STC9146-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC9146-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05000-22-21-000-2022-00019-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de junio de 2022 por la Sala Civil de Decisi\u00f3n Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia, que concedi\u00f3, parcialmente, la salvaguarda promovida -en nombre de Yoni Alexi Urrea Morales- por Jos\u00e9 David Ram\u00edrez Giraldo, quien adujo actuar como su apoderado especial, contra el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras Itinerante de Antioquia. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura el respeto del derecho fundamental al debido proceso de Yoni Alexi Urrea Morales, presuntamente vulnerado por la autoridad accionada en el juicio de restituci\u00f3n de tierras de radicado 20210010700. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Yoni Alexi Urrea Morales fue v\u00edctima del conflicto armado y sufri\u00f3 desplazamiento forzado el 12 de diciembre del a\u00f1o 2002, en el Municipio de Granada -Antioquia; adem\u00e1s, es poseedor del predio denominado \u00abLa Merced Santa Ana La Merced Santa In\u00e9s\u00bb, el que compr\u00f3 el 7 de junio de 2012 al se\u00f1or Jos\u00e9 Jes\u00fas G\u00f3mez Ossa. <\/p>\n
2.2. La se\u00f1ora Mar\u00eda Lucelly Duque Ossa promovi\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n de tierras sobre el referido bien, pero, a pesar de haber manifestado en la etapa administrativa su oposici\u00f3n, no fue notificado de la decisi\u00f3n final adoptada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD-. <\/p>\n
2.3. El 22 de febrero de 2022 solicit\u00f3 a la Unidad informaci\u00f3n del estado del proceso y su copia, pero sus peticiones fueron negadas, decisi\u00f3n que fue avalada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al resolver el recurso de insistencia. <\/p>\n
2.4. Estando en tr\u00e1mite el asunto ante el Juzgado accionado, el 9 de marzo de 2022, fue notificado de la audiencia programada para el 23 de marzo siguiente y del auto dictado el 7 de marzo del mismo a\u00f1o, en el que se abri\u00f3 el periodo probatorio y se orden\u00f3 la \u00abcaracterizaci\u00f3n socioecon\u00f3mica\u00bb del se\u00f1or Yoni Alexi y su familia. Al respecto, adujo que, aunque era conocida su \u00abcalidad de tercero interviniente u opositor dentro del tr\u00e1mite administrativo\u00bb, no se dispuso la notificaci\u00f3n personal en el tr\u00e1mite judicial y no pudo conocer el proceso, pues no est\u00e1 habilitado para ser consultado en el sistema de informaci\u00f3n de la Rama Judicial. <\/p>\n
2.5. El 11 de marzo de 2022, a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico, se requiri\u00f3 al Despacho el enlace del expediente y, el 22 del citado mes y a\u00f1o, se formul\u00f3 un incidente de nulidad, argumentando la falta de representaci\u00f3n y la indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio, que fue negado por prove\u00eddo del 28 de abril de 2022, el cual s\u00f3lo conoci\u00f3 el 6 de mayo posterior, fecha en la que se tuvo acceso al expediente digital. <\/p>\n
2.6. Desde ese momento se contabilizaron \u00ablos d\u00edas que la ley permite para interponer los recursos de Ley, raz\u00f3n por la que el 11 de mayo del corriente, interpuse recurso de reposici\u00f3n\u00bb, pero el Juzgado convocado, por auto del 19 del citado mes y a\u00f1o, consider\u00f3 que era extempor\u00e1neo. <\/p>\n
2.7. En criterio del actor, el Juzgado no tuvo en cuenta que la notificaci\u00f3n por estado no le era oponible al se\u00f1or Yoni Alexi ni a su representante judicial, porque no ten\u00edan acceso al sistema especial de restituci\u00f3n de tierras, aunado a que a las otras partes e intervinientes la notificaci\u00f3n s\u00ed se les realiz\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico. Aleg\u00f3 que la autoridad accionada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho al emitir sus determinaciones, pues carec\u00edan de motivaci\u00f3n frente a las causales de nulidad invocadas e incurrieron en exceso ritual manifiesto, en violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n y desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, pidi\u00f3 que se declarara \u00abla nulidad del Auto dictado el 25 de abril de 2022 que rechaza la solicitud de nulidad [\u2026] y el Auto del 19 de mayo de 2022 el cual rechaza el recurso por extempor\u00e1neo\u00bb y, en consecuencia, se dispusiera \u00abrehacer el tr\u00e1mite, notificar debidamente el auto admisorio de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras Itinerante de Antioquia asever\u00f3 que no vulner\u00f3 derecho alguno, dado que cumpli\u00f3 con lo contemplado en los art\u00edculos 86 y 87 de la Ley 1448 de 2011 y emplaz\u00f3 a los titulares de derecho de dominio. Respecto del se\u00f1or Urrea Morales precis\u00f3 que en la solicitud de restituci\u00f3n no fue identificado ni se hizo alusi\u00f3n a su posesi\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, inform\u00f3 que, el 30 de enero de 2022, se realiz\u00f3 publicaci\u00f3n en el diario El Espectador de la admisi\u00f3n de la solicitud, sin que en el t\u00e9rmino de los 15 d\u00eda h\u00e1biles pertinentes se hubiera presentado alguna persona con inter\u00e9s en el predio reclamado y que, frente a la presunta calidad de segundo ocupante del se\u00f1or Yoni Alexi, se orden\u00f3 su caracterizaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos \u2013ANH y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013UAEGRTD pidieron su desvinculaci\u00f3n, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Gerencia de Catastro Departamental de la Gobernaci\u00f3n de Antioquia comunic\u00f3 que sobre el inmueble objeto de reclamaci\u00f3n se hizo la marca sobre suspensi\u00f3n de procesos declarativos, especiales y administrativos y que hab\u00eda remitido al Juzgado la informaci\u00f3n catastral requerida. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil de Decisi\u00f3n Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia concedi\u00f3 el amparo invocado frente al auto del 19 de mayo de 2022, que tuvo por extempor\u00e1neo el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el prove\u00eddo que neg\u00f3 la nulidad, por cuanto \u00abla notificaci\u00f3n por estados que se surte a trav\u00e9s del \u2018Portal de restituci\u00f3n de tierras gesti\u00f3n de procesos en l\u00ednea\u2019 no surt\u00eda efectos respecto del se\u00f1or Yoni Alexi Urrea Morales y su apoderado judicial Jos\u00e9 David Ram\u00edrez Giraldo, pues tal y como se dej\u00f3 constancia en el expediente digital, s\u00f3lo se le vino a dar acceso a este \u00faltimo, al mentado portal, el 6 de mayo de 2022, por lo tanto s\u00f3lo en esa fecha pudo surtirse su notificaci\u00f3n de la mentada providencia y era a partir de esa fecha que se empezaba a correr el respectivo t\u00e9rmino de ejecutoria\u00bb. <\/p>\n
Y neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada respecto del auto del 28 de abril de 2022, porque no encontr\u00f3 que se hubiera incurrido en los defectos aludidos. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el promotor, quien insisti\u00f3 en los argumentos iniciales y enfatiz\u00f3 que \u00abtanto el Juez de Restituci\u00f3n de Tierras como el Juez Constitucional en primera instancia, omiten valorar como causales independientes de procedibilidad de las nulidades propuestas la indebida representaci\u00f3n y la indebida notificaci\u00f3n ya que siempre hacen referencia a la causal de indebida notificaci\u00f3n, pero no han analizado la indebida representaci\u00f3n, [\u2026]\u00bb. Afirm\u00f3 que \u00abel juez constitucional hace un an\u00e1lisis de legalidad que no de constitucionalidad (\u2026) olvidando que mi defendido tambi\u00e9n es un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, Jos\u00e9 David Ram\u00edrez Giraldo adujo actuar como apoderado especial de Yoni Alexi Urrea Morales, cuyo derecho fundamental estima vulnerado por parte del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras Itinerante de Antioquia, al emitir las determinaciones mediante las cuales neg\u00f3 el incidente de nulidad propuesto, por indebida notificaci\u00f3n y falta de representaci\u00f3n, y la que declar\u00f3 extempor\u00e1neo el recurso que interpusiera en contra de esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. De entrada, advierte la Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, dado que el promotor no es el titular de la garant\u00eda superior cuya lesi\u00f3n se atribuye a la autoridad judicial accionada, no alleg\u00f3 poder especial que lo faculte para impetrar la presente tutela ni acredit\u00f3 las condiciones para intervenir como agente oficioso. <\/p>\n
2.1. En cuanto a la legitimaci\u00f3n en la causa en las acciones de tutela, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que \u00ab[p]odr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
2.2. En torno a la \u00ablegitimaci\u00f3n por activa\u00bb de los apoderados, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(…) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (Se subraya) (STC 29 de sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en las STC926-2018, STC4611- 2018 y STC1042-2019). <\/p>\n
Asimismo, esta Corte ha establecido: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026 <\/p>\n
De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n
<\/p>\n
La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019) (Se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese orden, son las partes o intervinientes de los procesos los legitimados para cuestionar las decisiones adoptadas en los respectivos juicios, por manera que, cuando una persona distinta del titular de las garant\u00edas que se consideran vulneradas acude en su representaci\u00f3n para solicitar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, es necesario que est\u00e9 debidamente habilitada por la ley o que le haya sido otorgado poder especial para el efecto. <\/p>\n
2.3. En cuanto al poder especial, de conformidad con la postura de la Corte Constitucional, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-\u001f001\/97). <\/p>\n
As\u00ed, se exige que el poder especial contenga \u00aben forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar. Los anteriores elementos permiten reconocer la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina el proceso de tutela, los sujetos procesales de la misma y las actuaciones cuestionadas dentro del amparo. En consecuencia, la ausencia de alguno de los elementos esenciales de un poder desconfigura la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, haciendo improcedente la acci\u00f3n\u00bb (T-1025\/06 Corte Constitucional) (Se subraya)1. <\/p>\n
2.4. De acuerdo con lo expuesto, es Yoni Alexi Urrea Morales el titular de la garant\u00eda presuntamente transgredida por las actuaciones adelantadas por el Juzgado acusado en el proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado 20210010700, de manera que como Jos\u00e9 David Ram\u00edrez Giraldo no alleg\u00f3 el poder especial necesario para representar los intereses de aqu\u00e9l en sede tutela, con las caracter\u00edsticas requeridas y seg\u00fan la jurisprudencia en cita, pues solo aport\u00f3 el poder que lo faculta para actuar en el juicio de restituci\u00f3n referido, y tampoco aleg\u00f3 y demostr\u00f3 que su intervenci\u00f3n fue como agente oficioso, no queda otro camino que revocar la sentencia proferida por el a quo constitucional, para, en su lugar, declarar la improcedencia de la salvaguarda pretendida, por resultar inviable estudiar el fondo del asunto, ante la falta de legitimaci\u00f3n del propulsor. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, NIEGA la salvaguarda deprecada, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Postura reiterada por esta Sala en STC1284-2022, de 9 de febrero, expediente 2022-00240. <\/p>\n
<\/p>\n
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