STC8968-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8968-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01725-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Luis Carlos Pe\u00f1a Buend\u00eda contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por las sedes judiciales accionadas, por lo que pidi\u00f3 declarar \u00abque en [el] auto de\u2026 26 de noviembre de 2021\u2026 se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho y se ordene [al] Tribunal [accionado] rehacer la decisi\u00f3n de alzada\u00bb; y, en consecuencia, \u00abse ordene al juez de primera instancia nulitar las actuaciones que dispongan la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luis Carlos Pe\u00f1a Buend\u00eda adelant\u00f3 proceso ejecutivo contra la Universidad Libre de Colombia, tr\u00e1mite en el que el ejecutante pretendi\u00f3 acumular el cobro de las \u00abfacturas de venta Nos. 106, 107, 108 y 109\u00bb, siendo negado el mandamiento de pago con providencia del 6 de mayo de 2021, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en apelaci\u00f3n, recurso desestimado con providencia del 26 de noviembre de esas calendas. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que los falladores criticados desconocieron que: <\/p>\n
Las facturas fueron radicadas de forma virtual en el correo contabilidad@unilibrebaq.edu.co, en fecha 26 de octubre de 2020 y radicaci\u00f3n realizada por segunda vez en fecha 11 de abril de 2021 debidamente certificada dicha radicaci\u00f3n por testigo digital de Servientrega, donde consta que el correo fue recibido a cabalidad por la Universidad Libre\u2026, para el pago de dicha obligaci\u00f3n y la misma ha hecho caso omiso sustray\u00e9ndose al pago de las mismas, las cuales no fueron objetadas ni rechazadas dentro del t\u00e9rmino de los tres (3) d\u00edas siguientes, por lo que de conformidad con el art\u00edculo 773 del C. Co., se consideran irrevocablemente aceptadas por la demandada como beneficiaria del servicio. <\/p>\n
2.3. Agreg\u00f3 que \u00abla documentaci\u00f3n aportada [era] suficiente para librar el mandamiento de pago\u00bb; que las sedes judiciales acusadas desconocen que \u00abel art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 527 de 1999 se\u00f1ala claramente que no debe negarse el derecho del solicitante por el hecho de haberse presentado de forma virtual\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n lo previsto en la ley 2024 de 2020; y que \u00abel pantallazo del correo de la radicaci\u00f3n de las facturas con la certificaci\u00f3n emitida por la empresa Servientrega (testigo de mensajes) donde consta que los correos de radicaci\u00f3n fueron recibidos por la obligada y la acreditaci\u00f3n de las facturas escaneadas con la planilla, son suficientes para librar el mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones adelantadas en el juicio criticado. <\/p>\n
2. La Universidad Libre, a trav\u00e9s de apoderado judicial, defendi\u00f3 la legalidad de la actuaci\u00f3n objeto de censura constitucional. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 al prove\u00eddo de 26 de noviembre de 2021, que resolvi\u00f3 la alzada que se interpuso contra el auto de 6 de mayo de esas calendas, a trav\u00e9s del que se neg\u00f3 la orden de pag\u00f3 que reclam\u00f3 el demandante en la ejecuci\u00f3n censurada, toda vez que fue esa providencia la que clausur\u00f3 el debate que se suscit\u00f3 en torno a la viabilidad de tal reclamo. <\/p>\n
3. Decantado lo anterior, mem\u00f3rese que, por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
(\u2026) el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…), (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada STC4269-2015 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
4. Bajo esa perspectiva y descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que el Tribunal accionado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto para sostener la negativa del mandamiento de pago que deprec\u00f3 el tutelante en el tr\u00e1mite acusado, dej\u00f3 de analizar las normas de la ley 527 de 1999, con fundamento en las que pod\u00eda tener por acreditado el requisito que ech\u00f3 de menos, con miras a dar curso a la ejecuci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
4.1. En efecto, para desestimar la apelaci\u00f3n que formul\u00f3 el ejecutante contra el prove\u00eddo de 6 de mayo de 2021, que neg\u00f3 el mandamiento de pago que aquel reclam\u00f3 en el asunto criticado, el ad quem cuestionado precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026, se advierte que de manera primigenia el punto sobre el cual debe referirse este Despacho, es sobre la posibilidad de que una factura cambiaria pueda ser presentada para su aceptaci\u00f3n a trav\u00e9s de un canal de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nico, porque para poder abordar el tema de la aceptaci\u00f3n de las facturas a que hace referencia el art\u00edculo 773 de la norma comercial y sobre el cual se ahond\u00f3 tanto en el auto de alzada como en el escrito de impugnaci\u00f3n, indispensable es corroborar si la forma en la que fueron presentadas \u00e9stas, resulta v\u00e1lida a la luz de los postulados mercantiles y tributarios. <\/p>\n
Ello, pues solo si las facturas fueron efectivamente presentadas al comprador o beneficiario del servicio es que puede darse aplicaci\u00f3n o no a la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita a que alude la citada norma. <\/p>\n
2.3. De manera particular el legislador, atendiendo la din\u00e1mica comercial, ha ido regulando las diferentes maneras en las que puede darse la emisi\u00f3n de las facturas, formas entre las cuales, para inter\u00e9s del presente, resultan destacables la factura en papel y la electr\u00f3nica, para lo cual de manera especial se han establecido requisitos distintos de los previstos para la factura tradicional. <\/p>\n
Y se hace alusi\u00f3n a la factura electr\u00f3nica no porque las facturas agregadas sean de ese tipo o porque la normativa que regula estas sirva para desatar el recurso formulado, sino porque como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, el legislador ha distinguido una de otra de manera tal, que se emiten, entregan, aceptan, circulan y\/o almacenan de manera diferente. <\/p>\n
2.4. En el caso bajo examen, no existe duda en torno a que las facturas por las cuales se pretende orden de apremio son las tradicionales facturas emitidas en papel, las cuales para que tengan la calidad de constituirse en instrumentos negociables, deben cumplir los requisitos formales a hace referencia el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio, adem\u00e1s de los se\u00f1alados en los c\u00e1nones 621 ib\u00eddem y 617 del Estatuto Tributario. <\/p>\n
Se\u00f1ala el citado art\u00edculo 774 que la factura debe contener, (i) la fecha de vencimiento, con la aclaraci\u00f3n que en ausencia de expresi\u00f3n al respecto, se entender\u00e1 que debe ser pagada dentro de los treinta (30) d\u00edas calendario siguientes a la emisi\u00f3n; (ii) la fecha de recibo de la factura, con indicaci\u00f3n del nombre o identificaci\u00f3n o firma de quien sea encargado de recibirla; y (iii) la constancia en el original del t\u00edtulo por parte del emisor vendedor o prestador del servicio, sobre el estado de pago del precio o remuneraci\u00f3n y las condiciones del mismo si fuere el caso, obligaci\u00f3n a la que tambi\u00e9n quedan sujetos los terceros a quienes se haya transferido la factura. <\/p>\n
Finalmente, la norma en referencia niega el car\u00e1cter de t\u00edtulo valor a la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos previamente se\u00f1alados, aunque, aclara que la omisi\u00f3n de cualquiera de ellos no afectar\u00e1 la validez del negocio jur\u00eddico que dio origen a la factura. <\/p>\n
El requisito por el cual la Juez a quo advirti\u00f3 que no era posible librar la orden de apremio, se refiere a la fecha de recibo de la factura, con indicaci\u00f3n del nombre o identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla, el cual obligatoriamente debe constar en el cuerpo de la factura, no porque ello necesariamente constituya su aceptaci\u00f3n o porque capricho del Juzgador, sino porque expresamente as\u00ed lo previ\u00f3 el legislador. <\/p>\n
Para efectos de la presentaci\u00f3n de la factura emitida en papel, que es el punto central de la discusi\u00f3n, el legislador de manera especial dispuso, sin excepciones, que deb\u00eda hacerse respecto del original y para garantizar que as\u00ed se realizara anticip\u00f3 toda una suerte de posibilidades que pod\u00edan darse entre el emisor y el respectivo receptor. <\/p>\n
En efecto, dispuso el art\u00edculo 4 del Decreto 3327 de 2009 mediante el cual se reglament\u00f3 parcialmente la ley 1231 de 2008, que, <\/p>\n
Para efectos de la aceptaci\u00f3n de la factura a que hace referencia la Ley 1231 de 2008, el emisor vendedor del bien o prestador del servicio presentar\u00e1 al comprador del bien o beneficiario del servicio el original de la factura para que este la firme como constancia de la recepci\u00f3n de los bienes comprados o servicios adquiridos y de su aceptaci\u00f3n al contenido de la factura, y la devuelva de forma inmediata al vendedor. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, es cierto que no en todos los casos la aceptaci\u00f3n del contenido de la factura debe ir en el cuerpo de esta, porque se ha permitido que la aceptaci\u00f3n puede darse en documento separado, f\u00edsico o electr\u00f3nico, si es expresa (art\u00edculo 773 CCo) y, si es t\u00e1cita o presunta, entonces en dicho caso cobra relevancia y comienza a tener sentido la forma en la que la factura debe presentarse y la raz\u00f3n por la cual debe constar en el original. <\/p>\n
Para entender tal l\u00f3gica, se expondr\u00e1n las reglas que deben seguirse en uno u otro caso, esto es, para la aceptaci\u00f3n expresa y la t\u00e1cita. <\/p>\n
Establece el art\u00edculo 5 del Decreto 3327 de 2009 que en caso de que el emisor vendedor del bien o prestador del servicio entregue una copia de la factura al comprador del bien o beneficiario del servicio, en espera de la aceptaci\u00f3n expresa en documento separado o de la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita, se aplicar\u00e1n las siguientes reglas: <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
De lo anterior concl\u00fayase dos cosas, i) siempre que se trate de factura cambiaria emitida en papel deber\u00e1 presentarse para su aceptaci\u00f3n el original de esta y ii) que en prueba de que el original ha sido presentado, as\u00ed al comprador se le deje una copia, deber\u00e1 incluirse de manera directa por el receptor en la factura original la fecha en que la recibi\u00f3. <\/p>\n
Indiscutiblemente y de manera tajante el legislador dispuso no solo que la que factura que se presenta, remite o radica, debe ser la original, sino que, en prueba de ello, debe insertarse por el comprador o beneficiario del servicio la fecha de recibo. <\/p>\n
Con lo dicho, se tiene que el recibo de la factura (sea la original o la copia) siempre debe constar en el t\u00edtulo original, aun cuando no fuere aceptada inmediatamente, hip\u00f3tesis que claramente impidi\u00f3 que la Juez a quo librara la orden de apremio reclamada, porque al haber sido enviadas por correo, es evidente que al ejecutado no se le presentaron las facturas originales, porque se trata de facturas emitidas en papel. <\/p>\n
Al margen de la discusi\u00f3n que pretendi\u00f3 plantear el apelante, en punto a que la Juez de primera instancia intent\u00f3 dar a las facturas por \u00e9l presentadas el tratamiento de electr\u00f3nicas, se colige que se hizo alusi\u00f3n a dichos documentos cambiarios, porque entre las marcadas diferencias que existen entre las facturas expedidas en papel y las nativas electr\u00f3nicas, est\u00e1 precisamente la forma en que una y otra puede ser entregada y aceptada. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Luego, aunque establecer diferencias entre la factura emitida en papel y el resto de las formas de facturaci\u00f3n en nada altera el hecho de que las primeras deben ser presentadas en original y que de dicha presentaci\u00f3n debe existir prueba en el mismo t\u00edtulo, sirve tal argumento para robustecer la idea de porque no era, ni es viable presentar facturas emitidas en papel mediante correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2.5. Afirma el apelante que no permitir que las facturas en papel puedan ser enviadas por canales electr\u00f3nicos no solo desconoce lo dispuesto en el inciso segundo del numeral segundo del art\u00edculo 4 del Decreto 3327 de 2009, sino que desentona con la forma en que actualmente se hace uso de las herramientas tecnol\u00f3gicas. <\/p>\n
Establece la norma invocada por el ejecutante lo siguiente, <\/p>\n
Una vez cumplido el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas calendario siguientes a su recepci\u00f3n, sin que haya operado alguno de los eventos se\u00f1alados en los dos numerales anteriores, se entender\u00e1 que esta ha sido aceptada de forma t\u00e1cita e irrevocable, en los t\u00e9rminos del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1231 de 2008. <\/p>\n
Habla la anterior regla sobre la aceptaci\u00f3n t\u00e1cita, no sobre la forma en que puede presentarse una factura cambiaria, y tal como arriba se anot\u00f3 para poder abordar el tema de la aceptaci\u00f3n, inevitable es validar previamente si la radicaci\u00f3n de esta se hizo de acuerdo con la regulaci\u00f3n mercantil y tributaria, porque no podr\u00eda hablarse de aceptaci\u00f3n si antes no hubo recepci\u00f3n de la factura; y ello es as\u00ed independientemente de si la aceptaci\u00f3n es expresa o t\u00e1cita. <\/p>\n
De manera que, sumado al hecho de que el apelante no explic\u00f3 las razones del porque lo establecido por el legislador en torno a la forma en que debe presentarse una factura emitida en papel desconoce lo se\u00f1alado en norma inmediatamente citada, lo cierto es que ya se ha visto que para que pueda darse aplicaci\u00f3n a las modalidades de aceptaci\u00f3n expresa en documento separado o t\u00e1cita, han de seguirse las reglas del art\u00edculo 5 del Decreto 3327 de 2009. <\/p>\n
En lo que se refiere al acrecentado uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n en todos los \u00e1mbitos incluida la administraci\u00f3n de justicia, ha de indicarse que adem\u00e1s que en cada caso opera de forma diferente, no puede el ejecutante de manera unilateral decidir que modificar\u00e1 la manera como pueden y deben presentarse las facturas expedidas en papel si previamente tal proceder no ha sido contemplado por el legislador. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que no se trata de la forma como los sujetos contratantes establecen comunicaciones o determinante su relaci\u00f3n negocial, sino la forma como opera en el mercado una factura cambiaria, pues cuando se trata de t\u00edtulos valores no est\u00e1 en juego \u00fanicamente los intereses de los obligados, sino la confianza del mercado cambiario en general, de suerte que indispensable es que se sigan y observen rigurosamente los postulados mercantiles y tributarios. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con que el ejecutado haya hecho uso del correo para rechazar el contenido de unas facturas, advi\u00e9rtase que ello no implica que el demandante pueda usar ese mismo medio para remitir una factura que ha sido expedida en papel, porque a m\u00e1s que, para la aceptaci\u00f3n o rechazo de la factura s\u00ed est\u00e1 previsto que pueda hacerse en documento distinto del t\u00edtulo, para la radicaci\u00f3n de las facturas, se repite, debe ser presentado siempre el original, que por tratarse de factura f\u00edsica deber\u00e1 hacerse de manera f\u00edsica. (Negrilla ajenas al texto original). <\/p>\n
De acuerdo con lo antes trascrito, evidente es que el Colegiado accionado consider\u00f3 que, en trat\u00e1ndose de facturas cambiarias f\u00edsicas, que no electr\u00f3nicas, s\u00f3lo pueden presentarse para el cobro al acreedor los instrumentos \u00aboriginales\u00bb, valor que s\u00f3lo concede a los documentos expedidos en papel. <\/p>\n
4.2. No obstante, conforme se anunci\u00f3 previamente, tal conclusi\u00f3n no se acompasa con lo previsto en la ley 527 de 1998, norma que, en su art\u00edculo 8\u00b0, establece que: <\/p>\n
Cuando cualquier norma requiera que la informaci\u00f3n sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito quedar\u00e1 satisfecho con un mensaje de datos, si: <\/p>\n
a) Existe alguna garant\u00eda confiable de que se ha conservado la integridad de la informaci\u00f3n, a partir del momento en que se gener\u00f3 por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma; <\/p>\n
b) De requerirse que la informaci\u00f3n sea presentada, si dicha informaci\u00f3n puede ser mostrada a la persona que se deba presentar. <\/p>\n
Lo dispuesto en este art\u00edculo se aplicar\u00e1 tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligaci\u00f3n, como si las normas simplemente prev\u00e9n consecuencias en el caso de que la informaci\u00f3n no sea presentada o conservada en su forma original. <\/p>\n
En este orden de ideas, debe entenderse que cuando se presenta al deudor para el cobro una factura, a trav\u00e9s de mensaje de datos, es como si se hubiese presentado el t\u00edtulo original, por lo que no puede descalificarse ese acto de entrega por el simple hecho de que se hubiese realizado por medios digitales, como pareci\u00f3 entenderlo la sede judicial acusada. <\/p>\n
4.3. Precisado lo anterior, ha de agregarse que no desconoce la Sala que el art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio, en su numeral 2\u00b0, establece que en la factura deber\u00e1 constar \u00abla fecha de recibo de [\u00e9sta], con indicaci\u00f3n del nombre, o identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla seg\u00fan lo establecido en la presente ley\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, ha de resaltarse que la recepci\u00f3n de la factura \u00abreviste gran relevancia jur\u00eddica, si de presente se pone que con ese recibimiento se avisa el libramiento de la [misma], lo que, sin duda, representa el punto de partida de la aceptaci\u00f3n, bien sea expresa, ora t\u00e1cita de tal t\u00edtulo valor\u00bb (STC9542-2020). <\/p>\n
Luego, una interpretaci\u00f3n finalista y teleol\u00f3gica de la norma en comento, lleva a concluir que la exigencia del mentado requisito (fecha de recibo de la factura, junto con el nombre, o identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla), se justifica en la medida en que es necesario tener certeza de que el acreedor ha conocido la factura y en qu\u00e9 momento lo ha hecho, pues es ese el referente que debe tenerse en cuenta para verificar si oper\u00f3 la aceptaci\u00f3n de dicho t\u00edtulo. <\/p>\n
4.4. Entonces, comoquiera que, seg\u00fan se dijo, es posible remitir al deudor para su cobro una factura cambiaria, a trav\u00e9s de mensaje de datos, documento que tendr\u00eda el valor de original, a voces de lo establecido en el citado art\u00edculo octavo de la ley 527 de 1998, se impone establecer si el prenotado requisito de se\u00f1alar la fecha de la factura y el nombre, identificaci\u00f3n o firma de quien sea el encargado de recibirla, puede suplirse con la certificaci\u00f3n de entrega del mensaje electr\u00f3nico, emitida por una entidad de mensajer\u00eda autorizada. <\/p>\n
Para responder tal interrogante, se reitera, que la finalidad del rese\u00f1ado presupuesto es establecer, con la certeza necesaria, que el deudor recibi\u00f3 el t\u00edtulo y en qu\u00e9 fecha lo hizo, pues de ello depender\u00e1 la aceptaci\u00f3n de dicho instrumento. <\/p>\n
As\u00ed pues, atendiendo que la circulaci\u00f3n de un mensaje de datos no es igual que la de un documento impreso, ante la imposibilidad de hacer anotaciones f\u00edsicas sobre el mismo, mal podr\u00eda exigirse que para que tal instrumento cumpla con los requisitos necesarios para ser tenido en cuenta como factura, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el C\u00f3digo de Comercio, deba insertarse f\u00edsicamente la fecha de recibido y el nombre, identificaci\u00f3n o firma de quien lo reciba, pues en el tr\u00e1nsito electr\u00f3nico hay otras herramientas que permiten establecer esas circunstancias, como la certificaci\u00f3n que demuestre que el mensaje de datos fue efectivamente remitido al deudor y la fecha en la cual fue recibida tal misiva. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, considera la Sala que resulta excesivo reclamar al acreedor que, para el cumplimiento del referido presupuesto, esto es, el consagrado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio, deba forzosamente presentarse un instrumento escrito y que en \u00e9ste quede la referida atestaci\u00f3n de recepci\u00f3n, junto con la fecha en que ello ocurri\u00f3, cuando, de un lado, la ley 527 de 1998 permite que la presentaci\u00f3n de un documento de esa \u00edndole se haga a trav\u00e9s de mensaje de datos y que la recepci\u00f3n de esa clase de mensajes puede acreditarse de otras formas. <\/p>\n
4.5. Aunado a lo anterior, no puede dejarse de lado que, como lo ha resaltado esta Corporaci\u00f3n, \u00aba partir de los cambios tecnol\u00f3gicos que ha experimentado la humanidad, se han implementado herramientas vinculadas con el consumo y transmisi\u00f3n de la informaci\u00f3n; m\u00e9todos que se han denominado, Tecnolog\u00edas de Informaci\u00f3n y Comunicaciones \u2013 TIC\u00bb (CSJ STC11279-2020), destacando, adem\u00e1s, que: <\/p>\n
\u2026 el legislador expidi\u00f3 la Ley 527 de 1999, mediante la cual \u201c(\u2026) se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electr\u00f3nico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificaci\u00f3n (\u2026)\u201d, expres\u00e1ndose en su art\u00edculo 2 que se entender\u00e1 como \u201cmensaje de datos\u201d, la \u201cinformaci\u00f3n generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electr\u00f3nicos, \u00f3pticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electr\u00f3nico de Datos (EDI), Internet, el correo electr\u00f3nico, el telegrama, el t\u00e9lex o el telefax (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por su parte, el canon 10 de dicha normativa, expresa: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los mensajes de datos ser\u00e1n admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del (\u2026) C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. <\/p>\n
\u201cEn toda actuaci\u00f3n administrativa o judicial, no se negar\u00e1 eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de informaci\u00f3n en forma de un mensaje de datos, por el s\u00f3lo hecho que se trate de un mensaje de datos o en raz\u00f3n de no haber sido presentado en su forma original (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Estas disposiciones del ordenamiento nacional constituyen un desarrollo de la Ley Modelo sobre Comercio Electr\u00f3nico aprobada por las Naciones Unidas, en la 85\u00aa sesi\u00f3n plenaria de 16 de diciembre de 1996, redactada por la CNUDMI1, en la cual se forjaron los principios fundamentales de \u201cno discriminaci\u00f3n, neutralidad y equivalencia funcional\u201d, respecto de los medios t\u00e9cnicos y la informaci\u00f3n all\u00ed contenida o recopilada. Al respecto, ese organismo defini\u00f3 tales principios, as\u00ed: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El principio de la no discriminaci\u00f3n asegura que no se denegar\u00e1n a un documento sus efectos jur\u00eddicos, su validez o su ejecutabilidad por la \u00fanica raz\u00f3n de que figure en formato electr\u00f3nico. El principio de la neutralidad respecto de los medios t\u00e9cnicos obliga a adoptar disposiciones cuyo contenido sea neutral respecto de la tecnolog\u00eda empleada. Ante la r\u00e1pida evoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica, el objetivo de las reglas neutrales es dar cabida a toda novedad que se produzca en el futuro sin necesidad de emprender una labor legislativa. En el principio de la equivalencia funcional se establecen los criterios conforme a los cuales las comunicaciones electr\u00f3nicas pueden equipararse a las comunicaciones sobre papel (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Es claro, la finalidad de esa regulaci\u00f3n es la de posibilitar y facilitar el comercio por medios electr\u00f3nicos, ofreci\u00e9ndole a los Estados \u201cun conjunto de reglas internacionalmente aceptables encaminadas a suprimir los obst\u00e1culos jur\u00eddicos y a dar una mayor previsibilidad al comercio electr\u00f3nico\u201d3. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Lo se\u00f1alado pone de manifiesto como tanto en instrumentos internacionales atr\u00e1s rese\u00f1ados, donde Colombia particip\u00f3; as\u00ed, como en el ordenamiento nacional, tanto en la Ley 270 de 1996, en la Ley 527 de 1999 hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os, y recientemente con el C. G. del P. se viene dando eficacia jur\u00eddica a la comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica, guiada entre otros principios, por los de equivalencia funcional y neutralidad electr\u00f3nica para se\u00f1alar. <\/p>\n
Estos principios, en cuanto se debe atribuir validez jur\u00eddica, eficacia procesal y probatoria a los mensajes de datos consagrados en la ley en forma similar a los expresados en medios escritos o en actos f\u00edsicos o materiales previstos en la ley, de modo que la comunicaci\u00f3n en soporte electr\u00f3nico y cuanto por ese medio se ejecute, tiene eficacia probatoria, como el de los documentos o actuaciones escritas. A la par, desde el punto de vista sustantivo, el mensaje de datos permite expresar la voluntad para los sujetos derecho o los del proceso, as\u00ed como para sus actuaciones, generando derechos, obligaciones, deberes para quienes intervienen en la relaci\u00f3n virtual, sin que se pueda alegar vicio alguno por el solo hecho de proceder de un medio electr\u00f3nico; por consiguiente, la fuerza jur\u00eddica cobija lo procesal, lo probatorio, los actos jur\u00eddicos y la propia firma, de conformidad con el conjunto normativo nacional e internacional arriba enunciado, siempre y cuando cumplan los requisitos de fiabilidad, inalterabilidad y rastreabilidad que tambi\u00e9n gobiernan la base documental o el escrito tradicional, por cuanto aunque lo vertido en papel y en mensaje de datos son diferentes, funcionalmente son iguales, y desde la Ley 527 de 1999 cumplen iguales funciones, prop\u00f3sitos y finalidades. (CSJ STC11279-2020). <\/p>\n
Entonces, el juzgador no puede dar la espalda a los cambios que, en el contexto social actual, ha introducido el uso acrecentado de la tecnolog\u00eda, situaci\u00f3n que, sin duda, ha tenido un impacto en el tr\u00e1fico comercial, el cual se ha buscado regular a trav\u00e9s de la expedici\u00f3n de normas como la ley 527 de 1998. <\/p>\n
4.6. Finalmente, cabe precisar, que las consideraciones que anteceden versan, exclusivamente, sobre la forma en la cual puede acreditarse la entrega de la factura al deudor, sin que puedan extenderse al tema de la entrega de las mercader\u00edas o servicios, que se pretendan cobrar con el correspondiente t\u00edtulo valor. <\/p>\n
5. Bajo ese horizonte y aplicado al caso de autos, examinados los elementos de juicio adosados a este tr\u00e1mite, se verifica que con la demanda acumulada, que se present\u00f3 en el juicio criticado, el demandante alleg\u00f3 las facturas que se pregonaban insatisfechas, junto con certificaci\u00f3n expedida por una empresa de mensajer\u00eda, que daba cuenta de la entrega a la deudora de los mencionados instrumentos a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, con lo que, seg\u00fan se dijo, se demostraba el cumplimiento del requisito contemplado en el numeral segundo del art\u00edculo 774 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Entonces, ante dicho escenario, compet\u00eda al juez de la ejecuci\u00f3n, con miras a resolver sobre la viabilidad de dicho reclamo, verificar el cumplimiento de las dem\u00e1s exigencias necesarias para dar curso al cobro coercitivo, lo que no hizo, pues se limit\u00f3 a expresar que las facturas allegadas carec\u00edan de la fecha de recibido por parte de la ejecutada y del nombre, identificaci\u00f3n o firma de quien lo reciba, lo que no resulta acertado, conforme se expres\u00f3 en antelaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Lo considerado impone conceder el resguardo rogado, por lo que se ordenar\u00e1 al Tribunal criticado dejar sin efecto el prove\u00eddo de 26 de noviembre de 2021, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n que se formul\u00f3 contra el auto de 6 de mayo de esas mismas calendas, para que proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n que atienda las consideraciones precedentes. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Luis Carlos Pe\u00f1a Buend\u00eda. En consecuencia, DISPONE: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, tras dejar sin efecto el auto que profiri\u00f3 el 26 de noviembre de 2021 as\u00ed como de toda la actuaci\u00f3n que dependa de \u00e9ste, en el proceso objeto de queja constitucional (radicaci\u00f3n08001-31-53-006-2017-00309), dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del referido juicio, emita una nueva determinaci\u00f3n en la que resuelva la apelaci\u00f3n formulada contra el auto de 6 de mayo de 2021, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, donde actualmente se encuentran las diligencias, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda el expediente materia de la queja constitucional a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de ese distrito judicial, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Comisi\u00f3n de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. <\/p>\n