STC9147-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9147-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02088-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Francisco Mendoza G\u00e1rnica contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades convocadas, en lo medular, al tener por no presentadas sus cuentas en el juicio recriminado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abANULAR Y REVOCAR\u00bb los autos de 31 de marzo de de 2022 del Tribunal convocado y del 22 de junio siguiente del Juzgado acusado. <\/p>\n
2.1. En el proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas que contra el accionante, \u00aben calidad de gerente y representante legal\u00bb de Luis Francisco Mendoza y C\u00eda. Ltda., instauraron Bel\u00e9n Elvira Mendoza de Molano y Aracely Mendoza G\u00e1rnica, el 16 de julio de 2018 el Juzgado acusado dict\u00f3 sentencia, en la cual declar\u00f3 \u00abparcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, respecto de las cuentas del a\u00f1o 2002 y anteriores\u00bb, e infundadas las dem\u00e1s defensas propuestas por el quejoso, a la vez que orden\u00f3 a \u00e9ste \u00abrendir las cuentas demandadas a partir del a\u00f1o 2003 a la fecha\u00bb, en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas; decisi\u00f3n frente a la que concedi\u00f3, en el efecto devolutivo, la apelaci\u00f3n incoada por el vencido, y el 4 de octubre siguiente el Tribunal acusado confirm\u00f3 lo definido por el a-quo. <\/p>\n
2.2. El 30 de agosto de 2018, indicando acatar lo dispuesto, a trav\u00e9s de apoderada judicial, el tutelante, i) aduciendo que ante la Superintendencia de Sociedades \u00abse surti\u00f3 el tr\u00e1mite de rendici\u00f3n de cuentas de\u2026 Luis Francisco Mendoza & C\u00eda. Ltda., hasta el primer trimestre del a\u00f1o 2011\u00bb, deprec\u00f3 oficiar a aquella entidad para que remitiera copia del expediente contentivo de tal actuaci\u00f3n; y ii) aport\u00f3 el que se denomin\u00f3 \u00abinforme de rendici\u00f3n de cuentas\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 14 de diciembre de 2018 el Juzgado neg\u00f3 oficiar a esa Superintendencia por cuanto \u00abno se acredit\u00f3 que dicha petici\u00f3n\u2026 hubiera sido realizada a la citada entidad y la misma no hubiera dado tr\u00e1mite[,] acorde con lo dispuesto en el inciso 2 del art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Determinaci\u00f3n que mantuvo el 3 de mayo de 2019 pero porque, como \u00abla finalidad de Oficiar a la Superintendencia era remitir las cuentas, que ahora ratifica [el quejoso], no se encuentra raz\u00f3n para acceder al pedimento\u00bb. <\/p>\n
2.4. Luego, corrido el traslado de rigor de las nominadas \u00abcuentas\u00bb rendidas por la pasiva, su antagonista las objet\u00f3 y el 27 de abril de 2021 el a-quo encartado resolvi\u00f3 tenerlas por no presentadas (porque no se aportaron respecto de los a\u00f1os 2005 ni 2006; tampoco se dio \u00abcumplimiento al deber de conducta previsto\u00bb en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 379 del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto a \u00abespecificar el monto de saldos a favor o en contra del demandado\u00bb; y la \u00ab\u00fanica alusi\u00f3n que se hace a socios, y solamente en algunos apartados, se refiere al accionista Luis Francisco Mendoza, como \u201cdeudas con accionistas o socios\u201d\u00bb) y fijarlas \u00abseg\u00fan el juramento estimatorio, as\u00ed: A favor de Bel\u00e9n Elvira\u2026[,] $160\u2019111.380.oo. A Favor de Aracely\u2026[,] $160\u2019111.380.oo\u00bb. Decisi\u00f3n que, el 31 de marzo \u00faltimo, confirm\u00f3 el ad-quem accionado indicando que \u00abel demandado no cumpli\u00f3 con el deber de rendir las cuentas desde el a\u00f1o 2003 hasta la fecha, sino que sin justificaci\u00f3n se limit\u00f3 a presentar la contabilidad, entre el periodo del 01 de mayo de 2011 hasta el 31 de mayo de 2018\u00bb. Determinaci\u00f3n \u00faltima que con auto del pasado 22 de junio el Juzgado resolvi\u00f3 obedecer y cumplir. <\/p>\n
2.5. En sede de tutela el actor adujo, en concreto, que con esa \u00faltima determinaci\u00f3n el Tribunal atacado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico porque basta revisar la actuaci\u00f3n para advertir que \u00abla rendici\u00f3n de cuentas que obra en el plenario[,] radicada el\u2026 (30) de agosto de 2018 y visible a folios 317 y ss., del dossier, se realiz\u00f3 desde el a\u00f1o 2003, hasta el\u2026 (31) de agosto del 2018, respetando el t\u00e9rmino de\u2026 (30) d\u00edas dispuesto por el a quo, para el cumplimiento efectivo de las [\u00f3]rdenes establecidas en sentencia del\u2026 (16) de julio de 2018\u00bb, de donde es evidente que \u00aben el expediente obran documentos donde se encuentran las cuentas de a\u00f1os anteriores al 2011\u00bb, las que no valor\u00f3 dicha autoridad; aunado a que, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, \u00abse\u00f1al\u00f3 que \u00e9stas deb\u00edan rendirse hasta la fecha (sin especificar cu\u00e1l)[,] pasando por alto el efecto en el que hab\u00eda sido concedido el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, teniendo en cuenta ello, de conformidad con el canon 379 del C\u00f3digo General del Proceso, a los juzgadores acusados les correspond\u00eda establecer \u00abel saldo que resulte a favor o a cargo del demandado\u00bb que no, arbitrariamente, como ocurri\u00f3, imponerle el pago de las sumas estimadas por sus antagonistas, m\u00e1xime cuando inapropiadamente terminaron ocup\u00e1ndose de supuestos no planteados por su antagonista en las objeciones formal pero no sustancialmente resueltas. <\/p>\n
Adujo que todos esos supuestos los plante\u00f3 expresamente en el recurso de apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n del Juzgado pero el Tribunal omiti\u00f3 pronunciarse frente a tales reparos. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tras defender su proceder, solicit\u00f3 \u00abdespachar de manera desfavorable las pretensiones tutelares\u00bb porque, \u00abconforme a la normatividad vigente y a las pruebas recaudadas\u00bb, tramit\u00f3 todos los medios defensivos propuestos por el quejoso, quien no acredit\u00f3 \u00abel cumplimiento de la orden de rendir cuentas\u00bb, por lo que aqu\u00e9llos le fueron despachados adversamente. <\/p>\n
2. El abogado Alberto Aguirre Arias, quien dijo obrar \u00aben calidad de apoderado judicial de\u2026 Bel\u00e9n Elvira Molano de Mendoza y Aracely Mendoza Garnica\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por ellas para intervenir en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, al momento de someter a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, el Tribunal acusado ni ning\u00fan otro de los convocados se pronunciaron frente a la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Por ese sendero, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Del escrito de tutela extracta la Sala que el reclamante cuestiona dos situaciones concretas, la primera, que los juzgadores accionados indicaran que no present\u00f3 las cuentas, omitiendo valorar los documentos que aport\u00f3 como tales, sumado a que el ad-quem nada dijo frente a los reparos que en ese sentido plante\u00f3 al apelar la decisi\u00f3n del Juzgado; y que, acreditado ello, no procedieran a fijar el saldo de las mismas, como lo dispone el inciso 2\u00ba del numeral 5\u00ba del canon 379 del C\u00f3digo General del Proceso, imponi\u00e9ndole arbitrariamente pagar las sumas estimadas por sus antagonistas, ocup\u00e1ndose de supuestos no planteados por \u00e9stas en las objeciones. <\/p>\n
Con base en tales premisas, destacando que el estudio que aqu\u00ed se emprende recaer\u00e1 sobre la decisi\u00f3n adoptada el 31 de marzo \u00faltimo por el Tribunal recriminado, por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3 de forma definitiva la situaci\u00f3n cuestionada, concluye la Corte que el resguardo de que se trata est\u00e1 llamado a prosperar parcialmente, por las razones que se pasa a explicar: <\/p>\n
3.1. Respecto a la primera queja, esto es, la relacionada con el defecto f\u00e1ctico y la carencia de motivaci\u00f3n enrostrados por el accionante, halla la Corte que el ad-quem acusado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n, por cuanto al desatar la alzada efectivamente dej\u00f3 de apreciar todos los medios probatorios regularmente allegados al juicio, pasando por alto el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso que le impon\u00eda valorarlos en conjunto, bajo el tamiz de la sana cr\u00edtica, exponiendo \u00abrazonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb; con lo cual, adem\u00e1s, ciertamente omiti\u00f3 pronunciarse frente a los reparos planteados expresamente en la censura vertical sometida a su escrutinio. <\/p>\n
3.1.1. En efecto, de lo extractado en el citado prove\u00eddo de 31 de marzo de 2022, se tiene que, como sustento de la apelaci\u00f3n, en lo medular, la parte recurrente manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026lo que verdaderamente establece el art\u00edculo 379 ib\u00eddem <\/p>\n
\u201c(\u2026) es la posibilidad de condenar al pago de lo estimado en la demanda, \u00fanica y exclusivamente cuando las cuentas no fueron rendidas, en el t\u00e9rmino otorgado, sin embargo, en el caso en concreto, las cuentas fueron rendidas, obran en el expediente y fueron debidamente aportadas, (\u2026), no puede ni siquiera alegarse que las cuentas no fueron rendidas por mi poderdante en el t\u00e9rmino otorgado en la sentencia de primera instancia. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Indic\u00f3 que contrario a lo afirmado por el despacho judicial el inciso final del numeral 5 del mismo art\u00edculo, expresa que \u201c(\u2026) el auto que resuelve el incidente debe fijar el saldo a favor o a cargo del demandado, decisi\u00f3n que le concierne \u00fanicamente al juez. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[U]ltim\u00f3 que no se presentaron las cuentas respecto de los a\u00f1os 2005 y 2006 ya que ante la Superintendencias de Sociedades se surti\u00f3 el tr\u00e1mite de rendici\u00f3n de cuentas, igualmente, en su debido momento, se le solicit\u00f3 al despacho oficiar a la entidad para que remitiera las mismas, sin embargo, dicha solicitud fue negada (se destac\u00f3). <\/p>\n
Sin embargo, se observa que, tras rese\u00f1ar algunas generalidades en torno a la figura de la rendici\u00f3n de cuentas, para desatar tal censura, sin sopesar ni referenciar ninguno de los documentos aportados con el nominado \u00abinforme de rendici\u00f3n de cuentas\u00bb que al expediente se arrim\u00f3 desde el 30 de agosto de 2018 (memorial suscrito por auxiliar contable al cual se adosaron diferentes informes y notas contables de los a\u00f1os 2003 a 2018), el que indic\u00f3 el a-quo ratific\u00f3 el censor y con los cuales \u00e9ste afirm\u00f3 haber cumplido la orden dispuesta en la sentencia; el juzgador ad-quem simplemente asever\u00f3: <\/p>\n
\u2026que el demandado no cumpli\u00f3 con el deber de rendir las cuentas desde el a\u00f1o 2003 hasta la fecha, sino que sin justificaci\u00f3n se limit\u00f3 a presentar la contabilidad, entre el periodo del 01 de mayo de 2011 hasta el 31 de mayo de 2018, luego es m\u00e1s que evidente que no se dio cumplimiento a la orden proferida por el a quo. <\/p>\n
A lo cual a\u00f1adi\u00f3, tambi\u00e9n sin considerar que aqu\u00e9llos daban cuenta de informes y notas contables de los a\u00f1os 2003 a 2018, ni la alegaci\u00f3n del quejoso en cuanto a que el l\u00edmite temporal para rendirlas correspond\u00eda a ese a\u00f1o que no a ninguna fecha futura atendiendo el efecto devolutivo en el que se concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta frente a la sentencia, que \u00aba pesar de que los argumentos del apelante se limitaron a expresar la decid\u00eda para presentar las cuentas correspondientes con el argumento que estas ya hab\u00edan sido presentadas ante la Superintendencia de Sociedad, lo cierto es que el quejoso, no acredit\u00f3 la radicaci\u00f3n de dicha documental, conforme lo impera el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, aunado a que \u00abtampoco se puede justificar en las solicitudes presentadas a t\u00edtulo de derecho de petici\u00f3n ante la ya prenombrada Superintendencia, por cuanto dichos escritos fueron presentados el 13 de septiembre de 2018, peticiones que fueron presentadas con posterioridad a la solicitud de oficiar a la misma por el demandado, la que data del 30 de agosto de 2018; igualmente, debe tenerse en cuenta que esto ya fue materia de estudio por el a quo y se interpusieron los correspondientes medios de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. De las consideraciones trascritas, advierte la Corte que, ciertamente, en la mera afirmaci\u00f3n del fallador de segundo grado en torno a la no presentaci\u00f3n de las cuentas por parte del demandado, dejando de lado los argumentos de la apelaci\u00f3n propuesta por \u00e9ste, a pesar de resultar trascendente para definir el asunto, ninguna consideraci\u00f3n se efectu\u00f3 de cara a las mentadas piezas documentales para establecer su suficiencia o ineptitud con miras a acreditar el cumplimiento de la carga impuesta por el sentenciador en torno al deber de rendirlas, siendo evidente que le correspond\u00eda analizar su m\u00e9rito suasorio, al haber sido regular y oportunamente aportadas, al margen del despacho adverso de la solicitud encaminada a oficiar a la Superintendencia de Sociedades, pues, se itera, aqu\u00e9llas efectivamente reposaban en el plenario. <\/p>\n
Luego, como ninguna disquisici\u00f3n expresa se efectu\u00f3 en cuanto a esas probanzas, se revela patente la omisi\u00f3n en la apreciaci\u00f3n probatoria, debi\u00e9ndose efectuar su an\u00e1lisis integral, en conjunto con los dem\u00e1s medios suasorios, y as\u00ed establecer su verdadero alcance de cara al caso concreto; omisi\u00f3n que implica que la decisi\u00f3n del Tribunal acusado carece de motivaci\u00f3n v\u00e1lida y suficiente. <\/p>\n
3.1.3. Entonces, incuestionable es que la Colegiatura convocada no efectu\u00f3 la valoraci\u00f3n conjunta del material probatorio que le era exigible, acorde con las reglas de la sana cr\u00edtica, se\u00f1alando el m\u00e9rito asignado a cada medio suasorio, con lo que incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, lo que sumado a la falta de respuesta expresa frente a cada una de las inconformidades del apelante, tambi\u00e9n abre paso a la protecci\u00f3n por carencia de argumentos suficientes en la decisi\u00f3n, la que se tiene por sentado trasgrede las garant\u00edas fundamentales de los coasociados porque \u00abla motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00). <\/p>\n
En punto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la apreciaci\u00f3n probatoria se ha dejado dicho: <\/p>\n
\u2026ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella [v\u00eda de hecho] es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso]), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (se destac\u00f3 – CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n
3.2. Finalmente, como lo concluido trae consigo la carencia de firmeza de la decisi\u00f3n reprochada al Tribunal convocado, por sustracci\u00f3n de materia, se muestra inviable que por ahora esta Corte se ocupe de los restantes cuestionamientos del reclamante, en tanto que no le es dable anticiparse a los eventuales veredictos que al respecto, en la decisi\u00f3n de reemplazo, tras subsanar las falencias observadas, y por ley, le corresponde emitir al fallador natural. <\/p>\n
4. La anotada contingencia, sin duda, compromete el derecho fundamental al debido proceso del actor, por lo cual se impone conceder, con alcance parcial, el amparo deprecado, raz\u00f3n por la cual se ordenar\u00e1 al Tribunal acusado que, tras dejar sin efecto su providencia, proceda a dictar una nueva en la que atienda los razonamientos aqu\u00ed vertidos, en especial, los relacionados con el deber que tiene de efectuar una valoraci\u00f3n integral y conjunta de todos los medios suasorios, en los t\u00e9rminos del canon 176 del C\u00f3digo General del Proceso y en correlaci\u00f3n con los reparos sustentados en el recurso de apelaci\u00f3n sometido a su discernimiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de Luis Francisco Mendoza G\u00e1rnica, por la incursi\u00f3n en defectos f\u00e1ctico y de carencia de motivaci\u00f3n por parte del Tribunal acusado. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja (rad. 11001-31-03-017-2016-00411), deje sin efecto el prove\u00eddo que emiti\u00f3 en segunda instancia el 31 de marzo de 2022, con el cual confirm\u00f3 el que profiri\u00f3 el 27 de abril de 2021 el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esa ciudad, as\u00ed como toda la actuaci\u00f3n que dependa de aquella providencia. <\/p>\n
Segundo. Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a diez (10) d\u00edas, el mentado Tribunal deber\u00e1 emitir un nuevo auto en el cual resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la parte demandada contra el dictado el 27 de abril de 2021 por el Juzgado referido a espacio, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
La Colegiatura accionada informar\u00e1 a esta Corte sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, se niega la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
Cuarto. Ordenar al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remitir al Tribunal encausado, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente digital materia de la queja constitucional, para que dicho despacho d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores. <\/p>\n
Quinto. Comunicar lo resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9147-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9147-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02088-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Francisco Mendoza […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65323","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65323","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65323"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65323\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65323"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65323"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65323"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}