STC9140-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9140-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02236-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Arisneldis Pallares Donado instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente, la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2001 31 21 003 2018 00073 00\/01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 los derechos a la \u00abdignidad\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abtrabajo\u00bb, \u00abbuen nombre individual y familiar\u00bb y a \u00abno ser despojado del patrimonio econ\u00f3mico familiar\u00bb para que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2020. Subsidiariamente, se \u00abmoderara el pago al cual tiene derecho como segundo ocupante\u00bb, se ordenara la cancelaci\u00f3n \u00abdel valor del predio (\u2026) objeto del litigio y se indemnice conforme lo indica la Ley 1448\u00bb; y, se dispusiera \u00abla exclusi\u00f3n de (\u2026) Esther Herrera De Torres y su n\u00facleo familiar de la ley de v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el 29 de noviembre de 2020 la Magistratura querellada, resolvi\u00f3: <\/p>\n
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras a que tiene derecho Esther Herrera De Torres por ser v\u00edctima de desplazamiento y abandono forzado, con ocasi\u00f3n del conflicto armado interno, del predio denominado \u201cLa Noria\u201d (\u2026). <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia (\u2026), se ordena restituir a Esther Herrera De Torres, el predio denominado \u201cLa Noria\u201d (\u2026). <\/p>\n
TERCERO: DECLARAR la inexistencia la Escritura P\u00fablica de Compraventa No. 234 del 20 de diciembre de 2002; la nulidad absoluta de la Escritura P\u00fablica de Compraventa No. 234 del 20 de diciembre de 2002 y la Escritura P\u00fablica por englobe del predio La Noria en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 102-25406, correspondiente al predio \u201cEl Trilladero\u201d. <\/p>\n
D\u00c9CIMO SEGUNDO: Ejecutoriado el presente fallo, se realice entrega real y efectiva de los predios restituidos en esta sentencia, lo cual se har\u00e1 a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de restituci\u00f3n de Tierras Cesar- Guajira- a favor de Esther Herrera de Torres (\u2026). <\/p>\n
Acus\u00f3 a dicha autoridad de incurrir en v\u00eda de hecho porque a pesar de no ser parte en el litigio, desconoci\u00f3 su calidad de \u00abprimera compradora\u00bb sin que se le permitiera \u00abdar testimonio ni aportar documentos\u00bb que: i) Acreditaban el cumplimiento de \u00abtodos los requisitos legales de existencia, validez y eficacia\u00bb del contrato de compraventa protocolizado en escritura p\u00fablica n\u00b0 0234 del 20 de diciembre de 2002, as\u00ed como las condiciones en que se celebr\u00f3 (iniciativa de venta, objeto del negocio, justo precio y legalidad del documento notarial, entre otros) y, ii) Evidenciaban las \u00abinconsistencias en el relato [que] (\u2026) la se\u00f1ora Esther Herrera de Torres\u00bb efectu\u00f3 para solicitar la restituci\u00f3n de tierras, que en su entender, no cumple con el presupuesto relacionado con que \u00abel despojo haya sido en ocasi\u00f3n directa al conflicto armado\u00bb, \u00abdejando al segundo ocupante [su t\u00edo Federido Donado con] el total de la carga probatoria\u00bb, que result\u00f3 vencido en la lid, pese a \u00abhaber sido v\u00edctima del conflicto armado interno\u00bb y sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional en \u00abestado de vulnerabilidad al momento de tomar posesi\u00f3n del predio\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, de pasar por alto que con el aludido instrumento estaba demostrado su justo t\u00edtulo y, pese a ello \u00abno orden\u00f3 a (\u2026) Herrera de Torres reembolsar debidamente indexado el valor pagado por el predio en el a\u00f1o 2.002 [ni] (\u2026) el mayor valor del predio, originado en el trabajo e industria incorporado por m\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Cartagena se opuso al amparo por improcedente, en tanto la precursora no ejerci\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n ni \u00abse opuso a la solicitud de restituci\u00f3n de tierras a pesar de que cont\u00f3 con la oportunidad procesal\u00bb; interpuso \u00abla acci\u00f3n constitucional por lo menos un a\u00f1o y diez meses despu\u00e9s de que el fallo cobr\u00f3 fuerza ejecutoria\u00bb, a m\u00e1s que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa pues no es parte en el proceso, ni ostenta la calidad de agente oficioso frente a Federico Donado para \u00abreclamar la protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
La Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La gestora busca dejar sin efecto el fallo dictado el 29 de noviembre de 2020 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en el radicado n\u00b0 2018 00073; subsidiariamente, calcular \u00abel pago al que tiene derecho como segundo ocupante\u00bb, disponer que se le cancele \u00abel valor del predio objeto de litigio\u00bb y la \u00abindemnizaci\u00f3n de que trata la Ley 1448 de 2011\u00bb y, ordenar la exclusi\u00f3n de Esther Herrera de Torres y su n\u00facleo familiar de la ley de v\u00edctimas. <\/p>\n
2.- De los elementos suasorios adosados al paginario, muy pronto se advierte que, en relaci\u00f3n con el veredicto expedido por el Tribunal de Cartagena que reconoci\u00f3 el \u00abderecho a la restituci\u00f3n de tierras de la solicitante\u00bb, declar\u00f3 la inexistencia y nulidad de la escritura p\u00fablica de compraventa n\u00b0 234 del 20 de diciembre de 2002 y no probada la buena fe exenta de culpa de Federico Donado, neg\u00e1ndole la calidad de segundo ocupante y, por tanto, mand\u00f3 que se entregara el inmueble a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de restituci\u00f3n de Tierras Cesar- Guajira a favor de Herrera de Torres (29 nov. 2020), que qued\u00f3 ejecutoriada el 6 del mismo mes y a\u00f1o, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, habida cuenta que entre la fecha en que qued\u00f3 en firme dicho prove\u00eddo y la radicaci\u00f3n del libelo superlativo (6 jul. 2022), transcurri\u00f3 un (1) a\u00f1o y ocho (8) meses; es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esbozado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta. (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo de la discusi\u00f3n instada, porque si la quejosa se demor\u00f3 en interponer la petici\u00f3n supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a la Sala denunciada y con repercusi\u00f3n directa en las prerrogativas esenciales implorados, m\u00e1xime cuando no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis se\u00f1aladas en la STC3949-2021 para conjurar la desidia en acudir oportunamente a esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
3.- Aunado a lo anterior, se observa que no se satisface el requisito de la subsidiaridad, que impone a quien se crea lesionado en sus garant\u00edas iusfundamentales agotar, previo a este especial tr\u00e1mite, los mecanismos contemplados en el ordenamiento patrio. <\/p>\n
T\u00f3pico frente al que esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que <\/p>\n
(\u2026) para la procedencia de la salvaguarda, es necesario que el impulsor carezca de otras herramientas para conjurar el agravio, entre ellas, el proceso, medio por excelencia. Entonces, no ser\u00e1 dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de atacar las actuaciones que combate, <\/p>\n
\u2018Como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u2019 (STC6908-2020). <\/p>\n
En efecto, se vislumbra que Pallares Donado no ha promovido demanda extraordinaria de revisi\u00f3n frente al fallo de 29 de noviembre de 2020, pese a que de acuerdo con el art\u00edculo 92 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 380 del C.G.P., resulta viable, y constituye el escenario en el que puede plantear los cuestionamientos relacionados con la valoraci\u00f3n de las pruebas que no pudo aportar al litigio al no haber sido debidamente convocada, sin que este sendero excepcional pueda ser utilizado para reemplazarlo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que no es dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de controvertir dentro del litigio natural las \u00abactuaciones u omisiones\u00bb que critica. <\/p>\n
4.- La aspiraci\u00f3n tendiente a que se ordene suprimir de la ley de v\u00edctimas a la suplicante en restituci\u00f3n de tierras y su unidad familiar, resulta extra\u00f1a a los fines de esta herramienta, cuyo prop\u00f3sito es conjurar la violaci\u00f3n o amenaza de los privilegios b\u00e1sicos, de manera que cualquier otra pretensi\u00f3n le es ajena y, por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. <\/p>\n
5.- Adem\u00e1s, valga precisar que, si de la vulneraci\u00f3n de los \u00abderechos fundamentales\u00bb de Federico Donado se trata, Arisneldis Pallares carece de legitimaci\u00f3n para activar esta senda, en tanto, es aqu\u00e9l a quien corresponde alegar dicha situaci\u00f3n en nombre propio o a trav\u00e9s de apoderado judicial, m\u00e1xime cuando la querellante no adujo actuar en calidad de agente oficioso del directamente implicado (su t\u00edo). <\/p>\n
6.- Ergo, surge impr\u00f3spero el auxilio promovido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Arisneldis Pallares Donado contra de la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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