STC9026-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9026-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00370-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintid\u00f3s <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Mary Pi\u00f1eros Moreno, Jhon Jairo, Jos\u00e9 Vicente y Miryam Li\u00e9vano Moreno contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de expropiaci\u00f3n con radicado N\u00b0 73449-31-03-002-2015-00128-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial censurada, en el mencionado proceso de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Del examen del extenso y ambiguo escrito y de los soportes allegados, se establece que el tr\u00e1mite referido fue iniciado por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- contra Inversiones Par\u00eds Ltda. -en Liquidaci\u00f3n- y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez, con el fin de lograr la ejecuci\u00f3n del \u00abProyecto Vial Carretera Bosa-Granada-Girardot\u00bb. <\/p>\n
Los aqu\u00ed accionante se\u00f1alaron la ocurrencia de m\u00faltiples irregularidades en la tramitaci\u00f3n referida, puntualmente, aseguraron que no existe una correcta alinderaci\u00f3n del bien materia de expropiaci\u00f3n, pues la zona fijada como tal se \u00absobrepone\u00bb sobre un bien de su propiedad, llamado El Rodeo; sin embargo, no fueron convocados al citado proceso. <\/p>\n
Indicaron que, tras la formulaci\u00f3n de una acci\u00f3n de tutela por dicha entidad p\u00fablica, la Sala de Casaci\u00f3n Civil en sentencia STC3937 de 15 de marzo de 2021, dej\u00f3 sin efecto el fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar el 13 de enero de 2016 y las decisiones que de all\u00ed se derivaran para que, en consecuencia, adoptara \u00ablas medidas que estim[ara] pertinentes para definir nuevamente el proceso\u00bb y, en un t\u00e9rmino no mayor a seis (6) meses, profiriera la sentencia correspondiente, decisi\u00f3n ratificada, en sede de impugnaci\u00f3n, por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n laboral en STL6214-2021. <\/p>\n
Expresaron que, en su criterio, el fallo de tutela mencionado se profiri\u00f3 \u00abpara la protecci\u00f3n de [sus] derechos\u00bb; no obstante, se ha permitido que la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Melgar modifique el folio de matr\u00edcula de su inmueble y lo \u00abcolo[que] en FALSA TRADICI\u00c7ON Y DESAPARECI\u00d3 LOS LINDEROS Y UBICACI\u00d3N DEL INMUEBLE\u00bb; y que el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013Seccional Tolima- reduzca la extensi\u00f3n de su finca, ya que la misma ten\u00eda un \u00e1rea de 155 hect\u00e1rea, \u00abpero desaparecieron los planos y [les] dejaron una extensi\u00f3n de 14 mil metros cuadrados\u00bb, lo cual verificaron en la p\u00e1gina web de la entidad el 25 de octubre de 2021. <\/p>\n
Adujeron que lo anterior sucedi\u00f3 por la intervenci\u00f3n del \u00abCARTEL DE TIERREROS DEL TOLIMA\u00bb, quien tambi\u00e9n es responsable de que hayan pasado m\u00e1s de seis (6) meses desde la sentencia de tutela proferida por esta Sala y a\u00fan no haya sido acatada. Agregaron que por lo expuesto denunciaron \u00aba todos esos funcionarios corruptos al igual que a la Banda de Tierreros (\u2026) penal y disciplinariamente ante autoridades nacionales e internacionales\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la actuaci\u00f3n del Juzgado acusado, sostuvieron que esa autoridad ha incurrido en \u00abdefectos f\u00e1ctico y sustantivo al negarse a reconocer[los] como partes\u00bb, pues si bien reclamaron tal intervenci\u00f3n, \u00e9sta fue negada; adem\u00e1s, en auto de 19 de octubre de 2021, de manera irregular, se resolvi\u00f3 que el peritaje all\u00ed ordenado deb\u00eda aportarse dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes y antes de la fecha de inspecci\u00f3n judicial, lo que quiere decir, conforme anotaron, que no se les permitir\u00e1 contradecir la pericia ni presentarse en la diligencia. <\/p>\n
Expusieron, in extenso, que el despacho accionado ha cometido m\u00faltiples errores, ya que, para recaudar los dict\u00e1menes ordenados por la Sala de Casaci\u00f3n Civil en el citado fallo de tutela, design\u00f3 dos peritos, uno de los cuales, seg\u00fan aseveraron, est\u00e1 relacionado con el \u00abCARTEL DE TIERREROS DEL TOLIMA\u00bb; asimismo, saben de un tr\u00e1mite reivindicatorio donde la titular del despacho \u00abprofiri\u00f3 sentencia en contra de la Naci\u00f3n (\u2026) entre el Ministerio de Defensa y en contra de los invasores de un predio fiscal el cual (\u2026) es un bien imprescriptible e irrenunciable\u00bb, cuesti\u00f3n que, en su sentir, evidencia que esa falladora resolver\u00e1 el proceso ahora cuestionado en su contra, esto es, sin permitir su intervenci\u00f3n y determinando que su finca no est\u00e1 involucrada en la franja de terreno materia de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Anotaron que al demandado Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez no pueden entreg\u00e1rsele los dineros que consign\u00f3 la ANI, pues no es el due\u00f1o de toda el \u00e1rea que se pretende expropiar y, con todo, el t\u00edtulo judicial que est\u00e1 a \u00f3rdenes del despacho, es insuficiente para pagarle a todos los involucrados. Agregaron que la situaci\u00f3n debe solucionarse declarando \u00abla nulidad de todo lo actuado y llamando por pasiva a todos los titulares del derecho real de dominio de cada predio\u00bb. <\/p>\n
Adicionaron que las irregularidades advertidas generar\u00e1n la imposibilidad de inscribir la sentencia que se profiera; adem\u00e1s, se estar\u00e1 \u00abpagando un predio que jam\u00e1s se podr\u00e1 adquirir y destinar para el proyecto de infraestructura vial\u00bb. <\/p>\n
Pidieron, en consecuencia, (i) dejar sin efectos el auto de 19 de octubre de 2021; (ii) ordenar que el Juzgado accionado le devuelva a la ANI \u00ablos dineros p\u00fablicos que tiene represados ya que existe un eminente peligro de que lleguen a manos de personas extra\u00f1as\u00bb; y (iii) se exhorte a la Agencia Nacional de Defensa del Estado y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que intervengan en el caso reprochado. <\/p>\n
2. Mediante auto ATC836-2022 de 13 de junio de 2022, se aceptaron los impedimentos manifestados por los H. Magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque, Francisco Ternera Barrios e Hilda Gonz\u00e1lez Neira y para conocer del presente amparo y el conocimiento del asunto fue asignado a este Despacho. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar se\u00f1al\u00f3 que conoce del proceso censurado y en \u00e9ste ha adelantado todas las gestiones necesarias, conforme a lo ordenado en la sentencia de tutela STC3937-2021, encontr\u00e1ndose el asunto pendiente de la realizaci\u00f3n de la inspecci\u00f3n judicial de los predios involucrados y de la posesi\u00f3n de uno de los peritos, quienes deber\u00e1n determinar el \u00e1rea de afectaci\u00f3n y ocupaci\u00f3n, as\u00ed como los posibles perjuicios, seg\u00fan lo dispuso la Corte Suprema de Justicia en la mencionada providencia. A\u00f1adi\u00f3 que, si bien se han impulsado desacatos en su contra, la citada Corporaci\u00f3n ha aampliado el plazo para el acatamiento de su fallo y ha reconocido que viene adelantando todas las gestiones del caso para cumplirlo. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la inspecci\u00f3n judicial se ha suspendido varias veces, en raz\u00f3n de las distintas peticiones, recursos y denuncias propuestas por los aqu\u00ed accionantes y otros interesados y resalt\u00f3 que en auto de 20 de agosto de 2021 neg\u00f3 la intervenci\u00f3n de los solicitantes de este amparo y de otras personas, determinaci\u00f3n que no fue recurrida por \u00e9stos; asimismo, expuso que en el auto de 19 de octubre de 2021 se le precis\u00f3 a la perito ya designada del IGAG, el objeto de la pericia y le fij\u00f3 un plazo para su realizaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que tampoco fue cuestionada. Anot\u00f3, en cuanto a la devoluci\u00f3n de los dineros consignados por la ANI, que el reintegro de ese dinero inici\u00f3 el 19 de octubre de 2021 y finaliz\u00f3 \u00abcon las \u00f3rdenes de confirmaci\u00f3n de abono a cuenta de la demandante\u00bb. <\/p>\n
3. Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres, mediante apoderado judicial, sostuvo que el presente amparo fue formulado de mala fe por los accionantes, ya que \u00e9stos \u00abpretenden hacerse reconocer como parte de un proceso en el cual no pueden actuar en calidad de propietarios, pues el predio al que hacen referencia como COMUNIDAD EL RODEO, NO EXISTE, PUES FUE SUBDIVIDIDO A TRAV\u00c9S DE VARIOS TITULOS que al momento de abrir el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 3668611 fueron omitidos\u00bb. Anot\u00f3 que en varios tr\u00e1mites judiciales y administrativos se ha definido la inexistencia de dicho predio; adem\u00e1s, resalt\u00f3 que el fallo de tutela STC3937-2021, s\u00f3lo se emiti\u00f3 en favor de la Agencia Nacional de Infraestructura y no de los aqu\u00ed actores u otros interesados. Pidi\u00f3, en consecuencia, negar el auxilio solicitado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 el amparo reclamado, porque los reclamantes no explicaron c\u00f3mo afecta sus garant\u00edas el auto de 19 de octubre de 2021; indic\u00f3 que aqu\u00e9llos se limitaron a se\u00f1alar que el Juzgado ha realizado actuaciones dilatorias y fraudulentas; empero, de la revisi\u00f3n del expediente estableci\u00f3 que <\/p>\n
\u00abla agencia judicial ha actuado en cumplimiento a la orden emitida el 15 de abril de los corrientes por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia y que fuera confirmada en sede de impugnaci\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo de 25 de mayo \u00faltimo, pues conforme a lo expuesto por el juez de tutela dispuso la designaci\u00f3n de un perito y la pr\u00e1ctica de inspecci\u00f3n judicial objeto de expropiaci\u00f3n, con el \u00fanico fin de determinar como lo se\u00f1al\u00f3 la Corte en su sentencia los titulares del predio a expropiar\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que los accionantes no cuestionaron la decisi\u00f3n con la cual se desestim\u00f3 su intervenci\u00f3n en el proceso y destac\u00f3 que, en todo caso, el reconocimiento de aqu\u00e9llos se encuentra <\/p>\n
\u00absupeditado a que se determinen los titulares del predio, pues como lo reiter\u00f3 el juez constitucional en la decisi\u00f3n que dej\u00f3 sin efectos la sentencia proferida en el a\u00f1o 2016, no existe certeza si el terreno a expropiar por la ANI pertenece \u00fanicamente al predio a la Samarkanda de propiedad del se\u00f1or Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez Torres o si en dicha franja de terreno se encuentran incluidos otros predios y la titularidad de estos en cabeza de otras personas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes con argumentos similares a los expuestos en el escrito introductor; adem\u00e1s, advirtieron que el Tribunal se equivoc\u00f3 al indicarles que debieron recurrir las decisiones cuestionadas, dado que, al no reconocerse su calidad de parte en el proceso, no estaban legitimados para intervenir. Destacaron que es por ello que debe accederse al amparo, pues estando habilitados para participar, se garantizar\u00edan sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. A\u00f1adieron que ante el incumplimiento del fallo de tutela STC3937-2021, debe oficiarse a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue penalmente a la funcionaria accionada por prevaricato por omisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Corte que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, pues ello ir\u00eda en desmedro de los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin embargo, cuando los funcionarios judiciales incurren en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento jur\u00eddico de forma arbitraria o caprichosa y los interesados no cuentan con otro medio de defensa judicial y acuden a esta acci\u00f3n oportunamente, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir, en aras de conjurar o evitar la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales involucradas. <\/p>\n
2.1. As\u00ed las cosas, se establece el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada y, por tanto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n del a quo constitucional, pues, adem\u00e1s de desaprovecharse las herramientas de defensa al alcance de los accionantes, \u00e9stos a\u00fan cuentan con la posibilidad de lograr su intervenci\u00f3n en el asunto como aqu\u00ed lo pretenden. <\/p>\n
2.2. Sobre lo primero, debe indicarse que, en el auto de 20 de agosto de 2021, el Juzgado accionado desestim\u00f3 la intervenci\u00f3n de los accionantes en ese estadio procesal porque, en su criterio, para habilitar su participaci\u00f3n, primero deb\u00edan \u00abrealizarse diligencias tendientes a demostrar quienes resultan afectados con la ocupaci\u00f3n que ha hecho la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA \u2013ANI- de los terrenos o franja a expropiar. (\u2026) Significa esto, que de las pruebas que realizar\u00e1 el Despacho, en obedecimiento a lo ordenado por la H, Corte Suprema de Justicia, se podr\u00e1, si fuere el caso, determinar los derechos que le pueden asistir a quienes reclaman su intervenci\u00f3n, pues bien pueden demostrarse tales derechos en la inspecci\u00f3n judicial ya ordenada o en la diligencia de entrega y as\u00ed el JUZGADO se pronunciar\u00e1, pero no hasta ese momento\u00bb. <\/p>\n
La anotada decisi\u00f3n no fue controvertida a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n (art. 318 del C.G.P.) y, en subsidio, apelaci\u00f3n (num. 2\u00b0, art. 321, C.G.P.) al alcance de los actores, mecanismos que resultaban id\u00f3neos a fin de exponer los reproches que por esta v\u00eda residual alegan, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, justamente, se debat\u00eda lo concerniente a su legitimaci\u00f3n para intervenir en el asunto; por tanto, en este punto es clara la improcedencia del amparo ante la incuria de los accionantes (CSJ STC6580-2021, STC12011-2021, STC2296-2022, STC2818-2022 y STC2912-2022 entre muchos otros). <\/p>\n
2.3. En lo atinente a la designaci\u00f3n del perito y a la delimitaci\u00f3n de su pericia, dispuestas en el auto de 19 de octubre de 2021, la queja tampoco prospera, pues tales actuaciones a\u00fan no se han materializado, ya que, ante las m\u00faltiples intervenciones de los accionantes y otros interesados, esa diligencia se ha suspendido y todav\u00eda no ha logrado evacuarse. <\/p>\n
Por tanto, en este punto se revela que lo concerniente a la vinculaci\u00f3n de los solicitantes se halla pendiente de decisi\u00f3n, pues mientras no se surta la anotada diligencia y se recaude el peritaje ordenado, no podr\u00e1 establecerse el real inter\u00e9s de aqu\u00e9llos en el proceso, aspecto sobre el cual, valga anotar, esta Sala frente a otro amparo de id\u00e9nticas caracter\u00edsticas, propuesto por otros interesados respecto del mismo proceso de expropiaci\u00f3n atacado, aval\u00f3 la postura aqu\u00ed reprochada, se\u00f1alando: <\/p>\n
\u00abquienes est\u00e1n actualmente legitimados en la causa para reclamar contra lo decidido en el juicio, son los reconocidos como partes o intervinientes, de donde se infiere con claridad que para actuar y refutar las decisiones que, en su sentir, puedan ser adversas, los ac\u00e1 querellantes deber\u00e1n esperar el resultado que arrojen las pruebas que se est\u00e1n practicando. <\/p>\n
(\u2026) [S]er\u00e1 a trav\u00e9s del nuevo pronunciamiento que dirima el litigio, donde el juez de conocimiento definir\u00e1 las franjas de terreno objeto de expropiaci\u00f3n, su aval\u00fao y monto de las indemnizaciones a que haya lugar, as\u00ed como los destinatarios de tales pagos\u00bb (subraya fuera de texto) (CSJ, STC17362-2021, postura reiterada en STC7699-2022). <\/p>\n
2.4. Debe advertirse que el supuesto desconocimiento del fallo de tutela STC3937-2021, proferido por esta Sala y ratificado por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, le corresponde definirlo a esta Sala, previo agotamiento del tr\u00e1mite incidental (art. 52, Dto. 2591 de 1991); cuesti\u00f3n frente a la cual se resalta que, ya en dos oportunidades -ATC1147-2021 y ATC1624-2021-, se ha establecido que a pesar del tiempo transcurrido para el acatamiento de las \u00f3rdenes all\u00ed impuestas, no hay lugar a la imposici\u00f3n de las sanciones contempladas en la citada norma; no obstante, en la actualidad, se est\u00e1 adelantando un nuevo tr\u00e1mite incidental – 1100102030002021-00748-04-, siendo ese el escenario pertinente e id\u00f3neo para estudiar el obedecimiento del renombrado fallo de tutela. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, cumple resaltar que compete a las autoridades disciplinarias y penales correspondientes, tramitar y resolver las denuncias que de ese tipo ya fueron planteadas por los peticionarios, seg\u00fan lo expusieron ellos mismos, siendo inviable, en consecuencia, que en esta extraordinaria y residual jurisdicci\u00f3n se emita un pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n
De igual modo, se destaca que, si aqu\u00e9llos pretenden la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Agencia Nacional de Defensa del Estado en el caso censurado, nada les impide concurrir de manera directa ante esas autoridades y efectuar las peticiones del caso. <\/p>\n
4. En consecuencia, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y origen anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
(Aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
JUAN GUILLERMO BETANCUR LONDO\u00d1O <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
HERNANDO HERRERA MERCADO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n no. 73001-22-13-000-2021-00370-01 <\/p>\n
Pese a que comparto la decisi\u00f3n de fondo adoptada en el sentido de confirmar la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, y como resultado de ello desestimar la acci\u00f3n de tutela que promovieron Luz Mary Pi\u00f1eros Moreno, John Jairo, Jos\u00e9 Vicente y Miryam Li\u00e9vano Moreno contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar; aun as\u00ed estimo necesario hacer la siguiente aclaraci\u00f3n: <\/p>\n
En el numeral 2.2 del ac\u00e1pite de Consideraciones de la sentencia respecto de la cual formulo el presente planteamiento se consign\u00f3 que: <\/p>\n
La anotada decisi\u00f3n no fue controvertida a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n (art. 318 del C.G.P.) y, en subsidio, apelaci\u00f3n (num. 2\u00b0, art. 321, C.G.P.) al alcance de los actores, mecanismos que resultaban id\u00f3neos a fin de exponer los reproches que por esta v\u00eda residual alegan, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, justamente, se debat\u00eda lo concerniente a su legitimaci\u00f3n para intervenir en el asunto; por tanto, en este punto es clara la improcedencia del amparo ante la incuria de los accionantes (CSJ STC6580-2021, STC12011-2021, STC2296-2022, STC2818-2022 y STC2912-2022 entre muchos otros).\u201d <\/p>\n
Como se desprende de lo transcrito, a juicio de la Sala el amparo deprecado deviene improcedente \u2014entre otras razones\u2014, debido a \u201cla incuria de los accionantes\u201d comoquiera que ellos no controvirtieron \u201ca trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n (art. 318 del C.G.P.) y, en subsidio, apelaci\u00f3n (num. 2\u00b0, art. 321, C.G.P.)\u201d, la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 el juzgado accionado, a pesar de que tales mecanismos \u201cresultaban id\u00f3neos a fin de exponer los reproches que por esta v\u00eda residual alegan\u201d. <\/p>\n
Pues bien, mi comedida discrepancia con esa postura \u2014constitutiva, como ya lo indiqu\u00e9, de aclaraci\u00f3n, mas no de salvamento de voto\u2014, radica en los motivos que a continuaci\u00f3n expongo: <\/p>\n
1.- Una cosa es que quienes activaron la salvaguarda constitucional cuenten con inter\u00e9s jur\u00eddico, y otra muy distinta es que est\u00e9n investidos de legitimaci\u00f3n en causa. En virtud del primero de los citados atributos fue que acudieron al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Melgar a exponer su inconformidad con el hecho de que no han sido vinculados dentro del proceso de expropiaci\u00f3n que instaur\u00f3 la Agencia Nacional de Infraestructura \u2014ANI\u2014 contra Inversiones Par\u00eds Ltda\u2014en liquidaci\u00f3n\u2014 y Jos\u00e9 Antenor Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
Seg\u00fan el dicho de los accionantes, su participaci\u00f3n en la se\u00f1alada causa resulta ineludible porque no existe una correcta alinderaci\u00f3n del inmueble, debido a que la zona fijada como objeto de expropiaci\u00f3n se \u201csobrepone\u201d sobre un bien de su propiedad conocido como \u201cEl Rodeo\u201d. <\/p>\n
Empero, mientras no se declare que ellos forman parte de la relaci\u00f3n jur\u00eddico sustancial que se debate en el marco del aludido proceso y en consecuencia se les invista de la facultad de obrar como sujetos procesales, carecer\u00e1n de legitimaci\u00f3n en causa y por ende sus reclamos no superar\u00e1n el umbral del mencionado inter\u00e9s. <\/p>\n
2.- Siendo as\u00ed, desde mi cort\u00e9s perspectiva no hab\u00eda lugar a reprocharles que no hubieran interpuesto los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, pues, como se sabe, esto solo pueden incoarlos quienes, adem\u00e1s de sufrir un perjuicio con la respectiva providencia, est\u00e1n asistidos de la mencionada legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
De hecho, el juez unipersonal ya les hab\u00eda negado la primigenia solicitud de intervenci\u00f3n con el argumento de que para ese \u201cmomento procesal\u201d su petici\u00f3n resultaba inoportuna. \u00bfPor qu\u00e9? Pues, porque, de conformidad con el criterio del juzgado acusado, antes de resolver sobre su situaci\u00f3n jur\u00eddica es necesario practicar una inspecci\u00f3n judicial al predio envuelto en la controversia, y conocer el dictamen que ha de rendir el perito designado para estos menesteres. <\/p>\n
3.- Dentro de este contexto, disiento de que a los accionantes se les califique su conducta como propia de quien act\u00faa con incuria, m\u00e1xime cuando en el numeral 2.3 de las Consideraciones de la sentencia que motiva esta aclaraci\u00f3n se asever\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPor tanto, en este punto se revela que lo concerniente a la vinculaci\u00f3n de los solicitantes se halla pendiente de decisi\u00f3n, pues mientras no se surta la anotada diligencia y se recaude el peritaje ordenado, no podr\u00e1 establecerse el real inter\u00e9s de aqu\u00e9llos en el proceso, aspecto sobre el cual, valga anotar, esta Sala frente a otro amparo de id\u00e9nticas caracter\u00edsticas, propuesto por otros interesados respecto del mismo proceso de expropiaci\u00f3n atacado, aval\u00f3 la postura aqu\u00ed reprochada, se\u00f1alando: <\/p>\n
\u00abquienes est\u00e1n actualmente legitimados en la causa para reclamar contra lo decidido en el juicio, son los reconocidos como partes o intervinientes, de donde se infiere con claridad que para actuar y refutar las decisiones que, en su sentir, puedan ser adversas, los ac\u00e1 querellantes deber\u00e1n esperar el resultado que arrojen las pruebas que se est\u00e1n practicando. <\/p>\n
(\u2026) [S]er\u00e1 a trav\u00e9s del nuevo pronunciamiento que dirima el litigio, donde el juez de conocimiento definir\u00e1 las franjas de terreno objeto de expropiaci\u00f3n, su aval\u00fao y monto de las indemnizaciones a que haya lugar, as\u00ed como los destinatarios de tales pagos\u00bb (subraya fuera de texto) (CSJ, STC17362-2021, postura reiterada en STC7699-2022).\u00bb <\/p>\n
4.- En otras palabras, la misma Sala que por un lado censura a los tutelantes tild\u00e1ndolos de incuriosos por no haber recurrido el auto de agosto 20 de 2021, por el otro enfatiza que hay que \u201cesperar el resultado que arrojen las pruebas que se est\u00e1n practicando\u201d, puesto que solo de ese modo \u2014y siempre y cuando lleguen a adquirir la calidad de legitimados en causa\u2014 es que ellos podr\u00e1n \u201cactuar y refutar las decisiones que, en su sentir, puedan ser[le] adversas\u201d. <\/p>\n
Si esto \u00faltimo es veraz \u2014como en efecto lo es\u2014 entonces no advierto en qu\u00e9 consisti\u00f3 la incuria que se les enrostra a quienes solicitaron el amparo en sede constitucional, ya que esos ciudadanos se limitaron a acatar el ordenamiento jur\u00eddico que gobierna estas materias. Ciertamente, si hubieran interpuesto los susodichos recursos ordinarios que se echan de menos, la agencia judicial de primer grado que conoce del proceso de expropiaci\u00f3n se los habr\u00eda desestimado de plano al no hallarlos asistidos de la evocada legitimaci\u00f3n. Y si, en raz\u00f3n a esa poderosa circunstancia se abstuvieron de hacerlo, entonces durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela la Sala los recrimina y les atribuye un comportamiento negligente. <\/p>\n
Por esas razones, no comparto la queja que se les hizo a los accionantes en este aspecto, y en ese sentido considero pertinente hacer esta respetuosa y gentil aclaraci\u00f3n. <\/p>\n
Fecha ut supra <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9026-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9026-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2021-00370-01 Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintid\u00f3s Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65311","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65311\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}