio traslado de las pruebas y se cerr\u00f3 dicha etapa, sin existir reparo alguno. Analizados los elementos de juicio aportados, adopt\u00f3 la medida de protecci\u00f3n provisional a favor del hijo del tutelante, a quien se le garantiz\u00f3 el derecho a que la decisi\u00f3n fuera revisada por el superior. <\/p>\n
3.2. Dicha determinaci\u00f3n, adem\u00e1s de que debe surtir la fase posterior de seguimiento, no impide que el padre tenga contacto con su hijo y tampoco constituye una condena de responsabilidad penal frente al hijo de crianza del accionante, pues aquella no se adopta con ese fin, sino en aras de garantizar la protecci\u00f3n integral de los derechos del ni\u00f1o, de manera que se prevenga la amenaza o vulneraci\u00f3n de estos y la seguridad de su restablecimiento inmediato, tal y como lo contempla el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se evidencia que las autoridades accionadas valoraron los informes y analizaron las pruebas obrantes en el expediente e impusieron la medida de protecci\u00f3n en atenci\u00f3n al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ante las circunstancias expuestas en el proceso. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios6 entre lo considerado por las autoridades accionadas -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de modo que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
4. Por lo razonado en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, se profieren dos (2) versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares) para efectos de publicaci\u00f3n y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes para efectos de notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta 2022-011 Homologaci\u00f3n, Archivo 06 Sentencia 18-04-22. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta 2022-011 Homologaci\u00f3n, Archivo 07 Rad2022-011, folios 335-363 del informe Comisaria Tercera Flia. Solicitud promovida el 28 de abril de 2021, folios 1 y 3. Decisi\u00f3n confirmada en reposici\u00f3n en la misma fecha. <\/p>\n
4\u0002 Nacido el 11 de enero de 2012, registro visible a folio 77 del expediente de origen. <\/p>\n
5\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que cuando las providencias de instancia han sido objeto de recursos o de revisi\u00f3n por el superior \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
6\u0002 En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC3968-2021. 16 abr, rad. 2021-00239-02). <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8963-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC8963-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2022-00167-01 (Aprobado en sala virtual de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65297","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65297","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65297"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65297\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65297"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65297"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65297"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}