STC9015-2022<\/p>\n
<\/p>\n
ELUN GUILLERMO ABREO TRIVI\u00d1O <\/p>\n
STC9015-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00374-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de doce de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Sala de Conjueces a resolver lo relativo a la impugnaci\u00f3n formulada por el actor dentro de la acci\u00f3n de tutela de MIGUEL VARGAS ROJAS contra JUZGADO CUARENTA Y SEIS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1; REINTEGRA SAS.; y, JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCI\u00d3N DE SENTENCIAS DE BOGOT\u00c1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1\u00ba. El se\u00f1or Vargas Rojas acudi\u00f3 ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil-, y reclam\u00f3 protecci\u00f3n de su derecho fundamental, en particular, el debido proceso. Seg\u00fan lo argument\u00f3, las autoridades y particulares que intervinieron en los procesos tramitados en su contra, con fundamento en un t\u00edtulo ejecutivo y una garant\u00eda real, vulneraron un m\u00ednimo de prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2\u00ba. Adujo que adquiri\u00f3 un cr\u00e9dito hipotecario con el Banco de Colombia S.A., acreedor que lo cedi\u00f3 en favor de la sociedad Reintegra S.A.S. Enfatiz\u00f3 que en esa operaci\u00f3n se desconocieron precedentes jurisprudenciales; adem\u00e1s, la restricci\u00f3n que el mismo art\u00edculo 1742 del C.C., tiene establecido para esta clase de operaciones. <\/p>\n
3. Afirm\u00f3 que esa negociaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos en que se realiz\u00f3, gener\u00f3 una nulidad de car\u00e1cter absoluto. <\/p>\n
4. Hizo \u00e9nfasis en que, a pesar de esa situaci\u00f3n, de constituir objeto il\u00edcito, el 20 de noviembre de 2017, el Juzgado 46 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 acept\u00f3 dicha cesi\u00f3n y, por consiguiente, viol\u00f3 su derecho a un debido proceso. Insisti\u00f3 en que se trataba de un cr\u00e9dito de financiaci\u00f3n de vivienda y, por ello, la cesi\u00f3n en favor de persona jur\u00eddica se tornaba improcedente. <\/p>\n
5. Agreg\u00f3 que la nulidad absoluta, igualmente, se estructur\u00f3 porque en dicha cesi\u00f3n las partes ocultaron el precio contrariando lo dispuesto en el art\u00edculo 1849 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
LA ACTUACI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
1. El Juez Colegiado de primera instancia, luego de admitir a tr\u00e1mite el derecho de amparo y disponer la vinculaci\u00f3n de quienes hicieron parte en los correspondientes procesos y que pudieran resultar afectados, procedi\u00f3 a resolver la petici\u00f3n formulada y, a trav\u00e9s de la sentencia de tres (3) de marzo de dos mil veintid\u00f3s (2022), as\u00ed lo hizo. <\/p>\n
2. El fallo de primer grado abord\u00f3 el estudio de la situaci\u00f3n planteada y para dilucidarlo analiz\u00f3, en primer lugar, los requisitos establecidos por la normatividad y la Jurisprudencia a prop\u00f3sito de la acci\u00f3n de tutela en contra de providencias judiciales. Luego de auscultar tales factores, focaliz\u00f3 el an\u00e1lisis en las condiciones de temporalidad y subsidiariedad, respecto de los cuales, en su orden\u00f3, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abAl verificar la actuaci\u00f3n se observa que, el auto que decidi\u00f3 aceptar dentro del tr\u00e1mite ejecutivo la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito entre la entidad financiera Bancolombia S.A., y Reintegra S.A., y de cuyo contenido se duele el accionante se profiri\u00f3 el 20 de febrero de 2017, es decir, hace m\u00e1s de 4 a\u00f1os, circunstancia que pone en evidencia que ha transcurrido un tiempo desproporcionado para acudir a la tutela, sin que hubiere justificado la demora para acudir al amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
Atinente a la segunda, expuso: <\/p>\n
\u00abEn el asunto que se estudia, se advierte que existe otra herramienta eficaz para lograr lo que se pretende con el amparo, circunstancia que torna inviable acudir al juzgador constitucional, a no ser que se haga para evitar un perjuicio irremediable y que se invoque como mecanismos transitorios. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el contrato de cesi\u00f3n aludido por el promotor, es una relaci\u00f3n negocial cuya declaraci\u00f3n de ineficacia o de cualquier otro cuestionamiento sobre su contenido, cuenta con acciones de naturaleza civil y mercantil para ser resueltas a trav\u00e9s de la justicia ordinaria; raz\u00f3n por la cual est\u00e1 vedado en sede de tutela, hacer pronunciamiento alguno, sin agotar las etapas propias del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Se\u00f1alado lo anterior, el sentenciador concluy\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no pod\u00eda prosperar y as\u00ed lo defini\u00f3. Adversa a sus intereses la decisi\u00f3n proferida, el actor la impugn\u00f3. <\/p>\n
ACTUACIONES CUMPLIDAS EN LA CORTE <\/p>\n
1. Luego del correspondiente reparto, los Magistrados Francisco Ternera Barrios, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, manifestaron estar impedidos para asumir el conocimiento de la acci\u00f3n constitucional en la medida en que, en \u00e9poca pret\u00e9rita y en tr\u00e1mites similares y entre las mismas partes, hab\u00edan participado de la resoluci\u00f3n de otras acciones de tutela. El Magistrado \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, aunque, igualmente, hizo parte de varias de dichas decisiones y estar\u00eda en similar situaci\u00f3n, ya no conforma la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta alta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El impedimento se tramit\u00f3 en la forma y t\u00e9rminos regulados en la ley de procedimiento y luego del sorteo y conformaci\u00f3n de la Sala de Conjueces, decidieron aceptar la separaci\u00f3n de los Magistrados del conocimiento del amparo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Atendiendo la normatividad vigente (Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021), las autoridades judiciales vinculadas y la Corporaci\u00f3n que profiri\u00f3 sentencia en primera instancia, no hay duda que en la Corte Suprema de Justicia descansa la facultad para resolver la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
A su turno, la Sala de Conjueces que define la censura es competente en la medida en que a los Magistrados titulares les fue aceptado el impedimento expresado para conocer del asunto. <\/p>\n
2. La depurada jurisprudencia y doctrina constitucional, hoy en d\u00eda, brindan total claridad sobre que las decisiones judiciales son pasibles de la acci\u00f3n de tutela, empero cuando el pronunciamiento censurado albergue tal desatino que, con notoria evidencia, afecte derechos fundamentales. En esa direcci\u00f3n, se ha establecido como condiciones para que pueda intervenir el juez constitucional, las siguientes: i) defecto org\u00e1nico; ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto f\u00e1ctico; vi) defecto material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; vii) desconocimiento del precedente y viii) violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, igualmente, ha sido reiterativa la jurisprudencia de las diferentes cortes, en cuanto que la persona afectada no puede, indefinidamente, ostentar la facultad de acudir al derecho de amparo; la convocatoria para reclamar la protecci\u00f3n a trav\u00e9s de este mecanismo especial y excepcional debe tener un l\u00edmite en el tiempo, pues la indefinici\u00f3n evidencia, de un lado, que la afectaci\u00f3n de la que se duele no resulta de la gravedad suficiente o de trascendencia fundamental que amerite activar la acci\u00f3n de tutela y, adicionalmente, la inactivad del afectado trasciende derechos de terceros que podr\u00edan, a su vez, ver menoscabadas sus prerrogativas legales. <\/p>\n
A ello debe sumarse que la acci\u00f3n de tutela no es una alternativa adicional o complementaria en el ejercicio o defensa ordinarios de los derechos de las personas; por tanto, la alternativa del amparo queda supeditada al agotamiento de todas las opciones que est\u00e9n al alcance del afectado; en otros t\u00e9rminos, como lo califica la jurisprudencia, el principio de subsidiariedad en materia de tutela, significa que el usuario no puede acudir a este mecanismo sino hasta tanto agote otras opciones que las normas le brindan para la defensa de sus derechos. <\/p>\n
3. Bajo esas consideraciones, prontamente, resplandece el acierto del juez a-quo, al desatender el reclamo del accionante en la medida en que encontr\u00f3 que las causas del supuesto agravio se produjeron desde hace m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os, am\u00e9n de no haber agotado todas las opciones que la normatividad le brinda para defender el derecho que dice le fue conculcado. <\/p>\n
En efecto, como se desprende de la narraci\u00f3n de los hechos, la cesi\u00f3n que el inicial acreedor hipotecario realiz\u00f3 de dicha acreencia, as\u00ed como la aceptaci\u00f3n por parte del Juez Cuarenta y Seis Civil del Circuito de la misma, datan de noviembre de 2017, luego, sin duda, el tiempo transcurrido supera con suficiencia el t\u00e9rmino que normalmente se ha establecido como razonable para invocar el amparo. A ello debe agregarse que el accionante no acredit\u00f3, ni siquiera invoc\u00f3, alguna circunstancia especial que hubiese justificado tal tardanza, por tanto, desconocida la exigencia relativa a la prontitud con que debe procederse por el afectado, su accionar se torn\u00f3 da\u00f1inamente tard\u00edo y suficiente para denegar la tutela invocada. <\/p>\n
Debe agregarse que no aparece acreditado, tampoco, que el actor haya optado por otras alternativas id\u00f3neas para la defensa de sus derechos, luego, pretermitir tales procedimientos no resulta apropiado en funci\u00f3n de hacer un uso debido del mecanismo constitucional. No puede perderse de vista que la acci\u00f3n de tutela no es la primera opci\u00f3n a la que debe acudir el afectado; esta alternativa es subsidiaria de las dem\u00e1s herramientas legales que el ordenamiento brinda al usuario. <\/p>\n
En definitiva, la providencia recurrida debe ser confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por todo lo comentado, la Corte Suprema Sala Civil, Administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar a los interesados por el mecanismo m\u00e1s expedito. <\/p>\n
TERCERO: Cumplido lo anterior, rem\u00edtase a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
ELUIN GUILLERMO ABREO TRIVI\u00d1O <\/p>\n
Conjuez Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS DAR\u00cdO VALLEJO OCHOA, <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ALEJANDRO VENEGAS FRANCO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JUAN FERNANDO BECHARA PORRAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
<\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
<\/p>\n
DORA CONSUELO BENITEZ TOB\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
<\/p>\n
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